María Torres / 2 Marzo 2015
1 de marzo de 1974. Salvador, conocido también como el
Metge, (el médico), apodo que recibió durante el servicio militar porque
administraba el botiquín, es un joven anarquista
de 25 años miembro del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación). Desde
hace seis meses se encuentra en la celda 443 de la quinta galería de
la Cárcel Modelo de Barcelona. Le acaban de comunicar que será ejecutado en
unas horas por el asesinato del subinspector Francisco Anguas Barragán.
Unas horas antes el consejo de ministros del régimen había aprobado la
ejecución en base a la pena impuesta por un tribunal militar. Franco decide no
conmutar la pena de muerte a pesar de las numerosas peticiones de clemencia. La
dictadura es incapaz de mantenerse sin el uso de la fuerza. Es más, la
decisión de no conmutarla se había tomado mucho tiempo atrás, durante el juicio
contra Salvador, un proceso plagado de irregularidades.
Pío Cabanillas, Ministro de Información y Turismo informa en rueda de
prensa que el Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro había
dado el enterado al cumplimiento de la sentencia. Tras ello, la televisión española programa un
combate de boxeo entre Urtain y King Roman.
Ofrecen a Salvador asistencia religiosa a través del sacerdote de la cárcel. La
rechaza, pero solicita la presencia de un antiguo maestro suyo, religioso
salesiano de Mataró.
Salvador confía hasta el último momento en que la pena le será
conmutada. Aún así, escribe tres cartas de despedida y pide que la decisión del
Consejo Supremo y el enterado del Gobierno sea comunicada a sus compañeros
encarcelados.
2 de marzo de 1974. A las nueve de la
mañana las hermanas de Salvador, Imma, Carme y Montse, que le han acompañado en vela durante toda la noche, son obligadas a abandonar las
dependencias carcelarias. Minutos después lo hacen los dos abogados. Los
verdugos argumentan que ninguna ley prevé la presencia de abogados en las
ejecuciones y que tampoco se contempla esa posibilidad en el reglamento de
prisiones.
El último en abandonar la cárcel es el sacerdote salesiano que también había permanecido toda la noche al lado de el Metge.
A las nueve y veinte horas Salvador es ejecutado en un espacio
habilitado del almacén de paquetería por el método del garrote vil,
sistema utilizado en España desde 1820, que consiste en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola
que al girarlo causa la rotura del cuello.
En el suelo sujeta con cemento
se encuentra una viga de madera y un banquillo sin respaldo. El encargado de acabar con su vida es el verdugo de Madrid Antonio López
Sierra, natural de Badajoz y titular en la Audiencia madrileña desde 1949. Un
coche de policía le había trasladado unas horas antes a Barcelona junto a su negro maletín donde
llevaba el garrote. Debido al exceso de alhocol que corre por sus venas, no
acierta a encajar correctamente las piezas del garrote, lo que prolonga la
agonía de Puig Antich más de lo debido. La muerte tarda 18 minutos en
llegar.
La ejecución es presenciada por el juez instructor, un mando de la
Dirección General de Seguridad, el capellán de la prisión, un médico
militar, dos funcionarios que hacen de testigos y un número indeterminado de
policías.
Cuentan que las últimas palabras de Salvador al ver al verdugo
fueron «qué
putada».
A las diez menos veinte, el capitán médico certifica la muerte del
reo: «En Barcelona, a 2 de marzo de 1974 y siendo las nueve
cuarenta horas, se extiende la presente diligencia para hacer constar que en la
prisión de hombres de esta ciudad ha sido ejecutada por garrote la pena de
muerte en la persona del reo Salvador Puig Antich».
Minutos
después el cadáver de Salvador es trasladado en un furgón al depósito de
cadáveres del Cementerio del Sudoeste de Montjuich. Fuerzas especiales de la
Policía Armada vigilan el Depósito y miembros de la Policía Armada a caballo
forman guardia en el exterior del recinto.
Joaquín Puig, padre de Salvador aún no ha sido informado de la ejecución
de su hijo. Militante de Acció Catalana durante la República, el exilio en
Francia le abocó a permanecer en el campo de refugiados de Argelès sur
Mer. A su regreso a España fue condenado a muerte e indultado.
Esa misma tarde, en la ciudad de Salvador Puig Antich, los guerrilleros
de Cristo Rey festejan su muerte y celebran el castigo ejemplar del
régimen.
