Lo Último

2129. Seis jóvenes

Seis Jovenes (Juan Genovés, 1975)



LOS AMEDRENTADOS
LOS ABORRECIDOS
LOS DESPOSEIDOS
perseguidos
capturados
maniatados
LOS DESCONOCIDOS
apaleados


NO DIGO LOS NOMBRES
TODOS TIENEN NOMBRE
no digo los nombres

LOS AMORDAZADOS
LOS DERRIBADOS
LOS BARRIDOS
sacudidos
desnudados
ultimados
escupidos
ajusticiados
LOS DESPAVORIDOS
ametrallados

DE PRONTO DE VUELVEN
AH CUANDO SE VUELVEN
AY CUANDO SE VUELVAN


Rafael Alberti
Genovés 1970, de Canciones del Alto Valle del Aniene



33. Murieron al alba




«Aquello fue una muestra de lo poco que el general Franco quería a España. Una muestra de desprecio al país que llevaba cuarenta años gobernando. Era demostrar otra vez más que el poder lo tenían cuatro o cinco, o diez o quince a los que les importaba mucho y muy poco el género humano» 

Ovidi Montllor



María Torres / 27 septiembre 2011 / Actualizado 26 septiembre 2016


En el amanecer del sábado 27 de septiembre de 1975, cinco jóvenes militantes antifranquistas, dos de ellos pertenecientes a ETA (Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot, Txiki) y tres al FRAP (Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz) perdieron la vida ante los últimos pelotones de fusilamiento de Franco, con el apoyo unánime de todos los ministros de su gobierno, a cuyo frente se encontraba Carlos Arias Navarro, quien había inaugurado su mandato con el asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich.

El día anterior, 26 de septiembre, el Gobierno presidido por Arias Navarro y compuesto por los ministros: Antonio Carro, Santos Blancú, Nemesio Fernández Cuesta, Martínez Esteruelas, Rodríguez de Miguel, Alejandro Fernández Sordo, Licinio de la Fuente, Pedro Cortina Mauri, Joaquín Gutiérrez Cano, Allende y Garda Baxter, Rafael Cabello de Alba, Ruiz Jarabo, junto los militares y también ministros: León Herrera Esteban, José Solís Ruiz, Francisco Coloma Gallego, Gabriel Pita da Veiga y Mariano Cuadra Medina, se reunió,bajo la presidencia del Jefe de Estado Francisco Franco, alrededor de una mesa sobre la que se encontraban las confirmaciones de once penas de muerte.

Tres horas y media después el portavoz del Gobierno, León Herrera y Esteban, leyó el siguiente comunicado oficial:

«El gobierno, en relación con cuatro causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y agresión a la Fuerza Armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por "enterado" de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echevarría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Solla y Juan Paredes Manot. Su Excelencia, el Jefe del Estado, de acuerdo con el Gobierno, se ha dignado ejercer la gracia: del indulto en favor de los también condenados a la pena capital, José Antonio Garmendia Artola, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Penelas y Manuel Cañaveras de Gracia. (...)  No ha habido el menor disentimiento por parte de ninguno de los miembros del Gobierno y los acuerdos del mismo… han sido tomados con absoluta y solidaria unanimidad».

Apenas faltaban dos meses para la muerte del dictador, pero éste quiso dejar su sello homicida hasta el último momento. Se celebraron cuatro Consejos de Guerra, cuatro simulacros en Barcelona, Burgos y dos en Madrid. Juicios sumarísimos que dieron como resultado  once penas de muerte. Seis de ellas fueron conmutadas.


*


Hoyo de Manzanares, 09:10 h. del 27 de septiembre de 1975. Ramón García Sanz (Pito) acaba de ser fusilado por un grupo de miembros de la policía armada. Minutos antes había rechazado que le vendaran los ojos y ser atado a un poste colocado para la ocasión.

Su cuerpo queda destrozado por las balas y se deniega su identificación posterior.Minutos antes había rechazado ponerse una venda en los ojos y ser atado a un poste colocado para la ocasión. Su cuerpo quedó destrozado por las balas y desegándose su identificación posterior.

«Yo sé que esto es el final, pero me molesta el garrote, pido ser fusilado»«No os preocupéis por nada camaradas, estoy preparado».

