Madrid, 30 de agosto de 2012
Sr. Presidente del Gobierno de España,
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas e Involuntarias, el Consejo de Ministros del Gobierno que Ud. Preside ha emitido una Declaración.
Como familiares de víctimas de desapariciones forzosas fruto de la sublevación militar de julio de 1936, opinamos que el Gobierno de España debe rendir menos homenajes a los alrededor de 150.000 desaparecidos de nuestro país para , en cambio, demostrar una voluntad política real de solucionar la cuestión de los desaparecidos y pasar de la hueca retórica a la acción.
A 76 años del comienzo de la Guerra Civil y a 37 de la muerte del dictador Francisco Franco, los familiares de la AFPERV exigimos un compromiso real del Gobierno para con las víctimas, así como medidas reales encaminadas a procurar Verdad, Justicia y Reparación a las mismas.
Desde la AFPERV pensamos que la Declaración del Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas e Involuntarias tiene un sesgo manifiestamente manipulatorio de la opinión pública. Es incompresible que el Gobierno de España esté incumpliendo manifiestamente su obligación de garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzosas a la Verdad, la Justicia y la Reparación, pese a estar obligado a ello internacionalmente.
Los Familiares de Republicanos Inhumados en el Valle de Los Caídos llevamos años luchando por recuperar los restos de nuestros seres queridos, víctimas también de desapariciones forzosas. Por parte del Gobierno actual, que tanto se esmera por presentar declaraciones en fechas tan señaladas como la de hoy, no hemos recibido ningún apoyo: todo han sido ninguneos y escollos. Recordemos, por ejemplo, la caída en saco roto del Informe de la Comisión de Expertos sobre el Valle de 2011 y la reapertura a un turismo de difícil catalogación del Valle de Los Caídos.
Nuestras demandas de Verdad, Justicia y Reparación no han sido tenidas en cuenta por su Gobierno, Sr. Presidente, incluso pese a habernos dirigido por escrito a la vicepresidenta, doña Soraya Sáez de Santamaría.
Permítame, Sr. Presidente, hacer una serie de puntualizaciones respecto a la Declaración en cuestión:
1ª) La Declaración compilada por el Consejo de Ministros reza textualmente: “La desaparición forzada es utilizada en ocasiones como una estrategia para sembrar el temor en la sociedad. La sensación de inseguridad generada por esta práctica no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. La desaparición forzada se ha convertido en un problema global y no se limita a una región específica del mundo”.
Pues bien, el problema global que Uds. Dicen que representan las desapariciones forzosas está presente, sí, globalmente, pero también en España, el país que Ud. gobierna. En nuestro país, la sublevación militar de 1936 ocasionó alrededor de 150.000 desapariciones forzosas o involuntarias. Dichas desapariciones forzosas se produjeron para sembrar el terror en las víctimas, en sus familiares y en el conjunto de la sociedad española, y sus efectos perduran a lo largo de generaciones.
Ya es hora de mirar hacia adentro, Sr. Presidente. Desde fecha tan temprana como 1945, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas tiene reconocidos varios casos de desapariciones forzosas en nuestro país. Pero resulta que estos casos siguen abiertos porque el estado español no ha proporcionado información a las solicitudes de este grupo de trabajo de Naciones Unidas, o también porque la información proporcionada era incompleta o poco fiable.
2ª) La mencionada Declaración menciona que el objeto de la celebración de esta jornada de carácter internacional desde 2011 es “poner de relieve estos crímenes y de no olvidar a todas las personas que son víctimas de desapariciones forzadas.”
Pero, Sr. Presidente, ¿por qué se refiere el gobierno español a “crímenes” cando España aún no ha tipificado la Desaparición Forzada como delito en el Código Penal, y ello pese a que nuestro país está obligado por haber firmado una convención internacional para la protección de las personas contra la desaparición forzosa? Ni siquiera en 2010, cuando se abordó una reforma del Código Penal se corrigió esto. Parece que con la reforma actual tampoco se abordará está tipificación de la desaparición forzosa como delito.
A esto hay que añadir que el gobierno de España tampoco ha cumplido las recomendaciones de 2008 del Comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó que el estado español debía: 1º) derogar la Ley de Amnistía de 1977; 2º) legislar para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; 3º) crear una comisión de expertos independiente que restablezca la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos en la Guerra Civil y la dictadura franquista; 4º) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas, y en su caso, repararlas.
3ª) Sr. Presidente, la Declaración continúa diciendo: “Asimismo, se declara que el Gobierno de España sigue trabajando en todos los ámbitos en la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena.”
Pues bien, Sr. Presidente, entre esos derechos se encuentran también los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación que venimos reclamando legítimamente las víctimas y que el estado español y sus poderes e instancias desoyen sistemáticamente.
4º) La Declaración dice también: “Ello se enmarca, además, en la promoción y el respeto de los derechos humanos y lucha por erradicar de la sociedad toda violación a los derechos humanos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, que constituyen una absoluta prioridad del Gobierno de España”.
Y le pregunto, Sr. Presidente del Gobierno de España: ¿qué significa ser una prioridad para el Gobierno de España cuando se incumple e inaplica una convención internacional firmada por España desde hace años? Le recuerdo que España sigue sin tipificar el delito de desaparición forzosa en nuestro Código Penal. También le recuerdo que los tribunales nacionales han optado por interpretar la figura de la desaparición forzosa de forma contraria al Derecho Internacional, de tal modo que las víctimas y familiares estamos desprotegidos. Ni el estado español ni el gobierno español protegen actualmente los derechos de las víctimas de la sublevación militar de 1936.
Por todo ello, Sr. Presidente, los Familiares de la AFPERV le reiteramos que nos sobran las declaraciones grandilocuentes y huecas. Nos basta con la Verdad, la Justicia y la Reparación.
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