Lo Último

Los muertos

Maruja Mallo y Josefina Carabias con Antro de fósiles,  Madrid, 1931



Antro de fósiles fué pintado por Maruja Mallo en 1930. Pertenece a la serie Cloacas y campanarios y se exhibió en París en 1932. Una pintura premonitoria del festín que Tanátos se daría con el franquismo.

En 1939, Maruja Mallo escribe sobre Antro de fósiles: «Cerca de los parajes derrotados están las construcciones derruidas, los antros de fósiles. Sobre las piedras húmedas se desarticula la armonía de los esqueletos entre la descomposición de los barriles y guitarras. Los mapas manchados se desgajan. Bajo una perspectiva de arcos y telarañas, el galope del mar empuja las bodegas».

El óleo se encuentra en el Museo Reina Sofía.



*



He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia,
lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel
del lagarto,
inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima;
arena sin pisadas en todas las memorias.
Son los muertos sin flores.
No nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos.
Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio.
Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra,
mas su destino fue fulmíneo como un tajo;
porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos
por la dicha,
porque sólo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera.
Esa y no cualquier otra.
Esa y ninguna otra.
Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida.


Olga Orozco, 1951




1478. Discurso de Manuel Azaña en Mestalla



Manuel Azaña reanudó su actividad en la vida pública el 26 de mayo de 1935 con un acto político organizado por las izquierdas en el campo de Mestalla en Valencia.  El mitin tenía carácter nacional y unas 60.000 personas acudieron desde distintos puntos de España. 


Valencia, 27

Para asistir al mitin del campo de Mestalla, en cuyo, acto hizo uso de la palabra el ex presidente del Consejo, don Manuel Azaña, llegaron a Valencia gran cantidad de forasteros procedentes de toda España, asi cómo buen número de personalidades de los partidos republicanos de izquierda.

Valencia presentaba, el sábado por la noche, animadísimo aspecto.

El campo de Mestalla ofrecía en la mañana del domingo imponente aspecto, apareciendo totalmente lleno. 

Por ios alrededores del campo se congregó gran gentío, que no pudo entrar en el recinto.

Comenzó el mitin haciendo uso de la palabra el presidente del Comité Regional de Izquierda Republicana, don Juan Peset, quien elogió al señor Azaña. 

Al levantarse para hablar don Manuel Azaña, el público, puesto en pie, le tributó una gran ovación, agitando pañuelos y lanzando diversos vítores. 

El señor Azaña comenzó diciendo:

«Vais a oír unas palabras de inspiración republicana y eso es todo mi discurso: palabras que continúan las que hace algún tiempo os dije aquí en Valencia, delantre de una asamblea popular, no ciertamente tan numerosa, pero no menos fervorosa que la presente. 

Hace ahora cuatro años, casi dia por día, celebramos en Valencia una gran asamblea, un gran acto público, en plena campaña electoral. Acababa de instaurarse la República; eran los tiempos del entusiasmo, de la esperanza, de la alegría unánime. Todo el mundo se figuraba que el porvenir consistiría en una senda de flores, y nadie sabia bien quién era cada cual. No se podían contrastar los servicios ni las conductas Y en aquel acto popular de Valencia, me encontré yo en compañía de otro republicano, que de buen grado asumía en la historia política del ideal republicano una cierta posición histórica. Ha pasado el tiempo. Todos hemos gobernado; todos hemos estado o estamos en la oposición. Mientras estuve en el Gobierno, no perdí nunca el hábito de comparecer normalmente delante de las grandes asambleas populares, para tratar de explicarles el pensamiento que dirigía aquella política. 

No tuve que arrepentirme jamás do esta comunicación frecuente con el pueblo; a pesar de lo que el ejercicio del Poder llevaba consigo, de siempre, como lo más favorable para enfriar las relaciones del que manda con el sentimiento popular; y ni una sola vez se alzó una voz en aquellas asambleas públicas libremente congregadas que pudiera reprocharme ni una deslealtad ni un deservicio a la República. 

Y ahora estarnos aquí otra vez, pero aquel republicano en cuya compañía vine yo a Valencia en el año 1931, no está. 

Y no está ni podría presentarse delante de esté mismo auditorio. 

No está, porque si el pueblo republicano, enronquecido de cólera, le preguntase qué ha hecho de la República, no podría contestar. 

Ni a vosotros, republicanos de Valencia, ni a mí, nos ha faltado nunca la inspiración republicana. Y hoy vengo a corroborarla una vez más ante vosotros, después de un silencio quizás demasiado largo para vuestra impaciencia»

Agrega que algunos pensarán que va a prorrumpir en protestas e imprecaciones. Dice que no se espere tal cosa. Dedica un recuerdo a Blasco Ibáñez y tiene palabras para la tradición republicana de Valencia. 

Sigue diciendo que en la asamblea popular del año 1931 le fue ofrecido un puesto en la candidatura de diputados a Cortes por Valencia, saliendo elegido. 

Enumera a continuación cuáles fueron sus trabajos en favor de los intereses de la región, dentro de una actitud neutral, ya que no trató nunca de crearse una clientela electoral, actitud, dice, a la cual se correspondió por algunos directores de la opinión republicana de Valencia con una campaña difamadora. 

Sigue diciendo que «hay que templar el ánimo para la lucha, e ir a la reconquista de la República pero -añade- repetirlo demasiado sobra, porque puede haceros creer o puede haceros hablar como si nosotros estuviésemos colocados ya fuera de la República; y eso, no; todavía hay República en España, todavía están vigentes nuestros derechos; se trata de saber si sois o no capaces de rellenarlos con vuestra fuerza y vuestra energía. 

Nosotros nos encontramos padeciendo, o padeciendo la República, unos políticos que ostentan para gobernar un título falso, porque procede de una mixtificación electoral del año 33, falsedad que ha sido reconocida solemnemente al resolverse la crisis ministerial en el mes de abril último; pero esta falsedad original se agrava, se agranda con la que se va produciendo día tras día, en virtud del estado de la opinión pública»

Se extiende en consideraciones acerca del alcance que hay que dar a la futura contienda, y sigue diciendo:  

«La política contra la que nosotros vamos a combatir ostenta dos principios reguladores de su acción, y más que reguladores, dos principios que pretenden ser su justificación. 

Y conste que yo hablo sólo de lo que se sabe, y no hago caso ninguno de lo que se dice, que no suele ser lo mismo, y no estaría mal que los republicanos se acostumbraran también a no crear fantasmas con lo que se dice, los cuales fantasmas no pueden servir más que para sobrecogernos el ánimo o para crear entidades perniciosas para la República. Delante de la razón, de la palabra clara, el fantasma huye. Los dos principios reguladores de la política actual, tal como ellos los definen, son estos: un ensanchamiento de la base de la República y una política de conservación social, de pacificación y de defensa de la economía, que se supuso maltratada por nosotros»

Refiriéndose al ensanchamiento de la base de la República, dice que a los republicanos no podría parecerles mal el intento si no hubiese nadie qué hostilizase al régimen en su fundamento. Agrega que esa política de ensanchamiento no es nueva, ya que en materia política, la imaginación no puede idear una táctica qué no haya sido ya ensayada. Habla del carlismo, y dice que ahora se practica un monarquismo sin rey, casi carlista. Temo -dice- que aquella política se reproduzca ahora, por lo que tendría de dañoso para el país y para la República. 

