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849. María Moliner: expediente de depuración

María Juana Moliner Ruiz
Paniza, Zaragoza, 30 de marzo de 1900 - Madrid, 22 de enero de 1881


Por Orden de 13 de junio de 1939 el Ministerio de Educación Nacional dispone que causen baja definitiva en el escalafón del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi­bliotecarios y Arqueólogos los siguientes señores: Tomás Navarro Tomás, Ignacio Mantecón, Andrés Herrera, Teresa An­drés, Fernando Soldevilla y Juan Vicéns. En las siguientes semanas y meses otros más les acompañarán: José Moreno Villa, José María Giner Pantoja, Concepción Muedra, Luisa y Ernestina González Ro­dríguez (mujer y cuñada de Juan Vicéns), María Victoria González Mateos, Josefa Callao, Ramón Iglesias, María de la Con­cepción Zulueta Cebrián, Ricardo Martí­nez Llorente, Nicéforo Cocho ... Lo mismo sucede en el Cuerpo Auxi­liar, en las personas de Carmen Caamaño, Enrique Parés, Carlos Rodríguez, Ángeles Tobío, Eloy Gómez, Eduardo Borrego ...

El juez instructor de depuración de fun­cionarios sigue elaborando listas, Se com­place en proponer la readmisión de aquellos funcionarios que sufrieron perse­cuciones, miserias y cesantías por su idea­rio armónico con el que inspira al Glorioso Movimiento Nacional (2 de agosto); el reingreso sin sanción de los funcionarios facultativos jubilados por "el Gobierno rojo" , "el gobierno soviético" (2 de agosto); el reingreso, sin sanción, de cua­tro funcionarios facultativos y, además, curas (2 de agosto); de reingreso al servi­cio sin sanción de funcionarios facultativos con vicisitudes semejantes (ejemplo: María África Ibarra Oroz, "calificada de desafecta y catequista por los rojos"; Eugenio Mo­reno Ayora, "indiferente, también en con­cepto rojo; se limitó a cumplir sus deberes profesionales") (5 de agosto); más rein­greso sin sanción alguna (7 de agosto).

En total, 90 funcionarios del conserva­dor Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos fueron admiti­dos sin imposición de sanción. Para otros se iniciaba un calvario.


El juez depurador

Miguel Gómez del Campillo (Madrid, 1875-1962), doctor en Filosofía y Letras, inspector general de archivos, nombrado director del Archivo Histórico Nacional al concluir la guerra, fue el juez instructor de Depuración del Cuerpo Facultativo de Ar­chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos entre 1939 y 1943. En 1945 es elegido académico numerario de la Real Acade­mia de la Historia.

Las normas para la depuración de fun­cionarios se recogen en la Ley de 10 de febrero de 1939 (también llamada de Res­ponsabilidades Políticas). Desde el mo­mento de la victoria fascista el mecanismo de depuración se pone en marcha: decla­ración jurada de cada uno de los funcio­narios, informes de comisaría (el comisario jefe de Valencia, junio 1939, señala res­pecto a María Moliner: "se ha manifestado durante este periodo como roja rabiosa, pero nadie ha podido manifestar haya co­metido ningún acto censurable, ni denun­ciado a nadie"), declaraciones juradas de otros funcionarios sobre la conducta del funcionario investigado en el periodo de guerra, declaraciones presentadas en su defensa ... El 13 de noviembre de 1939 el juez-instructor de depuración de funciona­rios, Gómez del Campillo, remite un es­crito al Director General de Archivos y Bibliotecas, referente a María Moliner: "Jefe de la Biblioteca Universitaria de Va­lencia, presidenta o directora de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros en esa ciudad establecida, Delegada del Consejo Central de Archivos y de la Dirección de Bellas Artes, encargada de cursillos para la preparación de bibliotecarios: todos estos cargos y funciones se acumu­lan en la persona de doña María Moliner y Ruiz, jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia, durante el Go­bierno comunista, hasta que por la subida de la C.N.T. es desposeída de todos ellos. 
"Tal absorción de cargos confirma los dichos de muchos testigos que la conside­ran izquierdista y afecta al régimen rojo y persona de confianza de la máxima diri­gente Teresa Andrés; ¿y cómo si no hu­biera sido titular de tan numerosos cargos? 

