Lo Último

La Primera República VII





CAPITULO VII

Tan rendido, tan agotado de fuerzas me dejó el ajetreo del 23, que no pude salir de casa hasta el segundo día. En la mañana de este, hallándome anegado en la cobranza de los atrasos que el sueño me debía, mi pobre cuerpo fue sacudido por una mano vigorosa. Desperté, y vi ante mí la imagen un tanto grotesca de mi amigo y algo pariente Telesforo del Portillo, más conocido por Sebo, el cual me atronó los oídos con estas estridentes palabras: «Levántate, hijo mío, y ven en ayuda de este hombre honrado que hoy es víctima de las envidias y malos quereres. Asómbrate y llénate de coraje. Acabo de recibir mi cesantía del puesto que desempeñaba en la Dirección de Penales».


Ayudándome a salir del lecho y a vestirme, prosiguió así su matraca: «Ya sé que eres uña y carne de Pi y Margall... Lo sé por Fabiana, que es amiga de la lavandera de don Joaquín Pi Margall, hermano del don Francisco... No vengas ahora con repulgos, haciéndote el modestito. El Ministro de la Gobernación ha puesto en ti toda su confianza...». Protesté. Mis negativas me valieron tanto como si quisiese atajar con razones las cornadas de un toro de Miura. Sebo insistió de esta manera: «Me han dejado cesante por soplos y delaciones de algún enemigo insidioso... Que si he sido alfonsino, que si era confidente de Martos, que si llevé recaditos al Duque de la Torre... Todo falso, querido Tito, maquinación infame de los perturbadores de oficio... Porque has de saber que yo soy federal; más federal que Riego... Las nuevas ideas me han conquistado; si lo dudas habla con Roque Barcia, con quien me reúno todas las noches en el café de Venecia. Precisamente anoche estuvimos trazando las lindes sinalagmáticas de los futuros Cantones...».


Levantado ya y vestido, corté la palabra de Sebo, que me rasgaba los oídos como el estridor de una corneta destemplada. Ni yo poseía la confianza de mi Jefe ilustre, ni osaría recomendarle ningún asunto de personal. Loco estaba quien tal creyera. Lo único que hacer podría era llegarme a Estévanez y... Interrumpiome Telesforo descompuesto, diciéndome: «No, no; Estévanez no, que ese me ha tomado tirria por creer que yo me opuse a que fuera Gobernador...».


Trabajo me costó librarme de aquel tábano molesto... Salimos juntos, y en la calle pude sacudírmelo, con la patraña de que trabajaría por su reposición. ¡Dios de los buenos, en qué fatigas se veía un hombre tan insignificante como el hijo de mi madre! ¡Pobre de mí; los necesitados de protección buscaban sombra en este mezquino arbusto, el último ciudadano de España!... En la oficina pude enterarme de que mi Jefe, don Francisco Pi y Margall, Presidente interino del Poder Ejecutivo en ausencia de Figueras, había disuelto por decreto la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional. De la misma forma disolvió los batallones de Milicianos que estuvieron el 23 en la Plaza de Toros y en el palacio de Medinaceli, y otras unidades orgánicas de Artillería, Zapadores y Caballería. Leí la expresiva alocución que dirigió a las Milicias Republicanas y a la guarnición de Madrid, felicitándolas por su actitud patriótica en los pasados disturbios. Estos documentos, que vinieron a enriquecer la copiosa literatura política coleccionada en la Gaceta, resultaban muy bonitos, pero no amansaron el oleaje tempestuoso que, iniciado en Madrid, iba extendiéndose por toda la superficie nacional.


De labios del propio don Francisco Pi oí una frase que conservo en mi memoria: «En el telégrafo central siento el latido de las provincias, y encuentro a las más republicanas poseídas de una exaltación calenturienta». Los partidos derrotados el 23 de Abril por el federalismo, tomaban las posiciones que mejor les convenían. Los Radicales conspiraban allegando voluntades en el Ejército y fuera de él. Los Carlistas, envalentonados por el barullo reinante, multiplicaban sus medios de guerra. Reverdecían como planta bien fecundada las esperanzas de los Alfonsinos. Los Monárquicos defensores del principio en forma impersonal, acrecían con la ridícula bandera del Rey X el desbarajuste hispánico. En tanto, el federalismo, perdida la cohesión en que le mantuvo la lucha con un enemigo poderoso, se dividía después del triunfo, y en su seno caldeado surgieron, a más de los intransigentes y benévolos de marras, los Pactistas convencionales, los Comunistas, y otras variantes del intenso latir que oía don Francisco desde el aparato telegráfico de Gobernación.


Durante el período electoral, que no fue tan turbulento como se creía, no cesaban de salir de Madrid las familias monárquicas y reaccionarias de más viso, generales de cuartel, banqueros, bolsistas, todo el elemento que llamaban sensato y la flor y nata de la gente de orden. Con esta emigración, que atestaba diariamente los trenes, el dinero español enriquecía de lo lindo a los fondistas y aposentadores de Biarritz. En aquellos febriles días de Mayo, pasaba yo la mayor parte de mi tiempo rondando el sentir y el pensar de mis conciudadanos; palpaba los corazones; intentaba penetrar con agudos interrogatorios en los cerebros enardecidos. De este pesquisar minucioso y constante saqué la impresión de hallarme en un pueblo de locos.


El desatinado Sebo, que no cesaba de acosarme solicitando la protección que yo no le podía dar, escribía artículos hidrofóbicos en La Igualdad, periódico sostenido según rumor público con dineros monárquicos. Tan loco como Sebo, si bien con diferente modo y estilo, estaba don Basilio Andrés de la Caña, que una y otra vez solicitó mi valioso influjo para que le destinaran a Filipinas. «Esta será mi jugada definitiva para redondearme -me decía el hombre serio, frotándose las manos-. Ya ve usted: jubilación a los treinta años de servicios con los cuatro quintos... sueldo de Ultramar. Si se me pide mi credo político, diré que el federalismo no me desagrada; pero acá se queda toda esta faramalla si consigo pasar el charco... Ya sé que el Ministro de Ultramar, don José Cristóbal Sorní, no le niega a usted nada. Si usted le habla por mí como espero, dígale que respondo de poner como una seda la contabilidad en aquel Archipiélago».


Aún no había conseguido librarme de este cínife, cuando vino otro con trompetilla y picadura mortificantes. ¿Sabéis quién era? Pues aquel Modesto Alberique que fue mi sucesor en el afecto y tálamo de doña María de la Cabeza. Nunca vi mayor desvergüenza. Venía a mí con una carta de la tendera frescachona, y pretendía del Ministro de Fomento una plaza de Inspector de Instrucción pública en provincias. Del sentido de la carta y de las palabras del que fue mi mortal enemigo, saqué la consecuencia de que doña Cabeza, hastiada de aquel gandul, quería lanzarle de su lado. «Sabemos de buena tinta -me dijo Alberique, haciéndose de mieles- que el Ministro de Fomento don Eduardo Chao no hace nada sin consultar con usted. Pídale mi plaza, y soy hombre feliz. Volveré por aquí mañana si no le molesto».


Apenas levantó el vuelo aquel cernícalo, vi entrar en mi gabinete ¡oh sorpresa indecible! a Candelaria y su madre, que cayeron sobre mí cogiéndome cada una por un brazo, y entre aterrorizadas y llorosas me soltaron estas tremebundas razones: «¡Tito, Tito; cataclismo en casa... Se nos cae el cielo encima... Rufino ha pedido su traslado a Madrid!... ¡Ay Dios mío, Virgen del Sagrario, válganos el Ser Supremo!... Por lo que más quieras háblale hoy mismo a tu grande amigo Pi y Margall, que no te niega nada... Que no lo trasladen, que lo lleven más lejos, a las islas Chinchas, al Polo Norte, al Polo Sur...». Yo cogía el cielo con las manos, yo me sentía contagiado de la general locura. ¿De dónde diablos había salido la leyenda calumnioso-burlesca de mi poder omnímodo y de mi influjo con todos los Ministros?


Cansado ya de negar dicha leyenda, entrome de súbito un fuerte apetito de darla por verdadera. Invadió mi alma el placer del embuste, el regocijo de la humorada y de la expansión cómica. ¿Qué hice? Pues declararme generoso protector de todos, y pródigo de las mercedes oficiales. A Sebo, a Caña, a Modesto Alberique, a Candelaria, y a cuantos después vinieron con la misma solfa, les dije complaciente y risueño que sí, que sí, que sí; que yo era el bienhechor prolífico de todo el género humano.


Vinieron otros, compañeros míos de oficina, amigos que conocí en la redacción de El Tribunal del Pueblo, parientes lejanos, tipos diferentes con quienes tuve ligero trato en los dos años de don Amadeo. Mi humilde gabinete no desmerecía en aquellas mañanas del despacho de un empingorotado estadista o de un agente de colocaciones. Metido de hoz y coz en aquella farsa, tenía momentos en que me parecía verdad tanta mentira. Una noche me acosté destemplado y algo febril; tuve pesadillas desatinadas, y cerca ya del día soñé que era Presidente del Poder Ejecutivo, con tal precisión de detalles y tal claridad en los objetos y personas que me rodeaban, que ya despierto permanecían en mi cerebro las visiones como la misma realidad.


Cuando me hallaba ya vestido y preparado para las audiencias, el primer visitante fue un sacerdote anciano y venerable en quien al punto reconocí a don Hilario de la Peña. Asombro y alegría me causó su aparición en mi cuarto. Sus primeras palabras reveláronme torpeza de dicción, como amago de parálisis; su andar era pausado y doliente. Advertí en su ropa menos pulcritud de la que ostentaba cuando hice con él amistad en su casa de la calle de San Leonardo. Al sentarse, la lentitud del juego de piernas y una mueca de sufrimiento eran señal cierta de que el buen señor declinaba de la vejez terne a la senectud desmayada. Dándome un palmetazo en la rodilla, me habló de esta manera:


«Ya sabe usted, señor don Tito, que soy obispo. Recibí el nombramiento un domingo de Carnaval, no recuerdo la fecha. Yo no solicité tal honor ni entró jamás en mis planes gobernar una diócesis... Pero ello vino porque Dios así lo quiso. Testigo es usted de que yo me resistí siempre... Pero debo acatar los designios de... los altos designios... 


Perdone usted, Tito; tengo la cabeza un poco ida. Las ideas se me escapan, las palabras no me obedecen, y...

-Sosiéguese, don Hilario -le dije tocándole en el hombro-. Hable con reposo. Acaricie las ideas para que no se vayan volando, y agarre las palabras por una letra para sujetarlas al pensamiento... Desde Febrero último sé que tiene usted mitra, báculo, anillo, pectoral, y toda la vestimenta de un señor Prelado. No le falta más que...


-Sí, sí; Roma, esa maldita Roma, que no acaba de despachar mi preconización. Por eso he venido...


-Descuide usted; yo me encargo de activar el asunto. Veré al Ministro de Gracia y Justicia hoy mismo. ¡Ah! Con Salmerón no juega la Curia romana. ¡No faltaba más!».


Elevó el santo varón sus miradas al techo, mostrándome en alto las palmas de sus manos como en señal de gratitud, y yo, atento en aquel instante a satisfacer una curiosidad ardiente, le solté la pregunta que me retozaba en los labios desde que le vi llegar a mi presencia: «¿Y Graziella, señor don Hilario; Graziella, sigue con usted?». Quedose el buen clérigo suspenso, como si buscara en los desvanes de su memoria un objeto perdido. Nos miramos un rato sin saber qué decirnos.

«¡Ah... ya! -exclamó don Hilario con leve sonrisa-. Dispense usted, amigo Tito... Es que la memoria también se me va. Hay momentos en que me encuentro totalmente vacío de memoria. Pero ella vuelve. Ha vuelto. Aquí la tengo. ¿Me preguntaba usted si Graziella...?


-¿Sigue con usted? Desearía verla.


-Ahora me cuida Celestina Tirado, una santa que lleva recados de la Tierra al Cielo y los trae del Cielo a la Tierra. Graziellita... está sirviendo en una casa...


-¿Dónde? ¿Qué casa es ésa?


-Espérese usted un poco -dijo don Hilario, mirando al suelo y llevándose el dedo índice a la boca-. Esa perra de memoria se me ha escapado otra vez... Pero ya vuelve... Ya la tengo... La italiana graciosa está hoy al servicio de las Nueve Musas».


Quedé absorto, movido a intensa compasión, pensando que las potencias mentales del pobre don Hilario se hallaban en lamentable anarquía.


«¿Qué Musas son esas? -le dije-. Serán tal vez señoras de carne y hueso que han tomado el nombre de las hermanitas de Apolo para embromar a la gente.


-No sé, no sé -respondió el cura, queriendo atrapar en el aire con su mano temblorosa las ideas que revoloteaban en derredor de su cabeza-. Las vi una noche... ¿Qué noche fue, Dios mío? Las vi cual máscaras griegas, en procesión solemne, llevando ramas de mirto y laurel... Vuelvo a mi asunto, Tito. Me ha prometido usted hablar a Salmerón...


-Esté usted tranquilo, don Hilario. Nicolás no me niega nada... Las Nueve Musas, quiero decir Roma, cederá, y tendremos un Obispo a la moderna, liberal y racionalista.


