Lo Último

1971. Un discurso de Melquiades Álvarez

Foto EFE


Discurso de Melquíades Álvarez en el acto político del Teatro de la Comedia, de Madrid, el día 14 de mayo de 1933


Debemos apoyar con entusiasmo a la República

Acabáis de oír, señoras y señores, las conclusiones formuladas en la Asamblea, en la cual el partido Republicano Liberal Demócrata ha dado una prueba espléndida de su vigor y de su prestigio. En esa Asamblea se han discutido, casi con carácter provisional, las bases de una nueva organización. Se abrió, por exigencias del momento, el que pudiéramos llamar cuadro de defensa del Partido, para facilitar el ingreso del elemento femenino, que tiene una gran importancia en la vida política actual, porque es probable que de su decisión y de su voto dependa el porvenir de la República española.

Hemos fijado, como habréis visto, las relaciones con los demás partidos, manteniendo nuestra afinidad, por las concomitancias que existen, principalmente, con el partido Radical, y reiterándole una vez más nuestra colaboración leal y desinteresada.  Y hemos también reformado en parte –es cuestión de detalle más que de esencialos elementos doctrinales de nuestro programa-. Conviene advertir, señoras y señores, que este programa, que es el evangelio político del partido, es el mismo del partido Reformista, el cual, por una especie de metempsicosis política, y con una simple transmutación de nombre, ha venido a encarnarse en este otro, del que llevo la representación. En este partido, correligionarios y amigos, aparte de una juventud entusiástica y de una sección femenina, que se caracteriza por su conciencia republicana y por la virtud del proselitismo, existe un estado mayor lucidísimo, integrado por grandes capacidades de la política, hombres de reputación profesional reconocida, muy superiores en méritos a quien os dirige la palabra, algunos de ellos veteranos ya en el partido, otros incorporados recientemente, estimulados por una mancomunidad de ideas y por el anhelo patriótico de servir noblemente los intereses de España. No necesito deciros, no debo decirlo siquiera, que en todas estas ideas diseminadas en nuestro programa, por lo que se refiere a su difusión y propaganda, el partido, en nombre del cual hablo, mantiene la fe acendrada de siempre, sin que hayan logrado quebrantarla ni los ataques de los adversarios, ni los apetitos del Poder, esa especie de Dios infernal, ante el cual muchos hombres, arrivistas de la política,  con olvido de su decoro, descubren a cada instante sus debilidades y sus flaquezas. 

El lema de nuestro partido lo conocéis todos: es un lema consagrado en recientes aguas bautismales, y por él comprenderéis que el partido que represento es netamente republicano sin reservas ni distingos, pues aunque hay algunos correligionarios –yo entre ellos- que hemos negado siempre el valor sustancial y permanente de las formas de Estado, todos, absolutamente todos, sin divergencias de matices, reconocemos que la República, en el orden doctrinal, es infinitamente superior a la Monarquía, y además, que cuando no se bastardea en la práctica por las corruptelas de los Gobiernos, representa la plenitud de la capacidad política en la vida de los pueblos libres, y encarna, por efecto de su naturaleza, las esencias más puras de la libertad y de la democracia. De modo, señoras y señores, que esto que reconocen absolutamente cuantos han penetrado con sagacidad en el problema de la morfología del Estado, bastaría, desde luego, para encender en nuestra conciencia la fe republicana. Pero es que, además, no hay que olvidar que la República advino a España por el voto casi unánime de la opinión, sin pasar por el oprobio vergonzoso de una sedición militar, ni por un golpe de Estado, y los que somos verdaderamente demócratas, los que rendimos culto a la voluntad soberana del pueblo, tendremos, por efecto de esto, que reconocer la legitimidad inmaculada de la República y santificar su advenimiento, prestándola, con el máximo entusiasmo, toda la energía de nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Por si esto no fuera bastante, correligionarios y amigos, para justificar una aptitud resuelta de apoyo a la República, tendremos que invocar, como última ratio, el supremo interés nacional. Es el interés de la nación –no os quepa duda-, el que por imperio de las circunstancias viene asociado a la obra de la República, y cuando en contraposición queremos examinar la perspectiva hipotética de una inverosímil restauración monárquica, dado el recuerdo de su infortunio, la desaparición casi absoluta de las fuerzas sociales y políticas que le servían de apoyo, y la efervescencia natural de la cólera del pueblo ante su triunfo tras de esa restauración no podríamos ver la paz que apetecen todos los españoles, sino, sencillamente, el caos, en el cual se hundirían definitivamente las energías nacionales. 

No creo necesario insistir más en este asunto. Por la superioridad de la República, como forma de gobierno, por la pureza inmaculada de su origen, por el supremo interés nacional, estamos en el deber de apoyar con entusiasmo la forma republicana. Parodiando una frase de Thiers, yo podría decir ante vosotros, que la República es lo que menos nos divide, y con esta frase yo me atrevería a invocar, en nombre de mi partido, a todos los españoles, a todos, para que depusieran sus diferencias políticas y aceptaran esta legalidad republicana, a la cual deben llevar sus ideas y sus opiniones para colaborar en la vida del Estado, bajo una forma de gobierno común al futuro de España y al engrandecimiento y prosperidad de la Patria. 


Nuestro partido es garantía de todos los intereses nacionales

Nosotros somos un partido, señoras y señores –hay que decirlo también-, que en esta clasificación, un tanto arbitraria y convencional, de derechas o izquierdas, no figuramos en ninguna de ambas categorías. En las derechas se incluyen todos los elementos que aparecen como idolatras de la tradición; en la izquierda, todos los fanáticos del porvenir, que sueñan con reformas, muchas veces fantásticas y casi siempre precipitadas e imprudentes. La zona de nuestra política, la zona en que puede fructificar el partido republicanoliberaldemócrata, es el centro de la política española, porque nos separa de la derecha el criterio –oídlo bien- de que sólo respetamos de la tradición aquello que las mudanzas del tiempo han dejado con vida, y por lo que se refiere al futuro, no nos dejamos seducir por abstracciones y por utopías, sino por ideales verdaderos y progresivos, es decir, ideales que han fecundado previamente en la conciencia pública, y que sin peligro puedan traducirse en realidades positivas y prácticas. Y esto es lo que hemos sostenido siempre; esto es lo que sostenemos ahora, no teniendo temor alguno a las ideas, por avanzadas que parezcan; pero dando a nuestro partido un sentido gubernamental, que tiene que ser necesariamente garantía y amparo de todos los intereses de la vida nacional. Con estas ideas hemos venido luchando; con estas ideas seguiremos luchando, ofreciendo este programa que yo no tengo necesidad de esbozar, ni de comentar al presente, por lo mismo que impreso y difundido lo conocen a estas horas la inmensa mayoría de los españoles. Está determinada, pues, la posición del partido RepublicanoLiberal-Demócrata, y están fijadas las relaciones con todos aquellos partidos que sirven, precisamente, los intereses de la República.


