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1330. Amnistía de 1936

Fotografía: Agustí Centelles




«Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones de diputados a Cortes, en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales,en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación, conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que están interesados por Igual todos los sectores políticos, el Gobierno somete a la aprobación de la Diputación permanente de las cortes el siguiente:

Decreto-ley.—Articulo único: 

Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales.

Se incluye en esta amnistía a los concejales de los Ayuntamientos del País Vasco, condenados por sentencia firme.

El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización.

Madrid, 21 de febrero de 1936
El presidente del Consejo de ministros: Manuel Azaña.»



María Torres / 23 febrero 2015

De todos los puntos que figuraban en el programa del Frente Popular para las elecciones del 16 de febrero,  el que habla penetrado más en la fibra íntima del pueblo era la concesión de la amnistía. El número de recluidos en las prisiones y penales constituía un motivo de latente malestar que pesaba sobre la vida española. En Cataluña, el hecho de que varios miembros de la Generalitat (Presidente Companys y consejeros) estuviesen encarcelados, impedía la normalidad política, por tener apartados de sus cargos de Gobierno a los que habían sido elegidos por voluntad popular.  

Tras la dimisión de Portela Valladares,  Manuel Azaña formó gobierno el 19 de febrero. Ante los continuos tumultos y manifestaciones exigiendo que los presos de octubre fuesen liberados, el presidente del Consejo propuso a la Diputación Permanente de las Cortes un decreto de amnistía. 

El 21 de febrero de 1936, cinco días después de la victoria electoral del Frente Popular, la Diputación Permanente de las Cortes, presidida por el Santiago Alba, aprobó por unanimidad un Decreto Ley de Amnistía, que contaba con un único artículo. La convocatoria había sido realizada la tarde anterior por telégrafo y la mayor parte de los diputados tuvieron que realizar un viaje precipitado. Los que no pudieron acudir enviaron mensajes anunciando su disposición favorable a la concesión de la amnistía. Para que el proyecto fuera aprobado se necesitaba el número mínimo de 14 diputados. Acudieron un total de 18. La Diputación Permanente de las Cortes era el único organismo que, en ocasión de estar las Cortes dísueltas, podía constitucionalmente atender el profundo anhelo que palpitaba en grandes sectores del país.

Todos los partidos se hallaban dispuestos a acatar el mandato de la voluntad popular. Los representantes de la CEDA votaron a favor de la amnistía, ya que como señaló Don Miguel Maura: "primero, porque es una necesidad para la paz pública, y segundo, porque ha sido una petición unánime del pueblo en las últimas elecciones".

A las ocho menos cuarto de la tarde, el señor Martínez Barrio fué a dar cuenta al Presidente del Gobierno del resultado de la reunión de la Diputación. Una hora después llegó a la Presidencia el Ministro de Estado, Sr. Barcia, seguido del de Justicia, Sr. Lara. Tras ultimar las instrucciones para la aplicación del decreto de Amnistía, el Presidente de la República procedió a su firma, anunciándose que todos aquellos a quienes alcanzaba la amnistía, serían puestos en libertad sin dilación.

La última visita que recibió el Presidente de la República el 21 de febrero fue la de Fernando Gasset, responsable del Tribunal de Garantías, para debatir del decreto y las instrucciones para su tramitación. Teniendo en cuenta que el Tribunal de Garantías había condenado a los ex consejeros de la Generalidad y a otras personalidades políticas, su presidente  se proponía reunir inmediatamente al Pleno de Tribunal, pues era de su interés que los trámites para la aplicación de la amnistía a los condenados por el Tribunal se aceleraran en lo posible. Para ello era preciso reunir a un mínimo de catorce miembros de los 28 que componían el Pleno.

Asimismo, el fiscal de la República, sostuvo una larga conferencia con el subsecretario de la Presidencia, señor Fernández Clérigo para tratar de la inmediata aplicación de la ley de Amnistía que fue puesta en vigor esa misma noche, cursándose las oportunas ordenéis a los presidentes de Audiencia y fiscales.

La noche del 21 de febrero de 1936 Lluis Companys y los que con él formaban el Consejo de la Generalidad antes del 6 de octubre de 1934, fueron liberados y trasladados hacia Madrid, donde llegaron al día siguiente. Un decreto de fecha 1 de marzo reanudaba las funciones del Parlament y reponía a Lluis Companys como Presidente de la Generalitat de Catalunya y a sus consejeros.

También fueron restituidos en sus funciones los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934.

El 28 de febrero el Gobierno decretaba la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934 y ordenaba a las empresas, tras la presión de los sindicatos, la indemnización a estos trabajadores por los jornales no abonados. Una decisión que no gustó nada a la derecha.

A partir de la promulgación del decreto de amnistía, Madrid se convirtió en el centro de recibimiento a los presos liberados de las distintas cárceles cárceles. Uno de los recibimientos más importante fue el otorgado al dirigente asturiano González Peña el 24 de febrero.

El 1 de marzo de 1936 una gran manifestación recorría las calles de Madrid para festejar el triunfo del Frente Popular y apoyar al nuevo Gobierno. Según datos de El Socialista había más de medio millón de personas.

La amnistía de 1936 puso el libertad a cerca de treinta mil presos políticos y sociales.






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