233. El principio de justicia universal es el cordón umbilical de la humanidad

Los familiares de las víctimas, a veces con un pico y una pala, tienen que suplir la falta de antropólogos forenses y fiscales especializados en crímenes de lesa humanidad, dice este activista de DD.HH.

El ejemplo del Nunca Más. “Ustedes tuvieron el informe Sabato, pero eso no impidió que pudiera haber investigaciones en los juzgados”, dice Beltrán

Esteban Beltrán vivió en la Argentina cuando despuntaban los años 90. Alcanzó a ver el último alzamiento carapintada contra la democracia y constató que la Justicia de un país se mueve en medio de presiones políticas, procedimientos en sigilo y etapas de oxígeno, donde los expedientes avanzan sin trabas. Esa puerta es la que vino a tocar a Buenos Aires, donde está abierta la única causa que investiga los crímenes del franquismo, una instancia clausurada en España por decisión de su máximo tribunal.

El expediente que maneja la jueza federal María Romilda Servini de Cubría lleva dos años de existencia y pocos avances, pero el director de la sección española de Amnistía Internacional, una organización enfocada en la lucha por los derechos humanos, confía en que pronto se activará y llevará a la cárcel a los responsables. Beltrán cree que la magistrada puede actuar como hizo el juez Baltasar Garzón contra los represores argentinos, cuando aquí estaban cerrados los procesos y allá, en cambio, pudieron avanzar. El principio de justicia universal, el mismo que puso preso al dictador chileno Augusto Pinochet, es para este profesor “el cordón umbilical de la humanidad” porque permite juzgar los crímenes internacionales donde la Justicia encuentre esa bocanada de oxígeno El Diccionario Biográfico Español, cuya elaboración fue financiada con dineros públicos, evitar llamar “dictador” a Franco, lo que ha desatado en España una suerte de guerra por una sola palabra. ¿Cómo interpreta usted esa tensión? Como un ejemplo más de intentar pasar la página sobre una parte de nuestra historia sin leer la página. No es el más grave, pero es parte del error que significa dejar en impunidad los crímenes internacionales del franquismo.

El Tribunal Supremo bloqueó la posibilidad de una persecución penal de los crímenes del franquismo. Alegó la amnistía de 1977, el paso del tiempo para juzgarlos, de más de 20 años, y la quita que se hizo entre 1932 y 1944, en el Código Penal, del castigo al delito de desaparición de personas. ¿Cómo sostener el argumento de la no prescripción de esos delitos? Con una sentencia del 27 de febrero último, el Tribunal Supremo cierra con cuatro llaves el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Esas cuatro llaves son manifiestamente erróneas, y se apartan de la doctrina internacional de derechos humanos y de los propios tribunales internacionales. La excusa de que no existían esas figuras delictivas reconocidas internacionalmente cuando se cometieron se rebate con dos antecedentes: ya existían la Conferencia de Paz de la Haya de 1899 y la Convención de 1907 y, desde luego, el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 1945. En cuanto a la prescripción alegada, digo que son crímenes internacionales, y por lo tanto no prescriben. No pueden ser delitos ordinarios cuando estamos hablando de 114 mil casos denunciados. La ley de amnistía nunca puede ser una ley de impunidad. Y si es un obstáculo, lo que debería hacer el Gobierno español es derogarla. La cuarta excusa dice que todos los responsables han muerto, pero la doctrina internacionalidad penal marca que eso es una consecuencia de la investigación, no algo a priori.

¿Qué instancias les quedan a los familiares de las víctimas? Por el desamparo en el que han quedado en España, a las víctimas les quedan, de momento, tres posibilidades: una, la Justicia argentina, que es el único lugar donde se juzga por el principio de justicia universal el tema de España; la segunda es el recurso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el tercera posibilidad es que el Tribunal Supremo español rectifique el fallo, que se produzca un cambio de jurisprudencia. Eso ya ocurrió en el caso de Argentina, Chile y Guatemala en el año 2000. Antes se consideraba que no había lugar para la investigación de esos crímenes de lesa humanidad, pero eso cambió. Por eso, digo que el principio de justicia universal es el cordón umbilical de la humanidad: nos da luz cuando en algún sitio pretenden dejarnos a oscuras.

Para tratar de entender: de encontrarse hoy, por ejemplo, el cuerpo del poeta granadino Federico García Lorca, se lo podría exhumar, identificar, entregar a sus familiares, pero los responsables del asesinato no tendrían castigo penal ...