No es culpa del régimen la actual decepción nacional, sino de la labor desacertada de los gobernantes.

¿Qué os debo decir ahora? Esta cautela que nosotros recomendamos ¡ha sido seguida y adoptada en bien de España y de la República por los hombres que la gobiernan! ¿Hay algo de pasión en nuestra conducta que nos obligue a criticar, porque esta es la palabra, la gestión que desde las alturas del Poder, pretendiendo salvar los intereses republicanos, han llevado a la práctica los hombres que nos gobiernan? Vamos a examinarlo sin pasión. 

Cuando se contempla, queridos correligionarios, el panorama social y político de España, se observa un contraste, un singular contraste, entre aquellas esperanzas jubilosas que produjo la proclamación de la República y las decepciones amargas que a la hora presente se están cosechando. ¿Decepciones fantásticas? ¡Decepciones caprichosas! No. Lo dicen los enemigos; pero no es verdad. No son decepciones creadas por el temperamento atrabiliario de los enemigos de la República, no son decepciones fantásticas, son decepciones legítimas y verdaderas, fundadas en la realidad que nos ofrece, señoras y señores, el triste espectáculo de un país que vive en constante y perpetua agitación anárquica, abandonado además de las autoridades, con la economía en ruinas, sin garantías para la defensa de sus intereses legítimos, con todos los derechos y todas las libertades amenazadas. Y esta decepción, que engendra odio y disgusto, esta decepción se va agudizando en muchas provincias y en algunas ya soplan verdaderos aires de fronda. ¿A qué se debe? Vamos a discurrir con entera imparcialidad acerca de estos hechos.

El entendimiento simplista de las gentes, cuando pretende adivinar las causas de semejante decepción, dejándose llevar de una cierta lógica del raciocinio, formula su juicio en los términos de un dilema, y dice lo siguiente, con una apariencia indestructible de verdad: O la causa de esta decepción es congénita a la República, y entonces la responsabilidad es del régimen, o las causas generadoras de semejantes daños son debidas exclusivamente a la labor de los gobernantes, que no han atinado a realizar una gestión acertada y prudente. Lo primero, señores que me escucháis, me parece disparatado y absurdo, porque no es posible que se pueda atribuir a la naturaleza de un régimen político, que podrá tener sus ventajas o sus inconvenientes en relación con otros regímenes, pero que o produce fatalmente, por una ley de su vida, todos los daños de que se queja, con justicia, la opinión pública. Lo que pudiera suceder, porque yo no quiero recatar en nada mi juicio, lo que pudiera suceder es que el país no estuviera en condiciones, o por su falta de cultura, o por sus medios económicos, de ser regido por una democracia republicana. 

Pero entonces no será la culpa de la institución que se pretende implantar; será del pueblo, que, por no haber hecho oportunamente el aprendizaje debido de la libertad, cae con exceso en las violencias de la demagogia. Mas, no; no puede ser que se atribuya a incapacidad del pueblo para ser regido democráticamente, porque España no se halla en un estado tal que necesite estar sometida a tutela o regulada por la política verdaderamente abominable del caudillaje. No; el pueblo español, desde una larga tradición, tiene conciencia esclarecida de sus deberes y comprende que puede regirse con acierto, mediante una democracia, sin que se produzcan trastornos ni perturbaciones, que casi siempre son debidos a la deficiencia con que se ejerce la autoridad por parte de los Gobiernos que la representan. 

La culpa no es del régimen, y el país se halla en condiciones de ser regido por instituciones republicanas; la culpa es del Gobierno (hay que decirlo con franqueza), la culpa es del Gobierno, y nada más que del Gobierno, por efecto de su labor a todas luces desacertada y torpe.


La República no advino por la revolución ni se conquistó la confianza del país con programas revolucionarios.

Creo yo, queridos correligionarios, que la labor del Gobierno hay que apreciarla desde luego por sus resultados, no por las ideas que represente ni por la fidelidad con que ha podido servir los intereses más o menos bastardos de un partido. No; son los resultados de la política del Gobierno los que hay que pesar y medir, utilizando, al efecto, si fuera preciso, la simbólica balanza de Astrea; pero hay que pesarlos y medirlos poniéndolos en relación, como contraste, primero con el orden social, que por ser una exigencia recíproca del derecho y del instinto de la vida colectiva constituye la más apremiante de las necesidades del Estado; poniéndolos en relación, después, con las realidades económicas del país, que por ser el cimiento de la riqueza y del trabajo determinan casi siempre el bienestar material del pueblo; y poniéndolos en relación, en fin, con el prestigio y la existencia de la República misma, a la que hay que enaltecer constantemente, asociándola a las ideas puras de la libertad y del derecho y a la que hay que servir en todo momento con el acierto en las obras de gobierno, conquistándole todos los días falanges enteras de nuevos colaboradores y de nuevos entusiastas correligionarios. No digo yo nada de particular con esto. No hago otra cosa que recoger una experiencia, repitiendo lo que han hecho todos los pueblos que han querido regirse por instituciones democráticas y que han tenido la fortuna de contar con gobernantes inteligentes y esclarecidos; pero aquí, amigos que me escucháis, estos gobernantes homúnculos que se encuentran en el Poder han creído, por lo visto, que seguir una política semejante podía constituir un delito de apostasía revolucionaria y para evitarlo a todo trance han olvidado en el ritmo, un tanto atropellado, de su conducta las normas esenciales del credo democrático, y han apartado a la República de los hontanares de la libertad y de la justicia. Esto es lo grave. Una preocupación revolucionaria, de carácter más bien verbalista, sin contenido sustancial; política que no es revolucionaria, que no tiene de ello más que la frase, porque no ha sabido crear intereses, que si los hubiera creado podríamos calificarlos de injustos o arbitrarios, pero, al fin y al cabo, constituirían un objetivo que habían conseguido con su labor perseverante de Gobierno los partidos que se hallan en el Poder una política revolucionaria, digo, consistente sólo en palabras truculentas y en afirmaciones sectarias que asustan a las gentes, pero que carecen de valor ideal, es la que ha sido y continúa siendo explotada por los partidos, que hoy, para desgracia de la República, dirigen el país. Es una preocupación revolucionaria, la de estos hombres que dicen a grito tendido que es la revolución la que ha traído la República, y que a ella, por lealtad y por deber, tienen que permanecer fieles en el Poder. Claro es que no se encuentra por parte alguna esa revolución que tanto pregonan, y que cuantas veces se intentó de buena fe, en contra del régimen monárquico, fracasó con estrépito. No necesito aducir pruebas.