Por más que
callen
por más
vueltas que de el mundo
por más que
nieguen los acontecimientos
por más represión
que el Estado instaure;
por más que
se laven la cara con la democracia burguesa;
por más
huelgas de hambre que callen;
por más que
tengan saturadas las cárceles;
por más
pactos que desarrollen con los controladores de clase;
por más
guerras y represión que impongan;
por más que
intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase;
Más alto
diremos:
asesinos de
pueblos
miseria de
hambre y libertad
negociadores
de vidas ajenas
más alto
que nunca, en grito o en silencio,
recordaremos
vuestros asesinatos
de gentes,
vidas, pueblos y naturaleza.
De labio en
labio, paso a paso, poco a poco.
Salvador
Puig Antich
*
Tras el mayo francés de 1968, Salvador decide implicarse en la lucha
antifranquista. Milita inicialmente en Comisiones Obreras y posteriormente se
incorpora en la rama armada del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación),
integrado por libertarios. Utilizan las armas para para atracar oficinas
bancarias y obtener fondos destinados a represaliados y colectivos sociales
necesitados y de lucha obrera. Su base se encuentra en Toulousse, pero las
acciones se ejecutan en
Barcelona.
La tarde
del 25 de septiembre de 1973 Salvador es detenido por la Brigada Político Social tras una emboscada. En el tiroteo fallece Francisco Anguas
Barragán, un joven policía de 23 años. Puig Antich recibe una
bala en la mandíbula y otra en el hombro, quedando malherido.
Salvador es encarcelado. Juzgado en consejo de guerra, un tribunal
militar le considera culpable «por la muerte de un funcionario público por
razones políticas». Se le condena a dos penas de muerte por dos delitos de
terrorismo. Jamás se pudo probar si fué el autor del disparo que
causó la muerte del policía. Nunca se presentó el correspondiente estudio
balístico solicitado por el decano del Colegio de Abogados de Barcelona: «no
es necesaria, nosotros somos profesionales de las armas». El policía muerto
tenía cinco balas en el cuerpo. El arma de Salvador solo efectuó tres disparos.
El proceso contra Puig Antich aún no ha podido ser revisado y sigue
siendo materia informativa reservada. La documentación policial que custodia el
Ministerio del Interior también continúa siendo secreta.
A partir del 19 de febrero de 1974, fecha en la que el Consejo Supremo
de Justicia Militar aprueba la ejecución de la sentencia, todos los intentos
por conseguir el indulto fueron en vano.
Documentos e informes de la Embajada de Estados Unidos en Madrid
han demostrado que había un interés especial en ejecutar a Salvador Puig Antich
como medida ejemplarizadora: «El interés del Gobierno en el orden
público y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha, explica la
decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich. Para tomar esta
decisión, el Gobierno se ha mostrado públicamente del lado de la ley y el orden
antes que de la moderación de los países extranjeros y los grupos liberales
españoles». «En la clase política española prevalecía el
sentimiento favorable a la ejecución, pero era un asunto delicado que podía
írsele de las manos al Gobierno. Además de empeorar la mala imagen ante Europa
y bloquear el ingreso en el Mercado Común, una política favorable a la pena de
muerte produciría una división con los aperturistas, incluida parte de la
Iglesia». (Horacio Rivero, secretario de Estado de EEUU)
Tras el atentado contra Carrero Blanco, la suerte de Salvador esta
echada y el régimen, que se encuentra en sus últimos estertores, aumenta su sed
de venganza: «Todo indica que al optar por una ejecución rápida, el
Gobierno quería evitar a toda costa la lección del proceso de Burgos de 1970,
donde las dudas y las vacilaciones finales que llevaron al indulto preocuparon
muy seriamente a los militares, la policía y a sus aliados más conservadores,
que lo vieron como una prueba de debilidad convertida en una victoria por los
agitadores de dentro y fuera de España.» (Horacio Rivero, secretario
de Estado de EEUU)
La misma mañana en que ejecutaron a Salvador Puig Antich, y en la
prisión provincial de Tarragona, daban garrote a Georg Michael Welzel, alias Heinz Chez, un alemán de 33
años, condenado por el asesinato de un Guardia Civil el 19 de diciembre de 1972.
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