-Yo no solicité la mitra; pero, una vez metido en este fregado episcopal, no he de quedar en ridículo ante mis feligreses. Debe usted decir al bueno de Salmerón, y a Castelar si le ve, que considero perfectamente compatibles el dogma católico y... ¿cómo se llama eso?... la República sinalag... No puedo con esta palabra, que es como un gatito: me araña la lengua cuando quiero atraparla.


-Será usted el primer revolucionario del Catolicismo.


-Usted lo ha dicho -respondió el buen cura, demostrando con risa infantil su desconcierto cerebral-. En cuanto yo trinque el báculo, repartiré buenos golpes a un lado y otro. Lo primero será suprimir en mi diócesis el celibato eclesiástico, quiéralo o no el Santo Padre. Mandaré a todos mis clérigos que se casen inmediatamente con sus amas, y al que no me obedezca le retiraré las licencias... Los ordenados in sacris no deben limitarse a la cura de almas; Dios quiere que se dediquen a procrear, practicando el crescite et multiplicamini. Refundiré las Comunidades de uno y otro sexo, organizando los conventos con parejas de frailes y monjas que prediquen el santo dogma, y procreen, y procreen...


-Admirable doctrina, señor don Hilario, que hará inmortal su nombre.


-Y haré más, más... Espérese un poco, amigo, que se me ha escapado la idea... Ya la cogí. Declararé de texto en mi Seminario mi grande Historia del Clero Mozárabe, que usted conoce... Magna obra, ¿verdad? En ella consagro un tomo entero a la Institución de las Barraganas».


Viéndole en actitud de levantarse, no quise dejarle partir sin que me diera noticias más concretas de Graziella y del lugar donde se encontraba. Pero a mis preguntas no contestó sino con gestos denunciadores de la fugaz deserción de su memoria. No insistí, y reiterándole mi promesa de hablar a Salmerón aquella misma tarde, ayudéle a ponerse en pie, no sin que el esfuerzo muscular le arrancase doloridos ayes. Salió renqueando, apoyado en su grueso bastón. Mis patrones, que habían fisgoneado la visita, le salieron al paso. Don Hilario les echó gravemente la bendición, alargando dos dedos de su mano derecha. Nicanora y Rosita se arrodillaron para besarle la mano. Cogido del brazo le llevé yo hasta la puerta, y encargué a Ido que bajase con él la escalera, hasta dejarle en el coche que le había traído.



Benito Pérez Galdós

La Primera República - Capítulo VII


Este libro aporta el título de la cuarta novela de la V y última Serie de los Episodios nacionales, publicados por Galdós.



1827. Charla radiofónica de Queipo de Llano el 9 de febrero de 1937




¡Atención! Radio Sevilla./ Queipo de Llano es quien ladra,/Quien muge, quien gargajea,/Quien rebuzna a cuatro patas./¡Radio Sevilla, señores!/Aquí un salvador de España./¡Viva el vino, viva el vómito!/Esta noche tomo Málaga;/El lunes tomé Jerez;/El martes, Montilla y Cazalla (…) Rafael AlbertiChoque, Órgano del 10º Batallón del Regimiento de Infantería, nº 1, 14 de febrero de 1937



Gonzalo Queipo de Llano, el general que dijo el 14 de abril de 1931: "Españoles, España está salvada. Arriba los corazones. Viva España, Viva la República", fue el reponsable de la sublevación militar en Andalucia y de la caída de Málaga. Este "ferviente republicano" hasta que los celos y el ansia de poder lo convirtieron en un genocida, fue el responsable de miles de muertes. Era la representación del terror a través de las consignas que radiaba señalando a a las víctimas e incitando a los asesinos. Cada una de sus charlas, tan celebradas entre los sublevados, plagadas de epítetos e insultos como hordas, indocumentados, salvajes, rojos, ratas, pandilla, facinerosos, barcos pirata, hijos de la Pasionaria, lacayos, bolcheviques, marxistas, turbas, canallas, energúmenos, rojo-separatista, hebreo, enchufista, canallero, etc. debía ser publicada en la prensa obligatoriamente al día siguiente. 

El 9 de febrero de 1937 su charla en Unión Radio Sevilla fué la siguiente:


«Vengo a reclamar una deuda. Radio Madrid dijo al día siguiente de yo decir hace días que tomaría Málaga cuando quisiera, que si conquistaba Málaga ellos me regalaban Madrid. Y vengo a reclamar su promesa, aunque sé que ellos son muy malos pagadores. Espero que ya se estarán dando cuenta de que están perdidos. Ellos son muy aficionados a los juegos de palabras, ya en Porcuna cuando entramos, vimos un cartel que decía: "si perdemos Porcuna no entraremos en Córdoba y si no entramos en Córdoba, perderemos Madrid". Y esa profecía se va a cumplir.
Yo reclamo su palabra porque si no lo hacen, perderán Madrid de todas maneras y lo harán sacrificando muchas vidas de esos borregos que llevan engañados. Madrid será tomado con la misma facilidad que Málaga. Ha sido un juego de prestimano. Esos juegos que con tres cartas enseñan una que la hacen aparecer en donde quieren y cuando uno señala creyendo que ha acertado, siempre pierde. Málaga aparecía en la izquierda roja, en la derecha roja y de pronto surge Málaga blanca y blanca para siempre. No será roja ya jamás, pues los malagueños morirán antes de permitir el dominio marxista que los ha tenido aterrorizados. Los criminales son siempre cobardes que matan a traición y cuando se encuentran superiores  en número, pero que nunca dan la cara cuando se encuentran con un hombre; y los marxistas son una masa de criminales que sólo se defienden tras los muros. El mismo miedo les hace ser valientes, pues el temor de salir de las trincheras y el tener que ponerse delante de los enemigos los hace resistir. En Málaga han tenido un terreno favorable, abrupto, con trincheras de cemento y piedra, carreteras entre riscos que defendidas por hombres hubiesen sido casi inexpugnables. Napoleón se estrelló en estas tierras, meses sin poder pasar. Pero es que entonces los defendían hombres con corazón, aunque apenas tenían armas. Todo ha sido inútil, y vencida la resistencia del primer día lo único que han hecho los marxistas ha sido huir. Los marxistas en cuanto salen  de los muros, corren como galgos gritando ¡que nos copan!, y huyen abandonándolo todo, tirando el fúsil y las municiones para llevar menos peso. Y ellos tenían cañones, morteros y fusiles, y además han volado puentes y alcantarillas.que.costarán muchos millones reconstruirlas.Si no fuera porque también hay personas dignas, merecerían que no  se les arreglasen los destrozos y viviesen en estado salvaje sin comunicaciones.
Los riscos, las trincheras, las armas, todo ha sido inútil ante el ímpetu y el valor de mis soldados—dice con emoción el general—. Legionarios, regulares y soldados han luchado en todas partes contra el terreno y el enemigo derrotándolo, persiguiéndolo y haciéndole muchos muertos, centenares de prisioneros y numerosísimos muertos. El material recogido costará varios días clasificarlo, recontarlo y hallarlo, pues muchos cañones los han abandonado en los riscos y habrá que ir a por ellos... El alto mando rojo no sabía la verdadera situación de la capital. Un oficial de mi Estado Mayor llamó por teléfono a Marbella y salió al aparato Málaga. Al preguntar quién había al aparato, contestaron: "Aquí Málaga". —Pero quién es? "Un ayudante del general Villalba. ¿Y ahí?" —Aquí un miliciano. ¿Qué deseas? "Refuerzos enseguida, que nos comen". —¿Quién os come? "Los fascistas, que vienen más de 15.000".
—Resistir. "No puede ser, todos corren". Y antes de retirarse, mi oficial le dijo: "Idiota, soy un fascista, estamos en Torremolinos y vamos a cortaros la cabeza". El teléfono fue cortado de golpe.
A los tres cuartos de hora, un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarle en su huida y hacerles correr más a prisa, enviamos a nuestra aviación que bombardeó incendiando algu-nos camiones. Hay que darse cuenta lo que esto significa. El alto mando rojo en Málaga no sabía la verdadera situación. ¡Ay Villalba, qué poco ha faltado para que caigas en nuestras manos! Es trágico tu destino.  Pocos días antes del movimiento, Villalba estuvo con el general De Benito, indignado con los marxistas y diciendo que si estallaba pronto el movimiento él se echaba a la calle porque no podía aguantarlos más. De Benito le suplicó que tuviera paciencia, que pronto llegaría ese momento. ¿Qué pasó después? Pues por lo visto, como en Barcelona, se retrasó un poco la sublevación, se las dio de vivo y se hizo rojo por miedo. Villalba tenía un hermano, hombre digno y valeroso que estaba en Ron da, aunque se encontró con la cobardía de algunos jefes y oficiales sin contar con nadie, sino con el comandante de la plaza, declaró el estado de guerra dispuesto a luchar contra los oficiales traidores y contra los marxistas. Naturalmente, fue asesinado. ¡Hasta dónde llega la indignidad de un hombre que convive en Málaga con los asesinos de su hermano! Fracasó en Cataluña al mando de las columnas que enviaron contra Huesca y después, para desquitarse quizás, lo mandan para Málaga. Hay quien dice que Villalba no es rojo y que está dispuesto a fracasar por propia voluntad. ¿Por qué no ha fortificado Málaga? Y que no ha querido resistir para congraciarse con nosotros. No; nosotros no aceptaremos a traidores y criminales como tú a nuestro lado. Sufre tu destino y huye de España, quizás tengas que ganarte el pan cargando bultos en algún puerto, sino haces como tu compañero Miaja que se lleva todo lo que puede. Sigue tu destino y que el peso de tu conciencia te abrume muchos años.

Se tomó Málaga esta mañana. Como ayer dije, tres columnas de nuestras fuerzas se quedaron en los suburbios de la población y esta mañana entraron.
La primera fue la del coronel Borbón y la vanguardia que manda el teniente coronel Rentería. Después entraron las columnas de Almogía y Colmenar. El entusiasmo de la población fue delirante; antes hubo una pequeña resistencia de unos locos que paquearon haciéndonos algunos heridos y hubo necesidad de terminar con ellos, ocasionándoles 80 muertos. El número de prisioneros es grande, pues en las columnas ya venían unos 400 y en la capital se han cogido muchos más, bastantes con sus armas. Málaga se encuentra como al despertar de un sueño. El entusiasmo se desborda. Todos abrazan a los soldados y aplauden a  las columnas, que esta tarde, a las 5, han realizado un desfile por la capital. La noticia de la ocupación de Málaga la conoce ya  el mundo entero menos  los marxistas.
El parte oficial rojo dice, refiriéndose a Málaga, sólo, que dos bimotores gubernamentales han bombardeado barcos nacionales en aguas de Málaga. Y más tarde, una radio insiste en las mismas noticias y además, repite que los bimotores repitieron por la tarde el bombardeo, aunque, lo confiesan, sin éxito. Por lo visto, quieren hacer creer que siguen en Málaga. También dicen que en Lopera se lucha casa por casa y que en Montero se desarrolla una batalla por la posesión del puente de entrada al pueblo. Pues tan falso es lo de los aviones como esto. Desde hace cinco días no aparece por el frente de Málaga un avión rojo. En cuanto a Lopera y Montoro hay absoluta tranquilidad.
Y ahora quiero hacer constar una omisión involuntaria. Además del heroico comportamiento de legionarios, regulares y soldaditos andaluces, han luchado brillantemente Infantería de Marina y Falange Española. Estos falangistas se han portado como buenos, como veteranos y entre estas falanges han destacado dos: las de La Roda y las de Cádiz, que han intervenido con gran efectividad. Y no cito a los requetés, porque todos los que están en Andalucía, al mando del valeroso teniente coronel Redondo, se encuentran concentrados en el frente de Córdoba, como fuerzas de reserva, para acudir a donde haga falta. La lucha por ahí no ha sido violenta, per  de todas maneras, allí donde hay un amago, van los requetés junto a nuestros soldados. También quiero hacer resaltar y elogiar el comportamiento de la aviación, que con su brillante actuación ha facilitado la labor de nuestras columnas y lo mismo tengo que decir de nuestra escuadra, que metiéndose temerariamente hasta la misma tierra, ha infundido el pavor en el enemigo. A todos, muchas gracias y mis calurosas felicitaciones...

Y por último, quiero decir que de Andalucía y de toda la zona ocupada he recibido infinidad de amables cartas y telegramas de felicitación por la ocupación de Málaga, y ante la imposibilidad de contestar personalmente a todos, quiero transmitir desde este micrófono mi agradecimiento. Buenas noches, señores.»


Gonzalo Queipo de Llano
Charla radiofónica en Unión Radio Sevilla
9 de febrero de 1937



1826. Ley de Responsabilidades Políticas





Jefatura del Estado

Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas

Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado: él momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades; prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y aquéllos otros que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio todos su esfuerzos y todos sus sacrificios.

Los propósitos de esta Ley y su desarrollo le dan un carácter que supera los conceptos estrictos de una disposición penal encajada dentro de moldes que ya han caducado. La magnitud, intencional y las consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales, que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas, pues éstas repugnarían al hondo sentido de nuestra Revolución Nacional, que no quiere ni penar con crueldad, ni llevar la miseria a los hogares. Y, por ello, esta Ley, que no es vindicadora, sino constructiva, atenúa, por una parte, el rigor sancionador, y, por otra, busca, dentro de la equidad, fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la Patria con el deseo de no quebrar la vida económica de los particulares.

