2265. Febrero, 1936. El triunfo del Frente Popular

Madrid, 16 de febrero de 1936 - Foto: Santos Yubero

Triunfante la República merced a las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, las fuerzas izquierdistas y republicanas vencen también de una manera contundente en las legislativas que tienen lugar el 28 de junio del mismo año para designar a los integrantes de las Cortes Constituyentes. Disueltas las Constituyentes en el otoño de 1933, vuelven a celebrarse elecciones legislativas el 19 de noviembre. Aunque otra cosa se haya dicho muchas veces, hasta el punto de que algunos lo tengan por verdad indiscutible, en esta nueva consulta tornan a obtener mayor número de votos y diputados las organizaciones y partidos adictos a la República que los monárquicos e indiferentes a la forma de gobierno unidos. En efecto, en el segundo Parlamento republicano se sientan 217 representantes derechistas —de ellos 115 cedistas frente a 158 centristas -102 republicanos radicales como núcleo fundamental y 98 socialistas v republicanos de izquierda. En el quebranto sufrido por las fuerzas izquierdistas influyen poderosamente la profunda división entre ellas —socialistas v comunistas presentan candidaturas independientes de los republicanos en casi todas las circunscripciones, mientras las derechas van estrechamente unidas—, el voto femenino, va que es la primera vez que la mujer hace uso del sufragio, y la abstención electoral del millón de afiliados de la C.N.T. que prefieren la acción revolucionaria a la política. Pese a todo, los sufragios republicanos son muy superiores a los monárquicos.

La obra de este segundo Parlamento de la República es clara y netamente negativa. Parece que su única misión consiste en deshacer todo lo que bueno ó malo han hecho las Constituyentes. Con entera claridad lo dice el propio Gil Robles en un articulo publicado en enero de 1936 en el que afirma textualmente: «Fueron muchos los patronos y terratenientes que en cuanto llegaron las derechas al poder, revelaron un suicida egoísmo, disminuyendo los .salarios, elevando las rentas, tratando de llevara cabo expulsiones injustas v olvidando las desgraciadas experiencias de los años 1931 a 1933». La reforma agraria queda totalmente paralizada, la legislación tiene un matiz revanchista que ahonda las diferencias sociales y agudiza los conflictos obreros, mientras la situación económica —por causas internas y por repercusiones de la crisis internacional—reviste caracteres de extremada gravedad. El paro obrero sigue una curva claramente ascendente y a finales de 1935 alcanza ya a más ele 600.000 trabajadores.

El problema político fundamental del período es si la minoría más numerosa de la Cámara la CEDA, que considera accidentales las formas de gobierno v no se ha declarado republicana debe participar en el gobierno de un régimen recién nacido y no totalmente consolidado. Los radicales que constituyen la segunda minoría en número de las Cortes entienden que si; los socialistas v el resto de los republicanos consideran, en cambio, que no y que su acceso al poder equivaldría a una entrega de la República a sus enemigos. Cuando en octubre de 1934 se confían varias carteras a los cedistas, estalla un movimiento revolucionario izquierdista que adquiere particular virulencia en Barcelona y Asturias. A la rebelión vencida sigue una represión que alcanza particular dureza en la cuenca minera asturiana. El segundo bienio republicano —calificado de negro por las izquierdas— tiene una duración ligeramente superior a dos años porque se extiende hasta el 7 de enero de 1936 en que se disuelven las Cortes. Se caracteriza, aparte del problema constitucional de la intervención cedista en el Gobierno, de la revolución asturiana y su represión, por los frecuentes cambios ministeriales, la polarización de la opinión nacional en dos bloques extremos de casi imposible conciliación, los conflictos sociales, las maniobras políticas y los escándalos que desacreditan al partido radical en torno al cual gira la política gubernamental durante estos críticos veinticinco meses. En ellos se constituyen once gobiernos distintos aunque cinco sean presididos por una misma persona, don Alejandro Lerroux lo que demuestra la extremada inestabilidad ministerial fruto de las intrigas personales y la falta de una mayoría parlamentaria homogénea y disciplinada.

Poco después del último gobierno presidido por Lerroux y en el que Gil Robles desempeña la cartera de Guerra, estalla en noviembre de 1935 el formidable escándalo del "estraperlo", en el que aparecen personalmente complicados significados personajes del partido radical, al que suceden pocas semanas más tarde las acusaciones lanzadas por el señor Nombela. La obligada dimisión de los ministros radicales, plantea la crisis total del gabinete que preside Chapaprieta. Le sustituye un gobierno encabezado por Portela Valladares con algunos radicales, independientes v agrarios que, francamente minoritario en las Cortes, es sustituido por otro presidido por el mismo político a finales de diciembre, que el día 7 de enero de 1936 recibe de manos del Presidente de la República el decreto de disolución de Cortes.

Anticomunismo y antifascismo

La «Gaceta» del 8 de enero de 1936 publica tres decretos firmados el día anterior por don Niceto Alcalá Zamora. Por el primero se disuelven las primeras Cortes ordinarias de la segunda República; por el segundo se convocan nuevas elecciones legislativas para el domingo 16 de febrero siguiente y por el tercero se levanta el estado de alarma imperante en la nación y se restablecen las plenas garantías constitucionales durante todo el período electoral.

Cuando comienzan los preparativos y la propaganda con vistas a la próxima contienda electoral, la opinión aparece dividida en dos grandes bloques violentamente enfrentados. De un lado están las fuerzas conservadoras, antimarxistas y contrarrevolucionarias que van desde la Falange hasta los agrarios pasando por la CEDA y el Bloque Nacional; del otro, los partidos republicanos de izquierda, socialistas y comunistas apoyados por las organizaciones sindicales. En el centro sólo quedan los restos del desprestigiado partido republicano radical, los progresistas de Portela, los moderados de Maura, la Liga regionalista catalana v el Partido Nacionalista Vasco. (Esta serie de organizaciones centristas sólo consiguen en conjunto poco más de medio centenar de actas. No obstante, el jefe del Gobierno, don Manuel Portela Valladares, apoyado e inspirado por el presidente de la República, acaricia la engañosa ilusión de hacer triunfar el numero de amigos y simpatizantes suficientes para constituir un partido poderoso que, colocado entre los dos grandes bloques hostiles, impida un choque peligroso y sangriento entre ambas tendencias extremas.) A diferencia de lo que sucede en 1933, las derechas no van totalmente unirlas en las nuevas elecciones, pese a que en una mayoría de provincias se establecen acuerdos entre sus partidos representativos. Gil Robles, seguro del triunfo, prescinde de algunos sectores antimarxistas —la Falange, por ejemplo— para conseguir así los trescientos diputados de la CEDA con los que aspira a gobernar en un futuro inmediato sin cortapisas de ningún género. Como consecuencia de ello los tradicionalistas, los monárquicos alfonsinos y los falangistas tienen que presentar candidaturas independientes en ciertas circunscripciones. Las izquierdas, en cambio, escarmentadas por lo sucedido tres años atrás, logran constituir —no sin largas y difíciles negociaciones— un llamado Frente Popular que comprende desde Unión Republicana al Partido Sindicalista, pasando por la Esquerra catalana, otros grupos republicanos, los socialistas, los comunistas y el POUM. El día 15 de enero se hace público el programa del Frente Popular —en buena parte redactado por don Felipe Sánchez Román, que al final se niega a firmarlo, disconforme con la participación comunista—. Se trata de las directrices de un programa gubernamental que habrá de ser desarrollado desde el poder «por los partidos republicanos de izquierda con el apoyo de las fuerzas obreras en caso de victoria». El programa. relativamente moderado, afirma que sólo gobernarán los republicanos; que no se irá a la nacionalización de la tierra ni de la banca; que toda expropiación se realizará únicamente mediante la oportuna y justa indemnización; que se tomarán medidas para ordenar la producción industrial, el mejoramiento del nivel de vida, la redención del campesino y del agricultor mediano y pequeño; una extensión e intensificación de la enseñanza primaria para terminar con la lacra vergonzosa del analfabetismo y el restablecimiento de las garantías constitucionales, al mismo tiempo que se vigoriza el principio de autoridad y se garantiza el mantenimiento del orden público. Aparte de todo esto y como primera y más urgente medida, propugna una amplia amnistía para toda clase de delitos políticos y sociales, especialmente para los cometidos con ocasión de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.