Depende. En España se han abierto más de 100 fosas, y los familiares lo hicieron sin ayuda del Estado, salvo económica. O sea, el Estado, en un rasgo inédito en la historia de los países donde se pasa de dictadura a democracia, o de guerra a paz, ha tercerizado, como dicen aquí en la Argentina, la exhumación de las fosas en los familiares, algo insólito. Cuando hay muchas fosas comunes y hay muchos responsables, tendrán que ser investigados. Muchos seguramente han muerto y no tendrán responsabilidad penal, pero no puede ser que sea a priori, eso viene después de investigar.

Hay historias de mujeres que recorren pueblos cavando fosas, con una mochila por todo equipo, solas.

Sí, conocemos a una mujer que encontró a su abuelo a pulmón, lo exhumó con las uñas, con su pico y su pala, pidió a las autoridades que estuvieran presentes y no fueron, pidió a la Iglesia que estuviera y le sugirieron que lo enterrara en silencio. No puede ser que sean los familiares los que hagan esto. Simplemente, no es legal, no es posible, cuando hay restos de una persona que puedan provenir de un hecho violento, tiene que haber un forense, policía científica, un juez presente, como ocurre en cualquier país del mundo.

En este tiempo de ajuste en España, se ha recortado la ayuda para las tareas de recuperación de la memoria histórica. ¿Cómo los afecta? En principio, no afecta las exhumaciones, pero no es esa ayuda la que necesitan los familiares. Necesitan que el Estado asuma su obligación de investigar. No es una cuestión de subvenciones: debe haber una policía científica, una fiscalía que se dedique a ello, un mapa de fosas, un juez que se haga presente en las exhumaciones. Todo esto tiene que ver con derechos, no con ayudas ocasionales. La posición de las diferentes autoridades españolas frente a estos delitos como desaparición forzada, trabajo esclavo, tortura a gran escala o niños robados ha sido “vamos a darle un descuento en los impuestos a los familiares, una mejora en las pensiones”, pero nada que haga a su obligación de investigar. Y no importa el paso del tiempo. Vemos ahora cómo el gobierno australiano está reconociendo lo que hicieron con los niños aborígenes discriminados y esclavizados a principios del siglo XX. ¿Por qué España es una excepción? Todos los demás procesos de dictadura a democracia han tenido su aspecto imperfecto en la reparación. En España sólo hubo una reparación administrativa a una parte de las víctimas.

¿Por qué nadie interviene en el Valle de los Caídos, que es un monumento a la guerra, un altar franquista, donde está el verdugo y yacen sus víctimas? Efectivamente es así. Todo debería partir de la voluntad política de leer la página. Debería haber una verdad oficial y una verdad judicial. Ustedes tuvieron aquí el informe Sabato, pero eso no impidió años después que pudiera haber investigaciones en los juzgados. Pueden haber muerto muchos responsables, pero otros no, el régimen de Franco duró hasta el año 1975. El otro concepto es la reparación, que es reconocimiento del daño causado, restitución a la situación anterior en la medida de lo posible y, sobre todo, garantías de no repetición. Este contexto hace que haya algunos símbolos considerados ofensivos para las víctimas y éste es el Valle de los Caídos.

Hay testigos de más de 90 años, pruebas que se mueren. ¿Están haciendo algún tipo de archivo oral para salvar esos testimonios? Aunque vayan desapareciendo las personas más mayores, nadie se resigna a que su abuela o abuelo fuera considerado un delincuente, fuera ejecutado a sangre fría, enterrado en una cuneta sin saber dónde está. Los hijos y los nietos continuarán la tarea. Es una gran injusticia para los que se van, pero al ser un crimen de guerra, la tarea puede continuar.

Hay un cementerio en Málaga, el de Teba, donde coinciden tumbas con la inscripción “Vilmente asesinado por los enemigos de Dios” y otras que señalan a personas “Sin Dios, pertenecientes a hordas marxistas”. ¿Hasta cuándo estas dos Españas en blanco y negro? No es que en los contenidos escolares haya apoyo a la dictadura, ni nada de eso, pero hay una asignatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que está en riesgo de desaparecer. Esto se aprende cuando hay una verdad oficial, cuando el Estado dice: “Mire usted, hemos abierto 4.000 fosas comunes, hemos encontrado esto, hubo víctimas de ambos lados, pero las que no obtuvieron justicia y reparación fueron éstas”. El bando republicano produjo dolor también, pero las víctimas tuvieron reparación y justicia: en un expediente que hubo en los años 40, que se llamó Causa General. Y ahora hay olvido y discriminación contra estas otras víctimas.


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