Las sanciones económicas se regulan con una humana moderación, de la que son ejemplo los preceptos encaminados a no coartar las actividades de quienes basan su subsistencia en negocios modestos. Y estas sanciones, en aquellos casos en que se deba prevenir el peligro dimanante de posibles actuaciones futuras de los inculpados, podrán ir acompañadas de otras, que, en rigor, tienen el carácter de medidas de seguridad y que consistirán en la inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos y en el alejamiento de los lugares en que se residía anteriormente, llegándose, en ciertos casos de gravedad suma, a declarar la pérdida de nacionalidad de los que no merecen el honor de seguir siendo españoles.

Los actos y omisiones que dan lugar a la exigencia de responsabilidades políticas se animaran con la amplitud necesaria para que resulten comprendidas todas las actuaciones que, a juicio; del Gobierno, son merecedoras de castigo. Esta extensión obligada de la materia penal compensa con la amplísima latitud que se concede para fijar la medida de las sanciones y que permitirá que éstas puedan resultar intrínsecamente justas y perfectamente adecuadas a los distintos grados de responsabilidad. El arbitrio judicial será tan grande como lo exige la complejidad de los actos y omisiones que han de juzgarse.

Los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., que darán a su actuación conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional. Y para conseguir que funcionen con perfecta armonía todos los Tribunales y organismos a quienes se .encomienda la aplicación de la Ley, se crean un Tribunal Superior y un órgano administrativo, anejo al mismo, que, bajo una sola dirección, y de acuerdo con el Gobierno, imprimirán al conjunto la unidad necesaria para conseguir todos los resultados que en el orden jurídico y en el económico se pretenden.

Los procedimientos para la imposición de las sanciones, para su ejecución práctica y para la resolución de las reclamaciones de terceros se regulan con normas sencillas, en las que se aúna la conveniencia de obtener resoluciones rápidas con la necesidad de respetar los derechos de defensa y los intereses legítimos de personas no responsables.

Y, por último, la adaptación de las situaciones jurídicas creadas en virtud de los preceptos anteriores a la nueva ordenación legal, se determina por medio de las disposiciones transitorias con que termina la Ley.

Los elevados propósitos en que ésta se inspira, la madura reflexión que ha puesto el Gobierno en redactarla y el patriótico y sereno espíritu de justicia de los Tribunales y organismos que la han de aplicar conducirán seguramente, a hacer de ella uno de los más firmes cimientos de la reconstrucción de España, Y, por ello.

DISPONGO:

TÍTULO I. Parte sustantiva

CAPÍTULO I. Declaraciones generales

Artículo 1º. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.

Artículo 2º. Como consecuencia de la anterior declaración y ratificándose lo dispuesto en él artículo 1º del Decreto número ciento ocho, de fecha trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis, quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

Se entenderán comprendidos en esta sanción los siguientes partidos y agrupaciones: Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unión de Rabassaíres, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña, Estat Catalá, todas las Logias masónicas y cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales o de análoga significación a los expresados, previa declaración oficial de hallarse, como los anteriormente relacionados, fuera de ley.

Artículo 3º. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado.

Quedan confirmadas las incautaciones llevadas a cabo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º del Decretó número ciento ocho antes citado y en sus disposiciones complementarias y concordantes.


CAPÍTULO II. De las causas de responsabilidad y de las circunstancias que la modifican

Artículo 4º. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, quedan incursos en responsabilidad política y sujetos a las sanciones que se les impongan en los procedimientos que contra ellos se sigan, las personas individuales que se hallen comprendidas en alguno de los casos o supuestos siguientes:

a) Haber, sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, o por los de traición en virtud de causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional.

b) Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del artículo 2º, así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de Corporaciones y organismos, tanto públicos como privados.

c) Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, y mantenida hasta esta fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales.

d) Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de índole civil y calificada confianza por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, con retribución o sin ella, salvo los que deban su nombramiento a la elección y fueran de filiación política completamente hostil al mismo. También se considerarán comprendidos en este caso los que, sin nombramiento de dicho Gobierno, hubieren continuado desempeñando con él cargos de aquella índole en la Administración Central.

e) Haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación en favor del Frente Popular o de los partidos y agrupaciones comprendidos en el artículo 2º, o contribuido con ayuda económica, a los mismos, prestada de manera voluntaria y libre y con propósito deliberado de favorecerles, aunque no se hubiesen desempeñado puestos directivos o, de representación, ni cargos de misiones de confianza, ni se tratase de afiliados a aquellos.

f) Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes del año mil novecientos treinta y seis; formado parte del Gobierno que las presidió o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato del Gobierno, o candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular y de sus aliados o adheridos en ellas; o haber sido compromisario de tales partidos para la elección de Presidente de la República en el propio año.

g) Los Diputados que en el Parlamento de mil novecientos treinta y seis, traicionando a sus electores, hayan contribuido, por acción o abstención, a la implantación de los ideales del Frente Popular y de sus programas.

h) Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería, con excepción solamente de los que hayan salido de la secta antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis por baja voluntaria por haber roto explícitamente con ella ó por expulsión de la misma fundada en haber actuado en contra de los principios en que se inspira o de los fines que persigue.

i) Haber intervenido desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, salvo casos de justificación muy calificada, en Tribunales u organismos de cualquier, orden, encargados de juzgar a personas por el sólo hecho de ser adictas al Movimiento Nacional, o el haber sido los denunciantes de éstas o intervenido en la incautación de sus bienes, a no ser que lo hayan verificado obligatoriamente en virtud de las funciones que le están asignadas por razón de su cargo y sin iniciativa por su parte.

j) Haber excitado o inducido, a la realización de los hechos comprendidos en alguno de los apartados anteriores, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta, de la radio o de cualquier otro medio de difusión, bien en escritos dirigidos a diferentes personas.

k) Haber realizado cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que ha hecho indispensable el Movimiento Nacional.

l) Haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional.

m) Haber permanecido en el extranjero desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis sin reintegrarse al territorio nacional en un plazo máximo de dos meses, salvo que tuvieren establecido en aquél su residencia habitual y permanente, o que desempeñaren alguna misión encomendada por las Autoridades de la España liberada, o que estuvieren imposibilitados físicamente para regresar al territorio nacional, o que concurriere alguna otra causa extraordinaria y de carácter destacado que justificase suficientemente su permanencia en el extranjero.

n) Haber salido de la zona roja después del Movimiento y permanecido en el extranjero más de dos meses, retrasando, indebidamente su entrada en el territorio nacional, salvo que concurriere alguna de las causas de justificación expresadas en el apartado anterior.

ñ) Haber cambiado la nacionalidad española por la extranjera o haber autorizado para ello a los que estén sometidos a su potestad o guarda, siempre que tal hecho se haya producido a partir del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, y no haya sido como medio de evitar persecuciones ó para evadirse de la zona roja, habiendo ingresado en el momento en que fue posible en la zona nacional liberada solicitando la recuperación de la nacionalidad española o realizando actos que demuestren tal propósito.

o) Haber aceptado de alguna de las Autoridades rojas, rojo-separatistas, misiones para el extranjero, excepto en el caso de que, una vez en él, no las hayan desempeñado y sólo fuesen aceptadas como medio de evasión de la zona enemiga, y se hayan presentado en la nacional seguidamente de haber salido por primera vez de aquélla.

p) Haber adoptado en el desempeño del cargo de presidentes, consejeros o gerentes de Sociedades y Compañías, de manera voluntaria y libre, acuerdos de ayuda económica al Frente Popular o a partidos y entidades incluidos en el artículo segundo, o para propaganda, o para empresas periodísticas, de dicho ideario, o para los gastos de las elecciones de mil novecientos treinta y seis, o para los Gobiernos rojos, o rojo-separatistas.

Artículo 5º. Están exentos de responsabilidad los menores de catorce años

Los servicios extraordinarios prestados al Movimiento Nacional; el haber obtenido en su defensa la Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla Militar individuales; el haber resultado herido grave; en el caso que se haya incorporado al Ejército voluntariamente desde los primeros momentos del Movimiento, o que, habiéndolo hecho con posterioridad, lo haya efectuado por lo menos con seis meses de antelación al llamamiento de su quinta; y el ostentar el título de Caballero Mutilado Absoluto, serán consideradas como circunstancias eximentes de responsabilidad.

El arrepentimiento público, anterior al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, seguido de adhesión y colaboración al Movimiento Nacional, será apreciado como eximente o atenuante al prudente arbitrio de los Tribunales.

Artículo 6º. Se considerarán circunstancias atenuantes para los inculpados:

Primera. La de ser el responsable menor de dieciocho años.

Segunda. Haber prestado servicios eficaces al Movimiento Nacional. 

Tercera. Haber sido herido en campaña en defensa de España no concurriendo las circunstancias especificadas en el artículo anterior. 

Cuarta. Haberse alistado voluntariamente en el Ejército o la Armada o en las Milicias combatientes de primera línea en el momento de iniciarse el Movimiento Nacional, o con posterioridad, siempre que se haya hecho por lo menos con seis meses de antelación al llamamiento de su quinta y que haya observado buen comportamiento durante su permanencia en filas, acreditada por los respectivos Jefes.

Quinta. Haber perdido un hijo o el padre por muerte en Campaña en defensa del Movimiento, o haber sido asesinados en zona roja uno de los padres o un hijo del responsable. 

Sexta. Y, finalmente, cualquiera otra circunstancia análoga a las anteriores.

Artículo 7º. Se tendrá en cuenta para agravar la responsabilidad del inculpado su consideración social, cultural, administrativa o política cuando por ella pueda ser estimado como elemento director o prestigioso en la vida nacional, provincial o local, dentro de su respectiva actividad.

En el caso h) del artículo 4º se apreciarán, asimismo, como circunstancias agravantes el haber obtenido en la masonería alguno de los grados dieciocho al treinta y tres, ambos inclusive, y el haber tomado parte en las Asambleas de la Asociación Masónica Internacional y similares o en las Asambleas Nacionales del Gran Oriente Español, de la Gran Logia Española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas residentes en España.


CAPÍTULO III. De las sanciones y de las reglas para su aplicación

Artículo 8º. Las sanciones que se podrán imponer con arreglo a esta Ley a las personas incursas en responsabilidad política son las comprendidas en los grupos siguientes:

Grupo L (Restrictivas de la actividad). Inhabilitación absoluta, inhabilitación especial. 

Grupo II. (Limitativas de la libertad de residencia). Extrañamiento. Relegación a nuestras Posesiones africanas. Confinamiento. Destierro. 

Grupo III. (Económicas). Pérdida total de los bienes. Pago de cantidad fija. Pérdida de bienes determinados.

Artículo 9º. En casos excepcionales en que los hechos realizados por el inculpado revistan caracteres de gravedad extraordinaria, podrán los Tribunales proponer al Gobierno la pérdida de la nacionalidad española, que éste acordará o no, según considere conveniente. En todos los fallos en que se proponga la pérdida de nacionalidad, se impondrán precisamente como sanciones la de extrañamiento y la de pérdida total de los bienes.

Artículo 10. En toda condena se impondrá, necesariamente, sanción económica de las señaladas en el grupo tercero, la cual será compatible con otras sanciones de los grupos primero y, segundo, quedando al prudente arbitrio de los Tribunales, atendidas las circunstancias de cada caso, castigar a los inculpados con sanciones de los tres grupos, o sólo del primero y tercero, o del segundo y tercero, o únicamente de este último.

Se exceptúan de lo dispuesto en él párrafo anterior aquellos casos que están comprendidos en el apartado a) del artículo 4º, en los que sólo podrán imponerse las sanciones comprendidas en el grupo tercero.

Artículo 11. La sanción de inhabilitación absoluta producirá los efectos siguientes: Primero.-La privación de todos los cargos o empleos que el inculpado tuviere del Estado, Provincia o; Municipio, o de empresas de cualquier orden en que éstos tuviesen intervención o las subvencionasen, así como de toda clase de Asociaciones y Corporaciones oficiales y de establecimientos de crédito y entidades que exploten servicios públicos, y Segundo.-La incapacidad para obtener dichos cargos o empleos durante el tiempo de la condena.

La sanción de inhabilitación especial producirá los mismos efectos que la absoluta, pero circunscritos al cargo, empleo o función que se determine concretamente en el fallo.

Artículo 12. Las sanciones limitativas de la libertad de residencia producirán los efectos que señala el Código Penal para las penas de igual denominación. La relegación producirá los efectos señalados para el confinamiento, sin más diferencia que la de cumplirse en nuestras Posesiones africanas.

Artículo 13. Los Tribunales en sus fallos calificarán los hechos que estimen probados como graves, menos graves, o leves. La extensión en que han de aplicar los Tribunales las sanciones comprendidas en cada uno de los grupos primero y segundo, cuando ello corresponda a tenor de lo prevenido en el artículo décimo, será de ocho años y un día a quince años, si los hechos fuesen calificados de graves, de tres años y un día a ocho años, si se calificaren de menos graves, y de seis meses y un día -que será la mínima- a tres años, si se estimaran leves. Dentro de los límites amplios indicados, fijarán los tribunales la duración de las sanciones, según las diversas circunstancias modificativas de responsabilidad que en cada caso concurren y la entidad y trascendencia de los hechos imputados al culpable.