"No faltan, sin embargo, declaraciones de personas fidedignas que atestiguan buena conducta profesional y excelentes procederes con los compañeros, pero todo ello podrá servir para graduar la san­ción que proceda si v.I. acepta la pro­puesta que tengo el honor de formular de inclusión de la señora Moliner en el apar­tado b) del artículo 5° de la Ley de 10 de febrero de 1939 para el expediente for­mal, con aplicación de las disposiciones vi­gentes respecto al percibo de haberes. 

"Por último, habida cuenta de lo dis­puesto en artº 8° de la mencionada Ley, este funcionario podrá desempeñar su destino en el Archivo de Hacienda de Va­lencia si el Excmo. señor ministro acepta  esta sugerencia". 

El 1 de diciembre se hace entrega a María Moliner del pliego de cargos acumulados contra ella. Dispone de ocho días para contestar. El 5 de diciembre presenta su contestación, en seis páginas.


Una defensa

En su contestación y, en concreto respecto a su actuación en la Oficina de Adquisiciones de Libros escribe: "Al trasladarse el Ministerio de Instrucción Publica a Valencia, es lo más probable, que si yo hubiera estado en mi Archivo, nadie se hubiera acordado de mi para nada; y es seguro que, por mi iniciativa, no se hubiera quebrado ese olvido, pues estoy libre, y los que me conocen creo que lo atestiguaran, del `prurito de figurar. Pero el Ministerio se estableció precisamente en la Universidad, y parte de sus oficinas en la misma biblioteca, de modo que no era fácil que yo, como directora de ella, pasase desapercibida para las personas que entonces se ocupaban de cuestiones de bibliotecas. En efecto, al constituirse el Consejo de Ar­chivos, Bibliotecas, etcétera, yo fui pro­puesta para secretaria de la subsección de bibliotecas infantiles de la Sección de Bi­bliotecas. Dicho Consejo no celebró más que unas cuantas sesiones, al constituirse, exclusivamente dedicadas a cuestiones del Tesoro Artístico, y, como después se acordó que el consejo permanente lo for­marían sólo los presidentes y secretarios de Sección, mi participación en dicho Consejo fue nula. Sin embargo, fue oca­sión para que, al no acceder el señor Pérez Búa a trasladarse a Valencia para ponerse al frente de la Junta para Adqui­sición de Libros, el presidente [Tomás Na­varro Tomás] y la secretaria [Teresa Andrés] de la Sección de Bibliotecas me expresasen la necesidad de que yo me pu­siese al frente de esa Oficina. Aduje en­tonces, para que me relevasen de esa obligación, la única razón que podía adu­cir, y que era, además, efectiva, diciendo quenoquería de ningún modo ocupar un cargo en el que no fuera fácil sustituirme, pues, antes que funcionaria, era madre, y las obligaciones de mi casa, cada vez más absorbentes por las circunstancias, po­drían hacer que, en un momento dado, yo lo abandonase todo para dedicarme ex­clusivamente a ellas. Se me arguyó en forma convincente, y, por segunda vez, admití una carga que, ni deseaba, ni en­contré razones bastantes para eludir. Si al­guiendice que, sin embargo, en mi cargo trabajé con gusto y con ilusión, no podré desmentirle. Pero no deberá extrañar esto a nadie que conozca mi afición por las cuestiones de bibliotecas, y que esté al tanto de los esfuerzos que desde mucho antes de la guerra venía realizando para conseguir que nuestra Junta se diese cuenta que yo podía hacer algo más que regir mi archivo de hacienda, y se deci­diese a aprovechar mi actividad en algo más en consonancia con mis aficiones".


Teresa Andrés, la muy roja

La lectura de los expedientes de depu­ración de los funcionarios del Cuerpo de Bibliotecarios muestra con claridad quié­nes son las bestias negras (más bien rojas) de las autoridades del nuevo régimen: Juan Vicéns, Navarro Tomás, Teresa An­drés ... Todos ellos ya en el exilio. 

