511. Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la dictadura franquista

En España se desarrolla actualmente un debate público sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco y el inventario completo de las violaciones de los Derechos Humanos durante aquella época aún no ha sido finalizado.

A la vez que recomienda un conjunto de medidas orientadas a acelerar este proceso, la Asamblea parlamentaria subraya que la violación de los Derechos Humanos no es asunto interno que afecte a un solo país y el Consejo de Europa está bien situado para propiciar un debate riguroso sobre este tema a escala internacional. Además, la Asamblea pide al Consejo de Ministros que adopte una declaración oficial de condena internacional del régimen franquista y declara la fecha del 18 de julio de 2006 como Día oficial de condena del régimen de Franco.

l.- Declaración de condena

1. La Asamblea parlamentaria condena con firmeza las múltiples y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en España por el régimen franquista de 1939 a 1975. 

2. En España, el debate público iniciado en los años 80 e intensificado bajo la administración actual, prosigue en el objetivo de establecer un inventario completo de los crímenes de la dictadura de Franco.

3. Desde el inicio de los años 80, distintas iniciativas han sido coronadas por el éxito, tales como la retirada de los espacios públicos de símbolos de la dictadura como las estatuas; el cambio de nombre de las calles y escuelas que llevaban el nombre de Franco o de sus generales.

4. La Asamblea espera que el debate en curso en España desembocará en un examen y una evaluación completa y profunda de las acciones y los crímenes del régimen franquista. La Asamblea espera, en particular, los resultados del trabajo de la Comisión interministerial sobre la situación de las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista, establecida en octubre de 2004. 

5. Al mismo tiempo, la Asamblea subraya que la violación de los Derechos Humanos no es un asunto interno que afecte a un solo país y que, por consiguiente, la comunidad internacional está tan interesada en esta cuestión como los españoles mismos.

6. La conciencia de la Historia es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Además, la evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un papel importante en la educación de las jóvenes generaciones.

7. La Asamblea subraya que el Consejo de Europa está bien situado para propiciar un debate riguroso sobre esta cuestión. De conformidad con los principios fundamentales que defiende, debe condenar a nivel internacional los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el régimen franquista.

8. Por consiguiente, la Asamblea pide al Comité de Ministros:

8.1 que proclame una declaración oficial de condena internacional del régimen de Franco y declare la fecha del 18 de julio de 2006 como Día oficial de condena del régimen de Franco en el 70 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la guerra civil en España.

8.2 Que inste al Gobierno español a:

8.2.1. poner en marcha una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista, y que ésta presente el correspondiente informe al Consejo de Europa;

8.2.2. continuar a poner a disposición de todos los historiadores e investigadores el conjunto de los archivos civiles y militares que puedan contener documentos que permitan establecer la verdad sobre la represión;

8.2.3. instalar una exposición permanente en la basílica subterránea del Valle de los Caídos en la Comunidad de Madrid -donde está enterrado el general Franco- , que explique cómo fue construida por prisioneros republicanos;

8.2.4. invitar a las autoridades locales a que erijan monumentos en memoria de las víctimas del régimen franquista en la capital española y en otras grandes ciudades del país.

II.- Exposición de motivos

1. El 3 de noviembre de 2004, el Parlamento español aprobó una moción en la que pedía la retirada de los espacios públicos de los cientos de símbolos de la dictadura franquista presentes en todo el país, en particular las estatuas, y que fueran rebautizadas las calles, vías y establecimientos de enseñanza que llevaran el nombre de Franco o de sus generales.

2. Cuatro meses más tarde, a medianoche y con el pretexto de obras públicas, una estatua ecuestre de Franco fue retirada de una de las grandes plazas de Madrid. Pese a que la operación fue organizada en secreto, un centenar de partidarios de Franco intentaron impedir la retirada de la estatua. Este incidente ilustra las controversias que suscita la evaluación de la reciente historia de España.

3. Tan sólo recientemente, la cuestión del franquismo ha sido objeto de un debate público serio y profundo en España. Las peticiones públicas se multiplican a favor de un examen y un balance detallado de los actos de la dictadura y, en particular, de sus crímenes. Los llamamientos a la apertura de fosas comunes donde están enterradas las víctimas de los escuadrones de la muerte franquistas son elementos nuevos del debate público.

4. El gobierno del Sr. Zapatero ha tomado algunas medidas, incluida la indemnización de las víctimas del régimen franquista. En octubre de 2004 se estableció una Comisión interministerial para el examen de la situación de las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista. Es un buen punto de partida para un examen y un balance riguroso de los crímenes del régimen franquista.