Fundamento y eje en torno al cual gira toda la propaganda electoral es el anticomunismo para las derechas e el antifascismo para las izquierdas. Resulta significativo consignar al respecto que ni los comunistas ni los fascistas tienen en la España de 1936 la fuerza e influencia que sus enemigos les atribuyen. En efecto, el Partido Comunista no logra una sola acta en las elecciones de 1931 y únicamente consigue la designación del médico Cayetano Bolivar en 1933, mientras José Antonio es derrotado tanto el año que triunfa la República como en 1936. Más curiosa aún es la coincidencia de que los dos primeros diputados que en el Parlamento español se proclaman comunista y falangista —Balbontín el primero y Primo de Rivera el segundo— se llamen José Antonio y que ninguno de los dos sea elegido con la representación que una vez designados ostentan. Balbontín resulta elegido en Sevilla como radical socialista de izquierdas y Primo de Rivera en Cádiz en 1933 formando parte del bloque derechista.

Una jornada electoral tranquila

Aunque la campaña de propaganda electoral se desarrolla en un clima de apasionada vehemencia, la jornada del 16 de febrero discurre en toda España con absoluta normalidad. Desde muy temprano hay una afluencia masiva a los colegios ante los que se forman largas colas que aguardan horas enteras en completa calma. La votación se realiza en todas partes sin alteraciones dignas de mención y el escrutinio concluye en un orden perfecto. El tanto por ciento de votantes resulta superior que en anteriores ocasiones, prueba inequívoca del interés que para todos encierra la contienda ciudadana. Desde primeras horas de la noche del domingo se tiene la firme impresión de una clara victoria del Frente Popular; en la mañana del lunes no sólo se confirman las primeras impresiones, sino que aumenta la magnitud del triunfo logrado por las izquierdas. En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y otras ciudades importantes la diferencia de votos no deja lugar a la más mínima duda. Ni siquiera hay que esperar a la segunda vuelta, señalada para el 1 de marzo, porque la veintena de escaños que aún están en el aire no pueden influir ya en el resultado total de la consulta electoral. En efecto, en esta primera vuelta han resultado elegidos 258 diputados del Frente Popular, mientras las derechas no consiguen más que 152 y otros 52 los centristas.

En el nuevo parlamento la minoría mas numerosa vuelve a ser, como en 1931, la socialista, seguida de cerca por las de la CEDA e Izquierda Republicana, que preceden a las de Unión Republicana y Esquerra de Cataluña. Los centristas de Portela Valladares son 16, igual que los comunistas. Doce escaños alcanzan la Lliga Regionalista, los agrarios y los monárquicos. Por último, los tradicionalistas logran 9 diputados, 6 los progresistas y 4 los radicales. Por su parte, Falange Española no consigue una sola acta, pese a presentar candidatos en numerosas circunscripciones.

También el Frente Popular alcanza la victoria por el número de votos logrados, si bien las cifras que unos y otros barajan con posterioridad constituyen motivo de encontradas opiniones y grandes controversias. Existe para ello una causa fácil de explicar: la disparidad en la cifra de las distintas votaciones. Aparte de las arrojadas por la primera vuelta electoral, en torno a las cuales no puede haber discusión, están las de la segunda vuelta celebrada quince días después y la nueva votación efectuada con bastante posterioridad en aquellas circunscripciones en que las actas fueron anuladas por irregularidades o anomalías. En los cuarenta años transcurridos desde entonces, muchos hacen cubileteos con los votos conseguidos en una u otra ocasión, sumando los de la segunda y tercera vueltas a los de la primera para el bando que goza de sus simpatías y no haciendo lo mismo con el adversario. La realidad es que tampoco en este sentido se presta a discusión el triunfo del Frente Popular. Aunque no exista una diferencia aplastante de votos —4.540.000 sufragios para el Frente Popular, contra 4.300.000 sumados los obtenidos por el centro y la derecha— la ley electoral, que concede una prima considerable a la mayoría, determina que los diputados de izquierda casi dupliquen a sus adversarios de la derecha. Aparte, claro está, de los escaños centristas elegidos por los votos de quienes aun siendo moderados, no dejan de ser republicanos y liberales.

Rumores, gestiones y amenazas

Pero todas estas discusiones acerca de los resultados electorales del 16 de febrero de 1936 se producen meses, años e incluso lustros después de ocurridos los hechos. En los primeros días, en las jornadas del 17, 18, 19 y sucesivas del mes de febrero, nadie tiene la más ligera duda de que la victoria es del Frente Popular. Ni el gobierno ni los políticos ni los periódicos lo ponen en tela de juicio. Hay una coincidencia absoluta de pareceres y hasta los más decididos y combativos antimarxistas admiten e incluso proclaman su triunfo. José Antonio Primo de Rivera escribe un famoso artículo en que reconoce el éxito izquierdista, que atribuye a la ceguera política y al egoísmo de las derechas. Gil Robles por su parte visita a Portela Valladares para urgirle a levantar el dique de una declaración del estado de guerra contra los posibles excesos de las masas obreras al conocer toda la magnitud del triunfo conseguido.

No es Gil Robles el único en visitar a Portela Valladares ni en ver en la declaración del estado de guerra una solución momentánea a la crisis planteada por el éxito electoral izquierdista. Según cuenta Arrarás en la página 223 de su biografía de Franco, publicada en Valladolid en 1937, el entonces jefe del Estado Mayor Central realiza diversas gestiones con el ministro de la Guerra, el inspector jefe de la Guardia Civil y el todavía presidente del Gobierno con el mismo objeto. Asimismo conferencian con Portela, Martínez de Velasco, Goicoechea y Calvo Sotelo. Incluso por Madrid circulan insistentes rumores de un golpe de Estado, cuyo objetivo fundamental es impedir que el poder sea entregado, como corresponde constitucionalmente, al Frente Popular triunfante en aquellas elecciones generales. Las últimas que se celebrarán en España durante los siguientes cuarenta años.

El propio don Manuel Azaña se hace eco de estas alarmas y lo hace constar así de una manera expresa en las anotaciones de su «Diario» correspondiente al 19 de febrero de 1936 (páginas 563 y 564 del tomo IV de sus «Obras Completas») si bien no acaba de tomarlas muy en serio. Da por descontado que en cuanto se rumorea no hay más que un exceso de fantasía y despectivamente escribe hablando de los posibles conspiradores: «No creo que haya ninguno dispuesto a jugarse nada en serio». (Lo habrá, desgraciadamente, unos meses después y el resultado será una trágica guerra civil que costará la vida a varios cientos de miles de españoles).

Pero aun triunfante el Frente Popular el 16 de febrero debe esperarse a la segunda vuelta —aunque sus resultados no pueden modificar ya la mayoría parlamentaria— antes de plantear la crisis el gobierno que ha dirigido la consulta electoral y recibir el encargo de formar un nuevo ministerio el representante del bloque victorioso. Sin embargo todo esto no pasa de ser pura doctrina constitucional de difícil aplicación en un país que atraviesa por momentos tan críticos. Aunque ni Azaña ni los partidos republicanos de izquierda tienen la menor prisa por hacerse cargo del poder, el 19 de febrero el señor Portela Valladares, totalmente derrumbado por la victoria izquierdista y abrumado por la amenaza de un posible golpe de Estado, decide abandonar su puesto y esa misma tarde don Manuel Azaña tiene que formar un gobierno que entra en funciones inmediatamente. «Siempre he temido —escribe el interesado— que volviéramos al gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores. Una vez más tenemos que segar el trigo en verde».

Eduardo de Guzmán

Publicado en Tiempo de Historia nº 16 marzo de 1976

2260. Nacimiento, vicisitudes y muerte de la Primera República Española

El 11 de febrero de 1873 se proclama en España la primera República. No triunfa el nuevo régimen merced a una revolución violenta, sino gracias a una pacífica votación parlamentaria.

