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1251. Casas Viejas 1933. El hambre se puso en pié.




María Torres / 12 enero 2015

Para los que somos republicanos y defendemos la verdad, la justicia y la libertad por encima de otros muchos preceptos, lo ocurrido en el municipio gaditano de Casas Viejas los días 10, 11 y 12 de enero de 1933, no responde al ideal de República que votó el pueblo español en 1931 y aún hoy, transcurridos casi 84 años, anhelamos una gran parte de los ciudadanos de este Estado.

La II República española hizo elevar al infinito las ilusiones del proletariado español, que depositó su confianza en un régimen que no quiso, no pudo o no supo responder en la medida esperada. Tras los trágicos sucesos de Casas Viejas, ya nada sería igual. La República comenzó a tambalearse y lo ocurrido en Casas Viejas, silenciado al igual que se pretendió eliminar de la geografía andaluza a este pueblo, seña de identidad del movimiento campesino y anarquista, llegando incluso a rebautizarse con el nombre de Benalup de Sidonia tras finalizar la Guerra española.

Recordemos que en 1933 el Jefe del Gobierno era Manuel Azaña («No ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir»), el Ministro de Gobernación era Casares Quiroga («Doy a las fuerzas media hora para que sofoquen el movimiento») y el Director de Órden Público era Arturo Menéndez («No quiero heridos ni prisioneros»). A esto deberíamos sumarle el lema de la Guardia Civil de aquellos años: «Paso corto, vista larga y mala intención.»

Si algo sobraba en el pueblo de Casas Viejas era el hambre y la miseria. Contaba con 600 jornaleros de los que apenas cien tenían trabajo durante unos meses al año. El resto malvivía de un subsidio que otorgaba el ayuntamiento. Los solteros cobraban una peseta, y los casados dos. La esperada reforma agraria, que habría de dotar de tierras a los campesinos sin propiedad, se hacía esperar. No se contaba con fondos suficientes para indemnizar a los latifundistas y la tierra seguía en manos de señores feudales como el duque de Medinaceli, que disponía de más de setenta mil hectáreas. Muchos jornaleros, decepcionados con las promesas electorales incumplidas, se dieron de baja del Partido socialista y se afiliaron a la CNT.

Y como no podía ser de otro modo, los esclavos, a veces, tienen tan poco que perder que deciden levantarse. El gobierno lo esperaba. El 8 de enero de 1933, Manuel Azaña escribía: «Esta mañana, a las once, me telefoneó Casares que, según todos los indicios, el movimiento anarquista que estamos esperando estallaría hoy, al caer de la tarde. En el programa figuraba el asalto a los cuarteles de Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Bilbao y otros puntos. También se esperaba algo en Madrid, aunque de menos importancia. Envío instrucciones a los generales de las divisiones.»

Tres días después, el hambre endémica del pequeño pueblo andaluz de Casas Viejas se puso en pié. A la orden de la FAI de unirse al movimiento revolucionario se sumaron los braceros de Casas Viejas. Tomaron sus viejas escopetas, cortaron las líneas telefónicas, la carretera, destituyeron al alcalde, («vete a decirle a la Guardia Civil que se ha proclamado el comunismo libertario y que todos somos iguales») y se encaminaron al cuartel de la Guardia Civil, al frente del cual se encontraba el sargento Manuel García Álvarez («He jurado fidelidad a la República y la defenderé hasta morir»)”. Así comenzó a gestarse la tragedia. Un intercambio de disparos acabo con la vida de dos de los cuatro guardias, entre ellos el sargento.

Y llegaron los refuerzos desde Madrid y Cádiz, enviados por la República. El teniente Gregorio Fernández Artal, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules, al mando de doce Guardias de Asalto, el teniente Cayetano García al mando de cuatro guardias civiles, y  al finalizar el día, al mando del capitán de Asalto Manuel Rojas, noventa guardias más.  Señalar que el capitán Rojas, tan leal a la República en 1933, se convertía en 1936 en jefe de las milicias falangistas de Granada, continuando con su carrera de represor, tan solo interrumpida por apenas dos años de prisión. Salió en libertad en enero de 1936 al aplicarle el Tribunal Supremo la eximente incompleta de obediencia debida y calificar los asesinatos de simples homicidios. Tras la sublevación militar de julio de 1936 sería admitido en el ejército rebelde con el grado de capitán.