Las sanciones económicas se fijarán teniendo en cuenta no sólo la gravedad de los hechos apreciados, sino, principalmente, la posición económica y social del responsable y las cargas familiares que legalmente esté obligado a sostener.

Artículo 14. En los casos de patrimonios que estén representados en su mayor parte por bienes inmuebles o negocios industriales, agrícolas, o mercantiles, así como también cuando se ofrezcan por los inculpados u otras personas garantías reales o personales bastantes, quedan facultados los Tribunales para autorizar que se haga efectiva la sanción económica mediante la concesión de plazos, que no podrán exceder de cuatro años. Para poder disfrutar de estos beneficios será necesario que el sancionado lo solicite; que realice la entrega de una cantidad en efectivo, que señalará el Tribunal, dentro del plazo de tres meses, contados desde la notificación del fallo, y que el resto pendiente de pago quede garantizado por medio de las oportunas inscripciones en el Registro de la Propiedad, si los bienes afectados fueren inmuebles, o por medio de anotaciones en los Registros especiales correspondientes, según la índole de los negocios, y, subsidiariamente, con las fianzas que el mismo Tribunal estime conveniente exigir.

Artículo 15. Las sanciones económicas se harán efectivas, aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario, y serán transmisibles a los herederos que no hayan repudiado la herencia, o no la hayan aceptado a beneficio de inventario. No obstante la aceptación de la herencia, si alguno de los herederos hubiere prestado eminentes servicios al Movimiento Nacional, o demostrare su anterior y publica adhesión a los postulados del mismo, podrá solicitar excepción en cuanto a la parte de aquélla que le correspondiera.

Artículo 16. Si el inculpado al que se hubiera impuesto alguna sanción limitativa de la libertad de residencia padeciere enajenación mental, podrán los Tribunales acordar que tal sanción sea sustituida por internamiento en un establecimiento médico adecuado, del que no podrá salir sin previa autorización.

Artículo 17. Las responsabilidades políticas a que se refiere esta Ley prescriben por el transcurso de quince años, contados a partir de la fecha de su publicación. Asimismo, prescriben las sanciones de los grupos primero y segundo del artículo 8º a los quince años también, contados desde el día en que se dictó la sentencia firme que las impuso. Las sanciones económicas son imprescriptibles.


TITULO II. Parte orgánica

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Artículo 18. Corresponde entender en materia de responsabilidades políticas, dentro de sus Despectivas esferas de conocimiento, con exclusión de cualquier otra jurisdicción:

I. Al Tribunal Nacional de responsabilidades políticas. 
II. A la Jefatura Superior Administrativa. 
III. A los Tribunales Regionales. 
IV. A los Juzgados Instructores Provinciales. 
V. A las Audiencias. VI. A los Juzgados civiles especiales.


CAPÍTULO I. Del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas

Artículo 19. Dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, como Departamento de enlace entre los distintos Ministerios, se crea el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas que estará integrado por un Presidente, dos Generales o asimilados del Ejército o de la Armada, dos Consejeros Nacionales de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., que sean abogados, y dos Magistrados de categoría no inferior a Magistrado de Audiencia Territorial. De ellos un General, un Consejero Nacional y un Magistrado serán propietarios, y los otros tres, suplentes, no pudiendo el Tribunal constituirse válidamente cuando deje de concurrir el propietario o el suplente respectivo de alguna de las clases expresadas. Todos los miembros del Tribunal serán de libre nombramiento del Gobierno, el cual también designará Vicepresidente a uno de los Vocales propietarios, que será sustituido por su suplente cuando tenga que ocupar la Presidencia. Esta tendrá voto de calidad para dirimir los empates que se produzcan en las votaciones. Las funciones de Secretario las ejercerá un Secretario de Gobierno de Audiencia Territorial, al que sustituirá y auxiliará un Oficial primero de Sala de Audiencia Provincial. Ambos serán nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.

Artículo 20. Al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas corresponde:

a) Decidir las competencias, que se susciten entre los Tribunales de Responsabilidades políticas.

b) Conocer de los expedientes que se eleven al mismo para resolución definitiva con arreglo al artículo cincuenta y seis.

c) Declarar la nulidad de todo o parte, de lo actuado en el expediente y la reposición al estado que tenía cuando se cometió la infracción.

d) Evacuar las consultas que le dirijan los Tribunales Regionales.

e) Dirigir e inspeccionar la actuación de dichos Tribunales y demás funcionarios que intervengan, con cualquier carácter, en los expedientes de responsabilidades políticas, dictando a los primeros las instrucciones que estime oportunas con el fin de procurar que en las resoluciones exista unidad de criterio,

f) Corregir disciplinariamente el incumplimiento de esas instrucciones, así como todas las faltas de celo y actividad que observe, tanto al despachar los asuntos, como en las visitas de inspección que acuerde.

g) Proponer a la Vicepresidencia del Gobierno la creación de nuevos Tribunales Regionales y Juzgados Instructores Provinciales, si la realidad demostrase que los que se han de constituir con arreglo a esta Ley resultan insuficientes.

h) Proponer a la Vicepresidencia del Gobierno los nombramientos del personal subalterno del Tribunal Nacional, de los Regionales y de los Juzgados Instructores Provinciales.

Artículo 21. Los asuntos que se eleven al Tribunal Nacional se dirigirán, con oficio de remisión a su Presidente, quien, por medio del Secretario, acusará recibo en el mismo día que aquéllos tengan entrada, o, lo más tarde, al siguiente.


CAPÍTULO II. De la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas

Artículo 22. Será Jefe Superior Administrativo el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, o el Vicepresidente, cuando le sustituya, y segundo Jefe un alto funcionario civil o militar nombrado por el Gobierno libremente, quienes tendrán a sus órdenes los Asesores y demás funcionarios del Estado que las necesidades del servicio exijan, los cuales serán nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno

Al Jefe Superior le corresponde la alta dirección del servicio, con las más amplias facultades, y al segundo Jefe sustituirle, con las mismas facultades, y desempeñar todas las funciones que aquél delegue de éste; ambos también podrán delegar, para fines concretos y determinados, en otros funcionarios a sus órdenes.

Artículo 23. Compete a la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas:

a) Formar el inventario de todos los bienes que las Entidades, Agrupaciones o Partidos declarados fuera de la Ley poseían en dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y de los que poseyeran con posterioridad, a base del formado por la Comisión Central de Incautaciones.

b) Impulsar la investigación de cualesquiera otros bienes pertenecientes, en la expresada fecha y después de ella, a esas Entidades, Agrupaciones o Partidos, cualquiera que fuese el poseedor de aquéllos.

c) Ocupar y administrar dichos bienes, pudiendo delegar las facultades, que expresará en cada caso, en otros funcionarios, públicos, civiles o militares.

d) Ceder, enajenar y gravar los mismos bienes, y ordenar la venta de los embargados a particulares que no hubiesen hecho efectivas las sanciones económicas impuestas; sin perder de vista las conveniencias de la economía nacional, que pueden aconsejar, en ciertos casos, el aplazamiento de la venta de algunos bienes. A tal efecto, procederá en esta materia de acuerdo con las instrucciones que el Jefe Superior recabará del Gobierno por conducto de la Vicepresidencia del mismo.

e) Dirigirse directamente en petición de cuantos datos, antecedentes y documentos estimare precisos a Autoridades, funcionarios y organismos públicos y privados de toda clase.

f) Llevar, con las Delegaciones de Hacienda, la “Cuenta Especial” a que alude el articuló sesenta y siete.

g) Organizar y llevar el Registro Central de responsables políticos y expedir los certificados que se le interesen relativos a éstos.

h) Evacuar las consultas que les dirijan los Jueces Civiles especiales.


CAPÍTULO III. De los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas

Artículo 24. Estos Tribunales se constituirán con un Jefe del Ejército, que actuará de Presidente; un funcionario de la Carrera Judicial de categoría no inferior a Juez de ascenso y un militante de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. que sea Abogado. Los tres, y un suplente para cada uno de ellos, de igual procedencia que los propietarios, serán nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Defensa, los Jefes del Ejercito; del de Justicia, los funcionarios judiciales, y del Secretariado de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., los militantes de dicha organización.

También por la Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, se nombrará a cada Tribunal un Secretario y un suplente, Oficiales primero y segundo, respectivamente, de Sala de Audiencia Provincial, así como el personal subalterno que para cada uno proponga el Tribunal Nacional.

Artículo 25. Se crea un Tribunal Regional, por lo menos, en todas las capitales de provincia , en que haya Audiencia Territorial. También se crea otro en cada una de las tres poblaciones siguientes: Bilbao, Melilla y Ceuta.

Artículo 26. Compete a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas las funciones siguientes:

a) Ordenar a los Jueces Instructores Provinciales la formación de expedientes, por propia iniciativa o a virtud de denuncias de particulares o de comunicaciones de las Autoridades civiles o militares, Agentes de Policía y Comandantes de Puesto de la Guardia Civil cuando los hechos que en ellas se expongan puedan ser constitutivos de responsabilidad política, con arreglo al artículo cuarto de esta Ley, o disponer su archivo, en caso contrario.

b) Remitir a los Jueces Instructores Provinciales los testimonios que reciban de la Jurisdicción de Guerra en los casos a que alude el epígrafe a) del artículo cuarto, a los efectos que se determinan en el cincuenta y tres.

c) Acordar inhibiciones, aceptar competencias y promoverlas con arreglo a las disposiciones de esta Ley.

d) Vigilar la rápida tramitación de los expedientes, ordenando a los Jueces Instructores que den cuenta periódica del estado de aquéllos, y apercibiéndoles por las faltas de celo y actividad que observen, de las que darán cuenta al Tribunal Nacional cuando por su reiteración o gravedad las considere merecedoras de sanción.

e) Acordar la nulidad de los expedientes, reponiéndolos al estado en que se encontraban cuando se cometió la infracción; disponer la práctica de nuevas diligencias y resolver las consultas que les dirijan los Jueces Instructores.

f) Dictar sentencia motivada en los expedientes, absolviendo a los inculpados o imponiéndoles las sanciones que estimen procedentes.

g) Disponer la elevación del expediente al Tribunal Nacional, previa notificación de la sentencia al inculpado en los casos previstos en el artículo cincuenta y seis.

h) Ejecutar los fallos tan pronto como sean firmes, adoptando las medidas que procedan para el cumplimiento de las sanciones impuestas y ordenando al Juez Civil especial, por lo que a las económicas respecta, la instrucción de la pieza separada cuando el sentenciado no acredite haberlas hecho efectivas dentro del término.

i) Acordar el archivo de los expedientes y, en su caso, el de las piezas separadas que, con tal fin, les envíen los Jueces Civiles especiales.


CAPÍTULO IV. De los Juzgados Instructores provinciales

Artículo 27. Por la Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Defensa, se nombrarán Jueces Instructores de Responsabilidades Políticas a Oficiales de Complemento u honoríficos del Cuerpo Jurídico Militar o de la Armada o a profesionales de cualquier Arma o Cuerpo del Ejército que posean el título de Abogado; y Secretarios, o Brigadas, Sargentos o soldados que ostenten el mismo título o que hayan desempeñado cargos de Secretario u Oficiales de Secretaría en Juzgados civiles o militares durante un año por lo menos, designándose en igual forma los suplentes respectivos, que habrán de reunir las mismas condiciones que los propietarios, y el personal-subalterno que para cada Juzgado proponga el Tribunal Nacional.

Artículo 28. Se establecerá, por el pronto, un Juzgado Instructor de Responsabilidades Políticas en .Bilbao, Melilla y Ceuta y en cada una de las capitales de provincia de la zona liberada. Estos últimos dependerán del Tribunal de la Región a que corresponda la provincia.

Artículo 29. Compete a los Jueces Instructores Militares:

a) Cursar al Tribunal Nacional del que dependan las denuncias que reciban, para que aquél acuerde si procede o no incoar expediente de responsabilidades políticas.

b) Instruir los expedientes con sujeción al procedimiento establecido en la presente Ley, a los artículos trescientos setenta y dos y trescientos setenta y cuatro del Código de Justicia Militar y a las demás disposiciones de éste, en cuanto no se opongan a las de aquélla.

c) Dirigirse a todas las Autoridades y funcionarios, militares y civiles, entidades y organismos públicos y privados de toda España, reclamando los informes, datos y auxilios de cualquier clase que estime necesarios. Para ello emplearán la forma de respetuoso oficio o telegrama cuando dichas autoridades o funcionarios sean de superior categoría, y si sus peticiones fueran desatendidas, lo pondrán en conocimiento del Tribunal Regional de quien dependan, para que determine si procede desistir de la petición o elevar razonada queja al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, a fin de que acuerde lo que corresponda.

d) Redactar, cuando considere concluso el expediente, un resumen metódico de todas las pruebas practicadas, resumen que terminará exponiendo, con claridad y precisión, su parecer acerca de la responsabilidad o irresponsabilidad del inculpado, y, en su caso, de las circunstancias modificativas de aquélla, que, a su juicio, concurran.

e) Elevar dicho informe, con el expediente, numerado y foliado, al Tribunal competente para resolución.

Artículo 30. Al Secretario incumbe cumplir cuanto determina el artículo trescientos setenta y siete del Código de Justicia Militar en todo lo que no sea inaplicable a esta clase de expedientes.