En efecto, abdicado don Amadeo de Saboya en la noche del 10 de febrero, se reúnen al día siguiente el Senado y el Congreso, constituidos en Asamblea Nacional bajo la presidencia de don Nicolás María Rivero. Y tras aceptar la renuncia del monarca aprueban por 258 votos —a los que en días sucesivos se suman 70 más— contra 32 una proposición presentada por don Francisco Pi y Margall, que reza textualmente: «La Asamblea Nacional resume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de estaforma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.»

La resolución aprobada sorprende y desconcierta a muchos por cuanto en las Cortes — elegidas pocos meses antes— los republicanos no pasan de ser una minoría. Tiene razón indudable Ruiz Zorrilla cuando en plena Asamblea levanta su voz afirmando: «Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana.»

A más de un siglo de distancia resulta difícil comprender hoy cómo una Asamblea Nacional en que predominan los elementos monárquicos resuelve proclamar la República. En su decisión influye, indudablemente, el prestigio personal y político de algunas figuras republicanas; pero tanto o más, la situación caótica en que se encuentra el país, arruinado por una guerra cubana que dura ya cinco años y otra carlista que asola las provincias del Norte sin que sea posible pensar —luego del fracaso de don Amadeo— en otra dinastía extranjera y cuando está demasiado reciente el reinado de Isabel II para intentar devolverla el trono, se ha desvanecido la candidatura de Montpensier luego de matar al infante don Enrique y el príncipe Alfonso es aún demasiado joven. La única salida posible es la República, aunque sólo sea para desacreditarla en el futuro en razón del fracaso inevitable que la espera. No puede triunfar y asentarse definituvamente en 1873. Lo saben de sobra tanto los diputados monárquicos que la votan en la Asamblea Nacional como las clases aristocráticas y conservadoras, amén de los militares —entre los cuales el nuevo régimen tienen escasos adeptos— que la reciben en un primer instante sin muestras ostensibles de protesta o resistencia. Dadas las condiciones imperantes en el momento de su proclamación será fatalmente un régimen de corta duración, puente de paso a otras situaciones en las que ya piensan seriamente muchos de los que contribuyeron a la revolución de 1868 y que ahora, sin la dirección certera y la voluntad firme del general Prim, se proponen desandar lo más rápidamente posible el camino recorrido desde entonces.

Es una jugada política hábil, no exenta de riesgos, pero que dará los frutos apetecidos por quienes la idean. Sería un milagro que la República pudiese mejorar la crítica situación económica —consecuencia en buena parte del 68, «el año del hambre» en que las cosechas se perdieron en toda Castilla— teniendo que sostener una guerra en Cuba, otra en el Norte y hacer frente a los excesos y demandas de internacionalistas y federales. Lo lógico es que el nuevo régimen se desangre y desacredite combatiendo a sus propios partidarios y que pronto a los ojos de una mayoría de españoles ansiosos de paz no haya otro camino de salvación que una restauración monárquica.

—De aquí saldremos con la República o muertos —dice con gesto grandilocuente y heroico don Estanislao Figueras arengando a las masas republicanas a las puertas del Congreso. Sale vivo y con la República. Pero el nuevo régimen está muerto en el momento mismo de nacer y lo que en realidad vota la mayoría monárquica de la Asamblea Nacional es el solemne entierro de su cadáver. Las condiciones harto precarias en que nace la República se evidencian en la formación de su primer gobierno en el que, por imposiciones de la mayoría radical de la Asamblea, tienen superioridad los elementos abierta y declaradamente monárquicos. Si se designa a don Estanislao Figueras jefe del poder ejecutivo y con él ocupan puestos ministeriales Castelar, Pi y Margall y don Nicolás Salmerón, continúan en las mismas carteras que desempeñaban durante el reinado de don Amadeo, los señores Echegaray, Becerra, Fernández de Córdoba y Berenguer, aparte de don Francisco Salmerón que, aun simpatizando con la República, no ha dejado de ser monárquico. Y estos cinco caballeros ocupan, precisamente, los ministerios más importantes; es decir los de Hacienda, Guerra, Marina, Fomento y Ultramar. Al constituirse el gobierno se enfrenta con una situación que tiene mucho de desesperada. El déficit del Tesoro alcanza los 546 millones de pesetas —cantidad verdaderamente astronómica hace más de un siglo—; los pagos inmediatos e inaplazables ascienden a 153 millones y las disponibilidades no pasan de 32. Además, el Cuerpo de Artillería ha sido disuelto en el momento en que alcanzan su máxima virulencia las guerras cubana y carlista, para sostener las cuales no hay soldados ni armamentos suficientes, ni menos aun dinero con que alimentar a los primeros y adquirir el segundo. Por otro lado, la nación atraviesa una aguda crisis económica; en los años precedentes ha aumentado el paro forzoso entre los trabajadores agrícolas e incluso entre los industriales de Cataluña y Levante. A la amenaza del desempleo y el hambre, las organizaciones proletarias —la Federación Obrera Regional Española, adherida a la Primera Internacional, aunque ha sido disuelta oficialmente por Sagasta en el reinado de don Amadeo, tiene en este momento federaciones locales con 325 secciones de oficios y muchos miles de afiliados— responden con las huelgas, las marchas y las concentraciones de protesta, así como con la ocupación de las tierras abandonadas.

A todas estas dificultades, que en muchos momentos parecen insuperables, vienen a sumarse sin tardanza otras de carácter político o constitucional. De un lado está la acusación que muchos de sus integrantes lanzan contra la propia Asamblea Nacional de haber violado los artículos 110 y 111 del Código de 1869 a la sazón vigente; de otro, las maniobras de Cristino Martos que, colocado a la cabeza de la Asamblea, pretende luego de eliminar a Rivero, convertirse en árbitro de la situación, provocando crisis como la del 24 de febrero, dificultando las tareas del poder ejecutivo y poniendo toda clase de trabas a la disolución de la Asamblea Nacional y a la inmediata convocatoria de Cortes Constituyentes. No obstante tales obstáculos en las primeras semanas de existencia de la República se aprueban algunas leyes trascendentales. Aparte de una amplia amnistía que alcanza a todos los delitos políticos perpetrados hasta la fecha de su promulgación, se aprueba otra que establece la igualdad de todos los españoles en el servicio militar de la nación —aboliendo la llamada redención a metálico—, y sobre todo la desaparición de la esclavitud, decretada por la Asamblea el 22 de marzo de 1873. Se trata de un proyecto presentado por Ruiz Zorrilla en el último parlamento monárquico, pero cuya aprobación impidieron las maniobras de los negreros —y la palabra negrero tiene en este caso concreto su exacto y pristino significado de negociantes en carne humana. (A cualquier persona de mediana sensibilidad podrá parecer increible, pero es un hecho incuestionable que hasta hace poco más de un siglo la esclavitud tiene forma y estado legal en España y existencia efectiva, dolorosa y deprimente en las provincias ultramarinas que entonces dependen de la soberanía española. Un hecho vergonzoso y anticristiano al que pone término Castelar con un discurso grandilocuente: «¡Levantaos, esclavos, porque teneis Patria!».)

Disuelta la Asamblea Nacional y convocadas Cortes Constituyentes, hay una comisión permanente de diputados pertenecientes a la primera que ejerce funciones fiscalizadoras y críticas del poder ejecutivo hasta tanto se reúna la nueva Cámara. Como en el caso del primer gobierno de la República en esta Comisión o Diputación permanente existe una mayoría monárquica integrada por catorce radicales, un demócrata, dos alfonsinos —Esteban Collantes y Salaverría— y únicamente cinco federales, a los que se unen otros nueve representantes de la presidencia y vicepresidencia de la disuelta Asamblea.