Habla de la pacificación social, y dice que el país no está ahora más tranquilo que hace dos años. Se refiere a la persecución contra las personas y entidades adversas al Gobierno, y dice que Cataluña padece las consecuencias de esa persecución, habiéndosele arrebatado un régimen como si el régimen hubiese incurrido en una infracción. 

Estudia la situación de la economía española en la época de su mandato y en la actualidad, para llegar a la conclusión de que la peseta se halla hoy más baja que antes, y se pregunta en qué consiste la defensa de la Economía y de la Hacienda que dicen que practican los gobernantes actuales. 

Pasa a enjuiciar la ley de arrendamientos rústicos, afirmando qué es ruinosa para el pequeño agricultor. 

Y sigue diciendo: 

«Si el Gobierno está seguro de la mayoría del país, debe convalidar su título a la gobernación de España con una ratificación del cuerpo electoral. 

Pero aquí  -sigue diciendo- advertiréis un caso en qué no se tiene interés alguno en tomar en cuenta la opinión del país, un caso en que manifiestamente se tiende al exceso en la confianza sobre la paciencia y fidelidad de los republicanos: el año 1933 los concejales de toda España eligieron a los vocales del Tribunal de Garantías, según estaba previsto en las leyes. Y porque muchos de éstos vocales del Tribunal dé Garantías eran adversos a lo que representaban las Cortés Constituyentes, se tomó el casó como un signo importantísimo del estado de opinión del país. Yo no me he parado todavía a pensar con qué criterio fino se hizo el discernimiento de los valores incluidos en aquel signo tan complejo, donde había, desde republicanos más o menos históricos, hasta enemigos de la República, y cómo se distribuyó cada uno la participación que le correspondía en el signo del estado de la opinión. Pero esto ya no nos importa. Lo que digo ahora es ló siguiente: ¿Es qué durante el año 1934 y después, hasta hoy, no ha ocurrido nada en España que, como signo del estado de la opinión pública, valga por lo menos tanto como la elección de los 15 vocales del Tribunal de Garantías? ¿Es que los movimientos populares ocurridos no significan un estado de irritación de la opinión pública, el desasosiego y la intranquildad española, dificultades terribles y malestar? ¿Y por lo menos para enterarse a fondo de cuál es la opinión del país, no se puede poner en parangón con aquél signo de los vocales del Tribunal de Garantías? ¿Es que el hecho de que los gobiernos hayan tenido que mantenerse con estados escepcionales, denota confianza del país en el Gobierno, o del Gobierno en el país?

Pero no se quiere consultar a la opinión pública; no se la quiere consultar ni siquiera en las elecciones municipales»

Recuerda por qué dimitió el último gobierno de las constituyentes, afirmando que fué por no saber contestar si era el más indicado para presidir unas elecciones municipales, y añade que después de tantos gobiernos como se han venido sucediendo desde aquella fecha, aun no se han celebrado tales elecciones. 

Habla de la reforma de la Constitución, y después de pedir claridad a este respecto, dice: 

«La Constitución, tal como está redactada, es una ley liberal y transigente. En el país -agrega- existen corrientes de opinión que en sus propios términos son y serán por mucho tiempo irreconciliables. Los sectores de opinión representados en el Parlamento deben ceder algo de sus designios en beneficio de la común convivencia»

Habla de los que creyéndose republicanos no lo son, y afirma que «a la falta de espíritu republicano es justo añadir, como causa de graves males en la política actual, la incompetencia y la incapacidad. En algunos problemas, os confieso que, posponiendo un poco mi espíritu político y mi posición de partido, lamento a veces su ineptitud mas que su derechismo. 

Hemos llegado a términos -sigue diciendo- en que todos sirven para todo. Y después de breves consideraciones, añade: 

Este verano pasado, a vosotros, republicanos de Valencia, os cupo la dudosa satisfacción de que en el personaje de vuestra tierra recayese el honor de poner en práctica el sistema, y no hubo más que un conflicto con el País Vasco, un conflicto con Cataluña, el innecesario y disparatado escándalo propicio a crear una dificultad con Portugal, y este hecho extraordinario: Qué después de que vuestro ilustre compatricio el señor Saiiner, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, embarcó, mediante los servicios administrativos del Estado, con ninguna clandestinidad, un cargamento de armas en el Turquesa, cayó en la cuenta de que eso pudiera ser un delito, y por si es delito, se dispone a ser mi juez en el Tribunal de Garantías, como si las armas las hubiera embarcado yo»

Señala cuál debe ser la finalidad del partido de Izquierda Republicana, e invita a los que le escuchan a luchar con entusiasmo en la próxima contienda electoral. 

Pide la adhesión de todos sus correligionarios y dice: 

«Si yo puedo contar con vosotros, también vosotros podéis contar conmigo. Quiero deciros que no os propondré jamás una empresa desatinada, pero que nadie puede esperar de mí que yo aconseje nunca la menor claudicación. Por ningún motivo, por ninguna consideración ni utilidad de momento, ni de rendimiento a la realidad áspera de la vida política. No con nuestra firmeza, con nuestra limpieza y tranparencia de diamante, o desaparecer. Algunos me dicen amistosamente, en son de reproche, que ésto es querer poner a los republicanos a prueba de bomba. Y yo digo: Pues sí, a prueba de bomba. ¿Por qué no? Delante de nosotros se presenta una obra tremenda que hacer. Seamos, por lo menos, iguales a nuestro destino, y tomemos en los brazos él haz gigantesco de las voluntades republicanas para llevarlas al altar de la patria, donde no nos importa qué nos esperé el sacrifiicio o la gloria...» (Los aplausos impiden oír el final del párrafo.)

Se refiere a la unión dé los republicanos y dice que «los que quieran unirse con Izquierda Republicana tienen abiertas las filas del partido. A los que no militen en nuestras filas -agrega-, también podemos decirles que encontrarán nuestras manos abiertas para la coalición electoral».

Dice que el partido de Izquierda Republicana mantiene conversaciones y trabajos con otras organizaciones afines para llevar a cabo la redacción de un plan político, y explica la posición de dicho partido ante la proyectada unión, añadiendo que se va a hacer una campaña de demostración moral y numérica. Y agrega: 

«Si vosotros creéis, o hay entre vosotros quién crea que la política consiste, incluso por parte del ciudadano particular, en ir de vez en cuando a un mitin a oír una voz que le sea más o menos simpática, y después marcharse a su casa y no acordarse de la política hasta que haya otro mitin resonante, o en su día depositar una papeleta en la urna; o ir al casino republicano a estar en el unas horas, estáis en un error muy grande y hacéis un daño terrible a vuestro propio pensamiento y a vuestro propio partido. No. En primer lugar, de toda esta masa que aquí está reunida, muchos serán los que no hayan cumplido la obligación de ir a engrosar el censo de los partidos republicanos. Y yo supongo que cuando estáis aquí en circunstancias como ésta, no habréis venido por una frivola curiosidad, sino que habéis venido a cultivar vuestras ideas, a exaltar vuestro sentir y a encontraros en comunión con los otros republicanos, que los hay de todas partes, con el mismo sentimiento y el mismo ideal; es decir, que sois en el fondo unos militantes. Pues bien, ¿cuántos de vosotros han dejado de cumplir con el deber de ir a engrosar con su presencia, con sus cotizaciones, con su actividad, las filas de los partidos republicanos? El que no lo haga no está cumpliendo debidamente su deber de ciudadano republicano. 