No dispuso de abogado, ni de familia que le despidiera con un abrazo. Compartió sus últimas horas con los funcionarios de la prisión y unos tragos de coñac.

Tenía 28 años y era natural de Zaragoza. Huérfano desde niño, se había criado en el orfanato Pignatelli junto a su hermano Santiago enfermo de poliomielitis, del que más tarde se haría cargo. Era soldador y trabajaba en una cerrajería de Madrid.


Hoyo de Manzanares, 09:30 h. del 27 de septiembre de 1975. Otra descarga de fusiles de un grupo de policías siega la vida de José Luis Sánchez Bravo. Al igual que sus compañeros se niega a que le venden los ojos y se le sujete al poste.

La noche anterior había recibido la visita de sus familiares y de su esposa Silvia, que estaba embarazada de tres meses y encarcelada en Yeserías.

Su hermana María Victoria relataría después: «Había dos guardias al lado de mi hermano y otros dos fuera, en la puerta; había unos cuarenta por los pasillos. Cuando mi hermano los llamaba fascistas, ellos se reían. Mi hermano se agarraba a las rejas con rabia. Aparentemente parecía tranquilo. Claro que se le notaba un odio y una rabia... Mi hermano lamentaba también no haber podido hacer más por el pueblo y no poder saber lo que iba a pasar en España después de su muerte... Cuando su mujer estaba allí, él ha tocado su vientre y ha dicho: 'Si el hijo es un varón quiero que se llame José Luis Ramón. José Luis porque es mi nombre y Ramón, porque nuestro camarada Ramón muere sin familia'

La hija de Sanchez Bravo nació en París en febrero de 1976 y se le pusieron los nombres de Luisa Ramona Humberta.

José Luis Sánchez Bravo tenía 21 años, era natural de Vigo e hijo de una familia numerosa. Desde muy joven comenzó a trabajar. Vendía libros mientras estudiaba bachillerato nocturno en el Instituto Santa Irene. Cuando a los quince años perdió a su padre tuvo que hacerse cargo de toda la familia.

Una semana antes de su ejecución consiguió entregar a su hermana una carta que no fue interceptada por la policía de la cárcel:

«...Yo no tengo miedo y estoy tranquilo, sé que si sucede lo inesperado estaremos preparados ... Si hay algo que me molesta es la "lástima" o la "compasión", hay que aceptar las cosas y la realidad exterior tal cual es y no dejarse arrastrar por influencias o depresiones. Aunque yo os parezca fuerte, tengo mis debilidades y mis limitaciones, y sufro como cualquier ser humano o más que muchos, ya que mi sensibilidad y la soledad agudizan esa depresión. Si ves alguna vez a mi mujer, entrégale la carta... y dile que no quiero que sea una mártir, pues sería egoísta e irracional por mi parte… Si por un casual tuviera un hijo me gustaría que llevase mi nombre y que le contaseis algún día que, como leo en una pared grabado: "la vida es una gran y larga carrera que hay que ganar"... Estoy ya bien y con mis compañeros y camaradas, y mi conciencia es cada vez más clara y fuerte».


Hoyo de Manzanares, 10:15 h. del 27 de septiembre de 1975. Suena una descarga. Xosé Humberto Baena Alonso acaba de ser fusilado por un pelotón formado por guardias civiles. Al igual que sus compañeros se había negado a que le vendaran los ojos y le ataran al poste colocado para la ocasión. Hasta el último momento mantuvo ante su familia su inocencia. Había aceptado la sentencia con serenidad: «todo lo que yo quiero es que las muertes de mis camaradas y la mía sean las últimas que se produzcan ante un Tribunal Militar en España bajo estas circunstancias» manifestando su deseo de ser enterrado en su ciudad natal. Unas horas antes pudo compartir con su padre y hermano apenas quince minutos de despedida. El abrazo tan deseado no pudo llevarse a cabo. Los barrotes que les separaban lo impidieron.

«Papá, mamá... me ejecutarán mañana, quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente. Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte! una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven pero estoy contento y convencido» (Xosé Humberto Baena, fragmento de la carta enviada a su familia horas antes de ser ejecutado)

Había nacido en Vigo en octubre 1950. No llegó a cumplir los 25 años. Militante del Partido Comunista de España (marxista-leninista). Hijo de Fernando, trabajador jubilado y de Estrella, jornalera. Gracias a la ayuda de unos parientes pudo estudiar el bachiller superior y matricularse en Filosofía en Santiago de Compostela. Hizo el servicio militar en Colmenar Viejo y al finalizar encontró trabajo como peón de fundición.