CAPÍTULO V. De las Audiencias

Artículo 31. A las Audiencias Territoriales que se mencionan en el artículo veinticinco y a las Provinciales de Bilbao, Málaga y Cádiz, constituidas en Sección especial, corresponde conocer, con arreglo al artículo setenta y cinco, y sin ulterior recurso, de las apelaciones que se interpongan, y sean admisibles, contra las resoluciones que dicten los Jueces Civiles especiales en las reclamaciones e incidentes que tengan su origen, o se relacionen, con la pieza separada que aquéllos tramiten para hacer efectivas las sanciones económicas impuestas a los responsables políticos.

Artículo 32. La Sala a que alude el artículo precedente se constituirá con tres Magistrados, sustituyéndoles, caso necesario, otros de la misma Audiencia, que designará su Presidente, el cual también hará la designación de Secretario de aquélla, nombramiento que recaerá en un Oficial de Secretaría que cobre sueldo del Estado.

Las apelaciones se elevarán por el Juez, con oficio de remisión, al Presidente de esta Sala especial -que será el de más categoría o el más antiguo-, quien, por medio del Secretario, acusará recibo el mismo día en que tengan entrada la autos, o, lo más tarde, al siguiente.


CAPÍTULO VI. De los Juzgados Civiles especiales

Artículo 33. A cada uno de los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas se les asignará un Juzgado Civil especial constituido por un Juez de Primera Instancia o Magistrado de la Carrera Judicial y un Secretario del Cuerpo de Secretarios Judiciales, los cuales serán nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia. En igual forma se nombrarán los Oficiales de Secretaría que en cada Juzgado sean necesarios.

Los Secretarios no percibirán derechos de arancel; pero cobrarán el sueldo que al nombrarles se les señale. Los oficiales de Secretaría también percibirán sueldo.

Cuando sea preciso sustituir interinamente al Juez Civil especial, ejercerá sus funciones el de Primera Instancia de la localidad, y, si hubiera más de uno, el que designe el Decano. Al Secretario le sustituirá un Oficial de Secretaría, habilitado.

Artículo 34. Corresponde a los Jueces Civiles especiales:

a) Incoar, previa orden del Tribunal Regional, la pieza separada para hacer efectiva las sanciones económicas que no hayan sido satisfechas por los declarados responsables políticos, dentro de plazo, y formar en ella el inventario valorado de los bienes en los casos a que se refieren los artículos cincuenta y uno y cincuenta y cuatro. 

b) Practicar, también en dicha pieza, los embargos y medidas precautorias que proceden, así como proveer a la administración e intervención de los bienes de los responsables políticos.

c) Sustanciar y fallar, por los trámites que en esta Ley; se establecen, las tercerías de dominio y de mejor derecho y cuantas demandas se entablen como consecuencia de la pieza separada.

d) Llevar a efecto la venta de aquellos bienes que les ordene enajenar la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas.

e) Intervenir, en suma, en todo lo que se relacione con los bienes de los Inculpados.


TITULO TERCERO. Parte Procesal

CAPÍTULO I. De la iniciativa

Artículo 35. El expediente de responsabilidad política se iniciara: 

I. En virtud de testimonios de sentencias dictadas por la Jurisdicción Militar en los casos a que se refiere el apartado a) del artículo cuarto de esta Ley. 

II. Por denuncia escrita y firmada de cualquier persona natural o jurídica. 

III. Por propia iniciativa del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas o a propuesta de cualesquiera Autoridades Militares o Civiles, Agentes de Policía y Comandantes de Puesto de la Guardia Civil.

Los testimonios de sentencias y las comunicaciones de las Autoridades y sus agentes se dirigirán al Tribunal Regional que sea competente, con arreglo al artículo treinta y ocho. Las denuncias se presentarán al mismo Tribunal o al Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, o, en su defecto, al Juzgado de Primera Instancia o Municipal del punto en qué resida el denunciante, ante el cual se ratificará éste y justificará su personalidad. En el mismo día de la ratificación será cursada Ja denuncia al Tribunal Regional competente, caso de no ser él mismo quien la reciba.

Artículo 36. Las denuncias y comunicaciones antedichas deberán contener, a ser posible, los datos siguientes: nombre, apellidos, edad, estado, profesión u oficio del denunciado; último domicilio del mismo; lugar en que se encuentre en el momento de formularse la denuncia; relación de sus bienes y puntos donde radiquen; valor aproximado qué se les atribuya; hechos que se imputen al inculpado con indicación de las pruebas que pudieran acreditarlos, y finalmente, causa o causas de las enumeradas en el artículo cuarto en que se le considere incurso. Si la Autoridad, Agente o particular denunciante tuviera conocimiento de haberse realizado enajenaciones de bienes del denunciado con posterioridad al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, consignará cuanto sepa acerca de ellas.

Artículo 37. Las Autoridades judiciales Militares remitirán a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas competentes, a la mayor brevedad posible, testimonios de todas las sentencias firmes condenatorias que por los delitos expresados en el apartado a) del artículo cuarto, se hayan dictado en las causas falladas en el territorio de su jurisdicción, así como de las que se dicten en lo sucesivo tan pronto cómo adquieran carácter de firmeza.


CAPÍTULO II. De la competencia y de las cuestiones que suscite

Artículo 38. La competencia para conocer de los expedientes de responsabilidad política Corresponde al Tribunal Regional del territorio de la vecindad del presunto responsable o al de su último domicilio en zona liberada. Si no fueran conocidos, será competente el Tribunal de cualquier territorio en que existan bienes del inculpado; y, si los tuviere en más de uno, o no se le conocieran bienes, la competencia será del Tribunal que primero haya empezado a entender en el asunto.

Artículo 39. Si el Tribunal a quien se remita la denuncia, comunicación o testimonio, estimare que es incompetente, a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior, se inhibirá del asunto, por medio del correspondiente auto, y lo enviará al Tribunal Regional que considere competente. Si éste también se creyera incompetente, lo declarará así por auto motivado, del que remitirá testimonio al que declinó la competencia, y elevará las actuaciones al Tribunal Nacional en el mismo día o al siguiente de haber dictado dicho auto.

Artículo 40. Cuando varios Tribunales Regionales pretendan ser competentes para entender de un mismo asunto, el que primero tenga noticia de que otro está actuando, le requerirá de inhibición mediante auto motivado. Si éste no accediese al requerimiento, dictará auto fundando su negativa y elevará las actuaciones al Tribunal Nacional. De dicho auto enviará testimonio al requirente.

Si fuere el Juez Instructor Provincial el que tuviese conocimiento de que otro Juez se halla también instruyendo expediente sobre asunto de que aquél conozca, lo hará presente al Tribunal de quien dependa para la determinación que corresponda.

Artículo 41. El Tribunal Nacional decidirá las competencias dentro del plazo máximo de diez días, contados desde el siguiente al del recibo de las actuaciones, y devolverá éstas sin dilación al Tribunal Regional que declare competente, dando al otro conocimiento del acuerdo por medio de copia autorizada del mismo.

Artículo 42. Los inculpados no podrán promover cuestiones de competencia, que será apreciada de oficio por los propios Tribunales, con sujeción a lo dispuesto en los artículos anteriores; pero podrán dirigir escritos al Tribunal que juzguen competente para que éste tenga conocimiento de la iniciación de actuaciones por los mismos hechos en otro Tribunal. Aquél tomará o no en consideración los escritos por simple providencia, contra la que no se dará recurso alguno,

Artículo 43. Tampoco podrán suscitar competencia los terceros reclamantes, ni ninguno de los que sean parte en la pieza separada que se tramite para hacer efectivas las sanciones económicas, puesto que de aquélla y de las reclamaciones que en la misma se promuevan ha de conocer precisamente el Juez civil especial asignado al Tribunal Regional que entiende en el expediente principal.


CAPÍTULO III. De la instrucción del expediente

Artículo 44. Tan pronto como el Tribunal Regional, que reciba una denuncia la estime de su competencia, o se haya decidido ésta a su favor, caso de haberse suscitado contienda, dará parte detallado del inicio al Tribunal Nacional d e Responsabilidades Políticas y remitirá la denuncia o comunicación con los documentos que a ellas pudieran acompañarse y copia de la providencia de admisión, al Juez Instructor Provincial que corresponda, entre los que le estén subordinados, para que proceda a instruir con toda actividad el expediente.

Si entendiera el Tribunal que los hechos denunciados son constitutivos de delito, remitirá: testimonio de lo necesario a la Autoridad Judicial competente para que proceda a instruir causa criminal.

Y sí estimase dicho Tribunal que los hechos denunciados no constituyen delito, ni entrañan tampoco materia de responsabilidad política, lo declarará así en resolución motivada y mandará archivar la denuncia. De esta resolución remitirá testimonio al Tribunal Nacional, que podrá revocarla y ordenar al Regional que disponga la incoación de expediente.

Caso de que instruida causa criminal se decretase en ella el sobreseimiento o recayera sentencia absolutoria, se pondrá la resolución en conocimiento del Tribunal Regional competente por si estimase que los hechos perseguidos, aun no siendo constitutivos de delito, pudieran serlo de responsabilidad política.

Artículo 45. Si como resultado de las investigaciones que se ordenan en los artículos cuarenta y ocho, número segundo; cuarenta y nueve y cincuenta y dos, apreciase el Juez que la denuncia es completamente infundada, elevará las actuaciones en consulta al Tribunal Regional. Por el contrario, tan pronto como aparezca algún indicio racional de responsabilidad para el denunciado, mandará al BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO y al de la provincia un anuncio de la incoación del expediente.

Las administraciones de dichos periódicos oficiales, a medida que vayan recibiendo de los Juzgados Provinciales de Responsabilidades Políticas estos anuncios, dispondrán, con toda urgencia, su publicación; pero podrán hacerlo acumulando varios en una sola .relación, bajo el epígrafe: “Anuncio de incoación de expediente de responsabilidades políticas”.

Artículo 46. Las relaciones a que se refiere el artículo anterior contendrán: nombre, apellidos, profesión u oficio, estado, vecindad y domicilio de los inculpados; Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que haya acordado la incoación del expediente, con expresión de la fecha del acuerdo, y Juzgado de Instrucción Provincial que lo esté tramitando.

A continuación de esta relación se hará saber lo siguiente:

I. Que deben prestar declaración cuantas personas tengan conocimiento de la conducta política y social de los inculpados, antes o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así como indicar la existencia de bienes a aquéllos pertenecientes; pudiendo prestarse tales declaraciones ante el propio Juez que instruya el expediente o ante el de Primera Instancia o Municipal del domicilio del declarante, los cuales remitirán a aquél las declaraciones, directamente, el mismo día que las reciban; y

II. Que ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable detendrá la tramitación y fallo del expediente.

Artículo 47. El Juez Instructor del expediente, mientras lo esté tramitando, y el Juez Civil Especial, cuando se halle en poder del Tribunal Regional, deberán autorizar al inculpado para disponer mensualmente de una cantidad prudencial en concepto de pensión alimenticia.

También podrán autorizarle a retirar las cantidades necesarias para el pago de contribuciones, gue deberá justificar haber efectuado en el plazo de cinco días; y, si no lo acreditase, le será denegada en los meses sucesivos la autorización para retirar la pensión alimenticia hasta cubrir la cantidad de que dispuso para el pago de contribuciones que no justificó. Caso de que el presunto responsable explotase algún negocio comercial o industrial, los jueces antedichos, en sus respectivos casos, nombrarán un Interventor mercantil que controlará los pagos e ingresos del negocio y podrá proponer al Juzgado la disposición de cuenta corriente de las cantidades que precise el desarrollo normal de aquél, disposición que el Juzgado concederá bajo condición de que el Interventor compruebe su inversión.

A dichos Instructores les podrá asignar el Juzgado dietas de diez pesetas diarias, como máximo, que percibirán con cargo a los productos del negocio del inculpado.

Artículo 48. Recibida por el Juez Instructor la orden de proceder con los demás documentos indicados al final del párrafo primero del artículo cuarenta y cuatro, acusará recibo al Tribunal Regional y practicará, sin demora alguna, las diligencias siguientes:

Primera. Citar al inculpado cuyo domicilio fuera conocido para, que comparezca ante el Juzgado en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, le pararán todos los perjuicios a que haya lugar y proseguirá la tramitación del expediente sin más citarle ni oírle.

Segunda.-Pedir la urgente remisión de informes del presunto responsable al Alcalde, Jefe local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquél tenga su vecindad o su último domicilio, acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo, anteriores y posteriores al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, y, en especial, sobre los hechos concretos que se le atribuyen en la denuncia, así como de los bienes de su pertenencia conozca. Estos informes, que deberán emitirse en el plazo de cinco días, se redamarán también de la Jefatura Provincial de Policía si el inculpado tuviera su vecindad o su último domicilio en alguna capital de provincia, y, si no fueran conocidos ni aquélla ni éste, interesarán dichos informes del Servicio de Información y Policía Militar y de la Delegación Nacional de Información e Investigación de Falange Española Tradicionalita y de las J.O.N.S.

Tercera. Acordar, en su caso, que, por el Secretario, se extienda diligencia expresiva del día, mes, año, número y página del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO y del de la provincia en que se inserte el anuncio de incoación del expediente, tan pronto como aparezca publicado en ellos.