Estáis en el deber de consagrar a la vida política, no la renuncia de vuestras actividades personales, sino una buena parte de vuestras preocupaciones, de vuestro trabajo, incluso del resultado de vuestro propio trabajo. Porque hay muchas gentes en España que con este sentido espectacular de la vida que tienen muchos españoles, se imaginan que la política es un espectáculo que tenemos que darle los militantes, y que ellos vienen a contemplar, y si es de balde, mejor. Y ésto no puede ser, porque los partidos son organismos vivos y necesitan nutrirse del esfuerzo de los demás y de las aportaciones de sus afiliados, y el que no lo hace no cumple con su deber. En suma: de vuestra responsabilidad y disciplina depende todo. Estad persuadidos de que la salvación está en vosotros mismos; ninguno de nosotros os la vamos a traer en el bolsillo, para daros una receta en virtud de la cual la República se engrandezca, se restaure o entre por mejores caminos. La República es de los republicanos. La hacen ellos, la habéis hecho ya una vez. ¿Es que el año 31 os la regalaron? ¿Es que pedisteis permiso al ministro de la Gobernación para proclamar la República? ¿No fue la suma de todas las voluntades republicanas la que produjo aquella explosión que ahora nos parece milagrosa con la distancia? ¿Pues qué os impide, hoy, mañana, cuando sea, cuando se os convoque para una demostración semejante, aun más fuerte y seguramente victoriosa? No echéis la culpa a nadie, ni de nuestra perdición política, ni de las flaquezas de vuestra organización. Toda la tenéis los republicanos; somos nosotros, vosotros que me escucháis y nosotros, que tenemos una responsabilidad de dirección, los que no sabremos manejar la nave si por fin no la llevamos a buen puerto. Pero esta responsabilidad no pesa principalmente sobre nosotros, sino sobre toda la inmensa masa del republicanismo español, que está en trancé de decidir su posición, su porvenir y la del régimen amado. De esta manera, por éste procedimiento que nosotros vamos a multiplicar por toda España, nadie podrá dudar del estado de la opinión republicana, todo el mundo sabrá que somos la mayoría en el país, y que no nos importa el Gobierno para demostrarlo; el Gobierno nos importa por el daño que puede hacer, o por el rumbo erróneo que pueda imprimir a la política republicana, pero no necesitamos del Gobierno para existir como republicanos, ni para demostrarlo como masa en su dia, pidiendo que se nos permita demostrar qué somos los más, y, por consiguiente, en un régimen de democracia, los que tenemos títulos legales para gobernar la República, que lo demás seria subversivo y atentatorio a los fundamentos del régimen. Por ese procedimiento, estoy seguro, no de otro 12 de abril más o menos dudoso y compartido entre las localidades de mayor o menor importancia, sino de un triunfo nacional de los republicanos»

El señor Azaña terminó diciendo: 

«Y laborando juntos con esta masa que ya se mueve en España, llevaremos la bandera tricolor a clavarla tan honda y tan fuerte en el Alcázar Nacional, que ningún vendaval pueda arrancar... » (El final del párrafo fue ahogado por los aplausos del público, que tributó al señor Azaña una prolongada ovación, prorrumpiendo en vítores.) 

También fue aplaudido el señor Azaña en diversos períodos de su discurso. 

Terminado el discurso, el señor Azaña almorzó con su esposa y las personas de la intimidad que habían asistido al acto. 

El campo de deportes se fue desalojando con alguna lentitud, y el acto se dio por terminado cerca de las tres de la tarde. 

Poco después los excursionistas de otras provincias iniciaron el regreso a los puntos de procedencia. A poco de haber empezado su discurso el señor Azaña, empezó a llover. Los espectadores, unos se cubrieron con paraguas y otros se pusieron periódicos sobre la cabeza, aguantando el chaparrón. El señor Azaña calló un instante y consultó a los que tenia alrededor sobre si en vista de la lluvia, continuaba o no, y el público, a grandes voces, le requirió para que siguiese hablando. Los oyentes, a pesar del chaparrón, no se movieron de su sitio.


La Vanguardia, martes 28 de marzo de 1935
Página 32


1477. Sino sangriento

De sangre en sangre vengo,
como el mar de ola en ola,
de color de amapola el alma tengo,
de amapola sin suerte es mi destino,
y llego de amapola en amapola
a dar en la cornada de mi sino.

Criatura hubo que vino
desde la sementera de la nada,
y vino más de una
bajo el designio de una estrella airada
en una turbulenta y mala luna.

Cayó una pincelada
de ensangrentado pie sobre mi herida,
cayó un planeta de azafrán en celo,
cayó una nube roja enfurecida,
cayó un mar malherido, cayó un cielo.

Vine con un dolor de cuchillada,
me esperaba un cuchillo en mi venida,
me dieron a mamar leche de tuera,
zumo de espada loca y homicida,
y al sol el ojo abrí por vez primera
y lo que vi primero era una herida
y una desgracia era.

Me persigue la sangre ávida y fiera,
desde que fui fundado,



y aun antes de que fuera
proferido, empujado
por mi madre a esta tierra codiciosa
que de los pies me tira y del costado,
y cada vez más fuerte, hacia la fosa.

Lucho contra la sangre, me debato
contra tanto zarpazo y tanta vena,
y cada cuerpo que tropiezo y trato
es otro borbotón de sangre, otra cadena.

Aunque leves los dardos de la pena
aumentan las insignias de mi pecho:
en él se dio el amor a la labranza,
y mi alma de barbecho
hondamente ha surcado
de heridas sin remedio mi esperanza
por las ansias de muerte de su arado.

Todas las herramientas en mi acecho:
el hacha me ha dejado
recónditas señales,
las piedras, los deseos y los días
cavaron en mi cuerpo manantiales
que sólo se tragaron las arenas
y las melancolías.

Son cada vez más grandes las cadenas,
son cada vez más grandes las serpientes,
más grandes y más cruel su poderío,
más grandes sus anillos envolventes,
más grande el corazón, más grande el mío.

En su alcoba poblada de vacío
donde sólo concurren las visitas,
el picotazo y el color de un cuervo,
un manojo de cartas y pasiones escritas,
un puñado de sangre y una muerte conservo.

¡Ay sangre fulminante,
ay trepadora púrpura rugiente,
sentencia a todas horas resonante
bajo el yunque sufrido de mi frente!

La sangre me ha parido y me ha hecho preso,
la sangre me reduce y me agiganta,
un edificio soy de sangre y yeso
que se derriba él mismo y se levanta
sobre andamios de huesos.

Un albañil de sangre, muerto y rojo,
llueve y cuelga su blusa cada día
en los alrededores de mi ojo,
y cada noche con el alma mía
y hasta con las pestañas lo recojo.

Crece la sangre, agranda
la expansión de sus frondas en mi pecho
que álamo desbordante se desmanda
y en varios torvos ríos cae deshecho.