5. La comunidad internacional está tan afectada como España por este problema. La protección de los Derechos Humanos representa uno de los valores universales fundamentales. La violación de los Derechos Humanos no puede ser considerada únicamente como un asunto interior de un país. El conocimiento de la Historia es necesario para impedir que se repitan los errores. La evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juegan, además, un papel importante en la educación de las jóvenes generaciones. El Consejo de Europa está bien situado para acoger una discusión seria de este asunto a escala internacional.

6. El presente documento tiene por objetivo principal el análisis del balance cuando menos turbador del franquismo en materia de Derechos Humanos y de iniciar a escala internacional un proceso de condena de los crímenes cometidos en su nombre.

7. El Ponente expresa su reconocimiento a los historiadores e investigadores eminentes Helen Graham (Departamento de Historia española contemporánea, Royal Holloway University, Londres), Paul Preston, biógrafo de Franco, y David Wingeate Pike, autor de Españoles en los campos alemanes, por su ayuda y cooperación en la preparación de este informe.

MEMORIA HISTÓRICA

8. Francisco Franco Bahamonde, más conocido con el nombre de Generalísimo Francisco Franco (1892-1975), fue el jefe militar español que accedió al poder en el curso de la guerra civil (1936-1939) y gobernó posteriormente a España de forma dictatorial durante cerca de cuarenta años, de 1939 a 1975.

9. Durante los primeros decenios del siglo 20, España atravesó una serie de graves crisis económicas, políticas y sociales. El desarrollo de movimientos a favor de la autonomía regional en el País Vasco y en Cataluña debilitaba gravemente la autoridad del gobierno central de Madrid. Los disturbios sociales y las huelgas generadas por la pobreza, las pésimas condiciones de trabajo y un sistema económico superado eran frecuentes, tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país.

10. La negativa del régimen monárquico constitucional, con el rey Alfonso Xlll al frente, a comprometer reformas políticas y sociales, precipitó su caída en 1931 y condujo a la creación de la Segunda República.

11. La formación del primer gobierno de coalición de la República, compuesto de partidos de izquierdas, encrespó a los conservadores y entre ellos a Franco, que era entonces el general más joven de Europa desde su nombramiento en 1926, a los 34 años de edad. Poco después de su acceso al poder, los republicanos lanzaron un ambicioso programa de reforma del Ejército español, que generó la hostilidad de numerosos oficiales. Desde 1931, un grupo de militares empezó a conspirar con el objetivo de derrocar a la República.

12. La incapacidad de la República para satisfacer una gran parte de las aspiraciones que su creación había suscitado en el seno de la población y la división de los partidos de izquierdas permitieron el acceso al poder en 1933 de un gobierno autoritario de derechas. Las tensiones sociales pendientes de solución se manifestaron en 1934 con la insurrección de los mineros en Asturias, que fue aplastada por las tropas al mando de Franco, quien aseguró de este modo su promoción al cargo más alto del Ejército, como jefe del Estado Mayor.

13. En las elecciones de la primavera de 1936, los partidos republicanos y de izquierdas formaron una coalición, el Frente Popular. Aquellas elecciones, celebradas en un clima de tensión, dieron una apretada victoria a estos partidos. El gobierno nacido de las elecciones ha sido presentado con frecuencia como un gobierno de izquierdas, cuando en realidad estaba compuesto íntegramente por personalidades políticas republicanas liberales, sin ministros socialistas o comunistas.

14. En vísperas de la guerra civil, el país estaba sumido en el caos: las huelgas eran frecuentes, la violencia endémica y la situación en vías de radicalización. Según las fuentes oficiales, durante este período 330 personas fueron asesinadas y 1.511 heridas en enfrentamientos políticos. Se cuenta en la misma época 213 tentativas de asesinato, 113 huelgas y la destrucción de 160 edificios religiosos.

15. Después de haberse negado durante algún tiempo a conspirar contra el gobierno, en el verano de 1936 Franco se aproximó a un grupo de oficiales derechistas cada vez más impacientes por derrocar al gobierno. Se sumó a la sublevación militar poco antes de que estallara, una vez convencido de sus posibilidades de éxito, y desempeñó un papel determinante en el alzamiento.

16. EI golpe de estado que estalló en julio de 1936 fracasó en un gran número de grandes ciudades y la situación se deterioró rápidamente, conduciendo a la guerra civil.

