Sin entrar a valorar la
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena la aplicación
de la Ley Parot por vulnerar un principio universal del Derecho, como es aplicar
leyes con carácter retroactivo, una vez más, nos produce un sentimiento de
infinita indignación, comprobar la instrumentalización de la memoria de unas
víctimas, las del terrorismo, a las que se hace objeto de una amplísima batería
de medidas reparadoras, a la memoria de los fallecidos, y para atender a los
demás afectados, incluidos sus familiares, entre las que se incluyen
indemnizaciones, atenciones médicas y psicológicas, puestos de trabajo,
viviendas, becas, pensiones, homenajes, elevación de monumentos, dedicatoria de
parques, plazas y calles, etc., sin dejar de señalar que ha sido el propio
Estado, el que ha llamado, una a una (y no es una frase retórica) a las puertas
de los afectados, para ofrecerles estos auxilios, y creando leyes y soportes
administrativos para atenderles solícitamente.
Ha sido sorprendente la
comprensión y complacencia, con la que los poderes e instituciones estatales,
han venido recogiendo las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas del
terrorismo, especialmente la AVT, fuertemente intervenida por el PP, incorporando
muchas de sus pretensiones al BOE, subvencionándolas generosamente y
permitiendo incluso que con estos fondos, se financien campañas de presión
política para cambiar leyes, o para legislar “ad hoc” en función de sus
particulares intereses.
El Estado Español, sus
poderes e instituciones, se han volcado en la tarea de dignificar a estas
víctimas, no solo de forma simbólica y testimonial, si no reconociendo jurídicamente su condición de víctimas, y en
consecuencia, aplicándoles las leyes reparadoras que contempla la legislación
estatal e internacional en materia de derechos humanos, empezando por la
investigación de los crímenes, el señalamiento de sus autores y la aplicación
de la justicia penal, eso que podíamos resumir con el lema “Verdad, Justicia y
Reparación”.
Desde la necesidad y la
justicia por las que estas medidas han sido aplicadas, lo que produce honda
consternación y levanta una ola de silenciada protesta entre un amplio sector
de españoles, es el desprecio y el olvido institucional por las otras víctimas,
las del franquismo.
El gobierno socialista de
Zapatero, promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de
no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al
ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos
privadas las exhumaciones de los asesinados –que borran las huellas judiciales
de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales- sirviendo de
coartada para la vigencia de una ley
de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno
vigor en la actualidad. Dicha ley, establece un plano de insoportable igualdad
y equidistancia entre las víctimas y los verdugos, fundiéndolas en una
casuística bélica, que repugna la más elemental conciencia del derecho y la
moral.
Cada vez que los medios de
comunicación, levantan apasionadas campañas informativas para exaltar la
memoria de las víctimas del terrorismo, se levanta otra ola –silenciada por los
medios- de la misma magnitud de indignación y de impotencia, entre las otras
víctimas y sus familiares, las del franquismo, y entre éllas los 130.000
republicanos españoles asesinados, cuyos nombres y demás datos constan en la
Audiencia Nacional, sin que ninguna familia haya recibido una carta del
Gobierno interesándose por el caso, y sin que ningún parque ni calle de Madrid,
ni de ninguna población española, se acuerde de estas víctimas de tercera
categoría.
Para terminar, cabe dirigir
un severísimo reproche a TODAS las asociaciones de víctimas del terrorismo, por
su egoísmo sectario.
Desde que estas asociaciones
aparecieron en la palestra mediática, no se ha escuchado jamás a ningún miembro
destacado de las mismas, una sola palabra de recuerdo ni de compasión, hacia
las víctimas de la dictadura de Franco.
Ni una sola palabra.
Una miseria moral difícil de
entender, en quiénes saben lo que es el sufrimiento por la pérdida injusta de
un ser querido, asesinado en nombre de una causa que utilizó métodos
criminales, para hacer valer sus razones políticas e ideológicas.
Mientras el Gobierno del PP,
escucha y apoya a las víctimas del terrorismo, y legisla y pergeña atenciones
de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de
Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo,
como lo hace la Justicia española en un acto de prevaricación continuada, omitiendo el
deber de socorrerlas con la misma entrega y servidumbre, con que lo hace para
con estas víctimas de lujo de la democracia española.
Floren Dimas
25 de octubre de 2013
25 de octubre de 2013
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Bosque del
Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo
Atocha (Madrid)
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La presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza, expone
sus
reivindicaciones ante el presidente Rajoy
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…Y mientras, decenas de miles de asesinados permanecen
en fosas comunes abandonadas por el Gobierno, por el
Estado Español, por la Justicia, por el Parlamento y por la
sociedad española, a la que se les ha inducido al olvido y a
su desconocimiento. Sus familiares, las asociaciones
memorialistas y la izquierda
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