Como consecuencia de ello, apenas transcurridos dos meses y medio de la proclamación de la República, se intenta ya, con acuerdo o complicidad de buena parte de los miembros de la Comisión, un golpe de estado para derribar al régimen. Mientras en el edificio del Congreso los miembros monárquicos de la Permanente atacan a fondo al poder ejecutivo, se reúnen en el palacio del duque de la Torre numerosos elementos civiles y militares. Entre ellos se encuentran, aparte del propio Serrano y del almirante Topete, los generales Marqués del Duero, Ros de Olano, Caballero de Rodas, Balmaseda, Letona y Baldrich. Al mismo tiempo y para intervenir violentamente en caso preciso, un batallón de la Milicia Monárquica — organizada durante el reinado de don Amadeo— toma posiciones en el Paseo del Prado y cuatro mil voluntarios más, perfectamente armados, se concentran en la plaza de la Independencia con el pretexto de pasar revista. Enterado de lo que sucede el gobernador civil de Madrid moviliza algunas fuerzas de la Guardia civil. El ministro de la Guerra, por su parte, tras nombrar capitán general de Madrid a don Baltasar Hidalgo, ordena que el brigadier Carmona con un batallón de infantería y algunas unidades de artillería y caballería, marche sobre los milicianos realistas. El golpe de estado preparado para el 23 de abril de 1873 fracasa apenas iniciado y el gobierno disuelve la Comisión Permanente del Congreso y los batallones que participan en la conjura.

A esta primera tentativa para acabar con la República apenas establecida no tardan en suceder otras muchas de los más diversos tipos y orígenes, sin olvidar en ningún momento las guerras heredadas del régimen anterior y que el nuevo no está en condiciones de resolver en los pocos meses que tiene de vida. Contra lo que se ha repetido hasta lograr convertirlo en tópico —tan falto de fundamento serio como la mayoría de los tópicos— a los políticos republicanos no les falta ni claridad de visión ni energía para llevar a feliz término sus proyectos. Desde la presidencia de las Constituyentes, Salmerón declara que «la Monarquía cayó porque era un régimen de pocos y nosotros tenemos que hacer una República para todos». Castelar la define como «no de escuela o partido, sino una República nacional, ajustada por su flexibilidad a las circunstancias; transigente con las creencias y costumbres que encuentre a su alrededor; sensata para no alarmar a ninguna clase y fuerte para realizar todas las reformas necesarias».

No queda todo esto en vanas manifestaciones teóricas. Lo prueba el propio Castelar cuando, luchando contra todas las dificultades imaginables, recluta en pocas semanas un ejército de ochenta mil hombres, armados y municionados gracias al ministro de Hacienda, Pedregal, que logra proporcionar para ello más de cien millones de pesetas. «Aquellos 80.000 hombres —afirma Morayta— según el testimonio de autoridades militares muy respetables y no afiliadas por cierto al partido republicano, habrían bastado, a no tomar las cosas al sesgo que tomaron, para concluir con los carlistas en unos cuantos meses». En cualquier caso, esta llamada «quinta de Castelar» resulta suficiente para que antes de concluir 1873 hayan desaparecido todos los cantones —con excepción del de Cartagena que todavía resiste un par de semanas más— se restablezca la disciplina en el Ejército y tengan que retroceder, batidos los partidarios de don Carlos.

También en el aspecto internacional prueban estos políticos su capacidad y energía. Siendo capitán general de Cuba con Joaquín Jovellar, los españoles apresan un buque calificado de pirata, el «Virginius», cuyos tripulantes, norteamericanos en su mayor parte, son fusilados tras el correspondiente consejo de guerra. (Es, desde luego, un incidente más grave del que será veinticinco años después la explosión a bordo del acorazado «Maine». Pero a las protestas americanas se contesta por parte del ministro de Estado, Carvajal, con tanta habilidad, inteligencia y firmeza, que el incidente queda zanjado sin ulteriores consecuencias.)

Si la República dura menos de once meses no cabe achacarlo a la falta de preparación, integridad o inteligencia de sus elementos rectores, sino a las circunstancias excepcionales porque atraviesa el país y muy especialmente a la inexistencia de las grandes masas populares que puedan sustentarla. Ya hemos señalado que esta primera República se proclama por una Asamblea Nacional donde los monárquicos están en abrumadora mayoría; también esa preponderancia se mantiene tanto en el primer gobierno del régimen como en la Diputación Permanente que sigue rigiendo hasta al fracasado golpe de estado del 23 de abril. Si en las Cortes Constituyentes, que se reúnen el de junio, los republicanos de las diversas tendencias ocupan las nueve décimas partes de los escaños, el hecho obedece a que tanto los radicales de Ruiz Zorrilla, como los constitucionales de Sagasta, los unionistas que antaño siguieron a O'Donnell y ahora se agrupan detrás del general Serrano y los alfonsinos acaudillados por Cánovas se abstienen de concurrir a las elecciones para entregarse con mayores bríos al trabajo conspirativo contra el régimen.

Teóricamente los republicanos pueden contar con el apoyo, no sólo de una parte considerable de la clase media, sino de la totalidad del proletariado. Sin embargo, la realidad no corresponde a estas esperanzas. Los trabajadores acogen con simpatía la República que significa un paso hacia adelante, pero que no constituye ya su meta de llegada. Conforme un diputado demócrata —republicano— dice en 1854, a los pueblos no les bastan los derechos políticos; quieren los sociales, que, aparte del salvaguardar su dignidad, les aseguren la subsistencia.

Salmerón expresa las mismas ideas hablando en las Constituyentes al afirmar que «la clase media apoyó a la Monarquía constitucional interesada en mantener las instituciones liberales como garantía de la desamortización». Para atraerse al proletariado, la República debe servir también sus anhelos económicos. Por desgracia, si ha extendido hasta los trabajadores el derecho político, «no ha hecho que el derecho político sirva de garantía a ningún interés social».

En el fondo de los movimientos cantonales late una fuerte protesta social que desborda elmarco de los problemas simplemente políticos y de los conceptos unitario y federalista de la República. Basta advertir, para comprenderlo, que en el cantón de Cádiz desempeña el papel fundamental Fermín Salvochea y que tanto Antoñete Gálvez como otros de los dirigentes del de Cartagena están fuertemente influidos por las ideas libertarias. En cuanto a la rebelión que tiene Alcoy por escenario, todo el mundo sabe que en esta ciudad alicantina tiene en estos momentos su primordial centro de acción.

Tras un período de suspensión de sesiones las Cortes Constituyentes vuelven a reunirse el 2 de enero de 1874. Se. pone a discusión la política seguida por Castelar durante los últimos meses y numerosos diputados le critican duramente que haya consagrado lo mejor de sus energías, no a destrozar a los enemigos directos del régimen que conspiran con toda impunidad sino a los federales que, interpretando a su manera la proclamación de la República Democrática Federal hecha por las propias Cortes Constituyentes, han podido excederse en sus entusiasmos. Castelar se defiende con habilidad y elocuencia. Cuando Rafael María de Labra le pregunta por qué no imita a don Amadeo de Saboya, marchándose antes de emplear la fuerza contra los mismos republicanos, contesta:

«Al monarca no le interesaba tanto España como a mí; él podía irse a otra tierra donde encontraría los huesos de sus padres; pero yo tengo que quedarme aquí, a morir si es preciso, para que no perezca en nuestras manos, en manos de los republicanos, la salud y la integridad de la Patria.»

Como Castelar desea no muere la patria en manos de los republicanos; es simplemente el régimen republicano el que perece a las pocas horas de pronunciar dichas frases el gran tributo. En efecto, aún están reunidas las Cortes en las primeras horas de la mañana del 3 de enero cuando irrumpen en el Congreso los soldados del general Pavía, capitán general de Madrid. con orden tajante de disolver el Parlamento incluso a tiros. Suenan unas descargas en los pasillos y en el mismo salón de sesiones y los diputados son expulsados a la fuerza. (Es prácticamente la muerte de la República, a manos de un general que muchos creen republicano y que sólo unas horas antes, hablando personalmente con Castelar, ha empeñado su palabra de honor de que «jamás, jamás» se sublevará.)

Ni entonces ni ahora están nada claras las razones que impulsan al. general Pavía. No faltan quienes suponen que actúa de acuerdo con Castelar —insinuación que éste rechaza con airada indignación— para sostener el gobierno a punto de ser derrotado —lo ha sido, en realidad, cuando intervienen las tropas— en las Cortes Constituyentes. Parece apoyar dicha especie que pocas horas después de haber desalojado los soldados el Congreso, un ayudante de Pavía busca a Castelar para pedirle que continúe en el poder, ofrecimiento que rechaza el tribuno republicano con una declaración tajante de ofendida dignididad:

«De la demagogia —dice— me separa mi conciencia; de la situación que acaban de plantear las bayonetas mi conciencia y mi honra.»