17. España se dividió en dos campos hostiles. De un lado se encontraban distintos grupos anti-republicanos, civiles y militares, pronto denominados como “nacionales” y que incluía a los fascistas de la Falange, los monárquicos y la mayor parte de los conservadores. Las organizaciones “nacionales” coincidían en la idea de que las políticas de la Segunda República ponían en peligro la sociedad española tradicional que defendían. También estaban convencidos de que el Ejército debía tomar la cabeza del movimiento para derrocar a la República y sustituirla por un gobierno autoritario fuerte.

18. Del otro lado se encontraba el campo republicano, compuesto a la vez de leales defensores de la República y revolucionarios de izquierdas. Pese a las diferencias que les oponían en muchos aspectos a las demás organizaciones republicanas, los revolucionarios les apoyaron en la lucha contra la rebelión.

19. El Ejército “nacional” estaba apoyado por tropas de la Alemania nazi (la Legión Cóndor) y de la Italia fascista (el Corpo Truppe Volontarie). El Portugal de Salazar también sostuvo abiertamente a los “nacionales” desde el inicio. Los republicanos, por su parte, recibieron el apoyo de las Brigadas Internacionales, que agrupaban a los voluntarios procedentes de numerosos países, organizados y dirigidos por el KOMINTERN.

20. A finales de septiembre de 1936, una Junta Militar provisional nombró a Franco Generalísimo (comandante en jefe) del Ejército nacionalista. Franco también fue designado como el Caudillo, es decir el nuevo jefe del Estado español. Franco se convirtió no sólo en el jefe de la cadena de mando del Ejército, sino en el jefe supremo de la España nacionalista.

21. El lº de abril de 1939, poco después de la conquista de Madrid, Franco declaró formalmente la victoria de las tropas nacionalistas, pese a que la resistencia al nuevo régimen continuó en forma de guerrilla hasta finales de los años 40.

22. Se estima en medio millón el número de personas muertas en el curso del conflicto. Entre 250.000 y 500.000 republicanos abandonaron además el país para buscar refugio en el extranjero. La economía española quedó arruinada y su infraestructura completamente destruida.

RASGOS ESENCIALES DE LA DICTADURA DE FRANCO

23. Desde el principio de la guerra civil, Franco se comprometió en la construcción de un nuevo tipo de estado autoritario con el que preveía gobernar al final de la guerra. Este sistema fue llamado posteriormente Nuevo Estado. La organización política, económica y social del régimen franquista descansaba sobre las ideas fascistas y corporativistas.

24. El fascismo exigía una lealtad incondicional al Estado y, en particular, hacia Franco como jefe del estado español. El corporativismo perseguía establecer una estrecha colaboración entre empresarios y trabajadores bajo la dirección del Estado. La política corporativista tenia por objetivo el asegurar la regulación de la economía mediante el control de las condiciones de trabajo, los salarios, los precios, la producción y los intercambios comerciales.

25. EI decreto de unificación de 1937 fue una de las primeras medidas adoptadas en aras de la instauración del Nuevo Estado. Este decreto daba a Franco toda la autoridad para suprimir los partidos políticos de derechas y reagrupar el conjunto de los nacionalistas en el seno de un partido único situado bajo su control, el partido de la Falange Española Tradicionalista de las JONS, FET).

26. La etapa siguiente fue el reagrupamiento forzoso de todos los sindicatos aliados a los nacionalistas en el seno de una gran organización, la Organización sindical Española (OSE), completamente enfeudada al partido falangista. La política corporativista debía permitir, en la intención de Franco, sentar las bases del desarrollo de relaciones armoniosas entre empresarios y obreros.

27. Franco dio una base jurídica a su gobierno impulsando un proceso constituyente y promulgando una serie de “leyes orgánicas del Estado” entre 1938 y 1967. Estas leyes precisaron poco a poco los poderes de Franco y le permitieron controlar todos los aspectos de la vida política, económica y social en España. Franco resistió a todas las demandas de democratización, parapetándose tras una serie de leyes seudo constitucionales, con las que pretendía dirigir un Estado constitucional de un tipo totalmente nuevo.

28. De todas las “leyes orgánicas”, la ley de sucesión de 1947 tuvo las consecuencias más importantes para el futuro del sistema franquista. Aquella ley definía formalmente al Estado español como un Estado monárquico. Su objetivo no era revitalizar la monarquía liberal constitucional anterior a 1931, sino instituir un nuevo estado monárquico que Franco dirigiría hasta su muerte o incapacidad. La ley reconocía igualmente a Franco el derecho de designar su sucesor.