Me veo de repente
envuelto en sus coléricos raudales,
y nado contra todos desesperadamente
como contra un fatal torrente de puñales.

Me arrastra encarnizada su corriente,
me despedaza, me hunde, me atropella,
quiero apartarme de ella a manotazos,
y se me van los brazos detrás de ella,
y se me van las ansias en los brazos.

Me dejaré arrastrar hecho pedazos,
ya que así se lo ordenan a mi vida
la sangre y su marea,
los cuerpos y mi estrella ensangrentada.

Seré una sola y dilatada herida
hasta que dilatadamente sea
un cadáver de espuma: viento y nada.


Miguel Hernández
de Otros Poemas, 1936




1476. Felipe Matarranz, «El Lobo»

«Todo se desvanece, se salva el recuerdo»
Albert Camus



María Torres / 24 Mayo 2015

Con 99 años se nos ha ido Felipe Matarranz, "Capitán Lobo", guerrillero antifranquista. Dos condenas a muerte, once años de presidio en doce cárceles distintas, tres fugas y ocho años como enlace general de la guerrilla en Asturias y Cantabria.

Tenía 14 años cuando se afilió a las Juventudes Comunistas. Al unificarse con las socialistas surgieron las JSU.

«Todavía hay quien dice que luchamos anarquistas por un lado, comunistas por el otro... Lo que hicimos fue defender la República y el Gobierno salido de las urnas del 16 de febrero de 1936»

Antes que guerrillero, fue miliciano. El 19 de julio de 1936 ya formaba parte de las milicias locales de Torrelavega y participó en la defensa del puerto de El Escudo.

«No teníamos más que escopetas de caza y, a veces, ni eso... algunas eran de aire comprimido. Los enemigos llevaban fusiles y pistolas. No teníamos ningún conocimiento sobre la guerra»

Después, ya integrado en el EPR, como cabo en el Batallón 110 defendió puntos del Frente Norte de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Participó también en la batalla de El Mazucu.

«Aún tengo en la cabeza el sonido de las bombas cayendo sobre nosotros. Sueño con ellas y con el momento en que tuvimos que retirarnos, dejando atras a cientos de compañeros muertos» 

Y unas semanas antes de la caída de Frente Norte:

«Yo escapé de Santander y quería llegar a La Franca, que era mi pueblo. Me cogieron en Torrelavega, me detuvieron, me juzgaron y me condenaron a muerte. Pero no me mataron. Luego, al poco, me volvieron a juzgar y otra vez me volvieron a condenar a muerte»

Después llegaría el periplo carcelario carcel:  Torrelavega, Santander, Alcalá de Henares...

«Fuimos educados para eso, para no ser esclavos voluntarios, antes preferíamos morir. Al día siguiente de salir de la cárcel me convertí en enlace general de la guerrilla del comité regional de Asturias y el comité provincial de Santander. Teníamos que vivir en la clandestinidad y apenas conocíamos datos de los demás enlaces. Me hice pasar por falangista, hasta tenía un carné (con el nombre de José Lobo) y llevaba una pistola dentro de un libro de Franco, y también una chapa religiosa en la solapa. Me juzgaron por terrorismo y bandolerismo cuando en realidad nosotros éramos soldados de la República que no entregamos el fusil y que seguimos luchando en el llano y en la montaña»

En 1948 una traición hizó que fuera apresado de nuevo:

«Nosotros, los guerrilleros, somos los soldados de la República que nunca entregamos el fusil. Luchamos en la milicia, luchamos en la cárcel, en el monte, siempre... »

Y muchos años después decía:

«La guerrilla no acabó, nunca se acabó. Sigo siendo un guerrillero; nunca dejé de serlo, porque jamás renegué de los ideales por los que luche: los derechos de la clase trabajadora y la libertad». 



Nada fue en vano capitán "Lobo", queda lo que nos dejaste, queda tu lucha, tu memoria.



1475. Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1953

Roma 27 de agosto de 1953. Firma del Concordato entre España y la Santa Sede.
De izquierda a derecha el ministro Martín Artajo, monseñor Tardini y el embajador Castiella (Foto EFE)



En 1951, cuando se cumplía el centenario del Concordato de 1851, Franco escribió a Pío XII solicitando un nuevo Concordato: «Creo que no cabría forma mejor para marcar esta fecha de 1951, en que se cumple el centenario del concordato firmado en 1851, que concertado con la Santa Sede Apostólica uno nuevo donde se resuman los convenios parciales celebrados desde 1941, que, completados adecuadamente, constituyan una norma estable para las amistosas relaciones entre la Iglesia y el Estado español. Derogada espontáneamente por mi Gobierno, desde el instante en que se constituyó, toda la legislación sectaria y antirreligiosa de Gobiernos que nunca representaron el sentir español»

Dos años más tarde el Vaticano firmó un nuevo Concordato con el régimen franquista, que se comprometió a sufragar a la Iglesia. Ésta recuperaría todos los privilegios perdidos (confesionalidad del estado, matrimonios canónigos obligatorios, exención fiscal, subvenciones, el poder de la censura, acaparación de patrimonio, control de la educación, derecho a operar estaciones de radio, periódicos y otras publciaciones, etc.)

A cambio, recaía en el dictador la facultad de participar en el nombramiento de los obispos y el reconocimiento internacional de su Régimen.

El Concordato de 1953 aún sigue vigente, aunque su contenido fue parcialmente modificado por los acuerdos de 1976 y 1979.




INTER SANCTAM SEDEM ET HISPANIAM SOLLEMNES CONVENTIONES
CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y ESPAÑA



En el nombre de la Santísima Trinidad

La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular un Concordato que, reasumiendo los Convenios anteriores y completándolos, constituya la norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española.

A este fin Su Santidad el Papa PÍO XII ha tenido a bien nombrar por su Plenipotenciario a:

Su Excelencia Reverendísima Monseñor Domenico Tardini, ProSecretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios,

y Su Excelencia el Jefe del Estado español, Don FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, ha tenido a bien nombrar por Sus Plenipotenciarios al

Excmo Señor Don Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, y al Excmo Señor Don Fernando María Castiella y Maíz, Embajador de España cerca de la Santa Sede,

quienes, después de entregadas sus respectivas Plenipotencias y reconocida la autenticidad de las mismas, han convenido lo siguiente:

Artículo I

La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.

Artículo II

1. El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto.

2. En particular, la Santa Sede podrá libremente promulgar y publicar en España cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los Prelados, el clero y los fieles del país, de la misma manera que estos podrán hacerlo con la Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los Ordinarios y las otras Autoridades eclesiásticas en lo referente a su Clero y fieles.

Artículo III

1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

2. Para mantener, en la forma tradicional, las amistosas relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, continuarán permanentemente acreditados un Embajador de España cerca de la Santa Sede y un Nuncio Apostólico en Madrid. Este será el Decano del Cuerpo Diplomático, en los términos del derecho consuetudinario.

Artículo IV

1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas, existentes en España a la entrada en vigor del presente Concordato, constituidas según el Derecho Canónico; en particular a las Diócesis con sus instituciones anejas, a las Parroquias, a las Ordenes y Congregaciones religiosas, las Sociedades de vida común y los Institutos seculares de perfección cristiana canónicamente reconocidos, sean de derecho pontificio o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas.