«Es orden terminante del ministro de la Gobernación se arrase casa donde se han hecho fuertes los revoltosos.» Esta era la órden del mensaje que portaba el delegado del gobierno en Cádiz, Fernando Arruinaga cuando hizo su aparición en Casas Viejas.

Muchos hombres huyeron a la sierra. Francisco Cruz Gutiérrez, Seisdedos, el líder jornalero de setenta años, se había refugiado en su choza en compañía de su familia. Desde fuera se les conmina a rendirse. Ante la negativa, el capitán Rojas prende fuego a la vivienda de paja y las llamas, el humo y los disparos convirtieron la humilde vivienda de Seisdedos en un escenario de muerte. Acorralados, tiroteados, bombardeados y quemados hasta carbonizarse fallecieron Francisco Cruz, y dos de sus hijos, Pedro y Francisco, además de Manuel Quijada Pino, Josefa Franca Moya y su hijo Francisco, Jerónimo Silva González, Manuela Lago Estudillo, así como el guardia de Asalto Ignacio Martín Díaz, que se encontraba en la misma como rehén. Logró escapar la nieta de Seisdedos, María Cruz Silva y un niño. María, la que sería llamada La Libertaria y que entonces tenía 16 años, sería asesinada por los golpistas en 1936.

Al amanecer del 12 de enero, el capitán Manuel Rojas, se dirigió a sus fuerzas: «Es preciso que ahora mismo, en media hora, hagáis una razzia, sin contemplaciones.»  «¿Qué es una razzia?» preguntó uno de los guardias. «Que hay que cargarse a María Santísima», respondió otro.

Catorce hombres fueron sacados por la fuerza de sus casas, esposados y conducidos a la montaña de rescoldos en que quedó convertida la casa de Seisdedos. Una vez allí una sola palabra: «¡Fuego!» y una interminable ráfaga de disparos acabaron con su vida. Los asesinados fueron: Salvador Barbarán Castellet, Manuel Benítez Sánchez, Andrés Montiano Cruz, Juan García Franco, José Utrera Toro, Juan García Benítez, Juan Villanueva Garcés, Juan Silva González, Balbino Zumaquero Montiano, Manuel Pinto González, Juan Galindo González, Cristóbal Fernández Expósito, Manuel García Benítez, Rafael Mateo Vela y Fernando Lago Gutiérrez. De todos ellos, tan solo Fernando Lago había participado en la "rebelión". Sus cuerpos serían amontonados junto a los cadáveres humeantes de Seisdedos y su familia.

«Habéis cumplido con vuestro deber. El Gobierno por mi conducto os felicita. Gracias a vosotros, a vuestro valor, a vuestra energía y disciplina, a vuestra obediencia a las órdenes de vuestros jefes, la República ha podido vencer un grave peligro y puede seguir el camino triunfal y glorioso abierto el 14 de abril. Vuestra magnífica conducta merece bien de la Patria y de la República. ¡Viva la República!» Estas fueron las palabras con las que Fernando Arruinaga, delegado del Gobierno, despidió a las fuerzas represoras antes de abandonar Casas Viejas.

El Gobierno de la República intentó impedir la investigación de lo ocurrido y no admitió su responsabilidad: «No se encontrará un atisbo de responsabilidad en el gobierno. En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario, y se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el Gobierno?».

La prensa difundió los hechos y las conciencias de muchos republicanos comenzaron a agitarse al mismo tiempo que los débiles cimientos de la República. Las Cortes aprobaron la creación de una Comisión de investigación sobre los sucesos que aportó un informe reconociendo la existencia de las víctimas y exculpando al Gobierno. Más tarde se iniciaría un proceso judicial que condenó como responsable directo de la muerte de catorce personas «diez de ellas esposadas, cuatro inermes y todas ellas impotentes ante un pelotón de hombres armados» al Capitán Manuel Rojas. La pena de 98 años de prisión, por un límite legal se redujo a 21 años, de los que solo cumplió dos. También debía indemnizar con quince mil pesetas a los herederos de cada una de las víctimas.

El director general de Seguridad, Arturo Menéndez, fué destituido. El 19 de julio de 1936 sería fusilado en Pamplona por los militares sublevados.

Los jornaleros de Casas Viejas fueron juzgados por delitos de posesión de armas y ejecución de actos contra las fuerzas armadas. De los 26 imputados, diez fueron absueltos, y el resto condenados a prisión.

Diecinueve hombres, dos mujeres y un niño murieron en Casas Viejas. Tres guardias corrieron la misma suerte. 

El gobierno de Manuel Azaña ya estaba herido de muerte.




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