29. Las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión o el derecho de asociación fueron totalmente reprimidos. Toda crítica al régimen era considerada como un delito; los partidos políticos fueron prohibidos y el sufragio universal abolido. El partido falangista era la única organización política reconocida como legal en todo el país y el parlamento reducido a una fachada.

30. Los artistas y los intelectuales fueron forzados al exilio u obligados al silencio por la censura. La influencia de la ideología oficial era perceptible en los programas educativos y los manuales escolares. Bajo la dictadura, la influencia del régimen de Franco sobre el contenido de los programas y libros escolares fue muy fuerte y formaba parte de un programa intensivo de lavado de cerebros. Los sindicatos republicanos fueron disueltos y sus fondos y bienes, confiscados. Las personas que habían sostenido al Frente Popular fueron objeto de la prohibición de participar en la vida pública.

31. Franco acometió una política de represión contra todo individuo susceptible según él de representar una amenaza para el nuevo régimen. Miles de republicanos fueron sumariamente ejecutados o encarcelados y un número innumerable fueron sometidos a diversas formas de sanción política o económica.

32. EI apoyo activo aportado al régimen por la Iglesia católica romana contribuyó a asentar la legitimidad del Nuevo Estado a los ojos de muchos creyentes españoles.

33. Con el estallido de la Segunda Guerra mundial en septiembre de 1939, Franco afrontó nuevos retos. El más apremiante era la cuestión de saber si España debía entrar en el conflicto al lado de las potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón. Abiertamente favorable a los principios fascistas, Franco era también consciente de la enorme deuda contraída por su régimen con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler en razón de la ayuda financiera y militar que ambos países habían aportado a los nacionalistas a lo largo de la guerra civil. Franco, sin embargo, consciente también de la precaria situación de su régimen, decidió adoptar una política de neutralidad.

34. En junio de 1940, Franco había anunciado su intención de aproximarse a las potencias del Eje. Franco mantuvo relaciones amistosas con Hitler y Mussolini, aunque Hitler juzgó excesivas las condiciones planteadas por Franco para la participación en la guerra, condiciones que incluían a la vez determinadas exigencias en materia de seguridad y la adquisición de territorios coloniales en las zonas bajo control francés en África del Norte.

35. A partir de mediados de 1943, cuando la guerra empezó a evolucionar en un sentido más favorable a los Aliados, Franco se mostró cada vez más receptivo a las presiones de los Aliados, que exigían la neutralidad de España. Franco, sin embargo, continuó a exportar materias primas hacia Alemania y sólo abandonó la esperanza de una victoria alemana cuando la derrota se convirtió en cierta, en 1944.

36. AI evitar la participación directa de España en la Segunda Guerra mundial, Franco ahorró a España los numerosos muertos y destrucciones que sufrieron la mayor parte de los países europeos. Sin embargo, las relaciones mantenidas por Franco con los regímenes fascistas, así como el carácter antidemocrático del régimen franquista, contribuyeron al aislamiento de España de los demás países de Europa occidental durante la posguerra.

37. Considerado como un paria de la comunidad internacional, la España franquista se encontró política y económicamente aislada en los años siguientes.

38. Franco resistió a las presiones internas y externas a favor de una democratización de España, principalmente por su determinación en asegurar la legitimidad de su régimen por medios jurídicos.

39. Durante los años 50, las relaciones entre España y las democracias occidentales entraron en una nueva fase, habida cuenta que estos países comenzaron entonces a contemplar con una mirada más favorable al régimen pro católico y ferozmente anticomunista creado por Franco. Esta evolución estaba dictada por la guerra fría y por la rivalidad ideológica y militar que oponía las democracias occidentales a los países comunistas dirigidos por la URSS.

40. En 1953, Franco concluyó un tratado con los Estados Unidos, los Pactos de Madrid, que daba a los Estados Unidos acceso a varias bases militares y navales españolas a cambio de una ayuda económica y militar. Este acuerdo convirtió a España en un miembro importante del bloque anticomunista en Europa del oeste.

41. En 1955, España fue admitida formalmente en el seno de la comunidad internacional, con su adhesión oficial a las Naciones Unidas (ONU).

42. La reintegración progresiva de España en el seno de la comunidad internacional permitió una estabilización de la dictadura franquista. Durante los años 50, Franco se esforzó en consolidar el sistema autoritario que presidía desde la guerra civil, apoyándose sobre el Ejército, la Iglesia y las familias de la derecha con fuerte influencia política.

43. Su situación en el poder en España estaba entonces más asegurada que nunca, pero Franco mantuvo su control sobre la sociedad española, reprimiendo toda actividad a favor del regionalismo, de la liberalización política o del sindicalismo de izquierdas.

