Marceliano
Ceballos González no podía imaginar el 25 de julio de 1935, al hacerse cargo de
la jefatura de la Guardia Civil de Ubrique, que éste sería su último destino,
de apenas un año de duración, y que su final simbolizaría la tragedia de
cientos de oficiales de todo el país cuya lealtad al régimen constitucional les
llegaría a costar la vida.
Ceballos
fue un personaje clave en los momentos decisivos que mediaron entre el anuncio
del golpe de Estado de los militares rebelados contra la legalidad republicana
y su rendición ante las tropas atacantes, después de haberse hecho con la
autoridad militar de la plaza obedeciendo al Gobierno legítimo y de haber
formado parte durante tres días del Comité de Defensa de la Villa de Ubrique,
constituido el 23 de julio de 1936 para organizar la resistencia republicana.
Nacido
en Burguillos del Cerro (Badajoz) el 21 de febrero de 1885, llegó a Ubrique con
51 años, ya viudo. Tenía dos hijos. Las circunstancias iban a hacer de él la
pieza clave en el desarrollo de la vida política local en los confusos momentos
del inicio de la guerra civil.
Una
semana antes del golpe militar, había tomado posesión del cargo de alcalde
Manuel Arenas Guerrero, El Americano, de Izquierda Republicana -el partido de
Azaña-, tras la dimisión de José Arenas Rubiales, que había pertenecido al
antiguo partido republicano radical. Precisamente, durante el mandato de Arenas
Rubiales, que se prolongó del 4 de mayo al 10 de julio de 1936, Marceliano
Ceballos había visto cuestionada su capacidad profesional. Este alcalde remitió
el 4 de julio un escrito al gobernador civil instándole a que relevara de su
puesto al alférez de la Guardia Civil. Decía que “tal vez por su carácter
bondadoso o bonachón ha llegado a debilitarse su fuerza moral con el público,
hasta el punto de aparecer en las esquinas letreros pidiendo su traslado”. Esta
solicitud no encontró eco, y Ceballos continuó en su puesto. Cuando el
Americano tomó posesión de la Alcaldía el 10 de julio, Ceballos se ofreció a
éste para colaborar “en todo cuanto se relacione con el mejor servicio
público”. En un momento de discrepancias en el seno de los partidos del Frente
Popular que gobernaban el Ayuntamiento, Arenas Guerrero se erigía como una
figura integradora. Aceptó el cargo “por disciplina y amor a la República”, y
se marcó como guía “la democracia y el derecho”. Apeló a que todos estuviesen
unidos “en la obra administrativa y de orden, con espíritu sereno para merecer
la confianza del pueblo”, y abogó por defender “los derechos personales de todos
los ubriqueños, amparando y ayudando a la clase trabajadora”. Pero el Americano
no pudo poner en práctica tales principios. La guerra civil estalló, y la
tensión se trasladó a los centros de poder de la villa.
A las siete y media de la
tarde del 19 de julio, el cabo de Carabineros, Manuel Casillas Aguilera,
comunicó al alférez de la Guardia Civil, Marceliano Ceballos, que acababa de
recibir un telegrama del teniente coronel primer jefe de la Comandancia de
Cádiz -plaza ya ganada por los sublevados-, en el que anunciaba que había
declarado el estado de guerra y le instaba a hacerse cargo de la comandancia
militar de la población en caso de no existir “clase más caracterizada de
Guardia Civil” para el mantenimiento del orden. Casillas trasladó esta orden a
Ceballos, en su calidad de “superior más caracterizado con residencia en esta
villa”, y Ceballos, a las ocho de la tarde del mismo día, se dirigió por
escrito al alcalde y le expresó: “Desde este mismo momento me hago cargo de la
Comandancia Militar de esta plaza”. Pero Marceliano Ceballos se hizo cargo del
poder militar de Ubrique manteniéndose fiel a la legalidad republicana.