Tras el golpe de Pavía se constituye un poder ejecutivo que preside el general Serrano. ¿Con qué finalidad y significación? Tarda veintidós días en aclararlo de una manera oficial pero, según consta en la «Gaceta» del 25 de enero de 1874, se propone «mantener la Constitución de 1869, con la supresión del artículo borrado al abdicar don Amadeo de Saboya; conservar en la organización de los poderes la forma a la sazón establecida y recoger la dictadura votada al Ministerio Castelar, del cual se declara sucesor». Al mismo tiempo, publica un decreto disolviendo las Cortes de 1873, añadiéndole una coletilla asegurando que «el gobierno de la República convocará Cortes ordinarias tan luego como pueda funcionar el sufragio universal».

Oficialmente sigue en pie la República; en la práctica se trata de una ficción legal, de un régimen interino para dar paso a otro que no tenga el menor parecido con el derribado por el golpe de fuerza del 3 de enero. En efecto, ni en el gobierno presidido por Serrano, ni en los otros dos que bajo su tutela encabezan posteriormente Zabala y Sagasta participa ningún republicano conocido y sí varios destacados monárquicos. Es ya un régimen monárquico, aunque todavía falte por decidir la persona que ha de sentarse en el trono.

Pero esto también es un poco ficticio. Dadas las circunstancias, con la tercera guerra carlista en marcada curva descendente, no existe más que un candidato: Alfonso de Borbón y Borbón en quien su madre, Isabel II, ha abdicado sus derechos a la Corona. Investido de plenos poderes por la madre y el hijo, Cánovas puede hacer triunfar la Restauración sin ninguna dificultad en los meses que siguel al golpe de Pavía, aceptando cualquiera de los múltiples ofrecimientos de generales dispuestos a pronunciarse en favor del futuro Alfonso XII. El político conservador los rechaza todos porque prefiere que el nuevo rey no acceda al trono por medio de una sublevación militar, sino proclamado legalmente por unas Cortes que representen más o menos directamente la voluntad nacional.

Todo lo tiene perfectamente preparado en este sentido, contando con la aprobación y beneplácito de varios ministros —incluso del propio duque de la Torre, jefe indiscutido del régimen tradicional— cuando el 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos, puesto al frente de la brigada que manda el general Dabán, se pronuncia a un kilómetro de Sagunto en favor de Alfonso XII, restaurando la monarquía borbónica. Aunque sorprendido por el pronunciamiento, ya que espera que la restauración sea obra de las primeras Cortes que se convoquen, el gobierno que preside don Práxedes Mateo Sagasta —que ya ha sido ministro y presidente del Consejo con Prim y Amadeo de Saboya y volverá a serlo con Alfonso XII, la Regencia de doña María Cristina e incluso Alfonso XIII— no piensa oponerse seriamente a la intentona, pero procura salvar las apariencias. Ni siquiera esto consigue por cuanto en la noche del 30 de diciembre basta que don Fernando Primo de Rivera, capitán general de Madrid, se presente en el Palacio de Buenavista donde se encuentran reunidos los ministros, para que los gobernantes nominales le entreguen sumisamente un poder que en ningún momento se esfuerzan por defender.

Eduardo de Guzmán

2234. Un crimen político: la tragedia de Casas Viejas

Al entrar en la sexta vivienda, ocurre un nuevo choque. En la choza —cuatro miserables paredes de piedras tiradas unas encima de otras; un tejado de madera y ramaje— se han refugiado, huyendo de los guardias que ya dominan el pueblo, Seisdedos —un anciano de setenta años, fuerte, viril, decidido—, sus hijos Pedro y Francisco, sus nietos Curro y María, y sus vecinos Francisco Lago y su hija Manuela. Un guardia de asalto abre la puerta de un culatazo y dispara; le contestan desde dentro y el guardia cae. Sus compañeros retroceden. Uno, más audaz, trata de entrar por la corraliza —pequeño patio con tapia de piedra— y desaparece también, cayendo al suelo herido en un brazo. Del resto de los guardias se apodera el descontento. Han perdido dos de los suyos al entrar en la casa. Se repliegan y toman posiciones sin dejar de disparar. Seisdedos contesta. Pero tira poco, porque tiene que aprovechar las municiones, que sin duda escasean. Los de asalto piden refuerzos. Mientras, por el pueblo ha cundido el terror. Algunos vecinos, que no se han metido en nada, continúan refugiados en sus casas. Otros, que han participado en el ataque al cuartel de la Guardia Civil, dan por definitivamente perdida la partida y escapan al monte aprovechando las primeras sombras. Sólo desde la choza de Seisdedos se hace fuego. Transcurren lentas unas horas. A las nueve de la noche llegan más guardias, que traen consigo un par de ametralladoras. Frente a la casa, al otro lado de la calle, se eleva la cima del cerro, coronado por chumberas. Pero suenan dos disparos y unos guardias son alcanzados. Las heridas carecen de importancia porque, por fortuna para ellos, Seisdedos sólo tiene perdigones.

La ametralladora, prestamente instalada, empieza a disparar. Pero la lluvia de balas no hace muchos efectos al rebotar en la piedra. Seisdedos, por su parte, espacia sus disparos y sólo aprieta el gatillo cuando alguien aparece a su vista. Telefonean de nuevo los guardias. Piden granadas de mano, bombas con que destruir la casucha y acabar con cuantos resisten dentro. Llega un momento en que los guardias se cansan de disparar. A medianoche disminuyen el tiroteo; incluso hay unos minutos en que cesa por completo. Un vecino, Antonio Barberán, anciano de setenta años, pretende aprovechar el cese del fuego para llevar un nietecito a la casa del padre del crío, que está contigua. Pregunta a voces a los guardias si puede salir; la contestación es afirmativa. Sale con el chiquillo y de pronto pretende volver sobre sus pasos por algo que se le olvidó. En aquel momento suena una descarga. El anciano, aterrado, no sabe qué hacer, paralizado por el temor El nietecito grita a los guardias con toda la fuerza de sus pulmones: 

—¡No tiréis a mi abuelo, que no es anarquista!

Un hijo del viejo, llamado Salvador, que presencia lo ocurrido desde la puerta de su choza, también grita lo mismo, pero resulta inútil. Una bala hace caer a Barberán en una trágica pirueta. El hijo y el nieto le ven morir sobrecogidos de espanto.

La noche avanza y las estrellas contemplan, antes del amanecer todos los episodios de la trágica lucha. Seisdedos sigue resistiendo impávido. En un momento de calma, un muchacho sale por la parte posterior y corre. Es un nieto de Seisdedos, de diez años de edad. Cuando los guardias quieren disparar, el chaval se ha perdido entre las chumberas, tragado por las sombras de la noche. Minutos más tarde una muchacha, hermana suya, repite la arriesgada experiencia. Salta por la parte posterior, se agacha entre los matorrales, y corre agachada con todas sus fuerzas. Las balas rebotan en torno; la muerte se cierne amenazadora sobre ella; llega en cada trozo de plomo que cae alrededor. Un pobre animal, una burra que está atada en una corraliza cerca del camino y que sigue a la joven en su huida, cae herida certeramente. Al cabo la figura de la muchachita se difumina en la lejanía. Será el último ser humano que salga vivo de la casucha; los demás morirán entre sus escombros.

Cerca del amanecer llegan las granadas pedidas. Desde lo alto del cerro comienza el bombardeo de la casa. Caen con fúnebre sonido sobre la frágil techumbre de la casucha. Alguna estalla y su estruendo estremece la aldea entera, aumentando el pánico y la desolación que imperan en el pueblo. La mayoría ruedan por el tejado y caen en la corraliza sin estallar. Al cabo de un rato hay quien encuentra poco rápido y eficaz el procedimiento. (Las bombas, en España, tanto las que lanzan los revolucionarios como las que utiliza la fuerza pública, no parecen muy eficaces). Idea algo más retorcida y siniestra: empapar trapos en gasolina, prenderles fuego y una vez ardiendo lanzarlos sobre la techumbre de la choza; sus moradores tendrán que elegir entre arder vivos o salir para ser barridos por la ametralladora. Ponen en práctica la idea sin pérdida de momento. Caen varios trapos ardiendo sobre las maderas y ramas del tejado, que comienza a arder. Pronto las llamas se elevan hacia lo alto iluminando con resplandor siniestro el pueblo entero. Es un espectáculo bárbaro y terrible. Toda la techumbre es una inmensa pira, Se expande por el aire el olor de la paja quemada. Salen de la choza gritos y exclamaciones de dolor. Crujen las maderas sustentadoras de la techumbre, que empieza a hundirse entre un remolino de llamas.