Detenido el 22 de julio de 1975 en Madrid es trasladado a la Dirección General de Seguridad donde le comunican «que había participado en la muerte de un policía armada y que iban a golpearme hasta que declarase, pero que me iban a dejar vivo para que pudiese firmar la declaración, aunque sería por poco tiempo porque me iban a liquidar a garrote vil. Ante mi negativa a declarar, empezaron los golpes y las torturas. Me lanzaban de un extremo a otro de la pared, golpeándome con porras y con los puños. Caí varias veces al suelo pero me levantaban rápidamente para seguir golpeándome. En una ocasión, mientras me sujetaban por la espalda, me agarraron por el cuello y me golpearon repetidamente la cabeza contra un mueble metálico, produciéndome heridas en la cara, sobre todo en la frente, pómulo y ojo izquierdo. Siguieron golpeándome y en uno de los golpes me arrancaron una muela, aunque en el parte médico de la DGS figura solamente la palabra 'caries'. Otras torturas que me hicieron fue el obligarme a arrodillarme y golpearme con un palo la planta de los pies de manera que cuando los apoyaba en el suelo sentía como si se me abriesen. También me colocaron de cara a la pared y me golpearon durante media hora la parte izquierda de la columna vertebral con la punta de un bolígrafo. Al principio no dolía demasiado, pero después esto me impedía hacer el menor movimiento...»


El único civil que presenció la ejecución de Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, fue el párroco de Hoyo de Manzanares, quien después relató los escalofriantes hechos de aquella madrugada:

«Les dije que estaba allí por si querían algo, pero ninguno de los tres quería nada. Fue todo muy rápido. Murieron de una forma absolutamente íntegra, sin decir una palabra y sin que se les escapara un quejido».

«Además de los oficiales y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente del pelotón y le dio el tiro de gracia, sin dar tiempo a que me separara del cuerpo. La sangre me salpicó».

Los cuerpos fueron arrojados en ataúdes sin ningún cuidado ni respeto. El de Sánchez Bravo es depositado en una caja de cinc y trasladado a Murcia ese mismo día. Xosé Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz son enterrados cuatro horas más tarde en el cementerio de Hoyo de Manzanares, prohibiéndose el acceso al público. Cuentan que algunos miembros de la Brigada Político-Social se pusieron corbatas floreadas y de colores vivos.

La familia de Xosé Humberto Baena no obtiene a tiempo la autorización para trasladar sus restos a Vigo, acto que se realiza con posterioridad, el 9 de noviembre de 1975.


Burgos, cárcel de Villalón, a las 08:00 h. del 27 de septiembre de 1975. La descarga del pelotón de fusilamiento integrado por miembros de la policía armada, acaba con la vida de Ángel Otaegui Echeverría, nacido en 1942 en Nuarbe (Guipúzcoa).

Su familia espera a las puertas de la prisión, hasta que les entregan el cuerpo a las cuatro de la tarde y la comitiva fúnebre se dirige hacia Nuarbe. A las diez de la noche, en la más completa oscuridad y discreción es sepultado en el cementerio de su localidad natal.

Había sido detenido el  18 de noviembre de 1974 en su domicilio, declarado culpable de participar el 3 de abril de 1974 en la muerte del cabo primero de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón y sentenciado a la pena de muerte en el consejo de guerra celebrado el día 29 de agosto de 1975. 


Cerdanyola, proximidades del cementerio, 8:30 horas del 27 de septiembre. Juan Paredes Manot, alias Txiki, es fusilado en un claro del bosque con los brazos atados a un trípode por un pelotón de seis guardias civiles voluntarios. Muere cantando el himno guerrillero vasco. Unas horas antes había escrito: «Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad», palabras que serían utilizadas como epitafio en su tumba.

Tenía 21 años y había nacido en Zalamea de la Serena, Badajoz. A los nueve años se traslada con su familia a Zarautz. Era el segundo de cuatro hermanos.