Teresa Andrés, primer puesto en el concurso de acceso al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo­gos de 1931, finaliza la guerra con 32 años. Uno de los cargos contra María Mo­liner es ser persona de confianza para Te­resa Andrés. Así lo han declarado algunos bibliotecarios: "En unión de los funcionarios T. Navarro Tomás, J. Giner Pantoja, Teresa Andrés Zamora, R. Martínez Llo­rente, intervino en todo lo relativo a reor­ganización del Cuerpo de Archiveros B.A. y creación de nuevas bibliotecas. (...) Fue la persona de confianza de Teresa Andrés" (Rafael Raga, de la Biblioteca Popular de Valencia). "Mereció absoluta confianza mientras fue dirigido el Cuerpo por Teresa Andrés, por eso desde que dejó de actuar ésta en el Ministerio por haber sido nom­brado un ministro de la C.N.T. se le quita­ron a María Moliner todos los cargos" (Amadeo Tortajada, facultativo). "La tiene por izquierdista y del grupo de Teresa An­drés" (Pedro Longás, presbítero y biblio­tecario de la Nacional). "Ha sido del Tribunal para las oposiciones de los cursi­llos de Auxiliares de Bibliotecas (con Te­resa Andrés y María Muñoz, rojas y huidas), en tiempo rojo 1938" (Florentino Zamora). "Hubo una denuncia, rumor o algo parecido, que llegó a Teresa Andrés, entonces delegada del Ministro en Valencia, sobre reuniones y charlas facciosas de catedráticos verificadas en la biblioteca. In­dudablemente, gracias a la intervención de María, se evitaron desagradables conse­cuencias" (María Isabel Niño). "Por lo que respecta a doña María Moliner, su actua­ción en Valencia fue como la del señor García Soriano en Orihuela, afecta al ré­gimen rojo, y gozaba de la absoluta con­fianza de Teresa Andrés" (Pilar Oliveros). "Durante la guerra, aparte de los cargos que le confiaron por la confianza que les merecía su persona (era la informadora de Teresa Andrés y compañía, cuando que­rían conocer antecedentes de alguno de los compañeros de Valencia) su gestión fue francamente la que corresponde a una persona que desea ver triunfantes los prin­cipios defendidos por el Gobierno del Frente Popular" (Miguel Bordonau). 

En su contestación al cargo de "per­sona de confianza para los rojos y especialmente para Teresa Andrés" María Moliner señala: "Es de suponer que 'los rojos' quiere decir el gobierno rojo. He de decir que, ni directa ni indirectamente, tuve jamás la menor relación con ninguna persona de autoridad dentro del gobierno rojo o en alguno de los organismos ad­juntos, más que con las de la Sección de Bibliotecas, concretamente, con su presidente señor Navarro Tomás, y su secre­taria doña Teresa Andrés. Y constituyó para mí una ventaja que hizo segura­mente posible mi permanencia en la Ofi­cina el que esta última señora fuera siempre la intermediaria para todos los asuntos entre la Oficina y el Ministerio, de tal modo que yo nunca tuve que rela­cionarme para nada absolutamente con éste. En cuanto a la confianza de la misma doña Teresa Andrés, ya he expli­cado en la contestación al cargo 1 o que era exclusivamente profesional, y, si bien en este terreno amplísima, hasta el punto de que estoy convencida de que ella se colocó conscientemente entre el Ministe­rio y yo para evitarme dificultades de orden político, y hasta el punto, también, de que, altrasladarse el Ministerio a Bar­celona la única dependencia que quedó en Valencia, aparte de alguna sección del Centro de Estudios Históricos, fue la Ofi­cina de Adquisición de Libros, por haber expresado yo que no estaba dispuesta a salir de Valencia de ninguna manera, esa confianza no trascendió nunca a otros aspectos, pues yo no con ocia a dicha se­ñora antes de que viniera a Valencia, y nuestras relaciones, estrictamente dedi­cadas a las cuestiones de bibliotecas, que­daron totalmente cortadas al dejar de ser ella secretaria de la Sección de Bibliote­cas".


La sanción

El 23 de enero de 1940 el Boletín Ofi­cial del Estado publica la sanción impuesta a María Moliner: "Postergación durante tres años e inhabilitación para el desem­peño de puestos de mando o de con­fianza". Postergación implica pérdida de puestos en la categoría o escalafón. Pro­bablemente el juez instructor atendió la su­gerencia presentada por José María ¡barra, el nuevo director de la Biblioteca Universi­taria y Provincial de Valencia, en su decla­ración: "Estimo que se podrá adaptar a lo que la nueva España necesita, pero mien­tras esto no se demuestre plenamente, sería preferible continuase en cargos como el que ocupa, de Archivo de Hacienda, donde su ideología no tiene trascendencia, y puede evolucionar en buen sentido".


Autores: Ramón Salaberria Lizarazu y Blanca Calvo Alonso-Cortés.
Fuente: GREDOS Universidad de Salamanca










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