Pocos regímenes políticos se
han edificado sobre un aparato represivo tan metódico y sanguinario. En
realidad, Franco utilizó la guerra no solo para sepultar las instituciones
republicanas, sino para arrancar de raíz cualquier forma de participación
política y sindical popular y despejar del horizonte cualquier posibilidad de
rehacerlas. La represión sistemática fue brutal y sin concesiones y el numero
de sus victimas ofende a la razón humana, sobre todo en la medida en que no se
trato de una represión espontánea, fruto de los instintos primarios de masas
encolerizadas, sino de una represión inspirada y amparada por las propias
autoridades franquistas, que no solo organizaron despiadados procesos
judiciales en tribunales militares, sino que consintieron en sus avances
militares y en la retaguardia la acción de falangistas y otros fanáticos
derechistas para ir despejando el camino y escarmentar a la población civil.
Pero tampoco hubo piedad una vez acabada la guerra, la población encarcelada o
reducida a trabajos forzados puede alcanzar la cifra de medio millón de
personas y las sentencias a muerte, en causas motivadas por hechos de la Guerra
Civil se cuentan por miles y se prolongaron hasta la avanzada fecha de 1946.
La resistencia armada de la guerrilla antifranquista en la
posguerra fue combatida con la misma contundencia y falta de escrúpulos. En un
primer momento el ataque contra la guerrilla fue frontal, a base de fuerzas
combinadas de Ejército (incluidos los Regulares y la Legión) y Guardia Civil.
La ineficacia de esta estrategia condujo al régimen a diseñar una específica en
la que se emplearon armas jurídicas, fuerzas armadas y de orden público y la
"guerra sucia".
La legislación para amparar la represión fue abundante desde la propia Guerra Civil: en febrero de 1939 el gobierno franquista
promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, para castigar a los que habían
participado políticamente en apoyo de la República, texto legal que un año más
tarde se vería reforzado con la Ley sobre Represión de la Masonería y el
Comunismo. La Ley de mayo de 1943 sobre Rebelión Militar dejaba en manos de los
tribunales militares cualquier actividad política disidente, por sediciosa, y
castigaba con la pena de muerte la lucha armada contra el régimen.
El aumento de la actividad guerrillera a partir de 1946, la única
oposición que entonces realmente le preocupaba al régimen, provocó una nueva
ley en 1947 y esta vez específicamente destinada a la lucha contra la guerrilla
-denominada Ley para la Represión del Bandidaje y el Terrorismo-. Venía a legalizar
la "guerra sucia" contra el maquis, método que fue, sin duda, la vía
de su extinción.
El peso de la represión lo llevó la Guardia Civil, que amplió el
número de sus acuartelamientos en las zonas de implantación guerrillera y
desplegó destacamentos volantes por los puntos de riesgo. La Guardia Civil era
a menudo acompañada en sus acciones por somatenes (voluntarios civiles armados,
generalmente falangistas y derechistas radicales), guardias jurados y
forestales de los municipios afectados por la actividad guerrillera. Cuando el
Ejército intervino, lo hizo bajo la dirección de la Guardia Civil, que a su vez
actuaba bajo la orden del Gobernador Civil de la provincia. Todas estas
fuerzas, más la Policía Armada y miembros de la Brigada PolíticoSocial para tareas
informativas, se desplegaron conjuntamente en Aragón de acuerdo con el
"Plan regional de Vigilancia Especial contra sabotajes", que incluía
un plan de vigilancia específico para cada provincia, una vez declarado el
"estado de alerta" (El Maestrazgo llegaría a ser considerado
"zona de guerra").
La "guerra sucia" contemplaba todas las formas más
indignas de represión, incluidos los "paseos" (sacar a los detenidos para ser asesinados en parajes desiertos) y la aplicación de
la "ley de fugas" (licencia para disparar sobre los detenidos que
procedían a la huida, que se convirtió en una licencia para matar sin testigos)
. La tortura y los malos tratos se generalizaron como métodos para extraer
información o como simple vejación. Con todo, la mayor iniquidad se cometió
sobre la población civil en general y los familiares de los guerrilleros en
particular, a quienes amenazaron, maltrataron, extorsionaron, utilizaron como
cebo y, mas de una vez, como escudos humanos, con tal de asestar un golpe a la
guerrilla.
Una invención perversa fue la de la "contrapartida", es
decir, grupos de guardias civiles de paisano y civiles adeptos que se
disfrazaban de maquis para descubrir "enlaces" o "puntos de
apoyo" y que cometían tropelías para desprestigiar a los guerrilleros y
predisponer a la población civil contra ellos. El objetivo final no era otro
que el de extender el miedo entre el campesinado y privar así de su apoyo a la
causa guerrillera, sin el cual el maquis estaba irreversiblemente perdido.
Las mayores matanzas de guerrilleros y las más importantes
desarticulaciones de sus redes organizativas se debieron a los informes de
"infiltrados" o de delatores, muchas veces guerrilleros capturados o
"presentados" (guerrilleros que se presentaban en las comisarías o
cuartelillos por desesperación o atraídos por promesas de buen trato),
convenientemente "convencidos" por las autoridades policiales.
Entre los jefes militares de la Guardia Civil que mayor éxito
cosecharon en la lucha contra el maquis destacan, por ejemplo, el Teniente
Coronel de la Guardia Civil Eulogio Limia Pérez, que consiguió poner fuera de
combate a las organizaciones guerrilleras de la zona centro
(Cáceres-Toledo-Ciudad Real) y el Coronel Blanco Novoa, que dirigió la lucha
contraguerrillera en Asturias, donde se hizo tristemente célebre la llamada
"Brigadilla" por sus prácticas de "guerra sucia" sin igual. En la provincia de Teruel, la guerra sin cuartel se
desencadenó con la llegada en julio de 1947 del coronel (pronto ascendido a
general) Manuel Pizarro Cenjor como Gobernador Civil de la provincia y Jefe de
la V Región de la Guardia Civil, cargos que pusieron en sus manos un control
total y una disposición absoluta de las fuerzas del orden y militares. Decretó
el toque de queda, por el que nadie podía estar fuera de sus casas en
determinadas horas nocturnas, mandó desalojar las masías por la noche (sus
propietarios debían depositar las llaves en el cuartel de la Guardia Civil
hasta el día siguiente), y llego a practicar tina verdadera política de "tierra
quemada", destruyendo todos aquellos puntos susceptibles de convertirse en
refugio o puntos de apoyo para los guerrilleros. Su actuación en la provincia
de Teruel venía probada por sus éxitos en la liquidación de la guerrilla en
Granada y León.
La constitución de una red represiva, tendente a romper la
simbiosis entre la guerrilla y el campesinado, dejó una honda huella entre la
población civil que, presa del miedo, la delación y el temor a las represalias
de uno y otro bando, acabaría por sucumbir a la más ciega resignación y la
desmovilización mas absoluta.
12 preguntas sobre el maquis
La Biblioteca, 2003
Esta edición no venal, con
fines pedagógicos y hecha para su distribución entre el alumnado del Instituto de
Enseñanza Secundaria Pablo Serrano y el público asistente a las jornadas sobre
el Maquis, rescatada, a celebrar en Andorra del 29 de abril al 9 de mayo de
2003, se acabó de imprimir vísperas del 23 de abril, Día de Aragón.
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