Del interior, con las ropas encendidas, enloquecido por el terror, sale corriendo un hombre. Las balas de la ametralladora que barre la puerta, las ventanas y la corraliza, le siluetea trágicamente un segundo antes de alcanzarle. Al cabo rueda por el suelo, muerto. En el mismo instante sale de la casucha, una muchachita, su hija Manuela. Las ropas se le han incendiado a mitad del cuerpo; las llamas le muerden el pecho virgen, el vientre terso. Corre dando alaridos, convertida en una antorcha viviente. No tarda en caer acribillada a balazos, junto al cadáver de su padre. Mientras, el incendio continúa. Claramente, pese al crepitar de las llamas al morder la madera, al estrépito incesante de las ráfagas de ametralladora, se oyen gritos de dolor de los que continúan dentro. La techumbre se hunde en un tremendo remolino de chispas y llamaradas. Resuena un último alarido, desgarrado, lacerante, mientras por los alrededores se extiende un olor impresionante a carne quemada. La del viejo Seisdedos, de sus hijos, de sus familiares y vecinos, que continúan ardiendo en la inmensa pira en que se ha convertido su miserable casucha.

Eduardo de Guzmán

La Tierra,  19 de enero de 1933, pág. 1

Recogido en La tragedia de Casas Viejas, 1933 Quince crónicas de guerra, 1936

2049. Nuestro día más largo. (Así comenzó la Guerra de España) II

Sábado, 18 de julio de 1936

—La radio acaba de decir que ha estallado una sublevación militar en Marruecos. Cuando entreabro los ojos veo el rostro serio y preocupado de mi madre que acaba de despertarme. Aunque tengo la sensación de no haber dormido arriba de media hora, compruebo en el despertador que son ya las once de la mañana. Me tiro sobresaltado de la cama y corro al teléfono para llamar a Unión Radio donde tengo buenos amigos. Confirman lo anticipado por mi madre e incluso me leen el texto de la breve nota que, rompiendo su obstinado silencio de la noche anterior, ha hecho publicar Casares Quiroga. En ella, tras admitir que una parte del Ejército se ha sublevado en Marruecos, el gobierno asegura: «El movimiento está limitado a ciertas zonas del Protectorado y nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la Península a tan absurda empresa».

—¿Qué te parece? —pregunta Medina, el locutor de Unión Radio, que es quien me habla.

Respondo con la verdad: la nota llega con mucho retraso y con toda seguridad no refleja más que una parte mínima de lo que realmente sucede. Si anoche Casares prohibió que se dijese una sola palabra de lo que ocurría en Marruecos, al cambiar hoy de opinión y no atreverse a asegurar que la intentona ha sido sofocada, resulta lógico temer que el alzamiento no sólo haya triunfado en Melilla, sino también en Tetuán, Ceuta y Larache. En cuanto a que nadie secunde la sublevación en el territorio peninsular, era cierto hace seis o siete horas, pero probablemente habrá dejado de serlo en este momento.

Mi pesimismo tiene plena confirmación cuando una hora más tarde hago mi entrada en Teléfonos. Situado en el arranque de la calle de Alcalá, entre las calles Universal y Colonial, Teléfonos es un viejo y destartalado edificio de dos plantas construido a principios de siglo para albergar a una de las primeras centrales telefónicas madrileñas. Tiene en su planta superior una amplia sala destinada a los corresponsales de los diarios provincianos, con diez o doce cabinas, grandes mesas y muchas sillas. La sala se encuentra concurrida a cualquier hora del día o de la no-che. Como hay diarios de la mañana y la tarde en casi todas las ciudades de la Península, Baleares, Canarias y Marruecos, y cada uno tiene una hora distinta para que su representante en Madrid le transmita las informaciones más importantes, Teléfonos es prácticamente la única redacción madrileña que no interrumpe su actividad un solo minuto en el transcurso de la jornada.

A mediodía del 18 de julio rebosa de periodistas que comentan y discuten no sólo las noticias que se van recibiendo, sino los incontables rumores y bulos que circulan por todo el país. Parece seguro que la sublevación ha triunfado en toda la zona española de Marruecos, pese a que en Tetuán y Larache algunos elementos republicanos se han defendido a la desesperada y que la capital del Protectorado ha sido bombardeada por dos aviones gubernamentales. Canarias se ha debido sumar al alzamiento y la radio de Ceuta ha divulgado un manifiesto del general Franco declarando la ley marcial en el archipiélago. Por último, el capitán general del departamento marítimo de San Fernando acaba de proclamar el estado de guerra. Una hora más tarde se sabe ya que algo parecido ha sucedido en Córdoba, Cádiz y Málaga. Son varias las poblaciones del resto de España con las que se produce una brusca e inesperada interrupción de las comunicaciones.

—Y puedes apostar que en todas ellas se han sublevado los militares y los fascistas.

No se sabe nada de los destructores que ayer tarde salieron de Cartagena con rumbo a Melilla ni de otro más —el «Churruca» concretamente— que debiera encontrarse en Ceuta. En Zaragoza la situación debe ser muy crítica por cuanto hace un rato el general Núñez de Prado, director de Aeronáutica, salió para allá, sin duda con intención de apoyar a Cabanellas a resistir y derrotar a los militares rebeldes. Tras de su primera nota, el gobierno guarda de nuevo silencio y no se sabe que haga nada práctico por defender la República. De pronto, un compañero que habla con Pamplona ve interrumpida su comunicación y no encuentra forma de reanudarla. Todos pensamos lo mismo: Mola, director de Seguridad con Berenguer, jefe militar en Marruecos con Gil Robles y, según insistentes rumores, uno de los dirigentes de la conspiración, ha debido alzarse en armas contra el régimen.

—Vamos a ver si el ministro quiere decimos algo.

Es la hora aproximada en que todos los días un grupo de periodistas visitan al ministro de la Gobernación para oír de sus labios la tranquilizadora noticia de que en toda España reina una paz octaviana. Este dramático sábado son más numerosos que nunca los informadores que pretendemos saber de boca de don Juan Moles lo que está ocurriendo. Pero don Juan Moles está demasiado ocupado o demasiado asustado para hablar con nosotros. En su lugar nos recibe Ossorio y Tafall, diputado de la Orga y subsecretario de Gobernación.

Ossorio y Tafall nos habla tranquilo, sereno, con una amplia sonrisa y palabras melosas con las que trata de quitar dramatismo a la situación. Afirma impertérrito que el gobierno es dueño de la situación, que en la Península no ha tenido ni tendrá la menor repercusión el pequeño foco rebelde de Marruecos que está siendo combatido con eficacia y que será dominado en pocas horas. Arruga el ceño cuando los periodistas le hablamos de Canarias, de Cádiz y de Córdoba y pierde por completo la calma cuando nos oye preguntar por la sublevación de Mola.

—¡Mentira! —chilla descompuesto—. Nieguen rotundamente esa monstruosa falacia. El general Mola es totalmente leal a la República. ¿Lo duda alguien? Pues sepa ese alguien que hace menos de una hora, hablando por teléfono con el señor ministro, le ha dado su palabra de honor. ¡Cuidado, señores! —amenaza—. Si los rebeldes serán castigados, quienes les hacen el juego propagando infundios alarmistas, tampoco gozarán de una impunidad inadmisible en estos momentos.

Con sólo cruzar la Puerta del Sol para volver a Teléfonos podemos comprobar que Ossorio y Tafall no sabe nada de lo que sucede en España o miente deliberadamente. Se confirman todas las noticias alarmantes precedentes a las que se suman otras de mayor gravedad. El «Churruca» ha desembarcado un tabor de Regulares en Cádiz, de Jerez se han adueñado los fascistas y se combate en las calles de Sevilla. En la ciudad de la Giralda parece que se encuentra Queipo de Llano, y si en un primer momento creemos que ha sido enviado por el gobierno, pronto sabemos que está al frente de la sublevación.