Me basta con invocar el testimonio del revolucionario de mejor prosapia que es el Sr. Lerroux, el cual ha reconocido noblemente que sus correligionarios no le habían entregado una preparación revolucionaria seria cuando ingresaron por orden de la autoridad en la cárcel. Y es verdad, porque la República no la trajo una conmoción revolucionaria, violenta y armada, no; la República la trajo el pueblo, que ha querido convertir un acto comicial de renovación de Ayuntamientos en un acto verdaderamente constituyente y ha liquidado con sus votos en esta forma, de un modo conjunto, lo mismo las responsabilidades de la Dictadura, que las graves faltas padecidas por la Monarquía. 

Dispensadme ahora una jactancia: en esta labor de transformación política, el que os habla, unido precisamente a los llamados constitucionalistas, ha tenido una parte que es muy superior comparativamente a la de todos esos vocingleros revolucionarios que figuran hoy en las avanzadas de la República. 

De modo que ya lo sabéis. Atemperándonos a la realidad y formulando nuestro juicio, tenemos necesariamente, no tan sólo que vindicar nuestro prestigio, sino que censurar la conducta de los adversarios.

No solamente no ha venido por la revolución, queridos correligionarios; es que los partidos que representan a los hombres que están en el Poder, no han hecho ante la opinión una propaganda revolucionaria. Yo recuerdo que una personalidad ilustre que no necesito mencionar, pregonaba la conveniencia de una República casi católica, regida por un sistema bicameral en cuyo Senado tendrían asiento los Obispos y Arzobispos, como elementos representativos de la Iglesia. Yo recuerdo todavía más: que otro ministro radical, de matiz socialista que se halla en el Poder, para no alarmar, sin duda, a los timoratos, manifestaba que la República que iba a establecerse en España era una República conservadora y burguesa, y yo recuerdo, haciendo crítica objetiva e imparcial, que los mismos socialistas, al referirse a un programa de Gobierno, no hablaban para nada de la lucha de clases ni de socializar la propiedad, ni mucho menos de establecer una República espléndida de trabajadores. No, no hubo nada de esto, y, por consiguiente, si no es la revolución la que ha engendrado la República y no se ha conquistado tampoco la confianza del país con programas revolucionarios, yo pregunto: ¡En nombre de quién y con qué títulos se está pregonando desde el Poder una obra revolucionaria, que compromete por su solo anuncio los intereses de la vida nacional! 


El triunfo de las audacias perturbadoras de un conglomerado electoral dio vida a esta obra revolucionaria insospechada

No, no hubo nada de esto; hay que decirlo con absoluta claridad. La obra revolucionaria comenzó a surgir cuando por efecto de un conglomerado electoral, a mi juicio absurdo, se encontraron ciertos partidos políticos con una representación parlamentaria que rebasaba sus ilusiones y sus fuerzas, partidos algunos de ellos que se habían creado hacía pocos días y estaban todavía en el período de la infancia; partidos, otros de una organización más provecta, pero que no contaban, según las estadísticas que todo el mundo conoce, con masas considerables de obreros; entonces comenzó –repito- la obra revolucionaria, y cuando empezó a preparase el proyecto de Constitución, surgieron en el Parlamento, ya que o habían surgido en el país, esas audacias perturbadoras. 

Yo he leído hace poco tiempo un libro de un diputado que figuraba en la fracción que capitaneaba entonces el Sr. Alcalá-Zamora, que nos da cuenta, y una cuenta imparcial y detallada, de cómo se fue preparando poco a poco, en su mayor parte, el proyecto de Constitución que ahora rige, y nos dice, correligionarios, que el partido socialista, aprovechándose de su imprevista y numerosa representación parlamentaria, unido, además, a otro partido que parecía tener empeño en sobrepujar su programa, presentó por medio de enmiendas una serie de reformas al proyecto constitucional, elaborado por la Comisión jurídica, y esas enmiendas fueron aceptadas por algunos, por miedo a no parecer demasiado avanzado –es un temor del que adolecen no pocos políticos en nuestro país-, por otros, que no tenían precisamente aquel temor, por snobismo científico, ya que se les había presentado, una célebre Constitución, que era la Constitución de Weimar, considerada como el modelo más acabado y perfecto de las democracias avanzadas. Así se fue aprobando la Constitución. Olvidaron, sin duda, estos Licurgos a los que me estoy refiriendo que aquella ley de la imitación, que Tarde calificaba como una ley biológica de la política, no es aplicable nunca a la Constitución, que es el Código fundamental del Estado, porque la Constitución necesita ante todo acomodarse a las realidades de la vida nacional para que se implanta, y reflejar, casi con escrupulosidad, sus ideas, sus prejuicios, sus sentimientos y hasta sus aberraciones, todo, en fin, lo que imprime la naturaleza de su carácter y constituye la sustancia de su alma. De no hacer esto, queridos correligionarios, la Constitución será lo que llamaba Lassalle, y yo quiero invocar el testimonio y la autoridad de un socialista, una Constitución ridícula, de papel, en la cual se consignarán hermosos principios, pero en la que no germinará nunca, absolutamente nunca, la vida, por lo mismo que se prescinde de los factores sociales y verdaderos del Poder. También es el a, b. c, del derecho público lo que estoy diciendo. No creáis que descubro un nuevo horizonte; lo saben todos los que han saludado estas nociones del derecho Constitucional. Pero conviene fijarse en una particularidad muy significativa: cuando la Constitución que se elabora, por desconocimiento del espíritu del país, lesiona ideas, la lesión apenas produce dolor y se puede corregir y curar fácilmente y en poco tiempo; cuando la Constitución que se elabora lesiona sentimientos vivos, hondos y, además, destruye intereses que constituyen el patrimonio, el desgarrón que se produce en  el alma del pueblo es tremendo, y sus lamentos y sus quejas, por lo mismo que son legítimas, perturban indefinidamente la conciencia pública. Y esto, correligionarios, es lo que ha ocurrido. Estamos señalando desde aquí una pauta de gobierno, que o han querido seguir los que se llaman pomposamente defensores de la República, y los que, con sus imprudencias o sus desvaríos la están comprometiendo a diario. Así creo yo que es como se gobierna. Se ha hecho precisamente todo lo contrario, queridos correligionarios, al discutir el proyecto Constitución, sobre todo en lo que se llama la cuestión religiosa y en todo lo que afecta el derecho de propiedad.