Artículo 49. Si compareciese el presunto responsable dentro del término que se le señaló, o dentro de los diez días siguientes a la citación, justificando, en este caso, no haberlo podido hacer en los cinco primeros por alguna causa de fuerza mayor, le dará el Juez lectura de los cargos que en la denuncia se se le imputen, para que los conteste y se defienda; concediéndole un plazo de cinco días a fin de que aporte la prueba documental y testifical que interese a su defensa, o para que la proponga en un escrito, que deberá contener todos los datos necesarios para su práctica de oficio.

Terminada su declaración le hará el Juez las siguientes prevenciones:

Primera. Que no podrá ausentarse del lugar en que resida al iniciarse el expediente sin permiso del. Juez; permiso que sólo podrá concederle, bajo su responsabilidad, por causas muy; justificadas.

Segunda. Que, en caso de infringir el inculpado la anterior prohibición, será detenido y procesado por el delito de desobediencia grave a la Autoridad.

Tercera. Que, en el plazo de ocho días, deberá presentar ante el Juzgado una relación jurada de todos sus bienes, de los de su cónyuge, si fuera casado, de los que tuviera en su poder, propiedad de terceros, y de todas sus deudas. Esta relación será valorada y al final de ella expresara también el número de hijos legítimos, naturales reconocidos o adoptivos, menores de edad o incapacitados que tuviere a su cargo.

Cuarta. Que la falta de presentación de esta relación en el plazo indicado, se castigará también como delito de desobediencia grave a la Autoridad, y la ocultación de bienes, simulación de deudas y demás inexactitudes que pudieran descubrirse, serán penadas como constitutivas de delito de falsedad en documento público si se estimase por los Tribunales que, por su gravedad o intencionalidad, revestían carácter punible; y

Quinta. Que desde la fecha de esta primera declaración no podrá realizar actos de disposición de bienes, bajo apercibimiento de ser procesado por los delitos de alzamiento de bienes o desobediencia grave a la Autoridad.

Artículo 50. Si el inculpado hubiese fallecido o estuviera ausente de la zona liberada, la relación jurada a que alude la prevención tercera del artículo anterior podrá presentarla, dentro de los diez días siguientes a la publicación del anuncio de incoación del expediente, cualquiera de sus herederos, en el primer caso, y los legítimos, en el segundo; pero se les considerará también incursos en el delito de falsedad en documento público si alterasen la verdad al redactar dicha relación en los términos expresados en la prevención cuarta del precedente artículo. También podrán los herederos del presunto responsable, cuando éste hubiere fallecido, solicitar que se les de lectura de la denuncia y alegar en su defensa lo que estimen oportuno.

Artículo 51. Caso de que ni el inculpado, ni sus herederos, presentasen la relación jurada dentro del plazo, el Juez Instructor lo hará saber al Tribunal Regional de quien dependa, remitiéndole, al propio tiempo, testimonio de todos los particulares referentes a bienes del presunto responsable que aparezcan en el expediente, a fin de que aquél ordene al Juez Civil especial la formación del inventario, en pieza separada, a base de los datos que en el referido testimonio figuren y de todos los que pueda adquirir, mediante averiguaciones que deberá realizar, dirigiéndose, al efecto, a cuantas Autoridades, funcionarios, Entidades y particulares que estime oportuno.

Artículo 52. El Juez Instructor, con la mayor actividad, practicará todas las pruebas encaminadas a comprobar los hechos que en la denuncia y en los informes de las Autoridades se atribuyan al inculpado, así como también practicará las de descargo propuestas por éste o por sus herederos, en su caso, salvo las que rechace, en resolución razonada, por considerar inútiles o improcedentes.

Todos los exhortos y comunicaciones que, a los fines de la investigación, tenga que cursar, los dirigirá de la manera prevenida en el apartado c) del artículo veintinueve; y cuando se halle concluso el expediente, que deberá estarlo en el plazo máximo de un mes, cumplirá lo dispuesto en los apartados d) y e) del mismo artículo, en el término de cinco días.

Artículo 53. Cuando el expediente se inicie en virtud de testimonio de sentencia dictada por alguno de los delitos que menciona el apartado a) del artículo cuarto, los anuncios en los “Boletines Oficiales” sólo contendrán los extremos que indica el párrafo segundo del artículo cuarenta y cinco, y el Juez Instructor se abstendrá de investigar los hechos prejuzgados en la sentencia firme de la Jurisdicción Militar, limitándose a reclamar de las Autoridades mencionadas en el número segundo del artículo cuarenta y ocho, informes relativos a los bienes del inculpado y a hacer a éste las prevenciones tercera, cuarta y quinta del artículo cuarenta y nueve, por conducto del Jefe del Establecimiento penal en que cumpla su condena, quien le exigirá la firma y fecha del enterado y cursará al Juez la relación jurada a que la citada prevención tercera se refiere, si aquél la presentase dentro de término. Caso contrario, al día siguiente de concluir el plazo, comunicará a dicho Juez que el inculpado omitió la presentación, para que proceda a cumplir lo dispuesto en el artículo cincuenta y uno.

Artículo 54. Si el Juez Instructor tuviere noticias fidedignas de que el inculpado trata de hacer desaparecer sus bienes, no obstante estarle prohibida su disposición, o en el caso de que por la elevada cuantía de éstos lo estimase conveniente, podrá adoptar las medidas precautorias que considere precisas y urgentes; pero inmediatamente dará cuenta al Tribunal Regional, a fin de que ordene al Juez Civil especial que inicie, desde luego, la .pieza separada de embargo, sin esperar el fallo del expediente y sin perjuicio, todo ello, de que, en ,el primer caso, el mismo. Tribunal de parte a la Jurisdicción criminal, sí estimase que los hechos pudieran ser constitutivos del delito de alzamiento de bienes en perjuicio del Estado.


CAPÍTULO IV. Del fallos del expediente

Artículo 55. En el mismo día en que el expediente, elevado por el Juez, tenga entrada en el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, su Presidente dispondrá que pase al Ponente-que lo será siempre el funcionario de la Carrera Judicial-para instrucción por término de cinco días, transcurridos los cuales el Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, dictará uno de estos acuerdos:

a) Que se anule todo o parte de lo actuado, si observare en el expediente algún vicio en su tramitación qué lo invalide. b) Que se amplíe la prueba, indicando al Juez concretamente las nuevas diligencias que deba practicar.

c) Que se suspenda la tramitación del expediente si, habiendo tenido lugar en zona enemiga, todos los hechos atribuidos al inculpado en la denuncia no se hubieran podido encontrar en zona liberada pruebas bastantes para formar juicio.

d) Que se pongan los autos de manifiesto en Secretaría, por término de tres días, para: que el inculpado, si hubiese comparecido, o alguno de sus herederos, si aquél hubiera fallecido, o de los legítimos, si estuviera desde él dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis -o desde fecha posterior, caso de haber sido hecho prisionero- en territorio no liberado, se instruya y pueda Formular, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, su escrito de defensa.

En los casos a) y b) se devolverá, sin dilación, el expediente a su Instructor; en el caso c) lo retendrá el Tribunal hasta que se libere el territorio en que se suponga que se hallan las pruebas :de la denuncia, y en el caso d), .una vez que estén vencidos los términos que en el mismo se señalan, háyase o no presentado escrito de defensa, el Secretario dará cuenta y el Tribunal, dentro del plazo de cinco días, dictará sentencia en la forma expresada en el apartado f) del artículo veintiséis.

Artículo 56. Notificado el fallo al inculpado, se elevará el expediente al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas en los dos casos siguientes:

Primero. Si la sentencia absolutoria, o la condenatoria dictada sin audiencia ni defensa del sancionado o de alguno de sus herederos, no se hubiera votado por unanimidad.


Segundo. Si contra la sentencia condenatoria se hubiese interpuesto por el interesado o por alguno de sus herederos, en los casos del apartado d) del artículo anterior, recurso de alzada dentro del término de cinco días, contados desde el siguiente al de la notificación.

Este recurso se interpondrá por escrito, ante el Tribunal que dictó la sentencia y habrá de fundarse en vicio de nulidad del procedimiento o denegación de alguna diligencia de prueba que haya producido evidente indefensión o en injusticia notoria del fallo.

El recurso, con el expediente, se elevará, sin dilación, al Tribunal Nacional, que acusará recibo, y, sin más trámites, dictará sentencia definitiva en el término de veinte días, devolviendo, después, el expediente, con testimonio del fallo, al Tribunal inferior para notificación y cumplimiento.

Si las sanciones impuestas en la sentencia recurrida fuesen confirmadas en la misma cuantía y extensión por el Tribunal Nacional, podrá éste, caso de estimar temerario el recurso, imponer al que lo interpuso una multa hasta del diez por ciento del importe que represente la sanción económica.


CAPÍTULO V. De la ejecución del fallo dictado en el expediente.

Artículo 57. Una vez que la sentencia sea firme, se notificará al inculpado en su domicilio, si fuere conocido, y, de no serlo, en los estrados del Tribunal y por edicto que se insertará en los BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO y la provincia.

En la misma diligencia de notificación, ya sea personal, por cédula o por edictos, se le requerirá, cuando el fallo fuese condenatorio, para que en el plazo de veinte días haga efectiva la sanción económica o formule la solicitud y ofrezca las garantías que expresa el artículo 14 en cuyo caso cumplirá lo dispuesto en el mismo dentro del término que en él se establece.

Si la sentencia fuese absolutoria, se le dará publicidad por medio de un anuncio que se insertará en los periódicos oficiales, haciendo constar en él que, por virtud de tal fallo, ha recobrado el inculpado la libre disposición de sus bienes; y ello será suficiente para que, sin más requisitos, se tengan por levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hubieran podido llevar a cabo.

Artículo 58. Si el condenado como responsable político hiciera efectiva la sanción económica, se hará constar en autos mediante la unión o reseña de la carta de pago cuyo importe la Delegación de Hacienda lo acreditará a la Jefatura Superior Administrativa en la “Cuenta Especial” a que se refiere el párrafo último del artículo 67 y se hará saber, por medio de anuncio que se insertará en los BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO y de la provincia, que el inculpado, por haber satisfecho totalmente dicha sanción, ha recobrado la libre disposición de sus bienes; salvo en el supuesto de que, con arreglo artículo 14, hayan quedado algunos afectados en garantía de la parte aplazada de tal sanción, en cuyo caso se detallará en el anuncio de cuáles no puede disponen

Artículo 59. Transcurridos veinte días, contados desde el siguiente al de la notificación de la sentencia, si ésta fuese condenatoria, el Tribunal dictará las órdenes y disposiciones convenientes para que el responsable político comience a cumplir inmediatamente las sanciones limitativas de la libertad de residencia, caso de que le hubieran sido impuestas, acreditando en autos la fecha en que empiece a cumplirlas,

Al propio tiempo, ordenará también al Juez Civil especial, si el sentenciado no hubiera satisfecho la sanción económica, ni se hubiera acogido al beneficio del artículo 14, que proceda a practicar los embargos y medidas precautorias conducentes a su efectividad, de no haberse llevado a cabo con anterioridad. A tal fin, le remitirá, con la orden de proceder, certificado de la sentencia; y de cuantos particulares aparezcan en el expediente relativos a los bienes y una copia autorizada de la relación jurada exigida por la prevención tercera del artículo 49, para que con todos estos documentos, encabece dicho Juez la pieza separada de ejecución. Caso de que ésta se hubiera iniciado ya, a virtud de lo dispuesto en los artículos 51 ó 54, el Tribunal enviará al Juez únicamente la orden de proceder y el certificado del fallo.

Artículo 60. De todas las sentencias firmes remitirá el Tribunal Regional al Presidente del Nacional y Jefe Superior Administrativo de Responsabilidades Políticas copia. Autorizada; y, si aquélla fuese condenatoria, le enviará también copia de la relación jurada; de bienes y deudas presentada por el inculpado. Si no la presentó, lo hará constar en el oficio de remisión, consignando la fecha en que ordenó al Juez Civil especial la formación del inventario y si dio parte a la Autoridad Judicial de tal omisión para la instrucción de causa, caso de estimar que fue debida a voluntaria desobediencia del inculpado.


CAPÍTULO VI. De la pieza separada para la efectividad de la sanción económica

Artículo 61. Tan pronto como el Juez Civil especial reciba el certificado de la sentencia condenatoria, dictada en el expediente, acordará publicar en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO un edicto haciendo saber a todos los que tengan algún derecho que hacer efectivo en los bienes del inculpado que deberán formular su reclamación ante el Juzgado Civil especial en el improrrogable plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción del anuncio; en; la inteligencia de que, los que no lo hagan, cualquiera que sea la causa, quedarán decaídos de su derecho definitivamente y no podrán formular ulterior reclamación contra el Estado ante ninguna jurisdicción.

Artículo 62. Mientras transcurra el plazo de treinta días a que se refiere el artículo anterior, el Juez Civil especial practicará, en su caso, los embargos y medidas precautorias que procedan con sujeción a lo dispuesto en los artículos 600 al 610 y 614 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Artículo 63. Los Jueces Instructores proveerán, en orden a la subsistencia del inculpado y, su familia, autorizándole a percibir y disponer de los frutos de sus bienes e incluso de cantidades; en metálico que poseyeran, producto de sus rentas, estrictamente suficiente para aquella atención. Cuando se trate de establecimientos o explotaciones industriales, mercantiles o agrícolas, no se interrumpirá la marcha normal de los negocios, limitándose a mantener las medidas precautorias: adoptadas ya con arreglo al párrafo tercero del artículo 47.