Detenido el de 30 de julio de 1975 en Barcelona, fue juzgado por un tribunal militar el 19 de septiembre y condenado a muerte al declararle culpable del asesinato del cabo primero de la policía armada Ovidio Díaz López, en el transcurso de un atraco en la sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona el 6 de junio.

En el consejo de guerra del 19 de septiembre contra Txiki, el fiscal militar reiteró la petición de pena de muerte contra el acusado, según dijo por «razones prácticas, históricas y estadísticas».

Fue enterrado en Barcelona y la familia no pudo trasladar sus restos a Zarauz hasta un año después.


*


El abogado Christian Grobet, observador de la Liga Suiza y de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, estuvo presente en los consejos de guerra celebrados en Madrid el 11 de septiembre de 1975 bajo la presidencia de los por entonces coroneles Francisco Carbonell Cadenas de Llano y Ricardo Oñate de Pedro, y elaboró un informe que tuvo una gran repercusión mundial.

«El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez más que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad ha sido menospreciado en España de la manera más grosera.

El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro...

Es evidente que el régimen franquista no podía dejar impune el asesinato de un policía, sobre todo en el clima actual de represión que ha alcanzado su paroxismo con la promulgación de la Ley Antiterrorista, cuya finalidad es amordazar cualquier forma de oposición. 

Era preciso encontrar culpables para infringirles el castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régimen... ¿Pero son realmente culpables los miembros del FRAP que están siendo juzgados? ¿No pagan éstos por otros?. 

El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva a una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusados
».

Otro informe del observador y  abogado alemán Rainer Frommann, señalaba:

«Los acusados declararon que pertenecían al Partido Comunista de España (marxista-leninista) y al FRAP, que sus confesiones eran falsas ya que habían sido arrancadas mediante la tortura.

El acusado Sánchez Bravo declaró que le habían puesto una pistola contra la cabeza y que habían amenazado, en el caso de que no confesara, de matarlo en el acto. También declaró que el juez de instrucción le había amenazado con enviarlo de nuevo a la policía (DGS) en el caso de que se retractara de sus declaraciones ante la policía, eso significa la continuación de la tortura.

Todos los acusados -salvo Fonfría- declararon más o menos lo mismo. Hablaban de golpes en la cabeza, en la planta de los pies, en los órganos genitales. Dijeron que les habían aplicado choques eléctricos en la planta de los pies».

Frommann dirigió a la opinión pública mundial un escrito pidiendo como abogado y demócrata la anulación de las penas de muerte y denunciando que:

«Los antifascistas acusados no han dispuesto incluso de los más elementales derechos que deben ser garantizados en un proceso penal. La preparación de la defensa era imposible. Los defensores fueron excluidos al principio del proceso y reemplazados por defensores militares no profesionales. En el proceso no se han presentado pruebas. Las sentencias se han aplicado en base a confesiones que, según los acusados, han sido arrancadas mediante la tortura.

En tanto que jurista, en tanto que abogado, en tanto que demócrata me siento en la obligación de condenar los procedimientos del Ejército español y exigir urgentemente la anulación de las penas de muerte».

A pesar de la censura informativa impuesta por la dictadura, las movilizaciones,  huelgas, paros y otras acciones de protesta crecieron dentro y fuera de España en los días previos y los posteriores a las ejecuciones. Miles de personalidades protestaron por los fusilamientos y condenaron a la dictadura franquista. Naciones Unidas y gobiernos europeos solicitaron el indulto para los condenados, se intentó asaltar embajadas, boicotear intereses españoles, vetar la entrada en la Alianza Atlántica, se solicitó la expulsión de la ONU. El gobierno mexicano rompió con el régimen, no sin antes echar del país al embajador franquista. Los gobiernos europeos protestaron oficialmente ante el gobierno franquista y tras las ejecuciones un total de diecisiete  gobiernos retiraron a sus representantes diplomáticos en España: Alemania, Inglaterra, Francia. Italia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Portugal, Austria, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Canadá, Polonia, Hungría y la RDA. La URSS,  EE.UU. y China no realizaron ninguna protesta.