La separación de la Iglesia y el Estado no es obstáculo a la celebración de un Concordato

Se ha querido, desde luego, separar la iglesia del Estado; es una exigencia necesaria en toda democracia laica y bien organizada. Eso es legítimo y nadie se puede oponer a ello. Donde se han cometido verdaderos errores ha sido en la táctica para llevar a cabo esta separación y en el desconocimiento que al hacerlo revelaban, los gobiernos de la vida colectiva. No lo olvidéis; el alma de los pueblos no se modifica súbitamente, como por arte mágico, mediante disposiciones de carácter legislativo. No; el alma de los pueblos está formada por creencias y sentimientos ancestrales que se vienen elaborando a través de los siglos y que constituye la labor silenciosa de cien generaciones ya fenecidas. Y cuando se quiere, mediante una decisión del Poder público, que no cuenta con más autoridad que su fuerza coactiva, corregirla de raíz, o modificarla fundamentalmente, la ineficacia del intento, sobre ser manifiesta, y a veces ridícula, es casi siempre perturbadora. Y esto es lo que ha pasado aquí. A un pueblo se le puede conquistar, se le puede esclavizar, se le puede destruir, pero no se conoce un poder tan omnipotente que logre modificar súbitamente su alma. Esto no se ha dado nunca en la Historia. Y es que el alma del pueblo, por las ideas y los sentimientos que la informan tiene una raigambre de siglos y representa una fuerza casi indestructible. De aquí el que ciertos psicólogos hayan dicho que cuando se discuten cuestiones religiosas, es el alma de los muertos la que habla por la voz de los vivos ¡Sí! ¡Es así! Y yo que no respeto la tradición más que en lo que ésta tenga de sana y de fecunda, cuando miro hacia tras y veo como se forma el alma del pueblo español digo: Querer con persecuciones descatolizarle es un dislate, es una insensatez. No tenéis por qué aplaudir; al decir lo que digo es que tengo la fortuna de recoger todas las ideas que están en la conciencia del pueblo español para el que se debe gobernar, no para una tertulia de amigos, ni a favor de los intereses siempre mezquinos de los partidos; El gobernante que no haga esto, no será tal gobernante, será un detentador del Poder. Me parece que no puedo ser más claro. No puedo ser más claro. Os lo dice un hombre que está del otro lado de la barricada, que no quiere además hacer ante vosotros una confesión de su alma y porque en este momento está hablando alentado por la ilusión de que algún día, contando con la confianza de la opinión y con otras colaboraciones pueda gobernar a su país. Por eso pedimos una República laica, que supone, desde luego, en cuantos la defiendan, la virtud de la tolerancia, de gran respeto para todas las creencias, cualesquiera que estas sean; una virtud que no tienen todos los que se llaman precisamente laicos. Ahora bien; cuando se hace una política en contradicción con estas ideas, yo digo que es una política funesta, contraproducente, perjudicial. Lo es en primer término por su inoportunidad. A estas horas el Pontífice augusto que representa los intereses de la iglesia católica, utilizando una política previsora y sagaz, convencido, por lo visto, de que los tiempos actuales no son de intransigencia, se aviene, desde luego, en beneficio de la paz social, a concordar con todos los regímenes, aún con los más avanzados, sin debilitar en lo más mínimo la autoridad soberana del Estado como órgano vivo de la sociedad civil. Os lo voy a demostrar con sólo referir un hecho. Si tendéis la vista hacia el país vecino, Francia, observaréis que, a pesar de la ley de separación, que Pío X calificaba en su encíclica Vehementes nos de inicua, hoy los periódicos católicos, los que con mayor ardor defienden los intereses del Papado, están trabajando incesantemente por un régimen concordatorio que permita a la Iglesia reconocer oficialmente la República y trabajar a su vez en el campo republicano, sin destruir con ello la más insignificante partícula de la autoridad soberana del Estado. Y se trata, amigos míos, de una República que tiene sesenta años largos de vida, y que está regentada por hombres de ideas ultrarradicales, que acreditaron su genio y su experiencia en una labor prolongada de gobernantes. ¡Ah!, pero aquí... Aquí, los hombres que asimismo se califican de estadistas o a quienes llama así una Prensa interesada en apoyar la vida del Gobierno, estiman que eso es una cosa anticuada y anacrónica. Un Concordato y un modus vivendi con la Iglesia dicen que es inservible y propio solo de los políticos reaccionarios, a pesar de que un Ministro tan reaccionario como don Fernando de los Ríos lo defendía al discutir precisamente la Constitución. Y yo os digo, señoras y señores, hablar siempre sobre la base de una separación indeclinable del Estado y de la Iglesia, siempre sobre el criterio de la secularización completa de la vida del Estado, hablar, repito, de un modus vivendi con la Iglesia, es una fórmula política hábil y eficaz, propia de verdaderos gobernantes, con la que se podrá poner término satisfactorio a este problema que viene atormentando desde hace siglo el alma de España. Además, queridos correligionarios y amigos, ¿no conocieron a tiempo estos hombres la disposición favorable que la Nunciatura, representante del Papado, tenía respecto de la República? No quiero hacer el elogio de nadie; pero es un tributo obligado de justicia manifestar que quien lo reconoció y estuvo al habla con la Nunciatura, y sabía perfectamente cómo pensaba la Iglesia, fue el antiguo Ministro de Estado, el señor Lerroux. Probablemente si él hubiera continuado en la cartera de Estado hubiera ocurrido otra cosa; pero al abandonarla, el señor Lerroux ha venido..., ha venido un antiguo correligionario a ocuparla, y, por lo visto, no ha tenido la fortuna de que el éxito coronara sus esfuerzos y sus trabajos. ¡Ah! Si hubiera hecho lo que siempre predicamos y defendimos, si se hubiera aprovechado de la disposición de la Iglesia, el modus vivendi o el Concordato, llamadlo como queráis, que entonces se hubiese elaborado sobre la base de los principios avanzadísimos del régimen republicano, habría consolidado la República, habría matado en germen las protestas de los fanáticos, habría resuelto estos problemas delicados y vidriosos, yendo de la mano del Romano Pontífice, que creo que es una autoridad inconmensurable cuando se trata de la Iglesia; y entonces nadie, en el campo católico, podría protestar de que la República fuera lo que necesariamente tenía que ser, dada su naturaleza y las exigencias políticas de los actuales tiempos.