2. Gozarán de igual reconocimiento las entidades de la misma naturaleza que sean ulteriormente erigidas o aprobadas en España por las Autoridades eclesiásticas competentes, con la sola condición de que el decreto de erección o de aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a las Autoridades competentes del Estado.

3. La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las Autoridades competentes de la Iglesia.

Artículo V

El Estado tendrá por festivos los días establecidos como tales por la Iglesia en el Código de Derecho Canónico o en otras disposiciones particulares sobre festividades locales, y dará, en su legislación, las facilidades necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes religiosos.

Las Autoridades civiles, tanto nacionales como locales, velarán por la debida observancia del descanso en los días festivos.

Artículo VI

Conforme a las concesiones de los Sumos Pontífices San Pío V y Gregorio XIII, los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado, según la fórmula tradicional y las prescripciones de la Sagrada Liturgia.

Artículo VII

Para el nombramiento de los Arzobispos y Obispos residenciales y de los Coadjutores con derecho de sucesión, continuarán rigiendo las normas del Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de Junio de 1941.

Artículo VIII

Continuará subsistiendo en Ciudad Real el Priorato Nullius de las Ordenes Militares.

Para el nombramiento del Obispo Prior se aplicarán las normas a que se refiere el artículo anterior.

Artículo IX

1. A fin de evitar, en lo posible, que las Diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias civiles, las Altas Partes contratantes procederán, de común acuerdo, a una revisión de las circunscripciones diocesanas.

Asimismo, la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno español, tomará las oportunas disposiciones para eliminar los enclaves.

Ninguna parte del territorio español o de soberanía de España dependerá de Obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna Diócesis española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera, con excepción del Principado de Andorra que continuará perteneciendo a la Diócesis de Urgel.

2. Para la erección de una nueva Diócesis o provincia eclesiástica y para otros cambios de circunscripciones diocesanas que pudieran juzgarse necesarios, la Santa Sede se pondrá previamente de acuerdo con el Gobierno español, salvo si se tratase de mínimas rectificaciones de territorio reclamadas por el bien de las almas.

3. El Estado español se compromete a proveer a las necesidades económicas de las Diócesis que en el futuro se erijan aumentando adecuadamente la dotación establecida en el artículo XIX.

El Estado, además, por sí o por medio de las Corporaciones locales interesadas, contribuirá con una subvención extraordinaria a los gastos iniciales de organización de las nuevas Diócesis; en particular subvencionará la construcción de las nuevas Catedrales y de los edificios destinados a residencia del Prelado, oficinas de la Curia y Seminarios diocesanos.

Artículo X

En la provisión de los Beneficios no consistoriales se seguirán aplicando las disposiciones del Acuerdo estipulado el 16 de Julio de 1946.

Artículo XI

1. La Autoridad eclesiástica podrá libremente erigir nuevas Parroquias y modificar los límites de las ya existentes.

Cuando estas medidas impliquen un aumento de contribución económica del Estado, la Autoridad eclesiástica habrá de ponerse de acuerdo, con la competente autoridad del Estado, por lo que se refiere a dicha contribución.

2. Si la Autoridad eclesiástica considerase oportuno agrupar, de modo provisional o definitivo, varias Parroquias, bien sea confiándolas a un solo Párroco, asistido de uno o varios Coadjutores, bien reuniendo en un solo presbiterio a varios sacerdotes, el Estado mantendrá inalteradas las dotaciones asignadas a dichas Parroquias. Las dotaciones para las Parroquias que estén vacantes no pueden ser distintas de las dotaciones para las Parroquias que estén provistas.

Artículo XII

La Santa Sede y el Gobierno español regularán, en Acuerdo aparte y lo antes posible, cuanto se refiere al régimen de Capellanías y Fundaciones pías en España.

Artículo XIII

1. En consideración de los vínculos de piedad y devoción que han unido a la Nación española con la Patriarcal Basílica de Santa María la Mayor, la Santa Sede confirma los tradicionales privilegios honoríficos y las otras disposiciones en favor de España contenidos en la Bula Hispaniarum fidelitas del 5 de Agosto de 1953.

2. La Santa Sede concede que el español sea uno de los idiomas admitidos para tratar las causas de beatificación y canonización en la Sagrada Congregación de Ritos.

Artículo XIV

Los clérigos y los religiosos no estarán obligados a asumir cargos públicos o funciones que, según las normas del Derecho Canónico, sean incompatibles con su estado.

Para ocupar empleos o cargos públicos, necesitarán el « Nihil Obstat » de su Ordinario propio y el del Ordinario del lugar donde hubieren de desempeñar su actividad. Revocado el « Nihil Obstat », no podrán continuar ejerciéndolos.

Artículo XV

Los clérigos y religiosos, ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar, conforme a los cánones 121 y 614 del Código de Derecho Canónico.

Al respecto, continúa en vigor lo convenido entre las Altas Partes contratantes en el Acuerdo de 5 de Agosto de 1950 sobre jurisdicción castrense.

Artículo XVI

1. Los Prelados de quienes habla el párrafo 2 del canon 120 del Código de Derecho Canónico no podrán ser emplazados ante un juez laico sin que se haya obtenido previamente la necesaria licencia de la Santa Sede.

2. La Santa Sede consiente en que las causas contenciosas sobre bienes o derechos temporales en las cuales fueren demandados clérigos o religiosos sean tramitadas ante los Tribunales del Estado, previa notificación al Ordinario del lugar en que se instruye el proceso al cual deberán también ser comunicadas en su día las correspondientes sentencias o decisiones.

3. El Estado reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en aquellos delitos que exclusivamente violan una Ley eclesiástica, conforme al canon 2198 del Código de Derecho Canónico.

Contra las sentencias de estos Tribunales no procederá recurso alguno ante las Autoridades civiles.

4. La Santa Sede consiente en que las causas criminales contra los clérigos o religiosos por los demás delitos, previstos por las leyes penales del Estado, sean juzgadas por los Tribunales del Estado.

Sin embargo, la Autoridad judicial, antes de proceder, deberá solicitar, sin perjuicio de las medidas precautorias del caso, y con la debida reserva, el consentimiento del Ordinario del lugar en que se instruye el proceso.

En el caso en que éste, por graves motivos, se crea en el deber de negar dicho consentimiento, deberá comunicarlo por escrito a la Autoridad competente.

El proceso se rodeará de las necesarias cautelas para evitar toda publicidad.

Los resultados de la instrucción así como la sentencia definitiva del proceso, tanto en primera como en ulterior instancia, deberán ser solícitamente notificados al Ordinario del lugar arriba mencionado.

5. En caso de detención o arresto, los clérigos y religiosos serán tratados con las consideraciones debidas a su estado y a su grado jerárquico.

Las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa que, a juicio del Ordinario del lugar y de la Autoridad judicial del Estado, ofrezca las convenientes garantías; o, al menos, en locales distintos de los que se destinan a los seglares, a no ser que la Autoridad eclesiástica competente hubiere reducido al condenado al estado laical.

Les serán aplicables los beneficios de la libertad condicional y los demás establecidos en la legislación del Estado.

6. Caso de decretarse embargo judicial de bienes, se dejará a los eclesiásticos lo que sea necesario para su honesta sustentación y el decoro de su estado, quedando en pie, no obstante, la obligación de pagar cuanto antes a sus acreedores.