Desde la guerra española, no se habían conseguido tantas muestras de solidaridad internacional.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que manifestaba «el reconocimiento de la sentencia impuesta a los terroristas». Pidieron clemencia para los condenados, al igual que lo hizo el Papa porque «el perdón no pone en entredicho la firmeza de una sentencia que sea en sí justa, sino que la subraya».

El dictador ignoró, como siempre, cualquier petición de clemencia, y convocó para el 1 de octubre una manifestación de adhesión a su divina crueldad en la Plaza de Oriente, a la que acudió acompañado del entonces príncipe Juan Carlos. «Todo lo que en España y Europa se ha armao obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece». afirmó. Se ordenó el cierre de todas las fábricas, empresas y comercios. Se facilitó el traslado con autobuses gratuitos a quienes desearan asistir desde cualquier parte de España.

Fue, afortunadamente,  su última aparición pública.




Luis Eduardo Aute escribió "Al Alba" como un alegato contra la pena de muerte, unos días antes de que se produjeran las últimas ejecuciones en España (1975). Para tratar de esquivar la censura estatal, escribió una canción de amor en el que el mensaje de fondo queda oculto tras el lamento de un enamorado. La primera en grabar la canción fue Rosa León, y el propio Aute la incluyó finalmente en su disco "Albanta" en 1978.



2128. Decreto para adoptar a huérfanos de guerra y, en general, a toda la infancia desvalida




Decreto fijando edad y demás condiciones legales para adoptar a huérfanos de guerra y, en general, a toda la infancia desvalida.


En los períodos de honda convulsión de los pueblos es evidentemente cuando se manifiesta de modo más inequívoco y expresivo toda la grandeza del alma popular. El sentimiento de solidaridad, de ayuda mutua, de asistencia recíproca pura y noblemente matizada, se refleja y exterioriza de modo constante, determinando reacciones de tipo espiritual que es forzoso a todo gobernante encauzar al objeto de mantenerlas con su esencia propia en provecho, y beneficio de la vida social.

Esta propensión colectiva hacia el bien, estimulada por el dolor, se viene manifestando desde la iniciación del criminal movimiento fascista en múltiples aspectos de convivencia, pero acaso más acusadamente en lo que respecta al apoyo, asistencia y protección hacia la infancia desvalida y singularmente hacia los huérfanos de la guerra civil.

Son muchos los españoles que llevados de este humanitario deseo y con el convencimiento de que la razón del afecto está muy por encima de la Ley de la sangre, se han dirigido a este Ministerio en solicitud de que se modifiquen las disposiciones del Código civil en materia de adopción, sometida a una reglamentación rígida y severa, imprimiéndolas un sentido más generoso y amplio que permita encauzar y renovar la vieja institución jurídica, flexibilizando sus normas para que éstas cobijen aquellos nobilísimos sentimientos.

Y como nada más justo ni más satisfactorio para el Gobierno que atender e interpretar los anhelos populares, sobre todo cuando, como ocurre en el caso actual, son expresión de tan elevadas reacciones del espíritu, el presente Decreto tiende a imprimir a la adopción la adecuada flexibilidad que reclama el momento presente, estimándose necesario rebajar la edad requerida para adoptar y reducir al  mínimo las prohibiciones existentes, permitiéndose incluso que puedan adoptar quienes tengan descendencia de sangre. Se simplifica también el procedimiento de la adopción, siquiera se tomen las debidas garantías, mediante la intervención de los Tribunales de familia, para que no se haga de ella un uso abusivo, desviándola de su función propia.

Atiende a la vez la presente disposición a la necesidad de fortalecer la posición jurídica del adoptado, concediendo a éste aquellos derechos familiares y sucesorios propios de un hijo que, con criterio casi unánime, le reconocen las legislaciones  extranjeras y que inexplicablemente le había regateado el Código español.

Los imperativos del carácter contractual de la adopción, y aun la necesidad misma de proteger en todo momento el interés del hijo adoptivo, obligan también a modificar el principio de irrevocabilidad de este vínculo, admitiendo la posibilidad de su ruptura dentro de límites razonables.

Finalmente, se ha creído oportuno tener en cuenta aquellos estados de hecho afines a la adopción y de tanto arraigo en nuestras costumbres como el prohijamiento y el acogimiento, no para regularlo, pues ello traspasaría el ámbito y finalidad del presente Decreto, sino para facilitar la conversión de los mismos en la adopción verdadera.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. Pueden adoptar los que se hallen en el pleno uso de sus derechos civiles y hayan cumplido la edad de treinta años. El adoptante ha de tener, por lo menos, quince años más que el adoptado.