Artículo 64. Hecho, lo que antecede y transcurrido el plazo de treinta días, el Juez dispondrá que se lleve a cabo el avalúo de los bienes por peritos técnicos o prácticos, en su defecto, que la realizarán obligatoria y gratuitamente, como servicio a la Patria, pero tendrán derecho al percibo de los gastos de desplazamiento o de cualquier otra índole que se les ocasione, en el momento que señala el artículo 83.

Artículo 65. Efectuado el avalúo, el Juez Civil remitirá a la Jefatura. Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas una relación de todos los bienes del sentenciado, tanto de los declarados por él en su relación jurada, como de los demás que se le hayan podido descubrir, con expresión del valor que los peritos les hayan señalado, y otra relación detallada de las tercerías que se hubieran formulado, especificando, por separado, las que sean de dominio y las que sean .de mejor derecho.

Artículo 66. La Jefatura Superior Administrativa, previas las averiguaciones que estime convenientes acerca del estado económico del mercado en la región de que se trate y teniendo en cuenta las instrucciones que del Gobierno haya recibido, contestará al Juzgado disponiendo que realice la inmediata venta de todos los bienes del inculpado o de parte de ellos, o que la aplace hasta nueva orden.

Caso de que se hubiera formulado alguna tercería, no podrá acordarse la venta de los bienes sobre que verse aquélla hasta que se haya resuelto por sentencia firme. Si fuere ésta de mejor derecho y prosperase, tendrá que acordarse la enajenación inmediata de bienes bastantes para cubrir, por lo menos, el crédito del tercerista vencedor.

Artículo 67. El Juez Civil, hasta que se verifique la venta de todos los bienes, mantendrá abierta la pieza separada y hará constar en ella las cantidades que cobre en concepto de rentas, enajenaciones o por cualquier otro concepto, ingresando el importe de las mismas en la Delegación de Hacienda y dando conocimiento a la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas, a la que aquélla acreditará en una “.Cuenta especial”, las cantidades que se ingresan en la misma por los expresados conceptos.

Artículo 68. Cuando la Jefatura Superior Administrativa dispusiera la venta de bienes, el Juez Civil la llevará a cabo con arreglo a las normas siguientes:

a) En cuanto a las alhajas y metales preciosos, se sacarán a pública subasta, anunciándola, por término de ocho días, en los sitios públicos de costumbre y en el “Boletín Oficial” de la provincia. No se admitirá postura inferior al precio de tasación.

b) Tratándose de valores mobiliarios se realizará su venta de una vez o escalonadamente, según las posibilidades de demanda, por el Agente o Corredor que el Juez designe y por un precio no inferior al que señale la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas, previos los asesoramientos que estime oportunos.

c) Con las obras de arte o de valor histórico, que no tengan la condición de inmuebles, se seguirá el mismo procedimiento que para las alhajas y metales preciosos.

d) Respecto a los inmuebles se procederá a subastarlos. A tales efectos se expedirá mandamiento al Registrador de la Propiedad para que libre al Juzgado relación de los censos, hipotecas y demás gravámenes y derechos reales y anotaciones a que estén afectos aquéllos.

e) Los semovientes serán vendidos en pública subasta, anunciándola, por término de ocho días, en los sitios públicos de costumbre y en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

f) Si se trata de establecimientos industriales o mercantiles, se valorará por separado el precio de traspaso y el precio del edificio, enseres, maquinaria, existencias, créditos y demás efectos que hubiera y se sacará a subasta, con la especialidad de que el postor ha de prestar fianza suficiente de que el establecimiento continuará funcionando durante el tiempo que se señale en las condiciones de subasta, según su importancia para la economía nacional y él número de personas que trabajen en la explotación. .

g) Los créditos se subastarán, previa tasación de los mismos, teniendo en cuenta, para su valoración, si están vencidos o no, la solvencia de los deudores, la clase de título en que consten, y las demás circunstancias que puedan influir en su estimación y en la facilidad de su cobro.

h) Si se trata de mobiliario y enseres domésticos, se seguirá el mismo procedimiento que para la venta de alhajas y metales preciosos, salvo el caso de que por su escaso valor el Juez acuerde proceder a la venta, directamente; y, por lo que respecta a los demás bienes, procederá a su enajenación conforme a su naturaleza especial y a las instrucciones que hubiere recibido de la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas.

Se anunciará la subasta por término de quince días en los sitios públicos y periódicos acostumbrados y en el “Boletín Oficial de la Provincia”, expresándose en los anuncios que las certificaciones del Registro estarán de manifiesto en el Juzgado Civil especial hasta el día anterior al de la subasta, y que las cargas y gravámenes anteriores, si no estuvieran constituidas en virtud de actos o contratos que sean nulos, con arreglo al artículo setenta y dos, continuarán subsistentes, entendiéndose que el remate las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas. No se admitirá en la subasta postura inferior al precio de tasación.

Verificado el remate y consignado el precio, se dictará por el Juez, auto, aprobándolo en representación del dueño de los bienes. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio expedido por el Secretario con el visto bueno del Juez, comprensivo del referido auto y de las circunstancias necesarias para verificar aquélla.

Si el importe de la sanción económica se cubriere con la realización parcial de los bienes embargados, el Juez procederá a levantar las trabas existentes sobre los restantes.

Artículo 69. Caso de resultar desierta la primera subasta de venta de bienes, se celebrará una segunda, con rebaja de un tercio del precio de tasación, y, si también resultare desierta, el Juez consultará a la Jefatura Superior Administrativa, la cual adoptará una de estas tres resoluciones:

Primera.-Que se celebre la subasta con rebaja del tercio del precio de tasación en otra región en que sea más probable la concurrencia de licitadores para los bienes de que se trate.

Segunda.-Que se aplace la venta de dichos bienes hasta nueva orden.

Tercera.-Que se saquen a tercera subasta sin sujeción a tipo.

Si optase por la subasta en otra región determinada, se lo comunicará al Juez que tramite la pieza separada para que remita al civil especial de la otra región los antecedentes de los bienes que sean precisos para la nueva convocatoria, y, si esta subasta también resultare desierta, el Juez que la presidió lo hará saber al que instruye la pieza y éste a la Jefatura Superior Administrativa, a fin de que acuerde lo que estime más ventajoso para los intereses del Estado.

Artículo 70. En los casos en que la sanción económica impuesta en el fallo consista en la perdida de todos los bienes, el Juez civil procederá en la forma prevenida en los artículos 61 al ,63. Transcurrido el plazo de treinta días hábiles, el Juez dictará auto adjudicando al Estado los bienes respecto a los cuales no se haya formulado reclamación alguna. Los bienes inmuebles se inscribirán a nombre del Estado, siendo título suficiente para la inscripción un testimonio expedido por el Secretario, con los requisitos y contenido expresados en el párrafo final del apartado d) del artículo 68. Los bienes muebles se entregarán por el Juez a la Jefatura Superior Administrativa, a la que se dará, además, cuenta de todas las adjudicaciones de inmuebles.

Respecto a los bienes que hubiesen sido objeto de reclamaciones, el Juez no adoptará acuerdos mientras éstas no se resuelvan, procediendo después, en cuanto a los bienes que fueron objeto de reclamaciones que no prosperaren, en la forma que anteriormente queda preceptuada. Si las tercerías de dominio prosperasen, se alzarán los embargos que pesen sobre las fincas afectadas y se dejarán éstas a disposición de sus dueños. Si se tratase de tercerías de mejor derecho y se diese lugar a la reclamación, el Juez procederá a la venta de los bienes afectados por ellas, en la forma prevista por esta Ley y en la medida que sea necesaria, y, después de satisfacer con el importe de su enajenación los créditos reconocidos como preferentes, ingresará el remanente en la Delegación de Hacienda, que acreditará su importe a la Jefatura Superior Administrativa en la “Cuenta especial”, procediendo en la forma prevenida por el párrafo primero en cuanto a los bienes que no fuese preciso enajenar.

Artículo 71. Si la sanción económica consistiese en la pérdida de bienes determinados, el Juez procederá, respecto a los bienes concretamente fijados en el fallo, en la misma forma establecida en el artículo anterior.


CAPÍTULO VII. De la retroacción de los efectos del fallo y de las reclamaciones de terceros

Artículo 72. Los efectos del fallo condenatorio se retrotraerán al día dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, y, en su virtud, se considerarán nulos los actos y contratos siguientes:

a) Con presunción de fraudulencia “juris et de jure”, o sea sin admitir prueba en contrarió, de tal presunción: Primero.-Las transmisiones de bienes hechas a título gratuito. Segundo.-Constitución de bienes dotales hechas a las hijas. Tercero.-Concesiones y traspasos de bienes en pago de deudas no vencidas en la indicada fecha. Cuarto.-Hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha anterior que no tuvieren esta calidad, o por préstamos de dineros o mercaderías cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de otorgarse la obligación ante el Notario y ‘testigos que intervinieron en ella. Quinto.-Todas las donaciones entre vivos, excepto las que hubieran sido hechas en favor del Estado Nacional, de su Ejército, de Frentes y Hospitales o de Auxilio Social, o aquellas otras para fines caritativos o religiosos que, por su escasa cuantía, no disminuyesen sensiblemente el caudal del inculpado.

b) Con presunción de fraudulencia “juris tantum”, o sea mientras no se pruebe su licitud: Toda confesión de recibo de dinero, o de efectos, a título de préstamo, que no se acredite por la fe de entrega del Notario, Agente de Cambio o Corredor de Comercio, o si, habiéndose hecho en documento privado, no se justificase por medio de pagaré, cheque o letra de cambio, descontado en un Banco operante en zona liberada, o por documento privado que se halle en alguno de los casos que determina el artículo mil doscientos veintisiete del Código Civil, siempre que el descuento del efecto mercantil o la entrega del documento en el registro público o al funcionario público, o la muerte del otorgante hayan tenido lugar antes de publicarse la presente Ley.

A instancia del Abogado del Estado que intervenga en la pieza separada podrán también anularse todos los actos y contratos en que, sin estar comprendidos en los casos anteriores, pueda probarse cualquier especie de suposición o simulación. Esta petición la formulará en la misma pieza y el Juez le dará curso por los trámites señala dos a los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo parte en el mismo todos los que lo hayan sido en el acto o contrato cuya nulidad se pretenda.

Artículo 73. Las tercerías habrán de fundarse o en el dominio de los bienes embargados al sentenciado, o en el derecho del tercero a ser reintegrado de su crédito con preferencia al del Estado para el cobro de la sanción económica.

Artículo 74. La demanda se presentará, dentro del término de treinta días a que alude el artículo 61, acompañada de los documentos en que se funde y de dos copias de aquélla y de éstos, sin cuyos requisitos no se le dará curso, y habrá de contener sucinta relación de los hechos en que se base y del derecho que el tercerista considere aplicable, concretando, con claridad y precisión, lo que-se pide y la cuantía de la reclamación. Designará, además, un domicilio en la localidad en que se instruya la pieza separada para que le sean hechas en él todas las citaciones, notificaciones y requerimientos que procedan.

Para cada una de las demandas que se formulen incoará el Juez ramo separado, a fin de que la claridad y el orden sean normas del procedimiento.

Estas demandas de tercería se sustanciarán con el Abogado del Estado y el sentenciado en el expediente, o sus herederos, en su caso, sin que sea necesaria la reclamación previa en vía gubernativa.

Artículo 75. Si la cuantía litigiosa excediera de cinco mil pesetas, se ventilarán estas demandas por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía con las modificaciones siguientes.

Primera. El término de nueve días que, para comparecer y contestar a la demanda, señala el artículo seiscientos ochenta y uso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se amplía hasta treinta días para el Abogado del Estado, a fin de que, durante el mismo, pueda consultar a la Jefatura del Servicio Nacional de lo Contencioso del Estado si se allana o no a la demanda, sin que la falta de contestación de dicha Jefatura autorice la prórroga de aquél.

Segunda. No se concederá, en ningún caso, el término extraordinario de prueba a que se refiere el artículo seiscientos noventa y ocho de la citada Ley.

Tercera. En vez de la comparecencia a que se refieren los artículos seiscientos noventa y uno, seiscientos noventa y dos, seiscientos noventa y cinco y setecientos uno de la misma Ley, mandará el Juez que, luego que se haya practicado toda la prueba admitida, se pongan de manifiesto los autos a las partes en la Secretaria para que, dentro del término común de cinco días, se instruyan y formulen un breve escrito de conclusiones, redactado en la forma que previene su artículo seiscientos setenta.

Transcurrido dicho término, el Juez dictará sentencia, dentro de los cinco días siguientes, que será apelable, en ambos efectos, ante la Audiencia Territorial, si la hubiere en la localidad en que actúe el Juzgado especial, y, si no la hubiera, ante la Provincial que corresponda.

Cuarta. El párrafo segundo del artículo setecientos nueve de la repetida Ley procesal, se modifica en sentido de que entre la citación y la vista no podrán mediar menos de cuatro días ni más de ocho. Para cumplimiento de esta disposición se suspenderán, si fuere preciso, los señalamientos de otros juicios, civiles o criminales, que pudieran haberse hecho con anterioridad, sin que puedan, en cambio, suspenderse por ningún motivo las vistas de los recursos interpuestos con arreglo a la presente Ley.

Quinta. En el caso de que el recurso formulado ante la Audiencia por el tercero reclamante o por el declarado responsable político, o sus herederos, fuera desestimado en todas sus partes, aquélla podrá imponerles una multa hasta del diez por ciento del valor de la reclamación, que será compatible con el pago de las cantidades a que se refiere el artículo 84.