En la declaración que prestó
al mes siguiente, una vez detenido por las fuerzas sublevadas, Marceliano
Ceballos afirmó que tras recibir la comunicación sobre el telegrama del
comandante militar de Cádiz declarando el estado de guerra, y una vez asumido
el mando militar de la plaza de Ubrique, se puso inmediatamente en contacto
telefónico con el primer jefe de la Comandancia de Cádiz, para que le informase
de si había dado alguna orden “con respecto al movimiento”, y que éste le
manifestó que no, y que debía acatar las órdenes de sus jefes naturales, que de
todas formas no recibió, según afirmó. Además, Ceballos subrayó que al día
siguiente por la mañana volvió a llamar por teléfono a la Comandancia de Cádiz
y que habló con un guardia escribiente, apellidado Franco, que le dijo que
estaba de guardia y que no tenía conocimiento de que la Comandancia hubiese
transmitido orden alguna.
Ceballos añadió que al día
siguiente volvió a pedir informe a la Comandancia, “por si ya habían dado
algunas órdenes”, pero que en esta ocasión no consiguió contactar con nadie
porque la telefonista le manifestó que “la línea se encontraba cortada”.
En medio de estas
circunstancias confusas, miembros de las organizaciones obreras de la localidad
se presentaron ante la Alcaldía “para ofrecerse en auxilio del régimen”. Este
ofrecimiento se tradujo el día 23 de julio en la formación de un Comité de Defensa
de la Villa de Ubrique. Lo presidió interinamente el socialista Marcos León
López, y en el mismo se integró Marceliano Ceballos, en su condición de
comandante militar de la plaza. También formaron parte de este organismo el
cabo de Carabineros, otro guardia civil y representantes de las sociedades de
oficio de marroquineros, zapateros y agricultores. En la primera sesión de este
nuevo organismo, celebrada el mismo día 23, fue elegido presidente Andrés
García Fernández, en representación de la Sociedad de Marroquineros, de UGT.
Este Comité asumió el
“gobierno y defensa de la población sin perjuicio de las atribuciones que
competan a cada autoridad”, y estableció las primeras medidas para evitar una
situación caótica y asegurar el abastecimiento de alimentos y demás productos
de primera necesidad. En este sentido, garantizó la no alteración del “régimen
de abastos en lo más mínimo”, previno contra la especulación de los precios y
aseguró los servicios médicos del pueblo en previsión del inicio de “la lucha
con los rebeldes”.
Las comunicaciones con la
capital sublevada habían quedado interrumpidas el día 22, y Ubrique sólo tenía
contacto con la zona malagueña, aún en poder republicano. En un relato de los
hechos escrito el 3 de agosto de 1936 por el comandante 2º jefe de Cádiz, Enrique
Ramírez, se recoge la declaración de Ceballos de que quedó en el cuartel al
mando de un sargento, un cabo y 14 guardias civiles, además de un cabo y cuatro
carabineros, y que a las 12 horas del día 26 de julio (fecha de la formación
del segundo Comité de Defensa, del que ya no formó parte Ceballos y que
presidió Marcos León, por haber enfermado Andrés García), se presentaron unos
grupos compuestos por unas 200 personas “intimidándoles a que se rindiesen y
entregasen las armas”.
En dicha declaración, Ceballos
asegura que él se negó a la entrega de las armas, pero que los concentrados
amenazaron con prender fuego al cuartel, por lo que optó por unirse al grupo y
dirigirse a la carretera para combatir a una columna enemiga que se aproximaba.
Fueron los paisanos quienes tomaron posiciones, mientras que el alférez y su
fuerza quedaron en la retaguardia en un garaje, “con intención de ver en qué
quedaba todo”.
Ceballos recuerda que hacia
las 14 horas llegó la columna sublevada, la cual “atacó con fuego de fusil y
ametralladora”. Asegura que sólo los paisanos respondieron con sus armas al
tiroteo y que él y su fuerza quedaron a la expectativa haciendo sólo disparos
al aire.