44. A partir de finales de los años 50, sin embargo, importantes grietas empezaron a producirse en el edificio autoritario del franquismo. Grupos de la oposición cada vez más influyentes, que agrupaban los elementos progresistas de la Iglesia católica, las asociaciones de estudiantes y las organizaciones clandestinas de los trabajadores promovieron la contestación frente al régimen. Esta oposición estaba alimentada en gran parte por el deterioro de la situación económica. Después de varios años de autarquía, la economía española estaba al borde de la quiebra.

45. EI cambio de la situación económica a mediados de los años 60, al asegurar una prosperidad creciente a los partidarios del régimen en las clases medias, parecía dar una nueva juventud al franquismo. Sin embargo, las presiones internas y externas continuaron a ejercerse. En respuesta a estas presiones, Franco promulgó en 1967 una ley orgánica que reducía sus poderes y funciones, así como las de su sucesor.

46. Franco, sin embargo, conservaba un derecho de veto absoluto, pues podía bloquear toda reforma susceptible de poner en cuestión su autoridad.

47. La ley de 1967, por consiguiente, sólo introducía cambios superficiales con el objetivo de mejorar la imagen de España en el extranjero y dar al pueblo español la impresión de que España se insertaba en el camino de la democracia. La popularidad de Franco, sin embargo, continuaba a decaer por la lentitud de la modernización de las estructuras políticas y sociales del régimen.

48. Franco, que sufría desde hace años la enfermedad de Parkinson, murió en noviembre de 1975, dejando el porvenir de España en manos del nuevo jefe de estado, el rey Juan Carlos I. Pese a que éste había sido cuidadosamente preparado para asegurar la sucesión de Franco, Juan Carlos entró en contacto con personalidades políticas y organizaciones sindicales con el objetivo de- iniciar una transición relativamente sin sobresaltos hacia la democracia.

49. El rey Juan Carlos I comenzó entonces a desmantelar las instituciones autoritarias del régimen de Franco y apoyó la renovación de los partidos políticos. Tres años después de la muerte de Franco, España se había convertido en una monarquía constitucional plenamente democrática.

BALANCE DE LOS CRIMENES DEL RÉGIMEN DE FRANCO.

50. EI acceso de Franco al poder puso un término a los antagonismos políticos y a los disturbios sociales que agitaron a España en la primera parte del siglo 20. Franco también contribuyó a sentar las bases de la modernización económica de España, situando al país en la vía de la cooperación con los demás países europeos.

51. Sin embargo, el balance del régimen franquista en materia de Derechos Humanos sigue siendo profundamente impactante. Franco no sólo ejerció represalias muy duras contra sus opositores, sino que creó un régimen político que negaba a la mayoría de los españoles el ejercicio de las libertades y los derechos individuales.

52. Durante la guerra civil, la represión militar con su cortejo de horrores, después de haber comenzado en Sevilla y en el oeste de Andalucía en 1936, se extendió progresivamente al resto del país, a medida que avanzaban las tropas franquistas.

53. EI número total de víctimas permanece controvertido: se estima generalmente entre 500.000 y 1 millón el número de personas muertas. Un gran número de ellas, sin embargo, no perecieron en combate militar, sino que fueron asesinadas en brutales ejecuciones de masa perpetradas por ambos lados.

54. AI inicio de la guerra, más de 500.000 personas que se encontraban del “lado equivocado” de la línea del frente fueron asesinadas o ejecutadas sumariamente. Las cifras son probablemente comparables de ambos lados de la línea de frente. Las víctimas fueron sacadas de sus refugios o de sus lugares de detención. La más célebre de ellas fue sin duda el poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

55. La guerra civil española fue una guerra total. El bombardeo de la ciudad vasca de Guernika por la Legión Cóndor, tema de un célebre cuadro de Picasso, anticipó los momentos más negros de la Segunda Guerra mundial.

56. En el curso de esta guerra, las mujeres fueron sometidas a tratamientos particularmente crueles en nombre de la idea franquista de las represalias: violaciones, confiscación de los bienes y ejecución en castigo por el alistamiento de sus hijos o su marido.

57. Inmediatamente después del final de los combates militares, el régimen franquista impuso la ley marcial en toda España. Uno de los aspectos principales del nuevo régimen fue el sistema de justicia militar expeditiva puesto en marcha para juzgar a sus opositores, es decir, a toda persona que hubiera servido voluntariamente en el Ejército republicano o toda persona que hubiera expresado su apoyo a la República. Al someter a juicio militar hasta 1962 (e incluso más tarde en algunos casos) a todo individuo considerado como oposito político, el régimen franquista privaba de hecho a los defensores de toda garantía seria y de su derecho a un representante legal.