La expropiación forzosa sólo deberá realizarse mediante indemnización

Lo que ocurre con la cuestión religiosa, ocurre también con la cuestión de la propiedad. Nosotros, los profesionales de la Abogacía, somos , al decir de estos revolucionarios de ahora, gente anticuada y misoneísta, ya que tenemos, inspirados en la tradición romana, un concepto del derecho de propiedad, anacrónico y falso, que no se compadece con los postulados de la ciencia moderna ni con los anhelos de la vida actual. Invocan para demostrarlo la autoridad de los jurisconsultos alemanes. Yo creo dicho sea con toda reverencia, que una buena parte de esa nueva ciencia jurídica que infunden hoy los jurisconsultos alemanes, es una ciencia jurídica adulterada y sin derecho, donde casi todo en el  en fuerza de sutilezas y mixtificaciones, resulta arbitrario y convencional; pero, en fin, yo miro hacia Alemania, faro luminoso, que alucina a los que presumen de innovadores, y veo allí unos jurisconsultos gloriosos, que tienen alta autoridad, que son –permitidme esta excursión pedantesca por la ciencia-, los más profundos conocedores del derecho clásico, del derecho romano, me refiero a Savigny, el feje de la escuela histórica, y a Ihering, el filósofo creador y a la vez jurista, que con más arte y sagacidad ha descubierto y analizado las instituciones jurídicas del pueblo Rey. Pues, bien; tanto uno como otro han reconocido que en el derecho había siempre una parte ósea, pétrea, casi indestructible, y una parte nerviosa y vivaz, que, por lo mismo que recibía todos los impulsos de la conciencia pública se modificaba a su compás y a cada instante, obedeciendo a las palpitaciones de la realidad. La parte nerviosa es lo que llamamos nosotros el derecho penal y el Derecho Político; la parte ósea es el Derecho civil, especialmente en lo que se refiere a los derechos reales. Como el Derecho de propiedad es el derecho real por antonomasia, y nosotros decimos que está integrado por un sinnúmero de derechos particulares, también de naturaleza real, pretender destruirla o modificarlo caprichosamente por una labor impremeditada del Gobierno, olvidando las evoluciones de la ciencia, es otro dislate que no puede menos de producir perturbaciones en la vida de las instituciones jurídicas del país. Hay algunos que se visten con el disfraz de una democracia católica, al suscribir estas decantadas reformas; pero yo creo que no conocen bien el alcance de sus palabras, cuando dicen: No; el Derecho de propiedad no es el antiguo Derecho de propiedad, aquello que nosotros, en las Cátedras y en los Tribunales, estamos definiendo como jus utendi, abutendi, fruendi, disponendi et vindicandi; no; ese Derecho supone implícita una función social, que es la que le regula y condiciona, y cuando el Derecho de propiedad, por egoísmo o por abuso del titular, no sirve a la función social, el Derecho de propiedad debe desaparecer. Yo me he asombrado muchas veces en la vida oyendo cosas peregrinas y absurdas; ahora no sólo me asombro, sino que llego a los límites de la estupefacción. ¿Creéis que esto de que la propiedad es, ante todo, una función social es cosa nueva? No; aquí me están oyendo ilustres colegas que se reirán por dentro, como yo me río, de las novedades que ahora se están explotando, por algunos petulantes pseudocientíficos. ¡Una función social! Pero si ya en la tradición clásica del pueblo rey, del pueblo romano, se decía siempre que aquel jus abutendi no había de interpretarse nunca en el sentido de que el propietario titular de los derechos dominicales hiciera sobre la cosa objeto del dominio lo que tuviera por conveniente. No. Hay un interés colectivo que lo impide, y cuando el interés colectivo  está en contraposición con el derecho de propiedad individual, el interés colectivo prevalece, originando y legitimando la expropiación de la propiedad, pero indemnizando siempre al propietario, porque si no fuera así, ¡ah!, entonces la propiedad no sería un derecho, la propiedad sería una cosa deleznable y precaria que el Poder público podía confiscar cuando tuviera por conveniente, sin respetar el título legítimo de adquisición, que la hace en cierto modo invulnerable y sagrada. Esto no puede ser so pena de cometer una iniquidad. Y siendo la propiedad así, y predicando nosotros avances y modificaciones muy radicales en el derecho de propiedad, decimos que no se puede hacer sin realizar un verdadero despojo, lo que hacen esos señores gobernantes, ni lo que sancionan las Cortes, ni lo que se ha hecho, olvidando normas elementales de justicia en la Constitución, porque no sé si habréis olvidado que en el Código fundamental del Estado no se ha querido reconocer categóricamente, como era el deber de los legisladores, siguiendo la tradición revolucionaria francesa el derecho de propiedad con todos sus efectos; sólo se ha dicho, casi de un modo vergonzante, que la propiedad podrá expropiarse con indemnización, pero inmediatamente, y para dar satisfacción a los elementos colectivistas, se añade: “Se podrá expropiar sin indemnización por el voto de la mayoría absoluta”. Resulta, pues, con este precepto, consagrada la socialización de la propiedad, y consagrada la socialización de la propiedad en una forma que sólo depende de lo que acuerde la voluntad de la mayoría, que no siempre, por desgracia, es una mayoría de hombres imparciales e inteligentes. No, no siempre lo es, sino que por efecto de la corriente popular y de una corriente a veces turbia y apasionada pueden (estoy hablando hipotéticamente) ostentar la representación parlamentaria muchas personas que por su incultura o por prejuicios de clase crean que esto del Derecho de propiedad es una frase que no tiene sentido, y que pueden perfectamente, con sus votos, desde el Poder, destruirla o adulterarla. Y esto es lo que ha pasado con muchas leyes que todos conocéis y en las cuales por este olvido del Derecho se ha llegado a una verdadera expoliación sin beneficio alguno para la clase campesina, a quien se pretendía redimir. Es esto lo que se ha hecho.   


Crítica de la actuación gubernamental

Me fijaba yo en los dos puntos salientes que pueden herir en este momento la conciencia pública, y que están suscitando la protesta en todos los ámbitos sociales. En la Constitución, por otra parte, hay muchas disposiciones que, no voy a analizar ahora detalladamente, pero que revelan cómo se han elaborado y las consecuencias que puede producir. En la Constitución se ha dicho, consagrando un dogma procesal de nuestros tiempos, que nadie puede ser detenido sino durante veinticuatro horas como máximo, poniéndolo después en conocimiento del Juez y decretando éste su libertad si no encuentra en el término de setenta y dos horas motivos para su procesamiento. No tendréis noticia de que la República haya detenido a nadie cumpliendo escrupulosamente este precepto. En la Constitución se dice también que la República es una República de trabajadores, y que es indispensable proteger y apoyar el trabajo. Por si esto fuera poco, hay un precepto de ella que tiene un cierto sabor soviético. Se dice en ese artículo –no recuerdo el númeroque la República asegurará a cada trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. La gente ha votado con el corazón ligero este precepto; ¿qué quiere significar esto? O quiere significar que el Estado tiene la obligación de proporcionar trabajo al obrero, al que lo pida, rememorando así en la política española algo de aquello que fracasó con los talleres nacionales el año 1848 en Francia; o es un engaño, y por serlo, a estas horas millares de obreros hambrientos están discurriendo por las calles de Madrid, exhibiendo sus lacerías y acreditando con este espectáculo de miseria afrentosa cómo protege su dignidad de trabajadores la República española. 