7. Los clérigos y los religiosos podrán ser citados como testigos ante los Tribunales del Estado ; pero si se tratase de juicios criminales por delitos a los que la ley señale penas graves deberá pedirse la licencia del Ordinario del lugar en que se instruye el proceso. Sin embargo, en ningún caso podrán ser requeridos, por los Magistrados ni por otras Autoridades, a dar informaciones sobre personas o materias de las que hayan tenido conocimiento por razón del Sagrado Ministerio.

Artículo XVII

El uso del hábito eclesiástico o religioso por los seglares o por aquellos clérigos o religiosos a quienes les haya sido prohibido por decisión firme de las Autoridades eclesiásticas competentes, está prohibido y será castigado, una vez comunicada oficialmente al Gobierno, con las mismas sanciones y penas que se aplican a los que usan indebidamente el uniforme militar.

Artículo XVIII

La Iglesia puede libremente recabar de los fieles las prestaciones autorizadas por el Derecho Canónico, organizar, colectas y recibir sumas y bienes, muebles e inmuebles, para la prosecución de sus propios fines.

Artículo XIX

1. La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.

2. Mientras tanto el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia en favor de la Nación, le asignará anualmente una adecuada dotación. Esta comprenderá, en particular, las consignaciones correspondientes a los Arzobispos y Obispos diocesanos, los Coadjutores, Auxiliares, Vicarios Generales, los Cabildos Catedralicios y de las Colegiatas, el Clero parroquial así como las asignaciones en favor de Seminarios y Universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto.

Por lo que se refiere a la dotación de Beneficios no consistoriales y a las subvenciones para los Seminarios y las Universidades eclesiásticas, continuarán en vigor las normas fijadas en los respectivos Acuerdos del 16 de Julio y 8 de Diciembre de 1946.

Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condiciones económicas generales, dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas circunstancias, de forma que siempre quede asegurado el sostenimiento del culto y la congrua sustentación del clero.

3. El Estado, fiel a la tradición nacional, concederá anualmente subvenciones para la construcción y conservación de Templos parroquiales y rectorales y Seminarios; el fomento de las Ordenes, Congregaciones o Institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional y el cuidado de los Monasterios de relevante valor histórico en España, así como para ayudar al sostenimiento del Colegio Español de San José y de la Iglesia y Residencia españolas de Montserrat, en Roma.

4. El Estado prestará a la Iglesia su colaboración para crear y financiar Instituciones asistenciales en favor del clero anciano, enfermo, o inválido. Igualmente asignará una adecuada pensión a los Prelados residenciales que, por razones de edad o salud, se retiren de su cargo.

Artículo XX

1. Gozarán de exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local:

a) las Iglesias y Capillas destinadas al culto, y, asimismo, los edificios y locales anejos destinados a su servicio o a sede de asociaciones católicas;

b) la residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas, siempre que e] inmueble sea propiedad de la Iglesia;

e) los locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas parroquiales;

d) las Universidades eclesiásticas y los Seminarios destinados a la formación del clero;

e) las casas de las Ordenes, Congregaciones e Institutos religiosos y seculares canónicamente establecidos en España;

f) los colegios u otros centros de enseñanza, dependientes de la Jerarquía eclesiástica, que tengan la condición de benéfico-docentes.

Están comprendidos en la exención los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles arriba enumerados, siempre que no estén destinados a industria o a cualquier otro uso de carácter lucrativo.

2. Gozarán igualmente de total exención tributaria los objetos destinados al culto católico, así como la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las Autoridades eclesiásticas competentes referente al gobierno espiritual de los fieles, y también su fijación en los sitios de costumbre.

3. Están igualmente exentas de todo impuesto o contribución, las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo XIX, y el ejercicio del ministerio sacerdotal.

4. Todos los demás bienes de entidades o personas eclesiásticas, así como los ingresos de éstas que no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado quedarán sujetos a tributación conforme a las leyes generales del Estado, en paridad de condición con las demás instituciones o personas.

5. Las donaciones, legados o herencias destinados a la construcción de edificios del culto católico o de casas religiosas, o, en general, a finalidades de culto o religiosas, serán equiparados, a todos los efectos tributarios, a aquellos destinados a fines benéficos o benéfico-docentes.

Artículo XXI

1. En cada Diócesis se constituirá una Comisión que, bajo la presidencia del Ordinario, vigilará la conservación, la reparación y las eventuales reformas de los Templos, Capillas y edificios eclesiásticos declarados monumentos nacionales, históricos o artísticos, así como de las antigüedades y obras de arte que sean propiedad de la Iglesia, o le estén confiadas en usufructo o en depósito y que hayan sido declaradas de relevante mérito o de importancia histórica nacional.

2. Estas Comisiones serán nombradas por el Ministerio de Educación Nacional y estarán compuestas, en una mitad, por miembros elegidos por el Obispo y aprobados por el Gobierno y, en la otra, por miembros designados por el Gobierno con la aprobación del Obispo.

3. Dichas Comisiones tendrán también competencia en las excavaciones que interesen a la arqueología sagrada, y cuidarán con el Ordinario para que la reconstrucción y reparación de los edificios eclesiásticos arriba citados se ajusten a las normas técnicas y artísticas de la legislación general, a las prescripciones de la Liturgia y a las exigencias del Arte Sagrado.

Vigilarán, igualmente, el cumplimiento de las condiciones establecidas por las leyes, tanto civiles como canónicas, sobre enajenación y exportación de objetos de mérito histórico o de relevante valor artístico que sean propiedad de la Iglesia o que esta tuviera en usufructo o en depósito.

4. La Santa Sede consiente en que, caso de venta de tales objetos por subasta pública, a tenor de las normas del Derecho Canónico, se dé opción de compra, en paridad de condiciones, al Estado.

5. Las Autoridades eclesiásticas darán facilidades para el estudio de los documentos custodiados en los archivos eclesiásticos públicos exclusivamente dependientes de aquellas. Por su parte, el Estado prestará la ayuda técnica y económica conveniente para la instalación, catalogación y conservación de dichos archivos.

Artículo XXII

1. Queda garantizada la inviolabilidad de las Iglesias, Capillas, Cementerios y demás lugares sagrados, según prescribe el canon 1160 del Código de Derecho Canónico.

2. Queda igualmente garantizada la inviolabilidad de los Palacios y Curias Episcopales, de los Seminarios, de las casas y despachos parroquiales y rectorales y de las casas religiosas canónicamente establecidas.

3. Salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza pública no podrá entrar en los citados edificios, para el ejercicio de sus funciones, sin el consentimiento de la competente Autoridad eclesiástica.

4. Si por grave necesidad pública, particularmente en tiempo de guerra, fuese necesario ocupar temporalmente alguno de los citados edificios, ello deberá hacerse previo acuerdo con el Ordinario competente.

Si razones de absoluta urgencia, no permitiesen hacerlo, la Autoridad que proceda a la ocupación deberá informar inmediatamente al mismo Ordinario.

5. Dichos edificios no podrán ser demolidos sino de acuerdo con el Ordinario competente, salvo en caso de absoluta urgencia, como por motivo de guerra, incendio o inundación.