58. Los procesos de presos políticos terminaban con frecuencia con la pena capital (extremadamente frecuente en los años 40) o a penas de 2O a 30 años de prisión por el único “crimen” de ser republicanos.

59. Durante los años 40, además, numerosos detenidos políticos no fueron presentados ante un tribunal. Miles de personas fueron mantenidas durante años en detención administrativa, sin el menor control judicial. Las cifras oficiales del régimen franquista, que son sin duda inferiores a la realidad, reconoce un total de 62.000 personas en detención administrativa entre 1940 y 1941.

60. En los años 40, los presos políticos eran muy numerosos en España. Según las cifras oficiales, que los historiadores consideran generalmente como infravaloradas, durante la primera mitad del decenio eran 300.000 de una población de 25,9 millones. En comparación, en enero de 1936, antes de la guerra civil, la población reclusa en España era de 34.526 personas. La tasa de reclusión (número de detenidos por 100.000 habitantes) era en 1940 casi tan elevada como en la Alemania nazi (respectivamente 1.158 y 1.614).

61. Las detenciones arbitrarias y las terribles condiciones de detención a las que fueron sometidos los presos, expuestos sistemáticamente al hambre. a la superpoblación y a las epidemias, constituyen violaciones flagrantes de los Derechos Humanos.

62. Las brutalidades de la policía y el recurso sistemático a la tortura eran la norma; estas prácticas eran producto de un clima de impunidad y de políticas deliberadas. Las mujeres detenidas en las comisarías de policía eran sometidas a menudo a violencias sexuales y malos tratos físicos y psicológicos. Técnicas de control físico y psicológico y de “vigilancia moral” fueron especialmente concebidas para romper la moral de los detenidos e instaurar nuevas relaciones de dependencia hacia el régimen y el orden social establecido por éste.

63. El recurso sistemático a la tortura explica el elevado número de suicidios en prisión. No era raro que las autoridades reaccionaran con la ejecución de un miembro de la familia del detenido.

64. En 1944, un portavoz del ministerio de justicia franquista reconoció que más de 190.000 detenidos habían sido ejecutados o habían muerto en prisión. Las fosas comunes atestiguan de la manera más terrible los medios utilizados por Franco para imponer su poder.

65. Psiquiatras militares efectuaron experiencias sobre los presos para identificar los “genes rojos”. En 1938, algunos miembros de las Brigadas Internacionales fueron sometidos a tests físicos y psicológicos extraños; se trataba de una de las primeras tentativas sistemáticas de poner la psiquiatría al servicio de una ideología. Documentos publicados recientemente muestran el proyecto concebido por el psiquiatra en jefe de Franco, el doctor Antonio Vallejo Nájera, para identificar el “bio psiquismo del fanatismo marxista”.

66. Las terribles condiciones de detención en las cárceles franquistas empiezan tan sólo hoy a ser conocidas gracias al testimonio de los presos.

67. EI régimen franquista también creó campos de concentración y batallones de trabajo forzado en los que miles de personas, entre ellas mujeres y niños, fueron “reeducadas”. Los detenidos republicanos eran sometidos a condiciones de esclavitud. Veinte mil presos construyeron con sus manos, cortando en la roca, la basílica del Valle de los Caídos, el monumento edificado por Franco para celebrar su victoria en la guerra civil. Batallones de trabajo compuestos de prisioneros republicanos fueron constreñidos al trabajo forzado en las minas, en la construcción de líneas de ferrocarril o en la reconstrucción de “regiones devastadas”. También fueron utilizados por el Ejército o alquilados a empresas privadas.

68. En 1953, la Comisión internacional contra el régimen de concentración publicó un informe realizado tras la visita de algunas prisiones y campos de trabajo en España, así como sobre la base de entrevistas con presos políticos. La conclusión de dicho informe, que describía los malos tratos físicos y psicológicos a los que eran sistemáticamente sometidos los prisioneros, han sido corroboradas y ampliamente desarrolladas por estudios históricos recientes; numerosos testimonios de presos políticos, hombres y mujeres, describen también en detalle los malos tratos sufridos durante su detención.