El requisito de la edad de treinta años, exigidos en el párrafo anterior, podrá ser dispensado por el Tribunal de familia cuando el adoptado haya sido acogido con tres años de anterioridad y aparezca que durante ese plazo se le ha tenido en concepto de hijo.

Artículo segundo. Un cónyuge no puede adoptar sin el consentimiento del otro, a menos que exista imposibilidad  de que lo pruebe.

Artículo tercero. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo el caso de adopción conjunta por los cónyuges.

Artículo cuarto.  El menor o incapaz no pueden ser adoptados sin el consentimiento de las personas o entidades bajo cuya guarda o amparo se hallen. Dicho consentimiento será sustituido por el dictamen favorable del Ministerio fiscal cuando el menor o el incapaz se halle totalmente desamparado.

Para adoptar a un menor que haya cumplido diez años de edad y sea capaz de discernimiento es preciso, además, que preste su personal aquiescencia.

Artículo quinto. El expediente de adopción se tramitará ante el Tribunal de familia del domicilio del adoptante. Se iniciará por una solicitud en la que se hagan constar las condiciones personales del firmante y, de modo especial, todo cuando se relacione con sus medios de vida, profesión u oficio, datos sobre el régimen familiar que tenga constituido y todo aquello que pueda significar tanto garantía moral como aseguramiento económico para la vida y educación del adoptado.

Iniciado el expediente, el Tribunal de familia comprobará, bajo su responsabilidad y por los medios más eficaces y oportunos a su criterio, la exactitud de cuanto el solicitante consigne en su instancia, y acreditado el cumplimiento de los requisitos que la Ley establezca y oído el Ministerio fiscal, el Tribunal aprobará la adopción, si aparece que hay motivos que la justifican y es ventajosa para el adoptado.

Artículo sexto. Cuando el adoptante tenga descendientes, no podrá el Tribunal aprobar la adopción sin oír por separado a los que sean mayores de catorce años. Si fuesen menores de dicha edad o estuviesen incapacitados, oirá el Tribunal al pariente o parientes que, a su juicio, puedan defenderlo. La adopción será rechazada si estima el Tribunal que ocasionaría a la descendencia grave perjuicio no justificable por el notorio abandono en que haya tenido la misma al adoptante.

Artículo séptimo. En el auto que ponga fin al expediente se determinará lo relativo a los apellidos que haya de llevar el hijo adoptivo, así como las demás condiciones que se hayan pactado y merezcan la aprobación judicial.

Artículo octavo. El adoptante y el adoptado se deben recíprocamente alimentos, con igual extensión y preferencia que los padres y los hijos.

Artículo noveno. Salvo que en las condiciones de la adopción se determinara lo contrario, el adoptado y sus descendientes quedarán equiparados, en la sucesión del adoptante, a los hijos o descendientes de éste.

Artículo décimo. La adopción no afectará a los derechos sucesorios y de alimentos que correspondan al adoptado en su familia de origen ni a los de los parientes de sangre del adoptado, con relación a éste.

En el caso de que el adoptado pueda reclamar alimentos de su padre adoptivo y de sus parientes de sangre, los Tribunales de familia resolverán, a su prudente arbitrio, cuál sea el obligado o la cuota respectiva con que haya de contribuir cada uno de ellos.

Artículo undécimo. Si el adoptado muere sin descendientes, podrá el adoptante ejercitar en su caso el derecho de reversión hereditaria del artículo ochocientos doce del Código civil.

Tendrá  además  el adoptante, derecho a suceder ab-intestato a su hijo adoptivo, siempre que éste muera sin descendientes, ascendientes, hermanos ni cónyuges y no se hubieran excluido en el acto de la adopción los derechos hereditarios del adoptado.

Artículo duodécimo. La adopción puede ser revocada:

A) Cuando siendo el adoptado plenamente capaz, convengan en ello ambas partes.

B) Cuando declare la revocación el Tribunal de familia, a instancia del adoptante, por haber incurrido el adoptado en alguna de las causas que legalmente dan lugar a la desheredación de los hijos u otra de gravedad análoga.