6. En caso de expropiación por utilidad pública, será siempre previamente oída la Autoridad eclesiástica competente, incluso en lo que se refiere a la cuantía de la indemnización. No se ejercitará ningún acto de expropiación sin que los bienes a expropiar, cuando sea el caso, hayan sido privados de su carácter sagrado.

7. Los Ordinarios diocesanos y los Superiores religiosos, según su respectiva competencia, quedan obligados a velar por la observancia, en los edificios citados, de las leyes comunes vigentes en materia de seguridad y de .sanidad pública.

Artículo XXIII

El Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico.

Artículo XXIV

1. El Estado español reconoce la competencia exclusiva de los Tribunales y Dicasterios eclesiásticos en las causas referentes a la nulidad del matrimonio canónico y a la separación de los cónyuges, en la dispensa del matrimonio rato y no consumado y en el procedimiento relativo al Privilegio Paulino.

2. Incoada y admitida ante el Tribunal eclesiástico una demanda de separación o de nulidad, corresponde al Tribunal civil dictar, a instancia de la parte interesada, las normas y medidas precautorias que regulen los efectos civiles relacionados con el procedimiento pendiente.

3. Las sentencias y resoluciones de que se trate, cuando sean firmes y ejecutivas, serán comunicadas por el Tribunal eclesiástico al Tribunal civil competente, el cual decretará lo necesario para su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará —cuando se trate de nulidad, de dispensa «super rato» o aplicación del Privilegio Paulino— que sean anotadas en el Registro del Estado Civil al margen del acta de matrimonio.

4. En general todas las sentencias, decisiones en vía administrativa y decretos emanados de las Autoridades eclesiásticas en cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, tendrán también efecto en el orden civil cuando hubieren sido comunicados a las competentes Autoridades del Estado, las cuales prestarán, además, el apoyo necesario para su ejecución.

Artículo XXV

1. La Santa Sede confirma el privilegio concedido a España de que sean conocidas y decididas determinadas causas ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, conforme al «Motu Proprio» Pontificio del 7 de Abril de 1947 que restablece dicho Tribunal.

2. Siempre formarán parte del Tribunal de la Sagrada Rota Romana dos Auditores de nacionalidad española que ocuparán las sillas tradicionales de Aragón y Castilla.

Artículo XXVI

En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral de la Iglesia Católica.

Los Ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la Fe, las buenas costumbres y la educación religiosa.

Los Ordinarios podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al Dogma y a la Moral católica.

Artículo XXVII

1. El Estado español garantiza la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado.

Serán dispensados de tales enseñanzas los hijos de no católicos cuando lo soliciten sus padres o quienes hagan sus veces.

2. En las Escuelas primarias del Estado, la enseñanza de la Religión será dada por los propios maestros, salvo el caso de reparo por parte del Ordinario contra alguno de ellos por los motivos a que se refiere el canon 1381 párrafo 3° del Código de Derecho Canónico. Se dará también, en forma periódica, por el Párroco o su delegado por medio de lecciones catequísticas.

3. En los centros estatales de Enseñanza Media, la enseñanza de la Religión será dada por profesores sacerdotes o religiosos y, subsidiariamente, por profesores seglares nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del Ordinario diocesano.

Cuando se trate de Escuelas o Centros Militares, la propuesta corresponderá al Vicario General Castrense.

4. La Autoridad civil y la eclesiástica, de común acuerdo, organizarán para todo el territorio nacional pruebas especiales de suficiencia pedagógica para aquellos a quienes deba ser confiada la enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros estatales de Enseñanza Media.

Los candidatos para estos últimos centros, que no estén en posesión de grados académicos mayores en las Ciencias Sagradas (Doctores o Licenciados o el equivalente en su Orden si se trata de religiosos), deberán someterse también a especiales pruebas de suficiencia científica.

Los Tribunales examinadores para ambas pruebas estarán compuestos por cinco miembros, tres de ellos eclesiásticos, uno de los cuales ocupará la presidencia.

5. La enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros a ella asimilados se dará por eclesiásticos en posesión del grado académico de Doctor, obtenido en una Universidad eclesiástica, o del equivalente en su Orden, si se tratase de religiosos. Una vez realizadas las pruebas de capacidad pedagógica, su nombramiento se hará a propuesta del Ordinario diocesano.

6. Los profesores de Religión nombrados conforme a lo dispuesto en los números 3, 4 y 5 del presente artículo, gozarán de los mismos derechos que los otros profesores y formarán parte del Claustro del centro de que se trate.

Serán removidos cuando lo requiera el Ordinario diocesano por alguno de los motivos contenidos en el citado canon 1381 párrafo 3° del. Código de Derecho Canónico.

El Ordinario diocesano deberá ser previamente oído cuando la remoción de un profesor de Religión fuese considerada necesaria por la Autoridad académica competente por motivos de orden pedagógico o de disciplina.

7. Los profesores de Religión en las escuelas no estatales deberán poseer un especial certificado de idoneidad expedido por el Ordinario propio.

La revocación de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza religiosa.

8. Los programas de Religión para las escuelas, tanto estatales como no estatales, serán fijados de acuerdo con la, competente Autoridad eclesiástica.

Para la enseñanza de la Religión, no podrán ser adoptados más libros de texto que los aprobados por la Autoridad eclesiástica.

Artículo XXVIII

1. Las Universidades del Estado de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica, podrán organizar Cursos sistemáticos, especialmente de Filosofía Escolástica, Sagrada Teología y Derecho Canónico, con programas y libros de texto aprobados por la misma Autoridad eclesiástica.

Podrán enseñar en estos Cursos profesores sacerdotes, religiosos, o seglares que posean grados académicos mayores otorgados por una

Universidad eclesiástica, o títulos equivalentes obtenidos en su propia Orden, si se trata de religiosos, y que estén en posesión del « Nihil Obstat » del Ordinario diocesano.

2. Las Autoridades eclesiásticas permitirán que, en algunas de las Universidades dependientes de ellas, se matriculen los estudiantes seglares en las Facultades Superiores de Sagrada Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Historia Eclesiástica, etc., asistan a sus cursos salvo a aquellos que por su índole estén reservados exclusivamente a los estudiantes eclesiásticos y en ellas alcancen los respectivos títulos académicos.

Artículo XXIX

El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa por media de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el respectivo Ordinario.

Artículo XXX

1. Las Universidades eclesiásticas, los Seminarios y las demás Instituciones católicas para la formación y la cultura de los clérigos y religiosos, continuarán dependiendo exclusivamente de la Autoridad eclesiástica y gozarán del reconocimiento y garantía del Estado.

Seguirán en vigor las normas del Acuerdo de 8 Diciembre de 1946 en todo lo que concierne a los Seminarios y Universidades de estudios eclesiásticos.

El Estado procurará ayudar económicamente, en la medida de lo posible, a las casas de formación de las Ordenes y Congregaciones religiosas, especialmente a aquellas de carácter misional.

2. Los grados mayores en Ciencias eclesiásticas conferidos a clérigos o a seglares, por las Facultades aprobadas por la Santa Sede, serán reconocidos, a todos los efectos, por el Estado español.

3. Dichos grados mayores en Ciencias eclesiásticas, serán considerados título suficiente para la enseñanza, en calidad de profesor titular, de las disciplinas de la Sección de Letras en los centros de Enseñanza Media dependientes de la Autoridad eclesiástica.