El tiroteo se prolongó
hasta las cuatro de la tarde, hora en la que la columna se replegó al no poder
romper la defensa de los republicanos ubriqueños. Éstos hicieron algunos
prisioneros, entre ellos un guardia civil de El Bosque. Los prisioneros fueron
llevados al Ayuntamiento, donde quedaron detenidos por orden de la autoridad
municipal “para evitar las iras del pueblo”. Ceballos cuenta que a la mañana
siguiente tuvo noticias de que un aeroplano había arrojado unas proclamas
instando a los resistentes de Ubrique a depositar sus armas en las
inmediaciones del cuartel. Ceballos se dirigió al depósito carcelario y
consiguió escoltar a los detenidos de derechas hasta el cuartel, “en previsión
de que pudieran hacerles algo”. El alférez además cumplió la orden del
aeroplano y depositó las armas a las puertas del cuartel.
El día 27 entró en Ubrique la
columna de regulares del bando sublevado. Cientos de personas huyeron por el
monte en dirección a la zona de Málaga. Ceballos relata que él y la fuerza a su
mando salieron a recibir a la columna atacante que había tomado el pueblo. Pero
el capitán de los regulares les ordenó que no salieran del cuartel, hasta que a
las cuatro de la tarde el teniente Luis Salas Ríos le ordenó que se montara con
la fuerza a su mando en un camión que había traído la columna. Fuerzas de
regulares los escoltaron hasta Jerez, donde pernoctaron. A las tres de la tarde
del día 28 Ceballos y su fuerza fueron llevados al Castillo de Santa Catalina
de Cádiz.
Los acontecimientos se
precipitaron en la vida del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, que quedó
sometido a las redes de la administración de justicia de los sublevados. Éstos
implantaron lo que se conoce como “la justicia al revés”, en el sentido de que
inculpó a quienes se mantuvieron leales al régimen constitucional entonces
vigente. El fiscal jurídico militar hizo explícitos los cargos contra Ceballos
y su fuerza en un informe emitido desde Sevilla el 19 de agosto. Se les acusaba
de “haber desobedecido el bando de guerra” publicado por las fuerzas
sublevadas. Paradógicamente, fueron acusados de “rebelión militar”. El 20 de
agosto se tomó declaración a Ceballos y a los demás imputados (el sargento
Casillas, otros dos guardias civiles, el cabo de Carabineros Martín Repollet y
otros cuatro carabineros).
Un día más tarde, el 21 de
agosto de 1936, se celebró en el cuartel del regimiento de Artillería de Costa
número 1 de Cádiz el consejo de guerra por un tribunal presidido por el coronel
Juan Herrera Malaguilla, con los vocales José Alonso de la Espina, Joaquín
Arcusa, Julián Yuste, Juan Tormo y José Martínez. El ponente fue el auditor de
brigada Felipe Acedo, y actuó de juez el teniente coronel Antonio Vega Montes
de Oca. El fiscal, Eduardo Jiménez Quintanilla, acusó a todos los encausados de
un delito de rebelión militar y pidió para todos ellos la pena de muerte. El
defensor, el capitán de artillería Manuel Rodríguez Carmona, pidió la
absolución de todos, salvo de Ceballos, para quien solicitó la separación del
servicio por considerarlo autor de un delito de negligencia.
El mismo día del consejo de guerra, el tribunal dictó sentencia: condenó a muerte a Marceliano Ceballos y a cadena perpetua al sargento de la Guardia Civil, Manuel Casillas, y al cabo de Carabineros, Francisco Martín. Los demás acusados fueron absueltos.
El mismo día del consejo de guerra, el tribunal dictó sentencia: condenó a muerte a Marceliano Ceballos y a cadena perpetua al sargento de la Guardia Civil, Manuel Casillas, y al cabo de Carabineros, Francisco Martín. Los demás acusados fueron absueltos.
Al día siguiente, el auditor
de guerra y el jefe del Ejército del Sur, Queipo de Llano, daban su visto bueno
a la condena a muerte de Ceballos. El comandante militar de Cádiz ordenó a
Ceballos “entrar en capilla” a las 15 horas del 23 de agosto. A las cinco de la
tarde un piquete de Carabineros fusiló a Marceliano Ceballos en el castillo de
San Sebastián de Cádiz. El capitán médico Antonio Reboul certificó la
defunción. Su cuerpo fue enterrado el 24 de agosto en el cementerio de Cádiz.
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