¿Es que se puede hacer esto? ¿Es que se debe hacer esto? ¿No se presienten acaso los odios que inmediatamente tienen que producirse en la vida social? 

En la Constitución se ha dicho que los jueces ejercen su función con absoluta independencia, y por si esto no fuera bastante, ya que no se ha querido hablar de la independencia del Poder judicial, se declara categóricamente que los jueces y magistrados no pueden ser jubilados ni suspendidos, ni trasladados en sus puestos sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales. ¿Qué quiere decir eso?  Que al Juez y a los Tribunales de Justicia hay que respetarlos, en tanto no incurran en alguna de las faltas que pueda motivar un castigo o su destitución, pero a los Jueces no se les puede destituir a capricho o por las ideas que profesen, y sin embargo, a pesar de todas estas garantías, hemos visto que una República, que aseguraba la independencia del Poder judicial al socaire de una ley que parecía ser de defensa y era en rigor persecutoria trasladaba a todos los Jueces que no tenían, a juicio del Gobierno, convicciones republicanas. Una justicia republicana, lo mismo que una justicia monárquica, es una justicia degradada y envilecida. La justicia no tiene más normas que la ley que ha de aplicar, atemperándola precisamente al caso que es objeto de la contienda, y santificando el derecho de la parte a quien asista. Pero si los Tribunales, para fallar una contienda, tienen que ahogar la voz de su conciencia y mirar a la cara del Ministro, o de los servidores del Ministro, entonces yo os digo que la justicia no existe, y esto –no lo olvidéis-, para los pueblos es peor mil veces que el despotismo más vil, porque todavía en un pueblo regido por un déspota se puede vivir, ya que a lo mejor el déspota tiene resplandores de acierto en su gestión, que le obligan a no divorciar su conducta de las normas jurídicas; pero cuando en un pueblo la Justicia es un simulacro, un vano nombre, vacío y hueco, huíd y huíd rápidamente de ese pueblo, porque en su seno no hay garantía para nadie, y en su consecuencia, el honor, los intereses, la vida, todo estará en peligro.

Después de la disección sintética y a la ligera que ante vosotros acabo de hacer, no podrá extrañaros que cada vez más se acentúe la protesta del país y llegue en ocasiones a tener clamores de ira que asustarían a cualquier persona que, estando en el Gobierno, tuviera conciencia del deber, la más insignificante sensibilidad política.


Las Cortes que se divorcian del sentir nacional, son facciosas

Tuve yo la desgracia, o la fortuna –permitidme que hable de mí-, de haber vaticinado lo que tenía que acontecer. No es que yo pretendiera imitar a aquellos aurúspices romanos que predecían el porvenir examinando el vuelo de las aves y las entrañas de las víctimas –yo no tengo víctima alguna a mi disposición, ni he examinado tampoco el vuelo de las aves-; yo me limitaba a estudiar los hechos y a enunciar un juicio: Cuando en un país se convocan unas Cortes Constituyentes, su labor constituyente, digan lo que quieran ciertos comentaristas de escasa enjundia, termina en el momento mismo en que se elaboró la Constitución, porque de no ser así se corre el riesgo de que si prosiguen estas Cortes la labor legislativa, dada la confusión y la forma en que han venido a ellas las representaciones parlamentarias que la integran, perdieran, desde luego, autoridad y eficacia divorciándose del país, y cuando unas Cortes se divorcian del país, no empleemos eufemismos, las Cortes son facciosas. Tenedlo presente. Son facciosas, no tan sólo porque usurpan un Poder, sino porque perturban con sus actos el ejercicio del Gobierno y la vida normal del país. Todas estas significaciones tienen la palabra, por mí empleada y que tanto soliviantó a los defensores de la situación actual. Presentía yo, al emplearla, que como la realidad se impone siempre a todos los prejuicios y a todos los intereses, habría de venir muy pronto el momento en que otras minorías parlamentarias, tanto las afines como las más distanciada del partido Republicano Liberal Demócrata reconocerían al fin este divorcio de las Cámaras con la opinión. La persona de mayor autoridad entre los republicanos, por su historia, el Sr. Lerroux, lo está reconociendo todos los días, lo está declarando todos los días; y manifiesta, a su vez, con acierto , que a él lo que menos le importa es que en este juego, un poco raro, de la obstrucción, tenga dos votos o nueve el Gobierno, sino que lo que le importa es el saber si el Gobierno está conforme con la opinión o si actúa, por el contrario, disociado de ella. Con ello acredita el Sr. Lerroux una gran visión de gobernante; en primer término, porque aprecia mejor que nadie la realidad de su país; en segundo lugar, porque los hechos le han dado la razón, pues acaba de celebrarse un plebiscito más o menos limitado, y este plebiscito en esos burgos podridos, que antes eran esclavos de la autoridad constituida, se declara resueltamente, por dos tercios contra uno, en contra de todos los partidos gobernantes. 

Lo reconoce también el Sr. Maura; lo manifiestan todas las demás minorías; desde la progresista hasta la agraria, de manera que parecía natural que atendiendo a esta communia opinio parlamentaria y cumplida su misión constituyente se disolvieran las Cortes. Ya encontramos, sin embargo, un pretexto para sostener la tesis contraria. Se dice: hay dos leyes complementarias que son absolutamente indispensables para que la Constitución haga su juego: una, la de Congregaciones religiosas; la otra, muy necesaria, la del Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Por qué serán necesarias? También el Sr. Lerroux, coincidiendo en éste con nosotros, declara que sin estas leyes él gobernaría. Tiene razón, y está en lo cierto. Son necesarias, porque estas Cortes han dicho que eran leyes que tenían que aprobar las Cortes mismas, y ante esta declaración se detienen los sabios modernos, y con escrúpulos leguleyescos añaden: “Como precisamente estas leyes tienen que aprobarse por las Cortes Constituyentes, mientras no se aprueben, ese que se llama el Poder moderador o el Poder republicano supremo, no puede disolverlas sin infringir la Constitución.” ¡Ah! Entonces, ¿todo va a depender de la voluntad de las Cortes? Qué sofística y absurda resulta toda esta argumentación. Si las Cortes quisieran retardar la discusión de estas leyes meses y meses, prevaliéndose de la mayoría, las Cortes seguirían en una vida lánguida de esterilidad política funcionando en divorcio patente y peligroso con la opinión pública. ¿Y si las Cortes hubieran dicho que todas las leyes complementarias de la Constitución tenían que elaborarse en ellas? ¡Ah! Pues entonces las célebres Cortes del año 1931 tendrían que durar aproximadamente medio siglo.