69. Con el fin de reducir la extrema superpoblación de las cárceles, algunos detenidos fueron liberados antes de haber cumplido el total de su pena. Su exclusión política y social no había terminado: eran enviados a campos de trabajo o situados en un régimen disciplinario de “libertad provisional”. Esto quería decir en general que estaban obligados a vivir lejos de casa, con frecuencia en un lugar escogido por el régimen donde eran sometidos a la vigilancia de la policía local. Las personas en régimen de libertad condicional sólo podían ejercer un empleo manual e incluso les era difícil encontrar este tipo de empleo. La libertad provisional constituía por tanto, como tal, un régimen extremadamente punitivo que hacía a las personas sometidas a él particularmente vulnerables a la explotación, confinándolas en los márgenes del mercado de trabajo.

70. El encarcelamiento, la tortura y las ejecuciones no eran las únicas violencias infligidas a los vencidos; a éstas se añadían la humillación psicológica y la explotación económica. Todos aquellos que habían apoyado a la República eran presentados como peligrosos y calificados como “enemigos de España”. Excluidos de la nación, eran considerados con privados de derechos.

71. La legislación franquista privaba de sus bienes y del acceso al empleo público a los miembros de profesiones liberales considerados republicanos. Sus hijos no podían acceder a la Universidad.

72. Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen.

73. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación.

74. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado.

75. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los “pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente, eran separados de las demás categorías de niños internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos.

76. Para conseguir sus fines, la represión ejercida por el régimen franquista reposaba en gran parte sobre la complicidad y el sostén de los “españoles ordinarios”. Decenas de miles de personas respondieron a las exhortaciones del régimen por convicción política, en razón de prejuicios sociales, por oportunismo o simplemente por miedo. Denunciaron a vecinos, conocidos o incluso miembros de su familia; ni siquiera era necesario corroborar las acusaciones pues no era exigida la menor prueba.

77. La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen, participó en la persecución de los vencidos; los sacerdotes denunciaban a sus parroquianos republicanos ante los tribunales del Estado. También jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso.

EL DESMANTELAMIENTO DEL RÉGIMEN FRANQUISTA.

78. En 1965 comenzó un proceso de destrucción de archivos. El gobierno español sólo ha empezado a tomar medidas tardías, incluso vacilantes, para proteger los archivos del país a partir de 1985, diez años después de la muerte de Franco. Los documentos destruidos durante esos veinte años cruciales comprenden en particular los archivos del partido único falangista y, especialmente, los expedientes individuales de cientos de miles de sus miembros. Los archivos de los gobiernos civiles provinciales, de las cárceles y de las principales autoridades locales del régimen franquista, los gobernadores civiles, también han desaparecido.

79. Convoyes de camiones se llevaron archivos “judiciales” de la represión. La destrucción de estos archivos ha sido deliberada, pero se conocen también casos de destrucción “involuntaria” por parte de determinados Ayuntamientos, que han vendido sus archivos al peso del papel para su reciclado. Pese a las pérdidas de estos veinte años cruciales, quedan documentos suficientes que permiten la reconstrucción del pasado.

80. Las elites franquistas han aceptado la transición y el retorno de la democracia a cambio de una amnistía política de hecho, que descansa en un “pacto del silencio”. Nadie sería llamado a rendir cuentas ante la justicia y no se crearía una Comisión de “Verdad y reconciliación”.

81. Los años 80 vieron en España una explosión de trabajos de investigación detallada que tenían por objetivo reconstruir la historia de la represión provincia por provincia. A finales de los años 90, el 60% de las provincias ya estaban cubiertas por estudios de este tipo. Estas investigaciones históricas, que se prosiguen en la actualidad, constituyen un trabajo necesario de rememoración de la guerra civil y su largo epílogo.

82. El trabajo de los historiadores es absolutamente esencial para que sean tomadas públicamente en cuenta el conjunto de los testimonios que no podían producirse bajo la dictadura, ni tampoco en las condiciones muy particulares y precarias de la transición hacia la democracia, a finales de los años 70.

83. Desde hace algunos años asistimos a una verdadera explosión de la memoria republicana con la creación de grupos civiles de presión, como es el caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

84. Esta asociación ha pedido la exhumación de las fosas comunes de los restos de las víctimas de los asesinatos extrajudiciales perpetradas por las tropas franquistas, con el fin de que puedan ser identificadas y enterradas por sus familiares y amigos.

85. Recientemente, una primera víctima española del régimen franquista a podido ser identificada con la ayuda de muestras genéticas. La exhumación se había realizado en octubre de 2000.

86. Desde el años 2000, la asociación ha exhumado los restos de más de 100 personas. Numerosas otras exhumaciones están previstas a petición de los familiares de desaparecidos, cuyo número se estima en unos 30.000, pero se retrasan por falta de medios. La ARMH se ha apoyado hasta ahora en el trabajo de voluntarios y en la contribución de las familias. Algunas autoridades locales han aportado ayudas, aunque de carácter discrecional; el gobierno central todavía no ha aportado un apoyo financiero.