Artículo 76. Si la cuantía litigiosa de la tercería no excediese de cinco mil pesetas, se decidirá por el Juez especial en juicio verbal, sin ulterior recurso y sin que el Abogado del Estado tenga que consultar al Servicio Nacional de lo Contencioso, salvo, cuando estimase procedente el allanamiento a la demanda, en cuyo caso pedirá al Juzgado y éste acordará la suspensión del procedimiento por diez días, transcurridos los cuales se continuará la tramitación, oponiéndose el Abogado del Estado a la demanda, si no hubiera recibido orden de allanarse.

Artículo 77. Cuando el tercerista tenga sus títulos en zona no liberada y no le sea posible suplirlos por otros medios de prueba de la misma fuerza y eficacia probatoria, podrá solicitar que se deje en suspenso la tramitación de la demanda hasta que transcurra un mes, prorrogable por otro, con justa causa, contado desde la fecha de liberación de la localidad en que los referidos títulos radiquen, y el Juez acordará de conformidad bajo condición de que el demandante, en el término de dos días, preste fianza, de cualquiera de las clases reconocidas en derecho, bastante para asegurar una cantidad que represente la cuarta parte de la cuantía litigiosa.

Esta fianza se cancelará si presentase a su debido tiempo la titulación ofrecida, y, de lo contrario, se procederá a hacerla efectiva, salvo casos excepcionales en que se pruebe la destrucción o sustracción, por el enemigo, de los documentos de que se trate.

Artículo 78. Las sanciones económicas gozarán de la preferencia reconocida ;en el Código Civil a los créditos que constan en sentencia firme; pero se entenderá como fecha de ésta el día dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, al cual se retrotraen todos los efectos del fallo, según lo dispuesto en el artículo 72.


TÍTULO IV. Disposiciones especiales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 79. A partir de esta fecha quedan derogadas la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de tres de mayo de mil novecientos treinta y siete; las publicadas para ejecución de la misma, o con ella relacionadas, y cuantos bandos y disposiciones se hayan dictado en materia de intervención de créditos existentes en favor de personas o entidades que tuvieran su domicilio el día dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis en territorio que en la misma fecha no estuviere liberado.

En su consecuencia, las Comisiones de Incautación acordarán, con urgencia, que quede sin efecto la intervención; no sólo de los créditos clasificados en el grupo b) del artículo cuarto de la Orden de tres de mayo de mil novecientos treinta y siete, sino también de los que, habiéndose incluido en el grupo c), se refieran a acreedores cuya conducta y antecedentes se desconozcan o no se hayan logrado esclarecer. Mantendrán, en cambio, el embargo de los clasificados en el grupo a) y la intervención de aquellas otros del grupo c), relativos a acreedores acerca de los cuales existas datos o informes suficientes para considerarlos de conducta o antecedentes dudosos; pero en ambos casos, dichas Comisiones remitirán inmediatamente a. los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas que correspondan todos los datos, informes y noticias que hayan adquirido referente a estos acreedores, a fin de que ordenen la incoación de expediente de responsabilidad si no estuviera iniciado ya con arreglo a la legislación vigente hasta ahora, en cuyo supuesto también se mantendrá el embargo o intervención.
Si dichos titulares de créditos fuesen condenados por los Tribunales de responsabilidades políticas, .el importe de los créditos intervenidos que se halle depositado se aplicará en primer término, al pago de la sanción económica.

Artículo 80. Los plazos que se fijan en la presente Ley son improrrogables, tanto los que se señalan .para la tramitación del expediente, como los fijados para la de la pieza separada.

Artículo 81. Todos los días y horas serán hábiles para actuar en el expediente de responsabilidad política desde su iniciación hasta su resolución por sentencia firme. Para actuar en la pieza separada sólo serán hábiles los que lo sean en los Juzgados y Tribunales civiles.

Artículo 82. Los inculpados y los terceros así corno los herederos de unos y otros, podrán comparecer por sí o por medio de mandatario y valerse o no de Abogado para su defensa; pero los honorarios de éstos serán siempre de cuenta del que los designó.

Artículo 83. Los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos a que se refiere esta Ley y que cobren su retribución en forma de sueldo, no devengarán derechos ni honorarios de ninguna clase. Tampoco percibirán Honorarios los Notarios y Registradores por los trabajos que realicen en cumplimiento de los mandamientitos judiciales que se les expidan; pero tendrán derecho a cobrar un diez por ciento del importe de los honorarios que les correspondería percibir, en concepto de compensación por los gastos de personal y material que se les originen.

El importe de estos gastos se les abonará cuando se vendan los bienes del inculpado, detrayéndolo del precio que se obtenga y dando cuenta a la Jefatura Superior Administrativa de responsabilidades políticas para su cargo en la “Cuenta especial” a que se refiere el artículo 67.

En igual forma se pagarán los gastos a que se alude en el artículo 64.

Artículo 84. Las actuaciones se extenderán en papel común y serán todas gratuitas; pero los terceros reclamantes y los inculpadas que se adhieran a sus demandas, si fueran éstas desestimadas en todas sus partes, pagarán, cada uno, en efectivo, el cinco por ciento de la cuantía que en la reclamación se litigue. Las cantidades que por tal concepto se obtengan las ingresará el Juzgado en la Delegación de Hacienda para su abono en la citada “Cuenta especial”, haciendo indicación concreta del motivo de su cobro, a fin de que se anote como contrapartida de los gastos que ocasionen, les sueldos de los Secretarios judiciales, y gastos que se satisfagan a los Peritos, Registradores de la Propiedad y Notarios, sirviendo el exceso, si la hubiere, para compensar el costo de las retribuciones de los demás funcionarios públicos que, intervengan en estos procedimientos.

Artículo 85. Toda la correspondencia oficial que envíen los organismos que menciona el artículo 18, así como la que a ellos se dirija, llevará en el sobre el sello del remitente, la indicación: “Responsabilidades Políticas” y el número y fecha de salida; debiendo ser entregada con relación duplicada, en la Administración de Correos, que pondrá el “recibí” en uno de los ejemplares de la relación y lo devolverá a quien efectúe la entrega, conservando el otro en su poder.

Mediante el cumplimiento de estos requisitos dicha correspondencia tendrá el carácter de “urgente”, y el Jefe Nacional del Servicio de Correos y Telecomunicación dictará las instrucciones necesarias para que se transporte con la mayor rapidez y en forma que permita conocer, en cualquier momento, qué funcionarios pueden ser responsables de su retraso o extravío

Artículo 86. La aplicación a funcionarios públicos de las sanciones establecidas en esta Ley, es independiente de las que gubernativamente les puedan ser impuestas por la Administración en función depuradora de su personal.

Artículo 87. En cuanto sean aplicables y no se opongan a la presente Ley, regirán, como supletorios, para la tramitación del expediente de responsabilidad, el Código de Justicia Militar, y, para la tramitación de la pieza separada y reclamaciones de terceros, la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando estos últimos sometidos a competencia de los Juzgados Civiles especiales y a los procedimientos señalados en la presente Ley, cualquiera que sea la acción que se ejerza y la causa de pedir.

Artículo 88. Todo el producto de las sanciones económicas se aplicará a los fines estatales que, en relación con los daños causados por la guerra, el Gobierno determine.

Artículo 89. Por la Vicepresidencia del Gobierno se dictarán las disposiciones complementarias que pueda exigir, la ejecución de la presente Ley.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Tanto las Comisiones a que se refiere el artículo 3º del Decreto-Ley de diez de enero de mil novecientos, treinta y siete (BOLETÍN OFICIAL númro 83) como las demás Autoridades que, hasta ahora, intervenían en materia de incautaciones y de responsabilidades civiles, se-abstendrán, desde esta fecha, de iniciar nuevos expedientes, debiendo enviar las denuncias que tengan pendientes, ó las que reciban en lo sucesivo, a los Tribunales Regionales de responsabilidades políticas competentes, tan pronto como éstos se constituyan, para su tramitación por el procedimiento establecido en la presente Ley.

Segunda. Los expedientes ya iniciados seguirán tramitándose por los Jueces Instructores conforme a la legislación vigente hasta la fecha; pero, una vez redactado el informe a que se refiere el epígrafe f) de la norma tercera de la Orden de diez de enero de mil novecientos treinta y siete (BOLETÍN OFICIAL número 83) los remitirán a los Tribunales Regionales que sean competentes con arreglo a esta Ley para su resolución.

Tercera. Los expedientes que, por hallarse conclusos, estuvieren en poder de las Comisiones Provinciales o de las Autoridades Militares, a tenor de lo prevenido en el citado epígrafe f) o en el g) de la misma norma tercera de la Orden referida, se continuarán y resolverán con arreglo a la presente Ley, a cuyo efecto dichas Comisiones y Autoridades los remitirán a los Tribunales Regionales que correspondan.

Cuarta. Las piezas o ramos separados para la efectividad de las responsabilidades llamadas, hasta ahora, civiles, se enviarán también por el Juez Instructor, al Tribunal Regional competente, el cual lo hará a su vez, al Juez Civil especial que tenga asignado, a fin de que continúe practicando las medidas precautorias que sean indispensables; y el Tribunal Regional cuando dicte sentencia en el expediente le remitirá certificado de la misma, una vez que sea firme para que, si fuera absolutoria, levante los embargos y trabas practicadas por él o por el Juez anterior; y, si fuera condenatoria, para que disponga que se lleve a cabo el avalúo de los bienes, si no estuviera hecho, y practique todo lo demás que ordenan los artículos 65 y siguientes.

Si como consecuencia de lo actuado en estos ramos separados de los expedientes que no estén fallados se hubiesen presentado reclamación de terceros ante la. Colisión Central Administradora, caso de que no las hubiera enviad todavía para resolución al Ministerio de Justicia, las remitirá, en el estado en que se encuentren, al Juzgado civil especial que conozca de aquéllos para que continúe sustanciándolas, sin retroceder en su tramitación, por lo que deberá éste limitarse a practicar las pruebas pendientes y a poner, después los autos de manifiesto al reclamante, al Abogado del Estado y al inculpado a los fines que expresa la norma tercera del artículo 75 de esta Ley.

Sí estas reclamaciones de terceros, derivadas de expedientes sin fallar todavía, estuviesen en el Ministerio de Justicia pendientes de resolución en esta fecha, las remitirá dicho Departamento al Juez Civil que corresponda para que dicten sentencia sin más trámites; y, si estuvieran ya resueltas por el Ministerio, su resolución será firme e inapelable, y de ella remitirán testimonio al Tribunal Regional competente que lo cursará al Juzgado civil que tenga asignado a los efectos que procedan. En los ramos separados a que se refiere esta disposición, los Jueces especiales civiles no podrán admitir reclamaciones de terceros que no estuvieran ya interpuestas con anterioridad ante la referida Comisión Central.

Quinta. Las demás reclamaciones de terceros entabladas a virtud de expedientes de responsabilidad civil ya fallados, se resolverán con arreglo a la legislación anterior por el Ministerio de Justicia, el cual remitirá copia de las resoluciones que dicte a los Jueces que correspondan, a sus efectos en los ramos separados.

Sexta. A las personas a quienes se les hubiere exigido responsabilidad con arreglo al Decreto-Ley de diez de enero de mil novecientos treinta y siete, no se les podrán instruir nuevos expedientes a tenor de la presente Ley por los mismos hechos que ya fueron objeto del anterior.

Se faculta, en cambio, a los que hayan sido sancionados conforme a la citada disposición legal, para solicitar revisión únicamente de la sanción impuesta, ya que el nuevo fallo no puede ser absolutorio pero podrá el Tribunal sustituir la incautación de bienes acordada por otra sanción económica más benigna, si bien, en tal supuesto, será compatible con las demás de los grupos primero y segundo del artículo 8º, caso de que estimase que procedía aplicar al recurrente alguna o algunas de ellas.

Séptima. La Comisión Central, durante el período transitorio, continuará con su actual composición; y, las Comisiones Provinciales, quedarán constituidas, desde esta fecha, por un Presidente, un Secretario y el personal auxiliar que al presente tuviere, siendo desempeñado el cargo de Presidente por el Gobernador Civil de la provincia y el de Secretario por el Magistrado que actualmente forma parte de las mismas, el cual deberá atender preferentemente a este servicio, y

Octava. La Comisión Central y las Provinciales se disolverán en un plazo máximo de seis meses, previa entrega de toda la documentación y rendición de cuentas a los nuevos organismos que en la presente Ley se establecen y con sujeción a las instrucciones que dicte, en su día, el Presidente del Tribunal Nacional y jefe Superior Administrativo de responsabilidades políticas.


DISPOSICIÓN FINAL DEROGATORIA

Quedan derogadas, de manera general, todas las Leyes, Decretos y demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley; y, de manera especial, toda la legislación sobre incautación de bienes e intervención de créditos.

Las Ordenes de diecinueve de febrero de mil novecientos treinta y siete (BOLETÍN OFICIAL numero 127) continuarán subsistentes; pero sustituirán los organismos y funcionarios que en esta Ley se crean a los que determinan las citadas disposiciones.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos, a nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve.Tercer Año Triunfal.


Francisco Franco
Boletín Oficial del Estado núm. 44
18 de febrero de 1939