Sí, porque leyes complementarias señaladas en la Constitución hay más de 40, lo decía el otro día con gran desenfado el señor presidente del Consejo de Ministros y si todas son leyes complementarias, no hay por qué establecer una excepción entre aquellas leyes que las Cortes dijeron que se aprobarían inmediatamente, y aquéllas otras que, siendo también complementarias, resultan indispensables para el funcionamiento del código fundamental; por lo tanto, no habría posibilidad de que terminaran las Cortes.


La obstrucción de las minorías responde a que la actuación del Gobierno es contraria a los intereses nacionales

Tienen razón todos los que en este momento, inspirándose en las corrientes de la opinión pública, declaran que el Gobierno está divorciado del país, y los que al propio tiempo afirman que si no es posible aprobar esas dos leyes rápidamente, fulminantemente, por un acuerdo con las oposiciones, se deben disolver las Cortes. 

Al convencimiento de que existe este divorcio entre el Gobierno y el país –y nada más que a esto-, responde la obstrucción. La primera que la inició, con un certero instinto político, fue la minoría radical; las otras entonces vacilaban, y aunque convencidas de los desaciertos del Gobierno, no colaboraban de una manera franca y eficaz en la obstrucción anunciada. Sin embargo, la razón triunfa siempre en política como en todas las manifestaciones de la vida, y fue la razón la que impulsó a todos los demás grupos parlamentarios a identificarse con la actitud de la minoría radical. Y yo también dije, tuve la desgracia de decir, que vendría la unión y la solidaridad de todas las minorías parlamentarias en la obstrucción, y por eso alguien me atribuyó la paternidad de una idea en la cual no tengo intervención alguna. Fueron las circunstancias, fueron los hechos, fue la realidad misma la que impuso la obstrucción, la obstrucción frente a un Gobierno desatentado que se aferra con desesperación al Poder, que no quiere, bajo ningún pretexto, plantear la crisis y que a juicio de algunos órganos en la Prensa, por cierto de opinión avanzada, no debe plantear la crisis.


El problema político actual

Aquí empieza de nuevo mi estupefacción. Yo siempre creí que cuando una minoría parlamentaria –que representa por su número y por su calidad la oposición más importante- adoptaba fundadamente una aptitud de obstrucción, el Gobierno, que debe saber que el Parlamento significa colaboración, y colaboración sobre todo con los partidos afines debía sentir necesidad de plantear la cuestión de confianza. ¡Ah, no! Nada de plantear la crisis. La actitud de la minoría radical era una torpeza política, sin justificación alguna a juicio del Gobierno; hubo quien la calificó de criminal, y no había por tal motivo que hacerle caso alguno. Comprended que esta falta de sensibilidad en el Poder, rayana en el quebranto del propio decoro, era lo que provocaba mi asombro. 

Pero no basta la actitud de la minoría radical, y vienen después todas las demás minorías, todas, a identificarse con ella, sin que haya ninguna que permanezca fuera de la obstrucción; y a pesar de la gravedad excepcional de esta actitud, los partidos gobernantes declaran, sin ruborizarse, que sería una indignidad plantear la cuestión de confianza. ¡A qué debilidades conduce el amor al Poder! Escuchad como contraste con esta falta de sensibilidad, algunos recuerdos de mi vida parlamentaria: 

Estaba Maura en el Poder con 300 diputados en la mayoría, con un prestigio en la opinión, que ya quisieran para sí muchos gobernantes pasados, presentes y futuros; tenía todo esto, y una tarde, con motivo de un proyecto en que el Gobierno anunció su criterio, el jefe del  Partido Liberal, que era entonces el Sr. Moret, al frente de 62 o 63 Diputados, le dijo, recriminándole: “con esa política nosotros no estamos de acuerdo”. Y a las dos horas estaba en Palacio presentando la cuestión de confianza ante un Rey que decía de Maura que era entonces el Bismarck de la Restauración. Otro detalle de la vida política: Con motivo de un debate que no tenía importancia, en el Senado se cruzó una proposición de un Senador de matiz republicano, de D. José Fernando González. Se trataba de una proposición presentada como por sorpresa –no era ésta la intención del Senador que la redactó- en las incidencias del debate, y sobre ella recayó votación. La mayor parte de los Senadores liberales estaban ausentes de la Cámara Alta, y la votación se ganó por el Gobierno, sino recuerdo mal, por tres votos. Cuando llegó la noticia al Congreso, Sagasta, que no tenía ciertas  susceptibilidades que ahora tanto se ridiculizan, ya había presentado la dimisión. Y yo pregunto: ¿pero cómo puede ocurrir eso ahora, en contraposición con lo antiguo? Hay quien contesta: “Son métodos nuevos, son nuevos estilos antes eran gentes dóciles, sin carácter, que, como muñecos, obedecían ciegamente la voluntad del Monarca, y ahora somos representantes legítimos del pueblo hombres firmes y enérgicos que no obedecemos más que al mandato popular. ¡Cá! ¡No puede haber crisis!” Puede que tengan razón, puede que sean métodos nuevos, aunque sorprendan todavía a los que sientan algún pudor, pero son métodos que si los utilizara otro Gobierno, a los Ministros actuales y a cuantos se singularizan por un vocabulario de plazuela les parecerían verdaderamente criminales. Pero, en fin, esto no puede pasar. Concibo que ni hubieran presentado la dimisión, ni planteado la cuestión de confianza, cuando el Sr. Lerroux, con su minoría era el único que sostenía la obstrucción; pero ahora son los radicales, los federales, los progresistas, los conservadores, los de Al Servicio de la República, la minoría agraria y la minoría vasconavarra –que en el fondo también están conformes-, son, en fin, todas las oposiciones, y yo digo: cuando el Jefe del Gobierno examine esta espectáculo, se hará inevitablemente la reflexión de que todos estos señores republicanos, agrarios y vasconavarros unidos representan en el pueblo español una mayoría muy superior a la gubernamental. ¿Puede alguien tener duda? ¿Y cómo ante este espectáculo no se plantea la crisis? La actitud del Gobierno sólo cabe explicarla por un olvido del deber o por una carencia absoluta de escrúpulos políticos. Pero es que el asombro de la gente va adquiriendo grados extraordinarios cuando observa que este Gobierno no se apoya en votos republicanos para mantenerse en el Poder, sino votos socialistas, que son, ante todo, por sus ideas, internacionalistas, y en votos de la Unión Regional Catalana, más preocupados de los intereses de su región que de España. ¡Y así estamos! La idolatría política es la más funesta de todas. Por eso, yo deseo que prescindáis de la simpatía que pueda inspiraros quien os dirige la palabra y atendáis tan sólo a sus razonamientos. Si no tuviera razón, no deberíais aplaudir. ¡Es que la tengo! ¡Es que la tiene conmigo el país, la víctima de este desgobierno! ¡Es que el país está asqueado de esta falta de dignidad política. 