A las tres de la tarde, una nueva nota del Gobierno, destinada a tranquilizar a las gentes, aumenta su confusión y alarma porque no sólo asegura de nuevo que el gobierno controla la situación y que la sublevación no tiene repercusión en la Península —cosa que sabemos positivamente falsa—, sino que rechaza toda la ayuda ofrecida por los partidos republicanos y las organizaciones obreras asegurando que «la acción del Gobierno será suficiente para restablecer el orden».

—¡Qué cara! Casares sobre no hacer nada, no quiere que nadie se mueva para impedir el triunfo del fascismo.

Circulan insistentes rumores de crisis total. A las cuatro se asegura que es un hecho y que en el Congreso se han reunido las minorías republicanas para tratar de la formación de un nuevo gobierno. Teléfonos se queda medio desierto. Mientras una mayoría de informadores corremos hacia el Congreso, una minoría encamina sus pasos hacia la plaza de Oriente, donde el presidente Azaña tendrá que recibir al jefe del ministerio que sustituya a Casares. Pese a la gravedad extrema de la situación, el centro de Madrid da la impresión de que todo el mundo duerme tranquilamente la siesta. Bajo la lluvia de fuego del sol estival las calles aparecen casi desiertas, aunque los comercios están abiertos, tranvías y autobuses circulan vacíos y apenas si algún viajero con aire cansino entra o sale por las bocas del metro.

El interior del Congreso ofrece un violento contraste con la soledad de veinticuatro horas antes. En la tarde del sábado conoce la animación y el nerviosismo de las grandes solemnidades políticas. Periodistas de todos los matices, diputados y ex-diputados, personajes y personajillos de la más variada catadura forman corros en salas y despachos, sus voces, lanzan y desmienten verdades como puños y bulos como catedrales. Son tres los temas predominantes: el fracaso de Casares Quiroga, la solución de la crisis planteada y si deben entregarse armas al pueblo para que defienda la República.

Lo primero casi nadie se atreve a discutirlo. El desastre de Casares como jefe del Gobierno y ministro de la Guerra, corre parejo con el de Moles, ministro de la Gobernación, y el de Alonso Mallol, director general de Seguridad. Ninguno de los tres ha dado muestras de previsión para impedir la sublevación ni de la energía precisa para destrozarla una vez iniciada.

—El único que responde en Gobernación es el general Pozas, inspector de la Benemérita. De no ser por él, toda la guardia civil estaría ya sublevada de acuerdo con los militares.

¿Quién puede suceder a Casares? Discrepan las opiniones y los nombres que surgen se debaten con acaloramiento. Entre los republicanos y socialistas moderados suenan Martínez Barrio, Albornoz, Marcelino e incluso Sánchez Román. Las izquierdas prefieren a Prieto o Largo Caballero, aunque resulta más que dudoso que este último resulte designado por Azaña. En cuanto al reparto de armas, las pide y exige Caballero y los socialistas que le siguen, los comunistas y las centrales sindicales UGT y CNT, pero rechazan la posibilidad el resto de las fuerzas del Frente Popular.

A las seis llega al Congreso la noticia de que el gobierno, en plena crisis, ha abandonado el Ministerio de la Guerra, para dirigirse al de Gobernación donde no sólo se reúnen los ministros, sino también diversas personalidades políticas entre las que están Martínez Barrio, Indalecio Prieto, Largo Caballero y Sánchez Román.

—Este último, no —rectifica un diputado de Unión Republicana—. Sánchez Román está en el palacio de Oriente llamado por Azaña.

Esté en uno u otro sitio, es evidente que tanto de la crisis como del armamento del pueblo se está tratando en la Puerta del Sol y en la plaza de Oriente. Varios periodistas abandonamos el Congreso. Cuando salimos del Parlamento ya están en la calle los periódicos de la tarde. La mayoría se limitan a publicar las notas oficiosas sobre la rebelión, siguiendo las instrucciones de la censura.

«Claridad», órgano oficial de la Unión General de Trabajadores, no. «¡Libertad o muerte!», pregona en gruesos titulares en primera página y en diversas notas anuncia que los trabajadores lucharán en defensa de la República, exige que el pueblo sea armado inmediatamente y ordena a los obreros sindicados pelear contra el fascismo por todos los medios a su alcance sin esperar nuevas órdenes o consignas. La batalla que se libra en Sevilla y la sublevación de diferentes guarniciones demuestra la gravedad extrema de la situación y afirma que los mineros asturianos, que están en pie de guerra, se disponen a salir en trenes especiales hacia Madrid para combatir junto a sus hermanos de la capital de España.

En sólo dos horas, las calles céntricas han experimentado un cambio tan radical como increíble. Hay racimos de personas en torno a cada vendedor, arrebatándole materialmente los periódicos. En las aceras y aun en medio de la calzada, grupos nutridos discuten a voces. Las tiendas echan precipitadamente sus cierres y los dependientes se suman a quienes formando una improvisada manifestación se dirigen hacia la Puerta del Sol.

Impresiona el aspecto de la Puerta del Sol. Vacía, adormilada por el calor a las cuatro de la tarde, se ha convertido a las seis en un hervidero humano. De Ventas, de Chamberí, del Pacífico, de los puentes de Toledo y Segovia llegan los tranvías abarrotados de gentes excitadas y vociferantes; las bocas del metro arrojan una tras otra incesantes oleadas de obreros airados y nerviosos. La muchedumbre ha desbordado ya las aceras, especialmente frente al edificio de Gobernación, dificultando la circulación rodada. Millares y millares de personas acuden desde todos los puntos de Madrid reclamando armas para defenderse contra el fascismo. La rotunda negativa de Casares a facilitar elementos de combate, mientras la rebelión militar salta de una ciudad a otra, se le antoja a la mayoría una traición.

—¡Deberíamos empezar —gritan algunos— por colgar a quienes nos las niegan!

Gobernación ha cerrado sus puertas. Ante ellas una doble fila de guardias de seguridad y asalto. Otros grupos de hombres uniformados, más numerosos aún, vigilan en la calle de Carretas, en la de Correos y en la plaza de Pon-tejos, junto al antiguo edificio de Telégrafos que les sirve de cuartel. Pero o han recibido orden de no enfrentarse con la multitud, o han resuelto no hacerlo por propia iniciativa. Muchos guardias dialogan con los manifestantes, cuyos sentimientos comparten sin la menor sombra de duda y se limitan a impedir, sin violencias, que la gente derribe las puertas para entrar en el Ministerio.

—No pierdas el tiempo entrando, porque dentro no encontrarás a nadie.

Me lo aconseja Ignacio Barrado, redactor de Havas, que acaba de salir del edificio. Sabe lo poco que se puede saber y desconfía que nadie sepa más. El Consejo de Ministros, al que asistieron Martínez Barrio, Prieto y Largo Caballero, concluyó hace media hora, pero los periodistas no pudieron ver ni hablar más que con Caballero.

—Salió echando chispas. Fue a pedir armas para los trabajadores y tropezó con una negativa rotunda.

Casares está dimitido y hundido. Lo más probable es que al salir de Gobernación haya ido al Palacio para entregar oficialmente su renuncia. También es probable que Azaña reciba inmediatamente, si no lo ha recibido ya, al hombre que haya de sustituirle. Aunque en la Puerta del Sol aumenta por momentos la afluencia de público, las noticias están en la Plaza de Oriente.

Las tiendas de la calle Arenal han cerrado precipitadamente sus puertas. Grupos nutridos y amenazantes van y vienen entre la Puerta del Sol y la plaza de Oriente. En la plaza del Celenque una veintena de obreros meten apresuradamente en dos taxis los rifles y escopetas sacados de una armería que acaban de asaltar, mientras otros cargan los revólveres y pistolas de que se han apoderado.

—Como Casares no quiere darnos armas —explica uno de ellos a un grupo de curiosos—, tenemos que cogerlas donde las haya.