Artículo XXXI

1. La Iglesia podrá libremente ejercer el derecho que le compete, según el canon 1375 del Código de Derecho Canónico, de organizar y dirigir escuelas públicas de cualquier orden y grado, incluso para seglares.

En lo que se refiere a las disposiciones civiles relativas al reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios que en ellas se realicen, el Estado procederá de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica.

2. La Iglesia podrá fundar Colegios Mayores o Residencias, adscritos a los respectivos distritos universitarios, los cuales gozarán de los beneficios previstos por las leyes para tales instituciones.

Artículo XXXII

1. La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas seguirá regulada conforme al Acuerdo del 5 de Agosto de 1950.

2. Los Ordinarios diocesanos, conscientes de la necesidad de asegurar una adecuada asistencia espiritual a todos los que prestan servicio bajo las armas, considerarán como parte de su deber pastoral proveer al Vicariato Castrense de un número suficiente de sacerdotes celosos y bien preparados para cumplir dignamente su importante y delicada misión.

Artículo XXXIII

El Estado, de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica, proveerá lo necesario para que en los hospitales, sanatorios, establecimientos penitenciarios, orfanatos y centros similares, se asegure la conveniente asistencia religiosa a los acogidos, y para que se cuide la formación religiosa del personal adscrito a dichas instituciones.

Igualmente procurará el Estado que se observen estas normas en los establecimientos análogos de carácter privado.

Artículo XXXIV

Las Asociaciones de la Acción Católica Española podrán desenvolver libremente su apostolado, bajo la inmediata dependencia de la Jerarquía eclesiástica, manteniéndose, por lo que se refiere a actividades de otro género, en el ámbito de la legislación general del Estado.

Artículo XXXV

1. La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación. o aplicación de cualquier cláusula del presente Concordato, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Las materias relativas a personas e cosas eclesiásticas de las cuales no se ha tratado en los artículos precedentes serán reguladas según e! Derecho Canónico vigente.

Artículo XXXVI

1. El presente Concordato, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor desde el momento del canje de los instrumentos de ratificación, el cual deberá verificarse en el término de los dos meses subsiguientes a la firma.

2. Con la entrada en vigor de este Concordato, se entienden derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes, Decretos, Ordenes y Reglamentos que, en cualquier forma, se opongan a lo que en él se establece.

El Estado español promulgará, en el plazo de un año, las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para la ejecución de este Concordato.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Concordato.

Hecho en doble original.

Ciudad del Vaticano, 27 de Agosto de 1953.

Domenico Tardini
Alberto Martín Artajo
Fernando María Castiella y Maíz



PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder a la firma del Concordato que hoy se concluye entre la Santa Sede e España, los Plenipotenciarios que suscriben han hecho, de común acuerdo, las siguientes declaraciones que formarán parte integrante del mismo Concordato:

En relación con el artículo I

En el territorio nacional seguirá en vigor lo establecido en el artículo 6 del «Fuero de los Españoles».

Por lo que se refiere a la tolerancia de los cultos no católicos, en los territorios de soberanía española en África continuará rigiendo el «statu quo» observado hasta ahora.

En relación con el artículo II

Las Autoridades eclesiásticas gozarán del apoyo del Estado en el desenvolvimiento de su actividad, y, al respecto, seguirá rigiendo lo establecido en el artículo 3 del Concordato de 1851.

En relación con el artículo XXIII

A) Para el reconocimiento, por parte del Estado, de los efectos civiles del matrimonio canónico, será suficiente que el acta del matrimonio sea transcrita en el Registro civil correspondiente.

Esta transcripción se seguirá llevando a cabo como en el momento presente. No obstante, quedan convenidos los siguientes extremos:

1. En ningún caso la presencia del funcionario del Estado en la celebración del matrimonio canónico será considerada condición necesaria para el reconocimiento de sus efectos civiles.

2. La inscripción de un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el Registro inmediatamente después de su celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de las partes o de quien tenga un interés legitimo en ella.

A tal fin, será suficiente la presentación en las oficinas de Registro civil de una copia auténtica del acta de matrimonio extendida por el Párroco en cuya Parroquia aquel se haya celebrado.

La citada inscripción será comunicada al Párroco competente por el encargado del Registro civil.

3. La muerte de uno o de ambos cónyuges no será obstáculo para efectuar dicha inscripción,

4. Se entiende que los efectos civiles de un matrimonio debidamente transcrito regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio. Sin embargo, cuando la inscripción del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos los cinco días de su celebración, dicha inscripción no perjudicará los derechos adquiridos, legítimamente, por terceras personas.

B) Las normas civiles referentes al matrimonio de los hijos, tanto menores como mayores, serán puestas en armonía con lo que disponen los cánones 1034 y 1035 del Código de Derecho Canónico.

C) En materia de reconocimiento de matrimonio mixto entre personas católicas y no católicas, el Estado pondrá en armonía su propia legislación con el Derecho Canónico.

D) En la reglamentación jurídica del matrimonio para los no bautizados, no se establecerán impedimentos opuestos a la Ley natural.

En relación con el artículo XXV

La concesión a que se refiere el apartado número 2 del presente artículo se entiende condicionada al compromiso por parte del Gobierno español de proveer al sostenimiento de los dos Auditores de la Sagrada Rota Romana.

En relación con el artículo XXXII

El artículo VII del Acuerdo de 5 de Agosto de 1950 sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas queda modificado en la siguiente forma:

«La jurisdicción del Vicario General Castrense y de los Capellanes es personal; se extiende a todos los militares de Tierra, Mar y Aire en situación de servicio activo (esto es bajo las armas) a sus esposas e hijos, cuando vivan en su compañía, a los alumnos de las Academias y de las Escuelas Militares y a todos los fieles de ambos sexos, ya seglares ya religiosos, que presten servicio establemente, bajo cualquier concepto, en el ejército, con tal de que residan habitualmente en los cuarteles o en los lugares reservados a los soldados.

»La misma jurisdicción se extiende también a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Armada así como a sus familiares, en los mismos términos en que se expresa el párrafo anterior».

Ciudad del Vaticano, 27 de Agosto de 1953.

Domenico Tardini   
Alberto Martín Artajo
Fernando María Castiella y Maíz


PROCESSO VERBALE

Essendosi fra la Santa Sede e la Spagna conchiuso e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto il giorno 27 agosto del corrente anno un Concordato; oggi 27 ottobre 1953, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Domenico Tardini, Pro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, e Sua Eccellenza il Professor Don Fernando M. Castiella y Maíz, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Spagna presso la Santa Sede, riuniti nel Palazzo Apostolico Vaticano, previa lettura dei rispettivi strumenti di ratifica, li hanno trovati pienamente conformi in tutti e singoli i loro articoli.

In seguito di che, hanno entrambi proceduto allo scambio delle ratifiche medesimc ed in fede di tale Atto hanno sottoscritto di loro propria mano il presente processo verbale in doppio originale, apponendovi il loro sigillo.

Dal Palazzo Apostolico Vaticano, il 27 ottobre 1953.

Domenico Tardini                    
Fernando María Castiella y Maíz

______________________
Texto extraído de La Santa Sede