Y así planteado el problema político. Con una particularidad digna de ser destacada. En el período álgido de la obstrucción logra el Gobierno nueve votos de mayoría, que son los nueve votos de los Ministros. Se dice en el Salón de conferencias, invocando los nuevos estilos: Es que no se trata de un voto de confianza. Pero, ¿qué era en el fondo esta protesta contra la guillotina , sino un voto de desconfianza para el Gobierno? ¿Quién lo puede negar? ¿Cómo son tan ciegos o tan torpes de entendimiento que no han visto, por efecto de la pasión o de un sórdido egoísmo, que aquello era una ratificación de la confianza, caso de obtener mayoría el Gobierno, o un voto en el caso contrario privándole de la confianza, para que se alejara del Poder? Y en esas cuestiones, el decoro más elemental aconseja que los propios interesados no se voten asimismos; pero es que, además, se repite por otra incidencia de la discusión el voto al día siguiente, y entonces los nueve votos disminuyen a uno, votando también los individuos que componen el Gobierno. Y yo pregunto: ante este espectáculo vergonzoso, que sería grotesco si no se vislumbrara en su fondo una verdadera tragedia para la República, ¿se puede continuar en el Poder? ¿Se puede permanecer así? El gran facedor de las Constituciones, que era Sieyes, con un gran conocimiento de la realidad, decía que en todos los regímenes representativos de carácter democrático, en la cumbre del poder está el gran Elector, que atalaya desde su sito, con mayor acierto que nadie, todos los movimientos de la opinión, todo su flujo y reflujo, y cuando el Gran Elector se encuentra con conflictos como éste, a que acabo de referirme, en que de un lado está la esterilidad del Parlamento y de otro la impotencia del Gobierno, lo lógico es que lo resuelva, estableciendo aquella armonía que exige el régimen parlamentario y el prestigio mismo de las instituciones fundamentales. Yo así lo espero. 

Hay quien cree que basta para permanecer igualmente en el Gobierno con ostentar la mayoría parlamentaria. No. Ya decía mi maestro, el fundador del partido reformista, el Sr. Azcárate, que eso era como confundir la representación con la delegación; que esa idea, propagada por Rousseau, de que los ciudadanos no tenían más que un momento en que actuaban como soberanos, que era el de depositar el voto, era un anacronismo y un error. Es verdad; la opinión en la democracia actúa permanentemente, por medio de la Prensa, de los mítines y de las elecciones parciales, y cuando la opinión pública, que actúa constantemente, como digo, se manifiesta en contra del Gobierno, éste por acatamiento a la soberanía del pueblo tiene que caer o el Gran Elector debe hacerlo caer.


La dictadura parlamentaria es siempre funestísima

Otra cosa equivale a llegar a la Dictadura parlamentaria que es funesta, funestísima. Recuerdo que en ese precioso libro del Sr. Azcárate, “El Régimen parlamentario en la práctica”, que hemos leído todos en nuestra época de estudiantes de Doctorado, cuando se hablaba de la Dictadura parlamentaria se decía que no era posible sostenerla bajo ningún pretexto, y al efecto citaba una frase de Voltaire, el cual ya manifestaba en su tiempo: “Prefiero ser gobernado por un león de buena raza a serlo por doscientos ratones de mi especie. Sí. Sí; la Dictadura parlamentaria puede engendrar en la vida pública esta gobernación de los doscientos ratones a que aludía Voltaire.

¡Que diferencias además tan profundas con otros ejemplos entresacados de tiempos pretéritos! En Bélgica lo registra también en su libro el Sr. Azcárate. Docker presentó una vez la dimisión al Rey Leopoldo, diciendo: “Tengo toda la confianza de la Cámara; no estoy seguro de tenerla de la opinión, y me creo en el deber de plantear la crisis”. Ricassoli es otro de los que se citan; presentó también la dimisión del Gobierno con una Cámara en la que tenía, no la mayoría, sino casi la unanimidad, y dijo: “Tengo, en efecto, casi la unanimidad de la Cámara, y me saludan con aplauso fervoroso y entusiasta todos los correligionarios; lo que pasa es que cuando voy a la calle, en contraste con aquel fervor, observo la indiferencia de los ciudadanos.” Yo pregunto ahora desde aquí: ¿Los señores Ministros liberales de la República encuentran fervor, clamores de júbilo respecto a su conducta en todo el país? ¿Lo observan? Tendría yo que recordaros que incluso en las visitas a los pueblos donde asisten los Ministros con carácter oficial han querido hacer objeto de agravios a quien está por encima de la política del Gobierno y ocupa la cúspide del Poder? ¿No les dice esto nada? Señores que me escucháis: Aquí y en casi todos los mítines que se celebran en España se clama por la caída del gobierno, considerándola como una necesidad para la vida de la República y la salvación de España.


Debe producirse la crisis


En esta lucha entre el egoísmo político de los Ministros y la realidad que está pidiendo a gritos la crisis, no hay otra solución que abandonar el Gobierno. Lo exige el decoro, lo demanda la justicia, lo pide el país. No sé si provocada la crisis, será posible una combinación parlamentaria, para aprobar una o dos leyes más; yo lo creo difícil, casi imposible. Cuando alguien salga del Poder, veréis cómo su patriotismo se exacerba y se solivianta, fijándose principalmente en los intereses de la Nación. Todas las combinaciones que se inventen para prolongar la vida de este Gobierno, y de estas Cortes, serán estériles y además perjudiciales. La opinión tiene decretada la caída del Gobierno, y este fallo de la opinión hay que ejecutarle rápidamente. Si no cayeran, si alguien, desviándose de la opinión, considerase necesario la continuación en el Poder de los actuales gobernantes, temo hacer una profecía, y hasta quisiera equivocarme, pero si tal cosa sucediera, repito, el daño inferido a la República sería irreparable. Cuando se celebren nuevas elecciones, la opinión, encrespada por la cólera e identificando la República con sus gobernantes actuales, aquéllas constituirán un plebiscito contra el régimen. Para evitarlo, en unión y en colaboración con todos esos republicanos a quienes antes aludí, estamos nosotros, defendiendo las esencias liberales y democráticas y un programa netamente republicano, diciéndole al país que hay que colocarse al lado de la República, por lo mismo que representa y encarna el futuro de España; pero diciéndoles a los gobernantes que hay que dimitir, en bien de la República, porque, de lo contrario, comprometerán para siempre, con sus notorios desaciertos, la vida de las instituciones. 



No hay comentarios:

Publicar un comentario