La plaza de Oriente es más grande que la Puerta del Sol, y hay mucha menos gente. Aparte de la guardia oficial de Palacio, soldados de la escolta presidencial ocupan posiciones de combate dentro y alrededor del edificio dispuestos a rechazar cualquier ataque. Junto a los jardines de Caballerizas y en la cercana plaza de España, aparecen estacionados numerosos camiones de guardias de asalto, formando una especie de barrera entre el cuartel de la Montaña y la residencia del presidente de la República.

Un grupo de periodistas aguardan expectantes en la puerta de la calle Bailén y otros hacen lo mismo en la plaza de la Armeria. Llevan varias horas allí y es poco lo que han podido ver o averiguar. Rehuyendo su curiosidad, las personalidades políticas llamadas por Azaña pueden entrar y salir de Palacio sin ser vistas utilizando la puerta del Campo del Moro.

—Estamos perdiendo lastimosamente el tiempo —gruñe uno malhumorado—. Cuando nos enteremos aquí quién es el nuevo jefe de Gobierno ya lo sabrá media España.

Saben únicamente que en el curso de la tarde han sido varios los políticos que han visitado al presidente de la República. Además de Sánchez Román, entre los llamados por Azaña figuran Ossorio y Gallardo, Lluhí Vallewcá y Albornoz. Sin embargo, todos tienen la impresión de que será Martínez Barrio quien en definitiva recibirá el encargo de sustituir a Casares. Será, caso de formarlo, un gobierno más a la derecha que desde luego no armará al pueblo.

—Pues si no lo hace, facilitará el triunfo fascista.

En el vecino cuartel de la Montaña están acuarteladas las tropas —un regimiento de infantería, otro de ingenieros y un batallón de alumbrado— y no precisamente por orden del gobierno. Parece que igual sucede en Campamento y Getafe, y que en Pamplona el teniente coronel jefe de la guardia civil, Medel, ha sido asesinado por sus propios subordinados por oponerse a la rebelión. La impresión de todos es francamente pesimista.

Ha caído la noche cuando abandono la plaza de Oriente para dirigirme al periódico. En Santo Domingo y la Gran Via, la tensión ha subido muchos enteros. Los guardias parecen haber desaparecido de las calles, abundan los grupos vociferantes y muchos automóviles van ocupados por gentes que no hacen nada por ocultar las armas. Es evidente que la lucha no tardará mucho en estallar. A la entrada de la calle Silva, un grupo de obreros armados piden la documentación y cachean a los transeúntes que les parecen sospechosos. Un poco más allá descubro lo que sucede. En un caserón de la calle de la Luna, con vuelta a la de Tudescos y Silva, está instalada hace más de un año la sede de la Confederación Nacional del Trabajo. A finales de junio, cuando Casares declaró ilegal la huelga de la construcción, Los locales fueron clausurados al tiempo que se procedía a la detención de varias docenas de militantes. Vigiladas sus puertas por varias parejas de seguridad, esta tarde los locales han sido abiertos por los trabajadores que se agolpan en el amplio portalón, en la escalera y en los distintos pisos y salones del edificio.

Abriéndome paso a empujones consigo llegar hasta la planta principal. Por todas partes suena la misma unánime petición de cuantos llenan los locales. Aunque hay muchos hombres arma-dos ya, quienes no lo están aún reclaman elementos de combate para luchar contra la intentona reaccionaria.

—No hay más armas, compañeros. Cuando las tengamos, que será pronto, las repartiremos inmediatamente. En una habitación apartada, unos hombres llenan botellas de gasolina a fin de utilizarlas como bombas incendiarias; en otra, un grupo de metalúrgicos manejan cartuchos de dinamita para fabricar rudimentarias bombas de mano. Militantes conocidos responden a mis preguntas. Han abierto los locales por cuenta propia y sin contar para nada con el gobierno, que es un cadáver insepulto. Los guardias que pretendieron oponerse a su acción fueron arrollados por acción fueron arrollados por la multitud. Antonio More-no, que ocupa de manera accidental la secretaría del Comité Nacional —el secretario, David Antonia se halla detenido— me repite lo que de antemano doy por descontado.

—La CNT luchará a muerte contra la intentona fascista.

Esta misma tarde han salido delegados del Comité Nacional para las distintas regiones con instrucciones concretas. Todos los militantes, afiliados o simpatizantes de la organización deben armarse como sea, contestando con la huelga general revolucionaria a la declaración del estado de guerra y hacerse matar antes de permitir el triunfo de los enemigos del pueblo.

Cerca de las diez de la noche entro en la redacción de «La Libertad». Basta con ver las caras de redactores, colaboradores y amigos para comprender que son malas todas las noticias recibidas. En efecto, si esta mañana el alzamiento estaba reducido a Marruecos y Canarias, doce horas después arde ya en Navarra, Burgos, Huesca, Andalucía y puntos aislados del Norte, de los de Castilla y de Extremadura.

—Otras doce horas y se habrá extendido al resto de la nación —afirma Haro, rabioso—. ¡Y lo peor de todo es la sensación de impotencia y estupidez del propio gobierno!

Aunque Casares lleva varias horas dimitido en vista de su estruendoso fracaso, la censura sigue en pie y con la misma cerrazón mental de los dos últimos días. No se pueden publicar más noticias de la situación que las notas oficiales; tampoco hablar de la crisis hasta que esté formado el nuevo gobierno ni retrasar el cierre y la salida del periódico para dar cuenta de la solución política de la grave situación planteada.

—¡Mandarles a hacer puñetas de una vez por todas! ¿O es que con nuestro silencio vamos a facilitar el triunfo de los rebeldes?

La mayoría de los redactores opina igual que yo: prescindir de la censura y hablar con entera sinceridad y amplitud como ha hecho la tarde anterior «Claridad»

Hermosilla, director del diario, vacila y Haro propone una solución viable: consultar con los periódicos de parecida significación política —«EI Socialista», «Política,. «El Sol» y «El Liberal»— y obrar todos de común acuerdo con respecto a la censura. Las consultas dan por resultado aceptar las instrucciones de la censura arguyendo que la Re-pública corre demasiado peligro para que los más interesados en defenderla creemos al inminente gobierno mayores problemas.

En vista que no hay mucho que escribir, son varios los redactores que se desplazan a Gobernación, a Palacio, a la Casa del Pueblo, la Dirección General de Seguridad y las sedes de los partidos. A las once llama Gómez Hidalgo para anunciar que Martinez Barrio, encargado por Azaña, va a constituir un nuevo gobierno integrado por los partidos republicanos y el apoyo del sector moderado de los socialistas. Media hora después, Antonio de Lezama telefonea desde Izquierda Republicana de la calle Mayor:

—Circula el rumor —dice malhumorado— de que Martínez Barrio trata de llegar a un acuerdo con los militares sublevados y ha hablado con Mola ofreciéndole la cartera de Guerra. Si se confirma esta traición...

Los gritos del local en que se halla Lezama impiden oír el final de la frase. Lezama, optimista esta misma tarde, habla ahora indignado y violento. Aún duda de que sean ciertos los propósitos que se atribuyen a Martínez Barrio; pero de serlo, no cree que ningún republicano pueda secundarle.

—iNi aunque lo mande, que no lo mandara —concluye—, don Manuel Azaña en persona...!

Las palabras de Lezama producen enorme y desagradable impresión entre los redactores de «La Libertad». Cuando las discusiones están en su punto culminante se lee por los micrófonos de Unión Radio un manifiesto conciso y enérgico de Confederación Nacional del Trabajo. Está en abierta contradicción con las instrucciones de la censura. Sin nombrar siquiera a Martínez Barrio sale al paso de sus maniobras, ordenando en toda España la huelga general revolucionaria y la movilización inmediata de los trabajadores para luchar a tiros contra la amenaza fascista. ¿Cómo lo habrá autorizado la censura?

—La CNT no cuenta para nada con el Gobierno —contesto, seguro de no equivocarme— como no cuenta la UGT para repartir fusiles entre sus militantes. Casares ya no pasa de ser un cadáver, pero sigue destrozando a la República con sus instrucciones a la censura...

Eduardo de Guzmán

La muerte de la esperanza, 1973

Primera Parte: Nuestro día más largo (Así comenzó la Guerra de España