C) Cuando el Tribunal la decrete, a instancia del adoptado o de cualquier persona que tenga un interés legítimo en el asunto, acreditándose los serios motivos que a juicio del Tribunal puedan hacer necesaria o beneficiosa para el adoptado dicha revocación. En la sentencia que ordene, en este caso, la revocación de la adopción, podrá acordarse que él adoptante pase alimentos al que fue su adoptado.

Artículo décimotercero. Las resoluciones judiciales concernientes a la adopción se anotarán en el Registro civil, al margen de la inscripción de nacimiento.

Artículo décimocuarto. Las autoridades o funcionarios administrativos que autoricen el prohijamiento de niños o jóvenes acogidos en algún establecimiento de asistencia social o los pongan bajo el amparo de una familia, preguntarán al prohijante o prohijantes si desean dar a su acto protector el carácter de una adopción, y en caso afirmativo, remitirán los antecedentes al Tribunal de familia para que instruyan de oficio el oportuno expediente y apruebe la adopción, si procediera, conforme a las normas de este Decreto, que empezará a regir al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la República.

Artículo décimoquinto. Por el Ministerio de Justicia se dictarán las disposiciones convenientes para la ejecución de este Decreto, del que en su día se dará cuenta a las Cortes.

Artículo décimosexto. Quedan derogados el capítulo quinto del título séptimo, libro primero del Código civil y las demás disposiciones substantivas y adjetivas que se opongan a lo preceptuado en el presente Decreto.


Disposiciones transitorias

Primera. Los requisitos del artículo sexto no regirán para la adopción de quienes hubieran quedado huérfanos o desamparados a consecuencia o con ocasión de la guerra civil.

Segunda. Hasta tanto no estén constituidos los Tribunales de familia, asumirán los Jueces de Primera Instancia todas las facultades que en el expediente de adopción corresponden a aquellos.

Tercera. Las autoridades o funcionarios a que se refiere el artículo catorce requerirán las personas que tengan a su cargo niños o jóvenes prohijados recogidos con anterioridad a la exigencia de este Decreto, al objeto de que manifiesten, si quieren, que se legalice la adopción en la forma que dicho artículo determina.

Dado en Barcelona, a diez de Abril de mil novecientos treinta y siete.


Manuel Azaña

El Ministro de Justicia,
Juan García Oliver


Gaceta de la República núm. 103, de 13/04/1937, páginas 179 a 180





2127. Prisiones y prisioneros. (En recuerdo de Victoria Kent)

Victoria Kent como directora general de Prisiones visitando la cárcel de Málaga, 1931



La crisis de la prisión no es problema sacado a la luz ayer. Ya hace años que penalistas y sociólogos lo han señalado sosteniendo que la prisión mantiene al hombre apartado de la sociedad y sumido en el aislamiento, pero ni corrige ni es panacea contra el delito, sino que lleva en sí los defectos de aquellos lugares de detención y cárceles del pasado, sin que con el tiempo la prisión haya recogido modificaciones que han venido señalando los progresos de las teorías penales y penitenciarias.Hablar de la situación actual de las prisiones es hablar del prisionero, es hablar de la situación del hombre privado de libertad, separado de la sociedad. El reo entra en la prisión llevando en su mente la obsesión de los años, meses y días que se le cierran las puertas que le separan de la vida.

Cierto que el Derecho penal tiene señaladas la libertad condicional, la sentencia indeterminada, la suspensión temporal de la pena, etcétera, pero la vida del recluso está sujeta a un régimen en el que son posibles violencias, abusos de autoridad, tratos inhumanos en esas vidas tronchadas ya por su base, y es que, en general -salvamos las excepciones- las autoridades penitenciarias abrigan el concepto de penalización. Todas estas causas han llevado a subversiones y violencias en la población reclusa en muchas prisiones de nuestro país, en las que se han dado suicidios, asesinatos y muertes sospechosas.


Intentos de reformas del régimen penitenciario

La II República, su primer acto consistió en una disposición por la cual concedió una amplia y generosa amnistía. Su presidente puso en nuestras manos las aspiraciones del Gobierno respecto al régimen penitenciario existente. Sencillamente hemos de señalar las modificaciones que nos fueron posibles introducir en las prisiones en aquel período demasiado corto.