87. Las personas que sobrevivieron a los trabajos forzados y quieren que sean reconocidas públicamente, antes de su muerte, los tratos que padecieron, también están encontrando dificultades.

88. Aunque algunos presos políticos del franquismo tengan formalmente la posibilidad de obtener una indemnización financiera en virtud de la legislación adoptada en 1990-1992 por el gobierno socialdemócrata, el Partido Popular (PP) conservador que estuvo en el poder de marzo 1996 a marzo de 2004 ha bloqueado este proceso, transfiriendo la competencia de estas indemnizaciones a los gobiernos autonómicos, donde los representantes del PP continúan a oponerse a estas iniciativas.

89. No es probable, sin embargo, que los aspectos financieros sean aquí el principal obstáculo, pues el número de presos políticos de larga duración y las personas obligadas a realizar trabajos forzados es hoy poco elevado.

90. En 2001, el Congreso de los Diputados se comprometió a borrar las fichas de antecedentes judiciales de las personas homosexuales internadas por el régimen franquista y examinó la posibilidad de acordarles una indemnización por los años de tortura y cárcel. Durante la dictadura homófona del general Franco, miles de homosexuales fueron encarcelados, agrupados en campos o encerrados en instituciones psiquiátricas donde algunos de ellos fueron sometidos a electrochoques. El régimen franquista y sus partidarios falangistas consideraban la existencia de los homosexuales incompatible con su ideal de virilidad española. Aunque votaron contra una enmienda que hubiera permitido la indemnización financiera automática de los homosexuales encarcelados bajo el franquismo, el PP aceptó que la cuestión sea examinada en el seno de una comisión especial.

CONCLUSIONES

91. Existen hoy suficientes pruebas de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos, cometidas por el régimen franquista. Asumir el pasado no puede limitarse únicamente a retirar los símbolos de la dictadura aún presentes en los lugares públicos. La evaluación seria del régimen franquista debe desembocar en una condena sin ambigüedades.

92. El Ponente considera necesario evitar cualquier retraso injustificado en esta materia y recomienda a las autoridades españolas que aporten su apoyo moral y financiero a los grupos y asociaciones que intentan restablecer la memoria histórica de las vulneraciones de los Derechos Humanos perpetradas bajo este régimen fascista.

93. EI Consejo de Europa debería crear una comisión de expertos políticamente independiente para recoger y valorar las informaciones sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas bajo la dictadura franquista.

94. El Gobierno español debería ser instado a crear una comisión estatal de investigación de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas bajo la dictadura franquista y elevar su informe de conclusiones al Consejo de Europa.

95. Las autoridades españolas deberían permitir a los historiadores y a los investigadores el libre acceso a la totalidad de los archivos públicos o privados, civiles o militares, susceptibles de contener documentos que puedan contribuir al restablecimiento de la verdad sobre la represión bajo el régimen franquista, especialmente los de la Fundación Francisco Franco financiada por el Estado, y abrir todos los archivos fascistas aún inaccesibles al público.

96. El Gobierno español debe beneficiarse del pleno apoyo de la comunidad internacional para localizar y abrir las fosas comunes, cuyo número se estima en varios centenares, donde fueron enterradas en los años 30 las víctimas de los escuadrones de la muerte franquistas.

97. EI Gobierno español debe ser instado a crear una comisión de historiadores para el establecimiento de los hechos, la revisión de la enseñanza de la guerra civil en la escuela y a contemplar la instalación en la basílica subterránea del Valle de los Caídos, en las cercanías de Madrid, donde Franco está enterrado, de una exposición permanente mostrando cómo ese monumento fue construido por presos republicanos.

98. Los ciudadanos y ciudadanas españoles víctimas del régimen franquista, o sus descendientes y sus familiares, deben ser invitados a prestar testimonio ante ambas comisiones.

99. Las instituciones españolas deben proseguir la supresión de monumentos, nombres de calles, placas conmemorativas y demás signos exteriores que rindan homenaje a la dictadura franquista, a sus defensores y a los principales responsables de la represión.

100. El Ponente propone recomendar al Comité de Ministros del Consejo de Europa que adopte una declaración oficial de condena del régimen franquista a escala internacional y a promover la erección de uno o varios monumentos en memoria de las víctimas del franquismo en la capital española y en otras ciudades importantes de España.

París, 17 de marzo de 2006