Las celdas de castigo, las cadenas y grilletes fueron suprimidos en todas las prisiones y penales. Con el mismo presupuesto anterior, afinamos su distribución con todo detalle y aumentamos el capítulo destinado a la alimentación de los reclusos sin necesidad de pedir suplemento de crédito. Ateniéndonos a los principios básicos de nuestro régimen, fue establecida la libertad de cultos y la asistencia a la misa quedó voluntaria para los reclusos. El culto se siguió celebrando como siempre. Se dispuso se celebraran conferencias y conciertos a solicitud del director de la prisión; asimismo, se permitió la entrada de la prensa para los reclusos, siempre que fuera autorizada por el director. De este modo se evitó lo que venía sucediendo: la entrada clandestina de periódicos e impresos poco aptos para la población penitenciaria.

Dos reformas causaron honda sensación: la supresión de 115 cárceles de partido, de pequeños pueblos cuyos locales eran inmundos, compartido en muchos lugares con escuelas y hasta con albergues de caballerías. Se cerraron también aquellas pequeñas prisiones que daban un promedio menor a seis detenidos mensuales.

La segunda reforma introducida, que causó no sólo sensación, sino alarma, en ciertos sectores reaccionarios o ignorantes de los problemas penitenciarios, fue los permisos de salida de ciertos reclusos. Debemos puntualizar que esos permisos se concedían teniendo en cuenta la conducta del recluso y sus condiciones familiares y el informe del director. Se hace necesario afirmar que esos permisos fueron respetados en sus límites impuestos; ningún recluso dejó de presentarse en la prisión en el día señalado. Debemos reconocer que las circunstancias sociales de aquella época diferían mucho de las actuales.

Otra medida -a nuestro juicio justa y humanitaria- fue el decreto por el cual debía ser puesto en libertad -hombre o mujer- al cumplir en prisión setenta años, fuese cual fuese el delito que hubiese cometido.

Considerando que uno de los problemas más graves que debíamos resolver era la reforma del cuerpo de prisiones. Esa convicción nos llevó a la creación del Instituto de Estudios Penales, en cuyo programa se unían el Derecho penal y el Derecho penitenciario, pero la gran misión del Instituto era la preparación de los funcionarios del cuerpo de prisiones. Pudimos poner en marcha el cuerpo femenino de prisiones, pero no llegamos a ver el resultado de la formación de los funcionarios, que era nuestra máxima aspiración. El período de nuestra actuación fue breve y no pudimos realizar la amplia labor proyectada.

Hemos pasado por unos años largos e inquietantes, dolorosos; hoy vemos en el horizonte un rayo de esperanza en el camino de la lejana reforma penitenciaria. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias está en las manos de un hombre que ha dedicado su vida al estudio y práctica del Derecho penal y del Derecho penitenciario, temas que puede encontrar el estudioso en sus varias obras publicadas con antelación por dicho director general, don Carlos García Valdés.

Hoy se lleva a la práctica en ciertas prisiones el régimen abierto y funcionan las llamadas Universidades de Educación a Distancia para aquellos reclusos en los que concurren circunstancias varias -siempre bajo el criterio del director del establecimiento-; una de esas universidades funciona perfectamente en Valencia. Los permisos de salida se siguen sosteniendo.

Pues bien, este hombre ha sido objeto de un atentado, afortunadamente fallido; después de ese atentado leemos estas declaraciones suyas: «La pena de muerte, ni a los grapos». Extraemos de otra declaración los párrafos siguientes: «Quiero dejar bien claro que un grupo de mercenarios no me va a coaccionar para dejar la Dirección de Instituciones Penitenciarlas. Este atentado fallido no hará más que reforzar mi actitud en la Dirección General de Prisiones.»

Este hombre en el que hasta hoy se cifran las esperanzas de los que abrigamos el ideal de la reforma de las prisiones y devolver a la vida social al prisionero, apto para el disfrute de la libertad. Para lograr estas finalidades las prisiones actuales no sirven, hay que acabar con ellas. Tenemos que poner en marcha nuevos establecimientos que estudien y amparen la personalidad del delincuente. El hombre es lo que importa.


Victoria Kent / El País / 27 Mayo 1979